¿Qué esconde la CFE? ¿Por qué administra la crisis socioambiental y de salud comunitaria en el Oriente de Michoacán?
La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.
¿Qué esconde la CFE? ¿Por qué administra la crisis socioambiental y de salud comunitaria en el Oriente de Michoacán?
La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
Segundo informe y los contrastes
El segundo informe de Claudia Sheinbaum vuelve a poner sobre la mesa una vieja práctica: discursos cargados de logros y cifras, pero poco útiles para contrastar la realidad del país. Andrés A. Solís cuestiona el papel de los medios y reivindica el periodismo como ejercicio cotidiano de verificación.
El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.

El Artículo 112 de la Ley de Agua de Michoacán ordena que las tarifas del agua propicien la autosuficiencia financiera de los organismos operadores y la racionalización del consumo. En la práctica, este diseño financiero estrangula la infraestructura pública, ignora la gestión comunitaria de los comités independientes y convierte el acceso al agua potable en una mercancía antes que en un derecho humano.











