“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el territorio a repartir
A un año del asesinato de Carlos Manzo, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presume menos homicidios, detenciones e inversión pública. Sin embargo, persisten la extorsión, las disputas territoriales y las redes de poder político, económico y criminal que sostienen la violencia.
“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el territorio a repartir
A un año del asesinato de Carlos Manzo, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia presume menos homicidios, detenciones e inversión pública. Sin embargo, persisten la extorsión, las disputas territoriales y las redes de poder político, económico y criminal que sostienen la violencia.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
¿Vamos a una narco elección?
La elección de 2027 enfrenta el riesgo de una mayor intervención del crimen organizado en las candidaturas, las campañas y los gobiernos. Julio Santoyo Guerrero advierte sobre la debilidad institucional, la pérdida de autonomía electoral y la expansión del poder criminal en los territorios.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
