¿Qué esconde la CFE en el Oriente de Michoacán?
La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.
¿Qué esconde la CFE en el Oriente de Michoacán?
La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
El tiradero de la muerte
La Parotita, en Tacámbaro, se convirtió en un símbolo del horror y la impunidad en Michoacán. Cientos de restos han sido localizados en esta barranca, donde madres buscadoras enfrentan el silencio institucional y exigen verdad, identificación de las víctimas y justicia.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
