¿Derecho humano al agua?
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
¿Derecho humano al agua?
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
De construirse a golpe de pico y pala a volverse un botín en disputa. El sur de Morelia enfrenta un conflicto histórico tras la extinción de su Junta Local de Agua. Analizamos las claves, actores y negocios inmobiliarios que sepultaron tres décadas de gestión comunitaria y autonomía hídrica.
De construirse a golpe de pico y pala a volverse un botín en disputa. El sur de Morelia enfrenta un conflicto histórico tras la extinción de su Junta Local de Agua. Analizamos las claves, actores y negocios inmobiliarios que sepultaron tres décadas de gestión comunitaria y autonomía hídrica.
¿”Listas negras”?, es mucho más que eso
La llamada “lista de personas incómodas” al gobierno revela algo más grave que su nombre: una estrategia de descalificación desde el poder contra periodistas y voces críticas, acompañada de acusaciones sin evidencia sobre supuestos financiamientos y campañas digitales.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.
