El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado. / Defensores ambientales asesinados en 2025 en México
Defensores ambientales asesinados en 2025 en México
Por: en15dias.com / Con información informe CEMDA 2025
El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado.
Sus muertes —ocurridas en estados como Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla— no solo reflejan la violencia directa, sino también la persistente impunidad y la falta de garantías para quienes ejercen la defensa ambiental en el país.
Arnoldo Nicolás Romero
Era comisario ejidal en San Juan Guchicovi, Oaxaca, e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Se oponía activamente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y denunciaba la violación del derecho a la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas.
Fue reportado desaparecido el 17 de enero y encontrado sin vida cuatro días después, con heridas de bala y quemaduras. Hasta el cierre del informe no había denuncia ni investigación en curso.
Cristino Castro Perea
Conocido como Tino, fue defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, Oaxaca. En 2013 fundó el colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz para combatir la tala ilegal de manglares propiciada por intereses turísticos e inmobiliarios. Su labor logró el decreto de la zona como Área Natural Protegida. Había sido incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tras constantes amenazas.
A pesar de esa protección federal, el 28 de febrero dos sujetos en motocicleta le dispararon y asesinaron mientras se encontraba en el quiosco de su comunidad.
Marco Antonio Suástegui Muñoz
Defensor del Río Papagayo en Cacahuatepec, Guerrero, fue líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). Había sido encarcelado tres veces —en 2005, 2014 y 2018— por su activismo, siendo declarado inocente en todas las ocasiones.
En 2021, su hermano Vicente desapareció a manos de grupos delictivos. El 18 de abril de 2025 fue atacado cuando salía de la playa Icacos con su familia; falleció ocho días después tras permanecer en cuidados intensivos.
Karina Ruiz Ocampo
Defendía el derecho humano al agua en El Arenal, Jalisco, donde los vecinos de su fraccionamiento accedían al vital líquido solo 30 minutos al día. Organizaba movilizaciones y denunciaba públicamente a la constructora responsable.
El 14 de abril fue extraída por la fuerza de su domicilio por personas no identificadas. Su cuerpo fue encontrado el 3 de mayo en plena vía pública. El caso se investiga como feminicidio.
Francisco Macías Sánchez
De apenas 18 años, pertenecía a la ronda comunitaria de Cherán, Michoacán —el primer municipio indígena en México gobernado por sus propios sistemas normativos. El 2 de julio, mientras realizaba patrullajes forestales en las afueras del Rancho de Pino, fue atacado por un grupo del crimen organizado.
Francisco murió en el ataque; su compañero Daniel Guerrero resultó herido. Ningún responsable ha sido identificado.
Sergio Hugo Ureiro Castañeda
Fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros en Tlapa, Guerrero, un espacio histórico con árboles centenarios que el alcalde pretendía destruir para construir locales comerciales. Su lucha logró recuperar la plaza. En junio de 2025 su casa fue incendiada intencionalmente; la denuncia no prosperó.
El 20 de julio fue asesinado a plena luz del día mientras cargaba gasolina en el centro de la ciudad. Al cabo de un mes de su asesinato, la investigación no registraba avances significativos.
Cándido Esaú Román Pérez
Era abogado ejidatario en Cihuatlán, Jalisco, y representante legal del ejido General Emiliano Zapata. Denunciaba el despojo de tierras ejidales y la invasión de un hotel construido sobre terrenos comunales, causando daños ambientales a la flora, la fauna y sobreexplotando el agua.
El 3 de noviembre fue asesinado frente a su domicilio. Las propias autoridades estatales confirmaron que su activismo era la principal línea de investigación del crimen.
Silvia Hernández Meza
Reconocida por la Comisión Nacional Forestal por sus labores de reforestación y denuncia de la tala ilegal en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, fue asesinada junto con cuatro integrantes más de su planilla política el 13 de enero mientras realizaban actividades de campaña para la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales.
El Congreso del estado de Morelos le rindió homenaje póstumo.
Marcos Aguilar Rojas
Era el representante agrario de la comunidad indígena tepehuana-wixárika en Azqueltán, Jalisco, que lleva años reclamando la restitución de 45,000 hectáreas con base en un título virreinal de 1733. El 26 de noviembre, mientras retiraba ganado invasor del predio comunal El Caracol junto con su hermano Gabriel, un grupo de personas armadas abrió fuego.
Marcos murió en el acto; Gabriel quedó herido. Los agresores —todos identificados y vinculados a pequeños propietarios del municipio— no han sido procesados.
José Luis Lucas Quirino
Profesor, ejidatario y líder social en Acuaco, Puebla, promovía el uso responsable del agua frente a empresas porcícolas y mineras instaladas en la Sierra Nororiental. El 6 de febrero fue interceptado en su automóvil a pocos metros de la primaria donde trabajaba como director y donde su hija era alumna.
