¡José Luis Silva Andrade debe volver a casa, ya!
La desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino el reflejo de la violencia que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en México. Su caso evidencia la deuda del Estado con las comunidades que defienden los bienes comunes y exigen justicia.
¡José Luis Silva Andrade debe volver a casa, ya!
La desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino el reflejo de la violencia que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en México. Su caso evidencia la deuda del Estado con las comunidades que defienden los bienes comunes y exigen justicia.
De construirse a golpe de pico y pala a volverse un botín en disputa. El sur de Morelia enfrenta un conflicto histórico tras la extinción de su Junta Local de Agua. Analizamos las claves, actores y negocios inmobiliarios que sepultaron tres décadas de gestión comunitaria y autonomía hídrica.
De construirse a golpe de pico y pala a volverse un botín en disputa. El sur de Morelia enfrenta un conflicto histórico tras la extinción de su Junta Local de Agua. Analizamos las claves, actores y negocios inmobiliarios que sepultaron tres décadas de gestión comunitaria y autonomía hídrica.
Violentar ambientalistas con impunidad
La violencia contra quienes defienden los bosques, el agua y la tierra en Michoacán sigue creciendo mientras la impunidad prevalece. Aunque existen avances legales como el Acuerdo de Escazú, la falta de políticas efectivas mantiene en riesgo a los ambientalistas y debilita el derecho a un medio ambiente sano.
Los artículos 40 al 43 reconocen legalmente a miles de comunidades que durante décadas han administrado sus propios sistemas de abastecimiento. Sin embargo, el alcance de ese reconocimiento aún depende de las leyes estatales y contrasta con conflictos donde comunidades enfrentan procesos de centralización, privatización o pérdida del control sobre sus fuentes de agua.
Los artículos 40 al 43 reconocen legalmente a miles de comunidades que durante décadas han administrado sus propios sistemas de abastecimiento. Sin embargo, el alcance de ese reconocimiento aún depende de las leyes estatales y contrasta con conflictos donde comunidades enfrentan procesos de centralización, privatización o pérdida del control sobre sus fuentes de agua.
