Agua para Todos denuncia que Conagua impuso la Ley de Aguas y rechazó propuestas ciudadanas

Organizaciones civiles denunciaron que Conagua impuso la nueva Ley General de Aguas sin permitir cambios sustanciales ni incorporar propuestas ciudadanas surgidas en foros públicos, perpetuando un marco legal que favorece el acaparamiento y mantiene prácticas opacas en la gestión del agua.


Agua para Todos denuncia que Conagua impuso la Ley de Aguas y rechazó propuestas ciudadanas

Por: en15dias.com / Con información de Agua para Todos

La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso la aprobación de una nueva Ley General de Aguas sin permitir modificaciones sustanciales y rechazando las propuestas ciudadanas generadas en foros de participación pública.

Las organizaciones alertaron que el proyecto legislativo, actualmente en la Cámara de Diputados, perpetúa el marco legal salinista de hace 33 años y carece de mecanismos efectivos para enfrentar el acaparamiento del agua, la sobreexplotación de acuíferos y garantizar el derecho humano al agua para poblaciones marginadas.


Propuestas rechazadas por Conagua

A pesar de haberse organizado 16 foros de Parlamento Abierto y más de 500 propuestas ciudadanas en audiencias públicas en las zonas norte, centro y sur del país, la Conagua rechazó siete propuestas clave presentadas por legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos:

Las organizaciones señalaron que el proyecto no contiene disposiciones para combatir prácticas de corrupción documentadas en el manejo de concesiones, como la falta de transparencia en las listas de solicitudes, la opacidad sobre notificaciones de concesiones aprobadas y el bajo cobro de derechos. Actualmente, Conagua solo recauda el 20% de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios.

Además, denunciaron que el nuevo Fondo de Reservas del Agua permite la reasignación de volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento y que no existe obligación alguna para garantizar la distribución prioritaria del agua a poblaciones sin acceso.

“La legislación que se está aprobando dista mucho del mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación”, señalaron en su comunicado. Las organizaciones se comprometieron a continuar su lucha por el buen gobierno del agua, a pesar de lo que califican como verticalidad y opacidad en el sector.


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