Defensoras y defensores del territorio y la vida, sin protección y con los conflictos sin resolver
La protección de personas defensoras del territorio no puede limitarse a ofrecer medidas de seguridad después de las amenazas. El asesinato de Gabriel Rivas Ríos expone una falla más profunda: las autoridades protegen a quienes enfrentan los conflictos socioambientales, pero no atienden los proyectos e intereses que los originan.
Defensoras y defensores del territorio y la vida, sin protección y con los conflictos sin resolver
La protección de personas defensoras del territorio no puede limitarse a ofrecer medidas de seguridad después de las amenazas. El asesinato de Gabriel Rivas Ríos expone una falla más profunda: las autoridades protegen a quienes enfrentan los conflictos socioambientales, pero no atienden los proyectos e intereses que los originan.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
Maquinaria pesada demolió el 10 de septiembre de 2026 viviendas del Sector VIII del fraccionamiento Cuitzillo, en Tarímbaro, cuyos posesionarios aseguran tener contratos y constancias de liberación de crédito del IVEM. El instituto alega una baja administrativa. Hoy quedan escombros y preguntas.
La mentira por delante
Andrés A. Solís cuestiona un comunicado de la CEAPP de Veracruz que atribuyó a Reporteros Sin Fronteras (RSF) un reconocimiento a su labor. El periodista señala que RSF no confirmó esas declaraciones y critica el diseño institucional, la falta de autonomía y las fallas del organismo de protección.
El Artículo 220 de la Ley Ambiental de Michoacán obliga a las autoridades a inspeccionar actividades denunciadas por daños ambientales. Sin embargo, la existencia de denuncias no garantiza inspecciones, sanciones ni reparación de los ecosistemas afectados.
El Artículo 220 de la Ley Ambiental de Michoacán obliga a las autoridades a inspeccionar actividades denunciadas por daños ambientales. Sin embargo, la existencia de denuncias no garantiza inspecciones, sanciones ni reparación de los ecosistemas afectados.
