La doble cara ambiental de SEMARNAT
El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.
La doble cara ambiental de SEMARNAT
El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.
“Torres Peñasco”, nuevo proyecto de Corporativo Tres Marías, ya inició su trámite ambiental ante Semarnat. El desarrollo contempla tres torres y requiere cambiar el uso de suelo de 13 mil 358 m² de terrenos forestales, en una zona marcada por décadas de expansión inmobiliaria.
“Torres Peñasco”, nuevo proyecto de Corporativo Tres Marías, ya inició su trámite ambiental ante Semarnat. El desarrollo contempla tres torres y requiere cambiar el uso de suelo de 13 mil 358 m² de terrenos forestales, en una zona marcada por décadas de expansión inmobiliaria.
No queremos que nos consulten para decidir por nosotras
La propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos pretende hablar de autonomía, libre determinación y consulta. Pero nosotras preguntamos: ¿quién decide sobre nuestros derechos, nuestros territorios y nuestro futuro? Consultarnos no significa decidir por nosotras.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
