¿Derecho humano al agua?
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
¿Derecho humano al agua?
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
De construirse a golpe de pico y pala a volverse un botín en disputa. El sur de Morelia enfrenta un conflicto histórico tras la extinción de su Junta Local de Agua. Analizamos las claves, actores y negocios inmobiliarios que sepultaron tres décadas de gestión comunitaria y autonomía hídrica.
Sí, es tiempo de mujeres… pero no de las que el poder elige
“Es tiempo de mujeres”, repite el discurso político rumbo a 2027. Pero, ¿de cuáles mujeres hablan? Esta reflexión cuestiona una visión de la participación femenina limitada a candidaturas y cargos públicos, y reivindica a mujeres indígenas, defensoras, buscadoras y trabajadoras que desde sus comunidades sostienen luchas por territorio, justicia y autonomía.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.

El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.











