Vaya semana en Michoacán: incendios forestales, crisis hídrica en Morelia, avances en infraestructura y tensiones por el control de recursos. Entre alertas ambientales y decisiones políticas, el territorio vuelve a exhibir la disputa por el agua, el bosque y el modelo de desarrollo. / EL (resumen) SEMANAL Semana # 13: del 23 al 29 de marzo de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana #13: del 23 al 29 de marzo de 2026
FALLECE GERARDO BOCCO VERDINELLI
Murió el geógrafo ambiental Gerardo Bocco Verdinelli, investigador de larga trayectoria en el análisis del territorio, el uso del suelo y los procesos socioambientales en México. Su fallecimiento representa una pérdida relevante para la comunidad científica y para el desarrollo de estudios sobre ordenamiento ecológico y gestión ambiental.
Bocco Verdinelli fue geógrafo por la Universidad Nacional Autónoma de México (1983) y obtuvo el doctorado en Geografía/Ciencias Ambientales por la Universidad de Ámsterdam en 1990. Desde 1995 se desempeñó como investigador titular en la UNAM, donde consolidó una línea de trabajo enfocada en el estudio del paisaje en comunidades rurales, particularmente en temas como uso del suelo, manejo de recursos naturales y gestión de riesgos ambientales.
Entre 2007 y 2015 dirigió el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, institución que contribuyó a consolidar tras encabezar previamente su proceso de creación desde la Unidad Académica de Geografía del Instituto de Geografía de la UNAM, donde fue jefe de departamento entre 2006 y 2007. Su labor fue clave para posicionar al CIGA como un referente en investigación ambiental y territorial.
En el ámbito de la política pública, entre 2001 y 2005 se desempeñó como director general de Investigación en Ordenamiento Ecológico, Conservación de Ecosistemas y Manejo de Cuencas en el entonces Instituto Nacional de Ecología, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente. Años más tarde, en 2019, asumió la dirección del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Desde 2020 también fue investigador correspondiente ad honorem en el CONICET, a través del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas en Argentina, ampliando su colaboración internacional.
A lo largo de su carrera, Gerardo Bocco Verdinelli desarrolló investigaciones centradas en la relación entre territorio, sociedad y medio ambiente, con énfasis en pequeñas comunidades rurales. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento.
Su trabajo deja un legado importante en la academia mexicana, particularmente en el campo del ordenamiento territorial y la geografía ambiental.
PRESENTAN PANORAMA DE DESAPARICIONES EN MÉXICO
En México hay 132 mil 534 registros de personas desaparecidas o no localizadas, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien precisó que se trata de registros administrativos con distintos niveles de información, por lo que no todos corresponden necesariamente a desapariciones confirmadas.
De acuerdo con el informe presentado, 130 mil 728 registros corresponden al periodo de 2006 a la fecha, mientras que 2 mil 356 datan de 1952 a 2025. Del total actual, 46 mil 742 presentan datos insuficientes, lo que dificulta su localización; 40 mil 308 muestran actividad posterior en registros administrativos, como trámites ante el SAT o actualizaciones en el INE, y 43 mil 128 no presentan actividad posterior conocida, pese a contar con información completa.
Las autoridades subrayaron que estos datos deben entenderse como parte de un sistema en constante depuración, donde pueden existir inconsistencias o falta de actualización. En ese sentido, informaron que 31 mil 946 personas han sido localizadas desde octubre de 2024, y que históricamente, de los más de 394 mil registros acumulados desde 1952, 262 mil 111 personas han sido encontradas, la mayoría con vida.
Sin embargo, como si fuera poco, la lectura oficial encontró una respuesta crítica desde organizaciones de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que reducir la cifra a 43 mil 128 casos “activos” minimiza la dimensión de la crisis, al tratarse de un fenómeno que no puede acotarse únicamente con revisiones administrativas en bases de datos.
El organismo señaló que, si bien es relevante mejorar los registros y transparentar metodologías, partir de la premisa de que la mayoría de los casos corresponden a ausencias voluntarias o no implican desaparición forzada puede diluir la responsabilidad del Estado, en contraste con lo documentado por instancias internacionales.
Además, expresó preocupación por los más de 46 mil registros con datos insuficientes, ya que no se anunciaron acciones claras para su corrección o búsqueda, lo que en la práctica deja esa carga a las familias. Subrayó que estas deficiencias no son atribuibles a los familiares, sino a las autoridades responsables de integrar y actualizar el registro.
Otro punto crítico es que solo 3 mil 869 casos cuentan con carpeta de investigación, lo que evidencia, según el Centro Prodh, los obstáculos estructurales para acceder a la justicia en contextos donde persisten riesgos y redes criminales. Recordó que, ante cualquier desaparición, el Estado tiene la obligación de iniciar una investigación penal, lo cual no se está garantizando plenamente.
Asimismo, cuestionó la narrativa oficial sobre las localizaciones, al señalar que no todas pueden atribuirse a acciones gubernamentales, ya que en muchos casos son las familias y sus redes comunitarias quienes realizan las búsquedas iniciales.
El organismo también retomó señalamientos del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en México, y advirtió que las detenciones anunciadas no son suficientes si no derivan en procesos judiciales sólidos y sentencias.
Finalmente, insistió en que el país sigue sin contar con una política nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones, como han recomendado organismos internacionales, lo que mantiene la crisis en un terreno donde las cifras se ajustan, pero las causas estructurales permanecen intactas.
INCENDIO EN TZITZIO CONTROLADO AL 100%; EVALÚAN DAÑOS EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informó que el incendio forestal registrado en el municipio de Tzitzio se encuentra controlado al 100% y liquidado en un 95%, con una afectación preliminar de 268 hectáreas, principalmente dentro del Área Natural Protegida Mesa de Tzitzio.
De acuerdo con el reporte más reciente, tras más de 10 horas de labores intensivas, las brigadas lograron contener el fuego. Las autoridades señalaron que el mando municipal de Tzitzio y Charo continuará con acciones de vigilancia y seguimiento para evitar reactivaciones.
En las labores de control y liquidación participaron más de 118 elementos, entre personal técnico de la Secma, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil municipal, autoridades del Ayuntamiento de Tzitzio y voluntarios.
Asimismo, se contó con el apoyo de un helicóptero con helibalde del Servicio Aéreo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que realizó ocho descargas de agua para combatir el siniestro.
Las autoridades ambientales informaron que a partir del viernes iniciará la evaluación de daños en la zona afectada, con el objetivo de definir las acciones de restauración necesarias para recuperar el ecosistema forestal. Destacaron que esta área natural protegida es relevante por los servicios ambientales que brinda, entre ellos el suministro de agua a la población local.
Por otra parte, el dirigente político Guillermo Valencia Reyes señaló en redes sociales que el incendio en la zona sur de Morelia podría haber sido provocado de manera intencional por un presunto integrante de la delincuencia. Sin embargo, hasta el momento, autoridades no han confirmado oficialmente el origen del siniestro.
CONGRESO DE MICHOACÁN DA 15 DÍAS A ALCALDE DE MORELIA PARA INFORMAR SOBRE CRISIS DE AGUA
El Congreso del Estado de Michoacán otorgó un plazo de 15 días al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que presente un informe sobre las causas del desabasto de agua potable en la capital.
La medida fue aprobada por la 76 Legislatura a propuesta de la diputada Giulianna Bugarini Torres, quien también solicitó la elaboración de un plan emergente para atender la situación que afecta a más de 100 colonias.
De acuerdo con el exhorto legislativo, el alcalde deberá entregar un informe público, detallado y verificable, así como presentar un programa de distribución equitativa del agua, mantenimiento de infraestructura, reparación de fugas y rehabilitación del sistema hidráulico.
Asimismo, se pidió al Ayuntamiento implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos destinados al sistema hídrico, además de establecer canales de atención ciudadana para atender reportes de la población.
Según datos de la Comisión Estatal del Agua, cerca del 50% del agua en Morelia se pierde debido a fugas en la red de distribución, la cual presenta infraestructura con más de 50 años de antigüedad.
El Congreso también planteó que, en caso de persistir el desabasto, se implementen medidas compensatorias para los usuarios afectados, bajo criterios de equidad en la prestación del servicio público.
Proponen ordenamiento ecológico de cuencas para enfrentar crisis hídrica en Michoacán
La diputada local Brissa Ireri Arroyo Martínez propuso impulsar el ordenamiento ecológico de las cuencas hidrográficas en Michoacán, como parte de una estrategia para mejorar la gestión del agua en la entidad.
Durante su intervención en el Congreso estatal, la legisladora planteó la necesidad de actualizar la legislación estatal y municipal para adaptarla a nuevas políticas hídricas, en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.
La diputada advirtió que el ciclo hidrológico enfrenta un deterioro progresivo debido al agotamiento de fuentes de agua dulce, así como al crecimiento poblacional, la expansión urbana y el desarrollo industrial y agropecuario en la región centro-occidente del país.
De acuerdo con los datos expuestos, Michoacán cuenta con 18 lagos naturales, 270 embalses, 144 bordos, 44 ríos y más de 7 mil manantiales, lo que lo posiciona como un estado con relevancia estratégica en la disponibilidad de agua para el centro del país.
No obstante, señaló que, de mantenerse las actuales tendencias de sobreexplotación, desperdicio y deterioro ambiental, la entidad podría perder su capacidad de autosuficiencia hídrica y productiva.
La propuesta incluye acciones como el manejo integral de cuencas, el uso eficiente del agua en sistemas de distribución y actividades productivas, el desarrollo de tecnologías de riego, así como la implementación de sistemas de saneamiento adaptados a contextos urbanos y rurales.
Asimismo, se planteó la necesidad de integrar el ordenamiento ecológico territorial como eje estructural del desarrollo, con el objetivo de conservar el ciclo hidrológico y garantizar el abastecimiento del recurso a largo plazo.
COMUNIDADES INDÍGENAS DE MICHOACÁN ACCEDERÁN A RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA MEDIANTE FAEISPUM
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las comunidades indígenas con autogobierno en la entidad accederán a recursos para obra pública a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).
Durante la firma de convenios con 29 comunidades, el mandatario señaló que se busca que las 50 comunidades con autogobierno reciban recursos etiquetados para proyectos de infraestructura en sus territorios. Indicó que una segunda etapa permitirá incorporar a las comunidades restantes.
De acuerdo con el Gobierno estatal, actualmente 50 comunidades indígenas ejercen autogobierno, de las cuales 45 ya administran presupuesto de manera directa, mientras que cinco se encuentran en proceso.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que este esquema fortalece la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas informó que se han invertido más de mil 100 millones de pesos en obras en comunidades indígenas.
Asimismo, el Ejecutivo estatal señaló que estas comunidades también tendrán acceso a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) en 2026.
MIGRACIÓN DE LA MARIPOSA MONARCA AUMENTA 64% EN SANTUARIOS DE MICHOACÁN
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la presencia de la Mariposa Monarca en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca registró un incremento del 64% durante la temporada 2025-2026.
De acuerdo con datos oficiales, la ocupación de colonias pasó de 1.79 a 2.93 hectáreas en comparación con el ciclo anterior, en los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio.
El mandatario atribuyó este aumento a las acciones de conservación y manejo forestal realizadas en la región, en coordinación con autoridades y comunidades locales.
El Gobierno estatal destacó que estos resultados forman parte de una estrategia de protección del fenómeno migratorio, considerado uno de los más importantes a nivel mundial.
Asimismo, se reiteró el llamado a promover el turismo responsable en la zona, con el objetivo de preservar el hábitat de la especie y contribuir al desarrollo económico de las comunidades.
SEGUNDO PERIFÉRICO DE MORELIA REGISTRA 85% DE AVANCE; PREVÉN CONCLUIRLO EN JUNIO
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el primer tramo del Segundo Anillo Periférico de Morelia presenta un avance del 85% y se prevé su conclusión en junio de 2026.
La obra contempla una inversión estatal de mil 274 millones de pesos y busca mejorar la movilidad vehicular en la capital, beneficiando a aproximadamente 6 mil automovilistas diarios al conectar las salidas a Pátzcuaro y Quiroga en un tiempo estimado de ocho minutos.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, este tramo abarca 13.4 kilómetros con un ancho de 13 metros, bajo especificaciones de autopista tipo A2.
El proyecto forma parte de un conjunto de segmentos —1, 4 y 5— que suman 50 kilómetros, con una inversión total de 2 mil 500 millones de pesos.
Autoridades estatales señalaron que la obra se realiza con recursos propios, sin contratación de deuda pública, y que actualmente participan alrededor de 350 trabajadores en su construcción.
SCJN VALIDA EXCLUSIVIDAD DEL ESTADO SOBRE EL LITIO Y DESCARTA CONSULTA INDÍGENA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la reforma a la Ley Minera que establece la exclusividad del Estado en la exploración y explotación del litio, así como la prohibición de otorgar concesiones a particulares.
El Pleno del máximo tribunal avaló los artículos 1, 5 Bis y 10 de dicha ley, los cuales reservan al Estado las actividades relacionadas con este recurso, además de clasificar como zonas de reserva minera los territorios donde existan yacimientos de litio.
En su resolución, la Corte determinó que no era necesaria la realización de una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que la reforma no genera una afectación directa y diferenciada en sus derechos humanos, sino que se trata de un cambio general en el régimen jurídico aplicable al litio.
Asimismo, el tribunal señaló que la reforma constitucional de octubre de 2024 incorporó al litio como un área estratégica de control exclusivo del Estado, lo que refuerza la prohibición de concesiones a particulares como parte del marco constitucional vigente.
La SCJN también avaló la creación de un organismo público descentralizado encargado de la exploración y aprovechamiento del litio, como parte del nuevo esquema institucional en la materia.
Finalmente, la Corte indicó que la declaratoria de zonas de reserva minera deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente, con sustento técnico y la participación del Servicio Geológico Mexicano.
GOBIERNO FEDERAL ENTREGA CONCESIONES DE AGUA A MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA TRAS REFORMA HÍDRICA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, como parte de la implementación de la nueva Ley Nacional de Aguas.
Durante el anuncio realizado en el marco del Día Mundial del Agua, el Gobierno federal informó que esta medida permitirá a los municipios contar con acceso directo al recurso hídrico, evitando pagos a terceros por su suministro. De acuerdo con autoridades, anteriormente estos municipios adquirían agua mediante esquemas de transmisión de derechos con distritos de riego.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que la entrega de concesiones busca garantizar el abasto para los próximos 30 años, así como eliminar prácticas de comercialización del recurso entre particulares.
El director del organismo, Efraín Morales López, explicó que la reforma hídrica contempla la eliminación de transmisiones de derechos entre privados, la regulación de cambios de uso —principalmente del sector agrícola a otros fines— y acciones para combatir el uso ilegal del agua.
Asimismo, informó que como parte de la implementación de la nueva ley se han realizado más de 9 mil trámites en beneficio de pequeños y medianos productores, además de más de 7 mil inspecciones que derivaron en clausuras y suspensiones por irregularidades.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los municipios beneficiados realizaron pagos por más de 500 millones de pesos a distritos de riego para acceder al agua. Con la entrega de concesiones, dichos esquemas quedan eliminados.
Autoridades estatales de Baja California señalaron que esta medida permitirá reducir la incertidumbre en el suministro del recurso y mejorar la planeación hídrica en la región.
RELATOR DE LA ONU ALERTA POR “ZONAS DE SACRIFICIO” Y CONTAMINACIÓN TÓXICA EN MÉXICO
Tras una visita oficial de diez días al país, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, advirtió que en México persisten graves problemas de contaminación ambiental que vulneran derechos fundamentales, particularmente en comunidades pobres, indígenas y zonas altamente industrializadas.
Durante su misión —realizada del 9 al 20 de marzo— el experto recorrió diversas regiones del país y sostuvo reuniones con autoridades federales, estatales, comunidades, academia, sector privado y organizaciones civiles. Como resultado, presentó observaciones preliminares que apuntan a una crisis estructural en la gestión de residuos peligrosos, la contaminación industrial y el acceso a la justicia ambiental.
El relator subrayó que México enfrenta un panorama crítico con al menos 1,142 sitios contaminados registrados oficialmente hasta 2025. En varios de estos espacios, afirmó, se han configurado verdaderas “zonas de sacrificio”, donde la exposición a sustancias tóxicas ha normalizado enfermedades graves como cáncer, afectaciones neurológicas, abortos espontáneos y otros daños a la salud. “Vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”, citó durante su declaración.
Orellana reconoció que el país cuenta con un marco normativo amplio y ha ratificado acuerdos internacionales clave como el Acuerdo de Escazú, además de convenios globales sobre químicos y desechos peligrosos. Sin embargo, advirtió que muchas normas están desactualizadas o son insuficientes frente a los avances científicos y la magnitud del problema. También señaló vacíos regulatorios en temas como plaguicidas, residuos mineros y nuevas tecnologías como la fumigación con drones.
Uno de los puntos más críticos identificados es la contaminación de cuerpos de agua. El relator documentó afectaciones severas en ríos como el Atoyac, Lerma, Tula y Santiago, impactados por descargas industriales. Destacó además la persistencia de daños en el Río Sonora tras el derrame minero de 2014, donde, según dijo, las comunidades siguen expuestas a metales pesados sin una reparación integral ni atención adecuada a la salud.
En materia energética, advirtió que la dependencia de combustibles fósiles y la operación de refinerías generan altos niveles de contaminación del aire, con emisiones de sustancias tóxicas como benceno y dioxinas. Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, especialmente en corredores industriales y zonas urbanas marginadas.
El informe también pone el foco en la gestión de residuos, donde persisten prácticas como la quema de basura, la incineración irregular y la falta de control en vertederos. A ello se suma el aumento en la importación de desechos, principalmente plásticos, que terminan siendo procesados como combustible industrial, lo que —advirtió— traslada los costos ambientales y de salud a las comunidades.
Otro tema relevante es el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Aunque el gobierno ha avanzado en la prohibición de sustancias como el glifosato y otros compuestos, el relator alertó que aún no existe una ley general que regule integralmente estos productos. Además, señaló impactos severos en ecosistemas y salud humana, como la muerte masiva de abejas y el incremento de enfermedades en regiones agrícolas.
En la Península de Yucatán, Orellana denunció el crecimiento descontrolado de granjas industriales porcinas que contaminan mantos acuíferos y generan emisiones contaminantes. Indicó que muchas operan sin autorizaciones ambientales ni consulta a comunidades indígenas, lo que constituye una violación a estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, alertó sobre la minería artesanal de mercurio en Querétaro, donde comunidades enfrentan graves riesgos a la salud por exposición prolongada a este metal, en un contexto de precariedad económica y falta de alternativas laborales.
En el plano institucional, el relator expresó preocupación por posibles retrocesos en materia de acceso a la información y transparencia ambiental, así como por la falta de coordinación entre autoridades. También subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para garantizar reparación a víctimas de contaminación y evitar la impunidad corporativa.
Entre sus recomendaciones, destacó la urgencia de adoptar nuevas leyes sobre sustancias químicas y plaguicidas, fortalecer el principio de “quien contamina paga”, mejorar los sistemas de información ambiental y garantizar la participación efectiva de las comunidades en decisiones sobre proyectos que afectan su entorno.
Finalmente, el relator llamó al Estado mexicano a cerrar la brecha entre su liderazgo internacional en materia ambiental y la realidad interna, donde persisten desigualdades profundas en la exposición a contaminantes. “El derecho a un medio ambiente libre de tóxicos es esencial para la vida, la salud y la dignidad humana”, concluyó.
El informe final de la misión será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el transcurso de este año.
A 50 AÑOS DEL GOLPE EN ARGENTINA, ORGANIZACIONES ADVIERTEN SOBRE DISCURSOS DE DERECHA QUE RELATIVIZAN LA DICTADURA
A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, organismos de derechos humanos, colectivos sociales y autoridades reiteraron la importancia de preservar la memoria histórica frente a posturas de sectores de derecha que han sido señaladas por relativizar los crímenes de la dictadura.
El golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón e instauró un régimen encabezado por Jorge Rafael Videla, durante el cual se registraron desapariciones forzadas, detenciones ilegales y otras violaciones graves a los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, miles de personas fueron víctimas de desaparición, mientras que organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo han sostenido durante décadas la exigencia de verdad, justicia y memoria.
En las conmemoraciones realizadas en Argentina, distintos pronunciamientos señalaron que en la actualidad persisten discursos promovidos por sectores de derecha que cuestionan las políticas de memoria, reducen la magnitud de los crímenes o plantean visiones que han sido calificadas como negacionistas.
Organizaciones civiles advirtieron que este tipo de posturas representan un riesgo para la consolidación democrática, al debilitar el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura.