El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado.