Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate.
Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
Jornaleras sin derechos, otro pendiente de la agroindustria
Desde octubre, exportar aguacate exige un certificado laboral. Es un avance, pero deja fuera a las jornaleras de las berries y no mira el género ni los agroquímicos. Una columna desde el cuerpo y el territorio de las mujeres que en Michoacán cosechan lo que no comen.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
