Académicos y colectivos exigen a la presidencia una nueva Ley General de Aguas que garantice justicia hídrica y participación comunitaria frente a la crisis del agua en México.
Académicos y colectivos exigen nueva Ley General de Aguas; alertan sobre crisis hídrica en México
Por: en15dias.com / Con información de boletín Congreso RISSA
Más de 250 participantes —144 investigadores y académicos, 46 estudiantes de posgrado y 60 representantes de organizaciones civiles y colectivos— exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum la creación de una nueva Ley General de Aguas que garantice justicia hídrica, acceso equitativo y participación comunitaria, como lo mandata el artículo 4º constitucional.
La solicitud se formalizó en la Declaración Morelia, emitida durante el VIII Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua (RedisA), realizado del 10 al 12 de septiembre en la UNAM campus Morelia.
El encuentro reunió a más de 400 ponentes de 60 instituciones académicas nacionales e internacionales, además de representantes de comunidades y organizaciones sociales.
México frente a la crisis hídrica
El pronunciamiento advierte que México vive una crisis de agua de origen antropogénico, resultado de décadas de políticas que han favorecido el extractivismo, la sobreexplotación de acuíferos, la privatización de servicios y la ausencia de estrategias integrales de gestión.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), más de 70% de los cuerpos de agua superficiales del país presentan algún grado de contaminación, mientras que 115 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados.
A este escenario se suma la concentración del recurso en manos de grandes concesionarios: según datos de la propia CONAGUA, el 2% de los usuarios acapara más del 70% del volumen concesionado.
Demandas centrales de la Declaración Morelia
Los académicos y colectivos plantearon una serie de medidas clave como la revisión de programas nacionales como el Acuerdo Nacional del Derecho Humano al Agua, el Programa Hídrico Nacional y el Plan México, para frenar megaobras de alto impacto socioambiental.
También los límites a los grandes acumuladores de agua y reasignación del recurso hacia usos prioritarios: consumo doméstico, producción agropecuaria y conservación de ecosistemas.
Además exigieron la transparencia total en concesiones, permisos y calidad del agua y la protección y restauración de ríos y humedales, con énfasis en los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.
Además el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y reversión de procesos de privatización en sistemas de agua potable y la protección a defensores del agua, ante un contexto de criminalización y violencia.
El documento también denunció casos específicos, como la concesión otorgada a Comercializadora Bicentenario S.A. de C.V. en San Miguel del Monte, en Morelia, señalada por afectar el acceso de comunidades locales al agua, y respaldó la creación de contralorías ciudadanas autónomas en estados como Sonora.
Agua: entre la reforma parcial y la exigencia de fondo
El llamado de la comunidad académica y social coincide con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el 29 de septiembre enviará al Congreso dos iniciativas: una reforma constitucional para “garantizar el derecho humano al agua” y una nueva Ley General de Aguas, con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
El discurso oficial promete “dejar de considerar el agua como mercancía” y reforzar el control estatal sobre su gestión. Sin embargo, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) cuestiona la ruta del gobierno: exige abrogar totalmente la LAN de 1992, al considerarla el origen del sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la exclusión de comunidades indígenas y rurales en la gestión del recurso.
Para la CNAA, una reforma parcial no resolverá el problema de fondo: “el derecho humano al agua seguirá siendo letra muerta” si no se desmonta el modelo privatizador heredado del salinismo.
La organización propone un viraje radical que incluye: prohibir el uso del agua en minería y fracking, evaluar el impacto de megaobras hidráulicas, eliminar la privatización de servicios, priorizar el consumo doméstico, resarcir daños por contaminación y reconocer a las contralorías comunitarias como instancias de participación.
La contraloría también denuncia que el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, impulsado por Conagua, perpetúa prácticas que favorecen a élites y grandes concesionarios. En este sentido, el debate no se limita a lo jurídico: se trata de una disputa política, territorial y social, con pueblos y comunidades en el centro del reclamo.
Un vacío legislativo pendiente
Cabe recordar que desde 2012, tras la reforma constitucional que reconoció el derecho humano al agua, el Congreso mexicano tiene pendiente la expedición de una Ley General de Aguas que sustituya la Ley de 1992.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se discutieron iniciativas impulsadas por legisladores de Morena y por la sociedad civil (Ley Ciudadana del Agua), pero ninguna prosperó.
La llegada de Claudia Sheinbaum abre nuevamente la discusión, aunque organizaciones civiles y la CNAA advierten que el reto no es solo expedir una nueva ley, sino abrogar el marco privatizador y construir una legislación que ponga en el centro la justicia hídrica, la participación ciudadana y la sustentabilidad socioambiental.
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