EL (resumen) SEMANAL: Semana #47 del 15 al 22 de noviembre de 2026

Esta semana, las comunidades de Zirahuén volvieron a denunciar la contaminación del lago y el despojo territorial; mientras, el Gobierno reporta condiciones ambientales estables. También abordamos la crisis del agua, las presiones inmobiliarias en el Cerro Punhuato, conflictos mineros y petroleros, y la agenda ambiental nacional. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #47 del 15 al 22 de noviembre de 2026

**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.

EL (resumen) SEMANAL: Semana #47 del 15 al 22 de noviembre de 2026

Por: en15dias.com

FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.

LA MARIPOSA MONARCA: 400 ESPECIALISTAS, UNA CUMBRE Y MUCHAS PREGUNTAS SOBRE EL MODELO ECONÓMICO

Morelia fue sede de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, un encuentro que reunió a alrededor de 400 especialistas, investigadores, funcionarios y ejidatarios, según el comunicado del Gobierno de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aprovechó el encuentro para proponer que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incorpore un apartado ambiental con mecanismos ejecutables que permitan proteger los ecosistemas y regular los impactos del intercambio industrial y agrícola de América del Norte.

La migración de la mariposa monarca no reconoce fronteras comerciales ni administrativas. Su supervivencia depende de una ruta que atraviesa distintos ecosistemas y que está expuesta a la transformación del territorio.

Por ello, la conservación de la monarca no puede separarse de las presiones económicas que enfrentan los bosques mexicanos. La expansión agrícola, el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, la fragmentación del hábitat y la degradación de los ecosistemas forman parte de un problema que no se resuelve organizando encuentros académicos.

FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.

El gobierno estatal informó que durante 2025 y 2026 se reforestaron más de 916 mil plantas en mil 526 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y sus zonas de amortiguamiento.

También reportó 20 programas de manejo forestal y recursos destinados al pago por servicios ambientales.

Son acciones que deben evaluarse, no solamente contabilizarse. Reforestar no significa necesariamente recuperar un ecosistema, lo que importa es qué especies se plantan, dónde, con qué sobrevivencia y bajo qué condiciones de manejo.

Hay otra cuestión política, el gobernador Ramírez Bedolla plantea incorporar compromisos ambientales al T-MEC, pero la exigencia de protección debe comenzar en casa. ¿Cuáles son los resultados concretos existen en la vigilancia del cambio de uso de suelo? ¿Qué ocurre con las actividades agrícolas que presionan los ecosistemas? ¿Qué capacidad tiene el gobierno para sancionar a quienes destruyen el bosque?

La mariposa monarca no necesita solamente cooperación internacional. Necesita que los gobiernos dejen de tratar la conservación como un asunto de relaciones públicas.


FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.

DIEZ MIL HECTÁREAS CERTIFICADAS: LAS COMUNIDADES CONSERVAN, LOS GOBIERNOS ENTREGAN DIPLOMAS

Durante la cumbre se entregaron 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que abarcan más de 10 mil hectáreas en la cuenca del lago de Pátzcuaro.

Los certificados corresponden a territorios de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco.

El gobierno estatal presentó el acontecimiento como un avance de la conservación comunitaria. El secretario de Medio Ambiente y notario público con licencia Alejandro Méndez López, sostuvo que 98 por ciento de la superficie boscosa de Michoacán se mantiene vigente gracias a las decisiones comunales.

El dato merece una revisión cuidadosa y cabe preguntarse ¿cuál es la metodología utilizada para llegar a ese porcentaje?, ¿qué superficie se está considerando?, ¿qué significa exactamente que se mantenga vigente?, ¿cómo se mide la pérdida de cobertura forestal?

No basta con repetir una cifra oficial para convertirla en evidencia. Las ADVC son instrumentos importantes porque reconocen la decisión de ejidos y comunidades de conservar sus territorios. Pero también es necesario distinguir entre el reconocimiento jurídico de una superficie y la garantía de que estará protegida frente a las presiones económicas y territoriales.

FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.

Las comunidades han sostenido históricamente buena parte de la conservación forestal. No comenzaron a cuidar sus bosques cuando llegó una administración a entregarles un certificado.

Por eso, el reconocimiento institucional tendría que venir acompañado de recursos, vigilancia, acompañamiento técnico y garantías para que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios.

¿Qué compromisos adquiere el gobierno después de entregar los certificados?

Porque si la conservación depende de las comunidades, también debería reconocerse que la responsabilidad de protegerlas frente a la tala, el cambio de uso de suelo y los intereses económicos no puede recaer exclusivamente sobre ellas.

La conservación comunitaria no es un programa de imagen gubernamental. Es una forma de organización territorial que merece presupuesto, respeto y autonomía.


EN INFORMACIÓN NACIONAL…

FOTO: SEMARNAT.

MÉXICO LLEGA A LA COP31 CON UNA POLÍTICA DE ADAPTACIÓN: EL DOCUMENTO NO ES EL RESULTADO

En la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, México presentó ADAPTA MX 1.0, la primera versión de su Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

El instrumento incorpora 33 medidas para enfrentar riesgos asociados principalmente con sequías y lluvias torrenciales. Su elaboración incluyó siete talleres regionales y la participación de instituciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil.

La política contempla acciones relacionadas con población y territorio, sistemas productivos, biodiversidad, agua, infraestructura y patrimonio cultural.

La presentación representa un avance institucional que merece reconocimiento. México necesita una política de adaptación que permita anticipar los impactos climáticos y reducir la vulnerabilidad de sus poblaciones.

Pero tampoco hay que confundir la presentación de un instrumento con su implementación.

En Michoacán, por ejemplo, la adaptación climática tendría que confrontar problemas que llevan años acumulándose: la presión sobre las cuencas, la pérdida de cobertura forestal, la expansión de la agroindustria, la degradación de manantiales y la urbanización sobre zonas de recarga hídrica.

No son problemas que puedan resolverse exclusivamente con medidas de adaptación. Algunos requieren modificar las decisiones económicas y territoriales que producen vulnerabilidad.

Mientras se habla de resiliencia climática, buena parte de las políticas de desarrollo continúa tratando al territorio como una reserva de recursos disponibles para la expansión productiva.

La adaptación no puede convertirse en una estrategia para que las comunidades aprendan a sobrevivir a los daños que otros producen.

Además, falta conocer con precisión cuánto costará implementar las 33 medidas, qué dependencias serán responsables, qué presupuesto tendrán y cuáles serán los mecanismos para evaluar sus resultados.

México ya tiene un documento para presentar ante la comunidad internacional. Ahora necesita demostrar que puede convertirlo en decisiones que modifiquen la relación entre economía, sociedad y naturaleza.


FOTO: SEMARNAT.

MÉXICO PIDE FRENAR LA DEFORESTACIÓN EN LA COP31: EL COMPROMISO INTERNACIONAL Y LA RESPONSABILIDAD NACIONAL

La delegación mexicana llevó a la COP31 un llamado para acelerar la acción internacional contra la deforestación.

El planteamiento se inserta en una discusión global sobre la pérdida de bosques, la degradación de ecosistemas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación y financiamiento.

Sin embargo, hablar de deforestación en una conferencia internacional obliga a mirar las políticas nacionales que permiten o facilitan la transformación del territorio.

En México, la pérdida de cobertura forestal no puede explicarse únicamente por la tala clandestina. También está relacionada con actividades agrícolas, expansión urbana, infraestructura, mercados de exportación y decisiones gubernamentales sobre el uso del suelo.

FOTO: SEMARNAT.

Michoacán ofrece un ejemplo particularmente importante. La expansión de las huertas de aguacate y de otros cultivos de exportación como las llamadas “berries” ha colocado bajo presión distintas regiones forestales. En este escenario, los mecanismos de certificación ambiental y las políticas de “cero deforestación” deben examinarse por sus alcances y limitaciones.

Una certificación no puede convertirse en un mecanismo para limpiar la imagen de una cadena agroindustrial mientras se dejan fuera los daños históricos o las transformaciones territoriales anteriores a sus criterios de evaluación. Y lo que hace el decreto que firmó la Semarnat con APEAM es blanquear las huertas ilegales que deforestaron para instalar aguacate, ya que el acuerdo sólo establece las huertas a partir de 2019.

Tampoco basta con exigir compromisos a otros países cuando en casa siguen pendientes la inspección, la sanción y la transparencia sobre el cambio de uso de suelo.

El llamado de México en la COP31 tiene sentido si se acompaña de una política nacional que identifique responsabilidades y no solamente promueva compromisos generales.

La deforestación no se detiene con declaraciones diplomáticas. Se detiene cuando los gobiernos están dispuestos a intervenir sobre los intereses que se benefician de ella.


FOTO: SEMARNAT.

SEMARNAT, INECC Y AUTORIDADES ESTATALES: OTRO CONVENIO PARA COORDINAR LO QUE YA DEBERÍA FUNCIONAR

Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) firmaron un convenio para impulsar la acción climática en las entidades federativas.

El acuerdo busca fortalecer la coordinación institucional, las capacidades técnicas y el intercambio de información entre los gobiernos.

La coordinación entre Federación y estados es indispensable, ya que los problemas ambientales no se detienen en los límites administrativos y requieren políticas articuladas. Sin embargo, hay un problema recurrente en la administración pública mexicana que es la tendencia a presentar los convenios como resultados en sí mismos.

Firmar un acuerdo no significa que las autoridades tengan mayor capacidad de inspección, que se reduzca la contaminación o que los gobiernos estatales estén aplicando correctamente sus atribuciones ambientales.

Michoacán necesita algo más que coordinación en documentos. Necesita instituciones capaces de vigilar el cambio de uso de suelo, supervisar actividades industriales y agrícolas, atender denuncias ambientales y transparentar los resultados de sus intervenciones.

Ya lo hemos dicho, mientras las estructuras en las oficinas de Semarnat Michoacán no cambien nada cambiará. En al menos un registro rápido realizado por en15dias.com, desde 2014 en la delegación de Semarnat, Michoacán ha laborado un funcionario que ha determinado la política ambiental en el estado.

El funcionario es Carlos Alberto García Salgado. Pasó como funcionario en al menos tres administraciones como Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos, Naturales de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Michoacán en tiempos del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

Fue subdelegado Mario Alberto Serafín Télles, delegado de Semarnat en Michoacán (2013-2014). También estuvo con Víctor Manuel Ávila Ceniceros (2014-2015) y con Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, quien renunció a la semana siguiente que tomó posesión el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de ello, Carlos Alberto García Salgado fue puesto por el ex secretario de Medio Ambiente y académico Víctor Toledo Manzur como encargado del despacho de la dependencia en Michoacán y se ha instalado en la oficina federal hasta la fecha.

Hay que resaltar que este funcionario federal ha tenido la responsabilidad de aprobar proyectos que han destruido los bosques. Tan sólo un ejemplo de ello es la autorización del cambio de uso de suelo a más de 17 hectáreas en terrenos forestales para favorecer al desarrollo inmobiliario de Bosque Monarca SA de CV, perteneciente al conglomerado empresarial Altozano, del cual es dueño el empresario inmobiliario Francisco Medina.

Sin el cambio de este tipo de funcionarios, el convenio corre el riesgo de convertirse en otro instrumento de coordinación burocrática que engrose los informes institucionales sin modificar las condiciones ambientales de las entidades.

FOTOS: SEMARNAT.

SPACEX: LA BASURA DE LA INNOVACIÓN TAMBIÉN TIENE RESPONSABLES

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó sobre la recolección y aseguramiento de residuos que arribaron a Playa Bagdad, Tamaulipas, después de una explosión relacionada con el programa espacial de SpaceX.

Este hecho es relevante ya que suele quedar relegada frente al discurso de la innovación tecnológica y los impactos ambientales de las actividades privadas de alta tecnología siempre quedan en silencio.

Y es que la industria espacial suele presentarse como una de las expresiones más avanzadas del desarrollo científico, sin embargo, sus actividades también generan riesgos, residuos y posibles afectaciones a los ecosistemas.

En este caso, el asunto no termina con recoger fragmentos de una playa. Es necesario conocer qué materiales llegaron al litoral, qué ocurrió con los residuos que pudieron dispersarse mar adentro, si existen afectaciones al fondo marino y qué mecanismos de responsabilidad ambiental corresponden a la empresa involucrada.

Desde septiembre de 2026 se encontraba en trámite legislativo una proposición para exigir transparencia sobre los impactos ambientales de los lanzamientos de SpaceX en el Golfo de México, incluyendo la evaluación de residuos y la responsabilidad correspondiente.

Por eso, la intervención de Profepa debe evaluarse más allá de la fotografía de los materiales recolectados.

¿Existe una evaluación integral de los daños? ¿Se ha transparentado la coordinación con Estados Unidos? ¿Quién paga la inspección, la recuperación y una eventual remediación?

La innovación tecnológica no puede funcionar bajo una lógica de privilegios ambientales. Una empresa que opera a escala internacional también debe responder por los impactos que genera en territorio mexicano.

No basta con recoger la basura de una empresa tecnológica. Hay que establecer quién responde por ella.


FOTO: SEMARNAT.

NUEVA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL: APROBARLA FUE EL PRIMER PASO, HACERLA CUMPLIR SERÁ EL PROBLEMA

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 470 votos, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y la turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece bases nacionales para su cuidado y protección, además de distribuir responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.

La aprobación representa un avance legislativo importante. Sin embargo, el verdadero reto está en su aplicación.

México tiene una larga historia de disposiciones legales que reconocen derechos, establecen obligaciones y crean mecanismos de protección que después enfrentan problemas de presupuesto, vigilancia y cumplimiento.

El bienestar animal no puede quedarse en una declaración legislativa.

Su aplicación exige inspección, atención a denuncias, capacidad de respuesta, coordinación institucional y sanciones efectivas contra el maltrato y la crueldad.

En Michoacán, la discusión también debe llegar a los municipios, que tienen responsabilidades fundamentales en la atención de animales abandonados, la regulación de establecimientos y la prevención del maltrato.

La pregunta es si las autoridades contarán con recursos y capacidades suficientes para aplicar la nueva legislación.

Una ley aprobada por unanimidad puede generar consenso político. Lo difícil comienza cuando hay que enfrentar a quienes incumplen sus disposiciones.

El bienestar animal no se garantiza con 470 votos. Se garantiza cuando las instituciones dejan de tolerar el maltrato.

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