Michoacán presenta “avances ambientales”, pero sin frenar el deterioro
El quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en vigilancia forestal, áreas protegidas y recuperación de cuerpos de agua. Sin embargo, los datos sobre expansión aguacatera, pérdida forestal, justicia ambiental y presión sobre las cuencas muestran que el deterioro del territorio continúa y obligan a revisar qué tan efectivos han sido esos resultados.
Michoacán presenta “avances ambientales”, pero sin frenar el deterioro
El quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en vigilancia forestal, áreas protegidas y recuperación de cuerpos de agua. Sin embargo, los datos sobre expansión aguacatera, pérdida forestal, justicia ambiental y presión sobre las cuencas muestran que el deterioro del territorio continúa y obligan a revisar qué tan efectivos han sido esos resultados.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
Campeche dio un paso más
Campeche avanzó en la construcción de una ley para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Un foro estatal reunió a periodistas, organizaciones y colectivos para revisar la iniciativa y plantear cambios antes de que llegue a comisiones del Congreso local.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.

El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.











