Caso Ayotzinapa: 12 años sin voluntad de investigar al Ejército
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación sigue marcada por cuestionamientos sobre el papel del Ejército y el acceso a información militar. Tres gobiernos han ofrecido esclarecer el caso, pero las familias mantienen reclamos sobre verdad, justicia y entrega de documentos.
Caso Ayotzinapa: 12 años sin voluntad de investigar al Ejército
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación sigue marcada por cuestionamientos sobre el papel del Ejército y el acceso a información militar. Tres gobiernos han ofrecido esclarecer el caso, pero las familias mantienen reclamos sobre verdad, justicia y entrega de documentos.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
Iván, el último caso
La desaparición de Iván Pérez Chávez en Madero se suma a una serie de agresiones contra ambientalistas ocurridas desde 2021. Este análisis revisa los antecedentes, las denuncias sobre la operación criminal en la región y las exigencias para esclarecer su paradero.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
