Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate.
Cero deforestación, el “blanqueo” del aguacate
El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
La no deforestación que sí es deforestación
El acuerdo de Cero Deforestación para el aguacate abre un debate sobre la legalización retrospectiva del cambio de uso de suelo.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
