El Artículo 8 del Acuerdo de Escazú reconoce el derecho a una justicia ambiental efectiva: tribunales especializados, procesos rápidos, medidas cautelares y reparación integral. Sin embargo, en México este derecho enfrenta enormes obstáculos: juicios largos y costosos, falta de apoyo jurídico y una legitimación limitada que excluye a comunidades indígenas y grupos vulnerables.