Dos proyectos extractivos en el Lago de Cuitzeo
Dos proyectos en evaluación amenazan con transformar el Lago de Cuitzeo: una planta privada de tratamiento de sedimentos y un parque industrial de 342 hectáreas. Sus manifestaciones de impacto ambiental omiten evaluar conjuntamente los efectos sobre un humedal que enfrenta un grave déficit hídrico.
Dos proyectos extractivos en el Lago de Cuitzeo
Dos proyectos en evaluación amenazan con transformar el Lago de Cuitzeo: una planta privada de tratamiento de sedimentos y un parque industrial de 342 hectáreas. Sus manifestaciones de impacto ambiental omiten evaluar conjuntamente los efectos sobre un humedal que enfrenta un grave déficit hídrico.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
Energía limpia para unos, agua enferma para otros
La comunidad otomí de San Matías el Grande denuncia presunta contaminación de manantiales vinculada a la geotermoeléctrica Los Azufres, operada por la CFE. Reclama estudios independientes, atención a la salud y cumplimiento de los acuerdos institucionales para proteger el agua y el territorio.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
