La doble cara ambiental de SEMARNAT
El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.
La doble cara ambiental de SEMARNAT
El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
Maricruz y el costo de defender un territorio
María Cruz Paz Zamora, Maricruz, lleva más de dos años privada de la libertad tras ser detenida por la Fiscalía de Michoacán. Mujer p’urhépecha, abogada y defensora de los bosques, su caso expone las tensiones entre justicia, territorio, género y criminalización.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
