La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables reconoce a la pesca como asunto de soberanía alimentaria y seguridad nacional. Pero entre los principios que enuncia el Artículo 17 y lo que ocurre en mares y costas persiste una brecha marcada por la sobreexplotación, la desigualdad y la ausencia del Estado.