La semana 29 dejó anuncios que profundizan el modelo de infraestructura para la agroexportación, avances en saneamiento y reforestación bajo cuestionamientos sobre su impacto real, además de conflictos ambientales, seguridad, libertad de expresión y derechos humanos. Este es el panorama más relevante. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #29 del 13 al 19 de julio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #29 del 13 al 19 de julio de 2026
Por: en15dias.com
CCAOS VUELVE A LAS CALLES PARA EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE “LO COMÚN” Y FRENAR LA PRIVATIZACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS
Integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) se manifestaron este jueves en Morelia para exigir la devolución del espacio comunitario “Lo Común”, asegurado por el Gobierno de Michoacán desde el pasado 9 de julio, y denunciar lo que consideran una política de despojo y privatización del patrimonio público.
La movilización se dio una semana después del operativo en el que elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado ingresaron al inmueble ubicado en la calle Héroes de Nacozari, colocaron sellos de aseguramiento y mantuvieron vigilancia permanente.
La organización sostiene que la intervención se realizó sin orden judicial, sin notificación previa y mientras existía un proceso de diálogo con el gobierno estatal.
Durante la protesta, las y los manifestantes reiteraron que “Lo Común” no era un inmueble abandonado, sino un espacio recuperado y utilizado para actividades culturales, formación política, talleres, biblioteca comunitaria y prácticas agroecológicas.
Desde mayo, colectivos sociales habían ocupado el predio para impedir que fuera vendido junto con otros bienes públicos incluidos en el proceso de desincorporación impulsado por el gobierno estatal. La CCAOS acusó que el aseguramiento representa una ruptura de los acuerdos de diálogo y una muestra de que el gobierno privilegia el uso de la fuerza sobre la negociación.
Además, insistió en que el conflicto trasciende la posesión de un inmueble, pues se relaciona con la defensa de los espacios públicos frente a su posible transferencia a intereses privados.
Entre sus demandas, los colectivos exigen que se esclarezca el fundamento legal del operativo, se les permita recuperar las pertenencias que permanecen dentro del inmueble, se garantice el respeto al derecho a la protesta y se cancele cualquier intento de privatizar el espacio para destinarlo a proyectos ajenos al uso comunitario.
La manifestación mantuvo vigente un conflicto que comenzó con el aseguramiento de “Lo Común” y que se ha convertido en uno de los principales frentes de disputa entre organizaciones sociales y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por el destino del patrimonio público en Michoacán.
EXIGEN PRESENTACIÓN CON VIDA DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO, PROMOTOR DEL CIPOG EZ
La Misión Civil de Observación Sexta denunció este viernes la detención de Jesús Plácido Galindo, promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI), quien además es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con el comunicado, la detención ocurrió alrededor de las 14:30 horas del 17 de julio en un retén militar instalado en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero. La organización aseguró que en el operativo participaron aproximadamente 40 elementos del Ejército, policías ministeriales y estatales.
Según la denuncia, los agentes esposaron a Plácido Galindo, revisaron el vehículo en el que viajaba y le informaron que era detenido por presuntos delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Posteriormente fue subido a una camioneta con insignias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que se informara el lugar al que sería trasladado.
Hasta el momento de la emisión del comunicado, la organización afirmó desconocer el paradero del defensor, al señalar que no existía registro oficial de su detención y que el botón de asistencia del Mecanismo de Protección dejó de emitir actividad desde el momento de su aprehensión, situación que, advirtió, incrementa la preocupación por su integridad física y su vida.
La Misión Civil de Observación Sexta sostuvo que horas antes de la detención, Jesús Plácido Galindo había sido citado mediante mensajes de texto por Francisco Rodríguez Cisneros para abordar gestiones relacionadas con recursos destinados al reencarpetamiento de una carretera en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.
La organización afirmó que esa reunión habría sido utilizada como una «trampa» para concretar la detención del defensor y responsabilizó públicamente a Rodríguez Cisneros por estos hechos.
El comunicado enmarca la detención dentro de un proceso de criminalización que, aseguran, enfrenta el integrante del CNI desde hace varios meses.
Recordó que en febrero de 2026 le fueron retiradas las medidas de protección que tenía asignadas, pese al riesgo que enfrentaba como defensor de derechos humanos. Asimismo, señaló que la persecución se intensificó luego de las denuncias nacionales e internacionales que realizó tras incursiones atribuidas al grupo criminal Los Ardillos contra comunidades del CIPOG-EZ en la montaña baja de Guerrero, hechos que derivaron en el desplazamiento de alrededor de 2 mil 200 personas.
También denunció que posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió sus cuentas bancarias, pese a que, según el comunicado, únicamente disponía de 280 pesos.
Ante estos hechos, la Misión Civil de Observación Sexta exigió la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo, que las autoridades informen sobre su ubicación, garanticen su integridad física y el respeto al debido proceso.
Asimismo, solicitó la intervención urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales para vigilar el respeto de sus derechos.
La organización responsabilizó a los tres niveles de gobierno, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por cualquier afectación que pudiera sufrir el defensor mientras permanezca bajo custodia o se desconozca oficialmente su situación jurídica.
Continúa detenido
Hasta este 20 de julio, Jesús Plácido Galindo continúa detenido y no existe información pública de que un juez haya modificado su situación jurídica o decretado su libertad.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la detención deriva del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido en octubre de 2021. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que existen investigaciones que lo vinculan con los grupos delictivos Los Rojos y Los Tlacos.
Estas acusaciones son rechazadas por el CIPOG-EZ, el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y otras organizaciones, las cuales sostienen que se trata de una acción de criminalización contra un defensor indígena. De acuerdo con su versión, Plácido Galindo se dirigía a una reunión convocada por autoridades estatales cuando fue detenido.
Entre el 19 y el 20 de julio, autoridades comunitarias e integrantes del CIPOG-EZ realizaron movilizaciones y emitieron nuevos pronunciamientos para exigir su libertad inmediata, al tiempo que responsabilizaron al Estado mexicano de garantizar su integridad física y el respeto al debido proceso.
Cabe recordar que apenas unas semanas antes de su detención, en15días publicó la nota «La guerra oculta por el control de la tierra y la vida», en el que Jesús Plácido Galindo participó junto con otras personas defensoras de derechos humanos denunciando el hostigamiento, la militarización, la violencia y la persecución que enfrentan las comunidades indígenas organizadas de Guerrero por su labor en defensa del territorio y de la vida.
Diversas organizaciones consideran que ese contexto debe tomarse en cuenta para comprender los hechos recientes y sostienen que su detención forma parte de un patrón de agresiones contra quienes defienden los derechos de los pueblos originarios.
Ante estos hechos, la Misión Civil de Observación Sexta reiteró su exigencia de libertad para Jesús Plácido Galindo, solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales, y pidió que se garantice el respeto a sus derechos y a un proceso conforme a derecho.
DESAPARECE HERMANO DEL DEFENSOR AMBIENTAL ROLANDO SILVA
Hasta el 20 de julio de 2026, no hay información pública de que José Luis Silva Andrade haya sido localizado con vida o de que las autoridades hayan informado avances sustanciales en la investigación de su desaparición.
La organización internacional Front Line Defenders denunció la desaparición de José Luis Silva Andrade, hermano del defensor ambiental y de derechos humanos Rolando Silva Andrade, integrante de la comunidad de Agua Fría, en la región de Los Azufres, municipio de Hidalgo, Michoacán.
La organización considera que el hecho podría constituir una represalia directa por la defensa comunitaria del bosque, el agua y el territorio frente a intereses ligados a la tala ilegal y al despojo de tierras.
De acuerdo con la denuncia pública, José Luis Silva Andrade desapareció el 15 de julio de 2026, luego de salir de su domicilio alrededor de las 8:00 de la mañana para verificar una presunta tala clandestina, tras escuchar motosierras en las inmediaciones de la comunidad. Informó a su familia que regresaría para comer, pero nunca volvió.
Al día siguiente, según el relato de Front Line Defenders, un hombre presuntamente vinculado con un grupo del crimen organizado acudió con las hermanas de José Luis para informarles que éste se encontraba retenido y que debían acudir a «negociar con el jefe». Posteriormente, las amenazas escalaron cuando, presuntamente, les exigieron fungir como testigos de la firma de documentos mediante los cuales José Luis cedería las tierras de la comunidad, bajo la advertencia de que, si se negaba, sería golpeado y desaparecido.
Agua Fría es una pequeña comunidad fundada en la década de 1940, ubicada en la zona boscosa de Los Azufres y habitada por alrededor de 180 personas. Sus habitantes mantienen un sistema comunitario de protección de bosques y manantiales.
Rolando Silva Andrade es reconocido por su labor en defensa del territorio, particularmente frente a la tala ilegal y los intentos de apropiación de tierras que, según denuncias de la comunidad, involucran a grupos madereros presuntamente coludidos con integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos. Además de su activismo, es identificado como sanador tradicional, autoridad moral y guardián de los manantiales de azufre de la comunidad.
La desaparición ocurre en un contexto de amenazas reiteradas contra la familia Silva Andrade. Front Line Defenders documentó que el 25 de febrero cuatro hombres armados acudieron al domicilio de familiares de Rolando para exigir la entrega de las tierras y amenazar con «venir por él». El 3 de marzo, los mismos individuos regresaron y dejaron un número telefónico con nuevas advertencias.
Posteriormente, el 16 de marzo, la pareja del defensor, Reyna Coello Castro, recibió llamadas de familiares informándole que tres hombres armados habían llegado nuevamente a Agua Fría amenazando con reunir a los habitantes de la comunidad. Dos días después, el 18 de marzo, otros tres hombres armados ingresaron al poblado con el propósito de obligar a los comuneros a firmar documentos de cesión de tierras.
Según Front Line Defenders, la comunidad ha presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), además de solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, asegura que hasta el momento las autoridades no han otorgado medidas de protección.
La organización internacional manifestó su preocupación por la vida e integridad física de José Luis Silva Andrade y sostuvo que la desaparición «parece ser una represalia contra la comunidad por su labor de defensa del territorio». Asimismo, advirtió que existe un riesgo inminente de desplazamiento forzado y de nuevas agresiones contra los habitantes de Agua Fría.
Ante estos hechos, Front Line Defenders exigió a las autoridades mexicanas realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para localizar con vida a José Luis Silva Andrade y esclarecer los hechos; implementar medidas de protección para la familia y la comunidad; acelerar su incorporación al Mecanismo Nacional de Protección y garantizar que las personas defensoras del medio ambiente puedan continuar su labor sin sufrir represalias.
EXIGEN JUSTICIA POR DESAPARICIONES
Integrantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos, estudiantes y luchadores sociales se reunieron este 18 de julio en la comunidad de Zirahuén para conmemorar el 52 aniversario de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia purépecha Guzmán Cruz, un caso que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) considera emblemático de la llamada Guerra Sucia y de la violencia ejercida por el Estado mexicano contra los pueblos originarios.
Durante la jornada, convocada por el CSIM, participaron representantes de pueblos purépecha, otomí (hñähñú), matlatzinca (pirinda), nahua, yaqui y afromexicanos, quienes recordaron a José de Jesús Guzmán Jiménez y a sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, desaparecidos en 1974 tras ser detenidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El comunicado recuerda que las desapariciones ocurrieron en el contexto de la «guerra sucia», cuando el Estado mexicano desplegó una estrategia de persecución contra movimientos sociales y opositores políticos. Además de los cinco desaparecidos, otros integrantes de la familia fueron víctimas de la represión: Alexander Guzmán fue detenido y torturado hasta sufrir graves secuelas físicas y mentales, mientras que Abdallán Guzmán permaneció preso político en Lecumberri.
El CSIM también rindió homenaje a María Salud Cruz Jiménez, «Nana Chpiri» (Madre Fuego), madre de los desaparecidos, quien dedicó gran parte de su vida a buscar a sus hijos y exigir justicia. La organización destacó que su lucha continúa hoy a través de nuevas generaciones de la familia Guzmán Cruz y de los pueblos indígenas organizados.
Uno de los principales ejes del acto fue recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Fondo del Caso 12.918, en el que concluyó que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad contra los integrantes de la familia Guzmán. Para el CSIM, este reconocimiento internacional representa un paso histórico, pero resulta insuficiente mientras el caso no sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por ello, durante la ceremonia los asistentes exigieron a la CIDH acelerar el traslado del expediente y denunciaron que el Gobierno de México ha recurrido sistemáticamente a prórrogas que retrasan el proceso internacional y prolongan la impunidad.
La conmemoración incluyó ceremonias tradicionales purépechas, danzas, pirekuas, música sinfónica, actividades artísticas colectivas y un acto político en el que el grito de «¡Ni perdón, ni olvido!» sintetizó la exigencia de memoria, verdad y justicia.
El CSIM subrayó que la lucha por esclarecer la desaparición de la familia Guzmán Cruz se ha convertido en una causa intergeneracional y recordó que su actual vocero y coordinador general, Pavel Ulianov Guzmán, es nieto y sobrino de las víctimas, por lo que la defensa de la memoria forma parte del origen mismo de la organización indígena.
En su posicionamiento, el Consejo sostuvo que en Michoacán continúa sin existir justicia para los pueblos indígenas, pese a los distintos programas oficiales impulsados por los gobiernos federal y estatal, entre ellos el Plan de Justicia Purépecha, el Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano y el denominado Plan Michoacán.
Según el CSIM, estos programas contrastan con una realidad marcada por la impunidad para quienes defendieron sus territorios, bosques, lagos y formas de organización comunitaria. La organización afirmó que más de 70 integrantes de pueblos indígenas en Michoacán han sido desaparecidos o asesinados extrajudicialmente, sin que hasta ahora exista verdad ni reparación para las víctimas.
Finalmente, el Consejo reiteró que continuará acompañando la exigencia de justicia para la familia Guzmán Cruz y para todas las víctimas indígenas de desaparición forzada, al considerar que la memoria histórica sigue siendo una herramienta fundamental frente a la impunidad del Estado mexicano.
CIDH concluye que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad contra una familia p’urhépecha; exigen llevar el caso a la Corte Interamericana
Esta semana, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad contra la familia p’urhépecha Guzmán Cruz, originaria de Tarejero, Michoacán, cuyos integrantes fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad durante la llamada Guerra Sucia, entre 1974 y 1976.
De acuerdo con el informe de fondo emitido por la CIDH, el Estado es responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada, la vulneración del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal y a las garantías judiciales. El organismo también determinó que México incumplió su obligación de investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas.
El caso representa uno de los primeros antecedentes documentados de desaparición forzada en Michoacán. Cuatro integrantes de la familia fueron trasladados a instalaciones militares en Morelia y posteriormente al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, mientras que otro de ellos fue llevado a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Pese a que la CIDH notificó su resolución en agosto de 2025 y emitió recomendaciones para garantizar verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición, el CSIM denunció que el gobierno mexicano no ha cumplido ninguna de ellas. Además, recordó que el propio Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por las desapariciones, aunque negó otros hechos como la tortura, el hostigamiento contra la familia y las omisiones en la investigación.
Ante la falta de avances, el Consejo Supremo Indígena exigió que el caso sea remitido de inmediato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que después de más de cinco décadas de impunidad y casi un año sin que el Estado acate las recomendaciones de la CIDH, las víctimas continúan enfrentando retrasos institucionales y negación de justicia. Para las comunidades indígenas, el caso no solo representa una deuda histórica con la familia Guzmán Cruz, sino un símbolo de la impunidad que persiste frente a los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia
EN OCTUBRE INICIARÁ LA AUTOPISTA DE LA AGROEXPORTACIÓN
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de Michoacán anunció que en octubre comenzará la construcción de la denominada Autopista de la Agroexportación, una vialidad que conectará las regiones de Uruapan y Zamora y que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
El anuncio fue realizado el 15 de julio por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó que la obra requerirá una inversión de 13 mil 278 millones de pesos y contempla también la construcción del Libramiento Norte de Uruapan, con el objetivo de agilizar el transporte de mercancías entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el centro y Bajío del país.
Aunque el gobierno presenta el proyecto como una obra para mejorar la movilidad regional, el diseño de la autopista responde principalmente a las necesidades logísticas de la agroindustria exportadora instalada en el occidente de Michoacán.
La nueva vialidad conectará dos de las principales regiones productoras de aguacate, berries y otros cultivos de exportación, reduciendo tiempos de traslado hacia los centros de distribución y el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos de salida de mercancías agrícolas hacia mercados internacionales.
La obra se suma a otras inversiones recientes en infraestructura carretera impulsadas por los gobiernos federal y estatal para fortalecer el corredor logístico de exportación que atraviesa Michoacán.
La construcción de la Autopista de la Agroexportación ocurre en un contexto donde el crecimiento del sector agroexportador ha sido acompañado por cuestionamientos sobre sus impactos ambientales.
Durante la última década, diversas investigaciones académicas han documentado la expansión de huertas de aguacate y berries sobre zonas forestales, el incremento en la demanda de agua y el uso intensivo de agroquímicos en distintas regiones del estado.
Pese a ello, el anuncio oficial se concentró en los beneficios logísticos y económicos del proyecto y no informó si la obra cuenta con una evaluación integral sobre sus impactos ambientales acumulativos ni cómo se evitará que la nueva infraestructura incentive una mayor expansión del cambio de uso de suelo en regiones agrícolas.
La Autopista de la Agroexportación se suma a otras decisiones recientes que han privilegiado infraestructura estratégica para el sector exportador, entre ellas la Indicación Geográfica «Aguacate Franja Michoacán», nuevos libramientos carreteros y proyectos de conectividad logística.
En conjunto, estas acciones reflejan una política pública orientada a fortalecer la competitividad de la agroindustria michoacana. El desafío, señalan especialistas en desarrollo territorial, será equilibrar ese impulso económico con la protección de los recursos naturales que sostienen la propia producción agrícola, particularmente el agua, los bosques y los suelos.
APUESTAN POR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA AGROEXPORTACIÓN
Esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia destinará 42 mil 713 millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera del estado.
Aunque el discurso oficial habla de mejorar la conectividad y el desarrollo regional, la mayor parte de las obras tiene un objetivo común: fortalecer los corredores logísticos para la agroexportación y el comercio internacional.
Entre los proyectos prioritarios se encuentran la ampliación de la autopista Siglo XXI, los tramos Pátzcuaro-Uruapan, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y la futura Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, además del libramiento de Uruapan.
Todos estos corredores buscan acelerar el traslado de mercancías desde las principales zonas productoras de aguacate, berries, limón y otros cultivos de exportación hacia el puerto de Lázaro Cárdenas y los mercados nacionales e internacionales.
El propio gobierno ha presentado estas obras como parte de una estrategia para consolidar a Michoacán como un nodo logístico del país. Sin embargo, el enfoque también evidencia cuáles son las prioridades de la inversión pública: mientras se destinan más de 42 mil millones de pesos a corredores para el comercio y la exportación, numerosas carreteras estatales y caminos rurales continúan en malas condiciones, afectando diariamente la movilidad de miles de comunidades que no forman parte de estas rutas estratégicas.
El reto será demostrar que esta infraestructura beneficia más allá de las cadenas agroexportadoras y de las grandes empresas del sector. De lo contrario, el megaplan carretero podría terminar consolidando un modelo donde la inversión pública privilegia la salida de mercancías hacia los mercados internacionales, mientras las necesidades de conectividad de muchas comunidades rurales permanecen en segundo plano.
CRECE MINERÍA Y LA MANUFACTURA EN MICHOACÁN; PERSISTEN LOS RETOS AMBIENTALES DEL MODELO INDUSTRIAL
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de Michoacán informó que la actividad industrial del estado registró un crecimiento de 1.7 por ciento respecto a marzo de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte, presentado el 14 de julio por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), señala que el mayor impulso provino de la minería, con un crecimiento de 11.2 por ciento, seguida por las industrias manufactureras, que avanzaron 3.2 por ciento.
La dependencia atribuyó este desempeño a la consolidación de proyectos de inversión vinculados al puerto de Lázaro Cárdenas, como las ampliaciones de Hutchison Ports LCT y APM Terminals, así como a la operación de la empresa Arauco en el oriente del estado.
Aunque el crecimiento industrial suele presentarse como un indicador de dinamismo económico, especialistas advierten que sectores como la minería y la manufactura también concentran algunos de los mayores desafíos ambientales del estado.
La actividad minera implica una alta demanda de agua y energía, además de la generación de residuos y emisiones que requieren vigilancia permanente para evitar afectaciones a ecosistemas y comunidades. En tanto, parte del sector manufacturero demanda infraestructura, suelo industrial y recursos naturales que incrementan la presión sobre el territorio.
El Gobierno estatal también destacó que durante la actual administración Michoacán ha captado mil 964 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), como muestra de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, el anuncio oficial se centró exclusivamente en los indicadores económicos y no abordó cómo se están evaluando los impactos ambientales acumulativos de la expansión industrial, ni si los nuevos proyectos incorporan mecanismos de monitoreo sobre consumo de agua, emisiones, manejo de residuos o restauración ambiental.
Para diversos especialistas en desarrollo regional, el crecimiento industrial representa una oportunidad para diversificar la economía estatal, pero también plantea la necesidad de fortalecer la supervisión ambiental y garantizar que las inversiones se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad.
En un estado donde la presión sobre el agua, los bosques y el territorio ha aumentado por la expansión de distintas actividades económicas, el crecimiento de la industria no sólo deberá medirse por sus indicadores económicos, sino también por su capacidad para reducir sus impactos ambientales y sociales.
“PLANTA SAN ANTONIO YA SANEA 82 % DE LAS AGUAS RESIDUALES DE URUAPAN”
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de Michoacán informó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio Zumpimito ya procesa el 82 por ciento de las aguas residuales generadas en Uruapan, un año después de haber entrado en operación.
Durante una visita realizada el 14 de julio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la planta trata actualmente 200 litros por segundo y recordó que la rehabilitación de la infraestructura requirió una inversión cercana a 200 millones de pesos, luego de permanecer sin operar durante varios años.
De acuerdo con la administración estatal, la meta es incrementar la capacidad de tratamiento hasta alcanzar el 95 por ciento de las aguas residuales que genera la ciudad.
Las autoridades también informaron que el agua tratada podrá destinarse a actividades agrícolas e industriales, con el propósito de reducir la extracción de agua limpia para esos usos.
La ampliación de la capacidad de saneamiento representa un avance para una de las ciudades con mayor actividad económica e industrial de Michoacán. Sin embargo, especialistas en gestión del agua advierten que el funcionamiento de una planta de tratamiento debe evaluarse no sólo por el volumen de agua procesada, sino por la calidad del efluente que descarga y la recuperación de los cuerpos de agua receptores.
En el caso de Uruapan, la contaminación de los ríos y barrancas ha estado asociada durante años a las descargas urbanas, pero también a la actividad industrial y agroindustrial, por lo que el saneamiento depende de una estrategia más amplia que incluya vigilancia ambiental y control de vertidos.
Aunque el Gobierno estatal destacó el porcentaje de aguas residuales tratadas, no presentó indicadores sobre la mejora en la calidad del agua de los ríos que reciben esas descargas, ni información sobre el cumplimiento permanente de las normas ambientales aplicables al agua tratada.
La operación de la planta San Antonio representa una de las inversiones más importantes en infraestructura hidráulica realizadas recientemente en Michoacán. El siguiente paso será demostrar que el incremento en la capacidad de tratamiento se traduce en una recuperación medible de los ecosistemas acuáticos y en una menor presión sobre las fuentes de agua que abastecen a la región.
GOBIERNO DE MICHOACÁN ASEGURÓ QUE ALCANZARÁ LOS 50 MILLONES DE ÁRBOLES PLANTADOS ¿Y LA SUPERVIVENCIA?
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de Michoacán anunció que al concluir la temporada de lluvias de 2026 habrá plantado 50 millones de árboles durante la actual administración, como parte de su estrategia de restauración de bosques y cuencas hidrológicas.
El anuncio fue realizado el 16 de julio, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que entre 2022 y 2025 se plantaron 36.9 millones de árboles y que este año se sumarán otros 13 millones, de los cuales 10 millones fueron producidos por la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) y tres millones provienen de donaciones.
Según el gobierno estatal, las reforestaciones se concentran en Áreas Naturales Protegidas, cuencas como las de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, el río Duero y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, además de municipios como Hidalgo, Morelia, Ocampo, Paracho, Nahuatzen, Uruapan y Erongarícuaro.
La estrategia también incorpora el programa Bio Renace, mediante el cual se dispersan semillas con drones en zonas de difícil acceso, con una meta de 200 mil semillas durante esta temporada.
Aunque el número de árboles plantados se ha convertido en uno de los principales indicadores ambientales del gobierno estatal, especialistas en restauración ecológica advierten que el éxito de una reforestación no se mide por la cantidad de ejemplares sembrados, sino por su supervivencia después de varios años.
Para evaluar una campaña de restauración es necesario realizar monitoreos periódicos que permitan conocer cuántos árboles sobreviven al primer año, cuántos logran establecerse y cuál fue la recuperación real del ecosistema intervenido.
En el anuncio realizado esta semana, el Gobierno de Michoacán no presentó datos sobre las tasas de supervivencia de los casi 37 millones de árboles plantados entre 2022 y 2025, ni informó cuántas de las hectáreas reforestadas han logrado consolidarse como áreas en recuperación.
La restauración forestal enfrenta diversos desafíos, entre ellos la sequía, los incendios, el pastoreo, el cambio de uso de suelo y la falta de mantenimiento posterior a las jornadas de plantación, factores que pueden reducir considerablemente la supervivencia de los árboles si no existe seguimiento técnico.
Por ello, además de informar el número de plantas distribuidas cada temporada, especialistas consideran indispensable transparentar indicadores como la supervivencia de las reforestaciones, el estado de las áreas intervenidas y los resultados del monitoreo de largo plazo.
Sin esa información, el anuncio de alcanzar 50 millones de árboles plantados permite conocer el esfuerzo de reforestación, pero no cuántos de esos árboles continúan vivos ni cuál ha sido el impacto real de la estrategia sobre los bosques de Michoacán.
MICHOACÁN DESTINÓ 47 MILLONES DE PESOS PARA CONTENER EL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de Michoacán anunció una inversión de 47 millones de pesos para fortalecer el combate al gusano barrenador del ganado e instaló el Comité Estatal para el Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, un organismo que coordinará las acciones entre autoridades sanitarias, productores, universidades y organizaciones pecuarias.
Durante la instalación del comité, realizada el 16 de julio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que los recursos estatales se sumarán a los 127 millones de pesos destinados por el Gobierno federal para la campaña nacional de vigilancia, prevención y control de esta plaga.
Como parte de la estrategia, las autoridades anunciaron la distribución de 10 mil paquetes sanitarios para atender heridas en el ganado, la instalación de 50 mil trampas con atrayentes para capturar la mosca transmisora y la continuidad del programa de liberación de moscas estériles, considerado el principal método biológico para reducir las poblaciones del insecto.
Según la dependencia, hasta esta semana Michoacán acumulaba 571 casos de gusano barrenador del ganado. De ellos, 570 habían sido declarados inactivos, mientras que un caso permanecía bajo seguimiento sanitario.
El gusano barrenador, provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, representa una de las principales amenazas para la ganadería debido a que invade heridas abiertas y se alimenta de tejido vivo, ocasionando lesiones graves en bovinos, ovinos, caprinos, equinos e incluso fauna silvestre.
Además de afectar la salud animal, su presencia tiene implicaciones económicas para el sector pecuario, ya que los brotes pueden generar restricciones sanitarias para la movilización y comercialización del ganado, particularmente hacia mercados de exportación.
México erradicó esta plaga en la década de 1990 mediante un programa binacional basado en la liberación de moscas estériles. Sin embargo, su reaparición en el sur del país obligó a reactivar las campañas de vigilancia epidemiológica para evitar su dispersión hacia las principales regiones ganaderas.
Durante la semana, las autoridades reiteraron el llamado a los productores para inspeccionar diariamente a sus animales, atender cualquier herida y reportar oportunamente casos sospechosos al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) o a la Sader.
Para Michoacán, donde la ganadería constituye una de las actividades agropecuarias relevantes, el desafío será mantener el control sanitario y evitar que la plaga afecte la producción y el comercio pecuario en los próximos meses.
CLAUSURARON BANCO DE MATERIALES Y PLANTA ASFALTADORA EN LAGUNILLAS, PERO PERSISTEN DUDAS SOBRE LA VIGILANCIA AMBIENTAL
Esta semana, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró un banco de materiales pétreos, dos plantas trituradoras y una planta asfaltadora en el municipio de Lagunillas, luego de que durante una inspección sus responsables no pudieron acreditar las autorizaciones ambientales requeridas para operar.
De acuerdo con la dependencia, los inspectores solicitaron la autorización en materia de impacto ambiental, la licencia para el aprovechamiento de materiales pétreos y la Licencia Ambiental Única actualizada, documentos que no fueron exhibidos, por lo que se determinó suspender las actividades hasta que la empresa regularice su situación.
Si bien la clausura representa una acción de vigilancia ambiental, el caso también abre cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión.
Resulta pertinente preguntarse cuánto tiempo operó este complejo sin contar con la documentación correspondiente, cuántos materiales fueron extraídos y procesados antes de la inspección y por qué las irregularidades fueron detectadas únicamente mediante una actuación de oficio.
El episodio evidencia un problema recurrente en la gestión ambiental: las sanciones suelen llegar cuando los proyectos ya están en funcionamiento y han generado impactos sobre el territorio.
Más allá de la clausura temporal, queda pendiente conocer si existirán procedimientos administrativos, sanciones económicas o medidas de reparación ambiental que garanticen que el cumplimiento de la ley no dependa únicamente de inspecciones esporádicas.
EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE MICHOACÁN
Durante esta semana, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán concentró su agenda en reuniones de coordinación institucional, planeación administrativa y promoción de programas gubernamentales, sin anunciar acciones relevantes de restauración ecológica, atención a conflictos socioambientales o medidas frente a las problemáticas ambientales más urgentes del estado.
Entre las actividades reportadas destaca una reunión con el Ayuntamiento de Tzintzuntzan para incorporar al municipio a la campaña “Gol por el Ambiente”, enfocada en el acopio de textiles y la promoción de la llamada economía circular.
Asimismo, la dependencia participó en la sesión del Consejo del Área Natural Protegida del Cerro del Punhuato, donde se presentaron proyectos para un centro interpretativo y una guía de flora, además de otra sesión del Consejo de Planeación y Manejo del ANP CIMO para dar seguimiento a acuerdos administrativos.
La Secretaría también organizó, junto con la Conafor y la FAO, un taller regional sobre la propuesta nacional de Pago por Resultados REDD+, dirigido a ejidos, comunidades forestales y productores, con el propósito de recoger observaciones para el diseño del programa.
En el plano administrativo, encabezó el cierre de los trabajos del módulo de Geografía y Medio Ambiente del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2026, en coordinación con el INEGI y otras dependencias estatales.
Sin embargo, la agenda oficial contrasta con la magnitud de los conflictos ambientales que enfrenta Michoacán. Mientras la dependencia difundió reuniones, talleres y estrategias de coordinación, durante la semana no informó acciones concretas frente al avance del cambio de uso de suelo, la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua, la expansión de monocultivos como el aguacate y las berries, ni sobre los conflictos socioambientales que mantienen diversas comunidades del estado.
La actividad institucional refleja una gestión enfocada en la planeación y la coordinación burocrática, mientras persiste la expectativa de que las políticas ambientales se traduzcan en intervenciones efectivas sobre los problemas ecológicos que afectan al territorio michoacano.
ANUNCIARON EL INICIO DE LA TEMPORADA DE ARRIBO DE TORTUGAS MARINAS EN MICHOACÁN
Esta semana, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informó que comenzaron a llegar los primeros ejemplares de tortugas marinas a las costas de Michoacán, dando inicio a la temporada de anidación 2026-2027.
La dependencia señaló que el desove se intensificará con las lluvias, ya que la humedad de la arena favorece la incubación de los huevos.
El gobierno estatal destacó que Michoacán cuenta con 25 campamentos tortugueros y con los santuarios de Colola, Maruata y Mexiquillo, donde se protegen especies como la tortuga golfina, prieta y laúd. También anunció que se realizaron trabajos de acondicionamiento de corrales, instalación de malla sombra y mantenimiento de las áreas de resguardo para recibir a miles de ejemplares durante los próximos meses.
Aunque el anuncio pone en valor uno de los fenómenos naturales más importantes del litoral michoacano y reconoce el trabajo de voluntarios y campamentos comunitarios, también deja pendientes varios desafíos.
La conservación de las tortugas no depende únicamente del resguardo de los nidos, sino de la protección integral de las playas frente a la expansión turística, la contaminación, la pesca incidental y los efectos del cambio climático.
En los últimos años, diversas organizaciones han advertido que la presión sobre los ecosistemas costeros continúa creciendo, por lo que el éxito de la temporada no debería medirse sólo por el número de campamentos o de visitantes, sino por la supervivencia de las crías y la conservación efectiva de sus hábitats.
EN INFORMACIÓN DE MORELIA…
LAS LLUVIAS VOLVIERON A EXHIBIR LA VULNERABILIDAD DE MORELIA E INCAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Vaya, vaya… esta semana Morelia enfrentó una de las lluvias más intensas de la temporada, con inundaciones, caída de árboles, afectaciones viales y daños a la infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad.
El alcalde Alfonso Martínez aseguró que en una sola jornada cayó un volumen de agua equivalente al de tres semanas de precipitaciones, por lo que calificó el episodio como extraordinario.
Tras la emergencia, el Ayuntamiento informó que brigadas municipales retiraron cerca de 100 toneladas de basura de calles, drenes y alcantarillas durante el fin de semana, por lo que el presidente municipal hizo un llamado a la población a no arrojar residuos a la vía pública al considerar que esa práctica agrava las inundaciones.
El señalamiento del gobierno municipal no es incorrecto. Los residuos sólidos obstruyen alcantarillas, bocas de tormenta y cauces urbanos, reduciendo la capacidad del sistema de desagüe durante lluvias intensas.
Sin embargo, centrar la explicación en la conducta ciudadana corre el riesgo de simplificar un problema mucho más complejo.
Morelia acumula décadas de crecimiento urbano sobre zonas naturalmente inundables, impermeabilización del suelo, ocupación de cauces, pérdida de áreas de infiltración y rezagos en infraestructura pluvial.
A ello se suma el deterioro ambiental de las microcuencas que alimentan los ríos y drenes de la ciudad, donde la deforestación, el cambio de uso de suelo y la erosión aceleran el arrastre de sedimentos hacia la red hidráulica.
Desde principios de julio el Ayuntamiento había activado operativos preventivos y reuniones de coordinación ante el pronóstico de lluvias intensas.
No obstante, las precipitaciones del fin de semana volvieron a poner en evidencia que la capacidad de respuesta institucional sigue concentrándose en atender la emergencia más que en reducir las causas estructurales del riesgo.
Cada temporada de lluvias se repiten labores de limpieza, desazolve y atención de inundaciones, mientras permanecen pendientes intervenciones de mayor escala relacionadas con el ordenamiento territorial, la protección de microcuencas y la modernización del drenaje pluvial.
El contexto climático tampoco puede ignorarse. La actual temporada de lluvias ha registrado precipitaciones por encima del promedio histórico en buena parte del país y los especialistas prevén que continúen presentándose eventos extremos durante los próximos meses.
Frente a ese escenario, el reto para Morelia no consiste únicamente en mantener cuadrillas de limpieza o exhortar a la ciudadanía a no tirar basura.
La adaptación al cambio climático implica replantear el crecimiento urbano, recuperar las zonas de infiltración, restaurar las microcuencas que abastecen a la ciudad y fortalecer una infraestructura hidráulica diseñada para eventos que hoy son cada vez más intensos y frecuentes.
Mientras esas medidas sigan posponiéndose, cada tormenta extraordinaria volverá a convertirse en una prueba para una ciudad que continúa respondiendo más a las consecuencias que a las causas de sus inundaciones.
HACIENDA TINÍJARO VOLVIÓ A INUNDARSE Y EVIDENCIÓ LA DEUDA PENDIENTE DE MORELIA CON SU INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Las intensas lluvias registradas durante la semana volvieron a convertir a Hacienda Tiníjaro en uno de los principales focos de emergencia de Morelia. Decenas de viviendas quedaron anegadas, familias perdieron muebles, electrodomésticos y parte de su patrimonio, mientras las calles permanecieron bajo el agua durante varios días, evidenciando una vez más un problema que los habitantes denuncian desde hace años sin que exista una solución definitiva.
La situación escaló el 13 de julio, cuando vecinos de Hacienda Tiníjaro y colonias cercanas bloquearon la avenida Madero Poniente para exigir una respuesta de fondo. Los manifestantes denunciaron el deficiente funcionamiento del cárcamo de bombeo y señalaron que la infraestructura hidráulica resulta insuficiente para enfrentar cada temporada de lluvias. Su reclamo fue claro: no quieren más respuestas de emergencia, sino obras que eviten que el fraccionamiento vuelva a inundarse año tras año.
En respuesta, el Ayuntamiento desplegó brigadas del OOAPAS, Protección Civil y Servicios Públicos para retirar el agua acumulada, limpiar calles y atender a las familias afectadas. También anunció acuerdos con los vecinos para mejorar el desfogue del dren Itzícuaro y realizar trabajos complementarios de limpieza y mantenimiento.
Sin embargo, la contingencia volvió a exhibir una realidad que trasciende el episodio de esta semana: Hacienda Tiníjaro se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad urbana de Morelia frente a las lluvias. Las inundaciones se repiten prácticamente cada temporal, pese a los anuncios recurrentes sobre limpieza de drenes, desazolves y acciones preventivas.
La repetición del problema plantea una pregunta inevitable sobre la planeación urbana de la ciudad. Si una colonia se inunda de manera sistemática cada temporada, la atención de la emergencia deja de ser suficiente.
El desafío ya no consiste únicamente en bombear el agua cuando ocurre el desastre, sino en resolver las causas estructurales que permiten que el mismo escenario se repita año con año.
Para los habitantes de Hacienda Tiníjaro, la mayor incertidumbre no fue cuándo bajaría el nivel del agua esta semana, sino si el próximo temporal volverá a traer exactamente la misma historia. Esa es la deuda que la infraestructura hidráulica de Morelia sigue sin saldar.
LA GESTIÓN DE YANKEL BENÍTEZ QUEDÓ ATRAPADA EN LA NARRATIVA DE REDES SOCIODIGITALES
Las lluvias extraordinarias que azotaron Morelia durante la semana dejaron viviendas inundadas, calles anegadas y familias afectadas en colonias como Carlos Salazar, Hacienda Tiníjaro, Benito Juárez y Los Itzícuaros.
Mientras el Ayuntamiento desplegó brigadas de atención y reconoció que tres zonas concentraban los mayores daños, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, optó por convertir buena parte de la emergencia en una narrativa personal difundida desde sus redes sociodigitales.
Durante varios días, Benítez publicó fotografías recorriendo calles inundadas con botas de hule, saludando vecinos, supervisando el desazolve, repartiendo apoyos y posando frente a viviendas afectadas.
En otra publicación apareció de espaldas contemplando una calle completamente anegada, acompañando la imagen con frases como “Mi compañera de hoy: la vida misma” y consignas con el hashtag MoreliaResiste y AquíSeguimos, privilegiando una narrativa emocional que colocó al funcionario en el centro de la escena.
También llamó la atención el contraste visual entre las publicaciones oficiales y la realidad de la emergencia. Mientras brigadistas de Protección Civil, personal de Servicios Públicos y trabajadores del Ayuntamiento aparecían cubiertos de lodo, con botas manchadas tras horas de desazolve y limpieza, Yankel Benítez fue retratado en prácticamente todas las fotografías con ropa impecable y botas limpias, proyectando una imagen cuidadosamente construida para las redes sociodigitales.
El contraste alimentó la percepción de que la prioridad no era documentar el trabajo colectivo de quienes enfrentaban directamente la contingencia, sino reforzar la presencia pública del funcionario mediante una narrativa visual donde él ocupaba el papel central.
Las imágenes contrastaron con la magnitud de la emergencia. Mientras cientos de familias intentaban recuperar muebles, limpiar lodo y enfrentar pérdidas materiales, buena parte de la comunicación oficial terminó enfocada en la presencia permanente del secretario, con publicaciones prácticamente diarias donde el protagonismo recaía más en el funcionario que en las soluciones estructurales.
El propio Ayuntamiento sostuvo que la tormenta fue histórica, con alrededor de 84 milímetros de lluvia en un solo día, y atribuyó parte de las inundaciones a la acumulación de basura y a limitaciones de infraestructura hidráulica, aunque también aseguró que los trabajos preventivos evitaron afectaciones mayores.
Sin embargo, la emergencia volvió a exhibir un problema recurrente en Morelia: cada temporada de lluvias se repiten las inundaciones en prácticamente las mismas colonias, pese a los anuncios anuales sobre dragados, limpieza de drenes y programas preventivos.
La respuesta inmediata puede aliviar parcialmente los daños, pero no sustituye la necesidad de obras hidráulicas de fondo, ordenamiento territorial y una política efectiva de gestión del riesgo.
La cobertura realizada por Yankel Benítez en redes sociodigitales dejó además otra interrogante política. En un contexto donde ya es mencionado como uno de los posibles aspirantes del PAN a la presidencia municipal para 2027, la intensa difusión de su imagen durante la contingencia fue vista por algunos sectores más como una estrategia de posicionamiento personal que como una comunicación institucional de protección civil.
Porque en una emergencia, la ciudadanía suele valorar más que las autoridades resuelvan los problemas que las fotografías donde aparecen resolviéndolos. Las botas, las mangueras y los recorridos sirven para la imagen pública; evitar que las mismas colonias se inunden año tras año sigue siendo la tarea pendiente.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
PUEBLOS CONVOCARON A UN ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LOS PODECIBI Y DENUNCIARON LA IMPOSICIÓN DE MEGAPROYECTOS «VERDES»
Esta semana, comunidades indígenas y organizaciones socioambientales de Puebla convocaron al III Foro Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los Basureros, que se realizará el domingo 26 de julio de 2026, a las 10:00 horas, en el barrio de Guadalupe, en San José Chiapa, Puebla, para articular la resistencia frente a los llamados Polos de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) impulsados por los gobiernos federal y estatal.
El encuentro ocurre en medio de un creciente conflicto por un proyecto que el gobierno presenta como parte de la transición hacia una economía circular, pero que las comunidades consideran un megaproyecto impuesto sin consulta indígena, sin estudios públicos suficientes y respaldado por un fuerte despliegue policial.
En un pronunciamiento conjunto, pueblos nahuas y totonakus afirmaron que el PODECIBI no representa una nueva política ambiental, sino una nueva etiqueta para un viejo modelo de concentración de basura e infraestructura industrial en territorios indígenas.
Denunciaron que el proyecto pretende instalarse sobre 275 hectáreas en San José Chiapa sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades sostienen que resulta contradictorio que proyectos promovidos bajo conceptos como “economía circular”, “bienestar” o “desarrollo sostenible” avancen mediante operativos policiacos, militarización del territorio y hostigamiento contra quienes cuestionan sus impactos ambientales.
De acuerdo con el colectivo, desde finales de junio permanece un cerco de alrededor de 150 elementos de seguridad, además del uso de vehículos blindados para resguardar el proyecto.
El posicionamiento también cuestiona el discurso de la llamada transición ecológica impulsada desde el gobierno federal. A juicio de los pueblos, la sustentabilidad pierde legitimidad cuando se convierte en un argumento para imponer megaproyectos sin consentimiento social, reproduciendo prácticas históricas de despojo bajo un lenguaje ambientalmente atractivo.
Los colectivos recordaron que Puebla arrastra una larga deuda en materia de remediación de antiguos basureros. Casos como Santa María Coapan, Cuetzalan, Cholula, San Juan Ozelonacaxtla y San Juan Acateno permanecen con problemas de lixiviados, contaminación de acuíferos y resoluciones ambientales incumplidas. Para las comunidades, antes de abrir nuevos proyectos, el Estado debería resolver los pasivos ambientales que durante años ha dejado sin atender.
Asimismo, expresaron su solidaridad con San Pedro Ecatepec, Tlaxcala, donde habitantes fueron reprimidos por oponerse a otro PODECIBI, señalando que ambos casos muestran un patrón en el que los megaproyectos catalogados como “verdes” avanzan con mayor rapidez que los procesos de participación ciudadana y justicia ambiental.
El III Foro Pueblos Organizados por la Vida y en contra de los Basureros buscará precisamente discutir alternativas comunitarias al manejo de residuos y fortalecer la articulación entre pueblos afectados por proyectos que, bajo el discurso de la economía circular y el desarrollo sostenible, son percibidos por las comunidades como una nueva fase del extractivismo y del racismo ambiental, donde la toma de decisiones continúa concentrándose en los gobiernos mientras los impactos recaen sobre los territorios indígenas.
EL GOBIERNO ABRIÓ MESAS DE DIÁLOGO POR OHUIRA, PERO LA PLANTA SIGUIÓ AVANZANDO Y EL PLANTÓN NO SE LEVANTÓ
Esta semana el conflicto por la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, entró en una nueva etapa. El 14 de julio, el Gobierno de México anunció la instalación de cinco mesas de diálogo con comunidades indígenas mayo-yoreme, especialistas y representantes de la empresa, además de la creación de un grupo multidisciplinario para revisar las preocupaciones ambientales y sociales del megaproyecto.
Sin embargo, el anuncio estuvo lejos de resolver el conflicto. Los integrantes del movimiento ¡Aquí No! dejaron claro que no levantarían el plantón que mantienen desde hace más de 40 días en los accesos a la planta, al considerar que el diálogo no puede convertirse en un mecanismo para legitimar una obra que consideran prácticamente consumada.
Las mesas de trabajo fueron programadas del 17 al 22 de julio y abordarán temas ambientales, jurídicos, sociales y técnicos. No obstante, el gobierno federal también confirmó que los trabajos de la planta no serán suspendidos mientras se desarrollan las negociaciones, una decisión que ha generado escepticismo entre las comunidades.
El principal cuestionamiento de los opositores es precisamente ese: ¿qué capacidad real tiene un proceso de diálogo cuando el proyecto continúa avanzando? Para los pueblos mayo-yoreme, las mesas llegan después de más de una década de resistencia, múltiples litigios, una sentencia de la Suprema Corte que obligó a repetir la consulta indígena y una obra que ya se encuentra en su fase final.
La decisión del gobierno también vuelve a colocar a la Semarnat en una posición incómoda. Mientras la dependencia impulsa un discurso basado en la justicia ambiental, la restauración ecológica y los derechos de los pueblos indígenas, en Ohuira optó por dialogar sin detener el megaproyecto, privilegiando la continuidad de la inversión mientras las comunidades mantienen un plantón permanente para impedir su operación.
El caso se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la política ambiental de la Cuarta Transformación. Más que discutir si existen mesas de trabajo, el fondo del conflicto sigue siendo otro: si el Estado está dispuesto a modificar o incluso cancelar un megaproyecto cuando las comunidades afectadas mantienen su rechazo, o si el diálogo únicamente servirá para administrar un conflicto cuyo desenlace ya parece decidido.
REVÉS JUDICIAL A QUIENES BUSCABAN DEBILITAR LA PROTECCIÓN DE LA SIERRA DE SAN MIGUELITO
Esta semana, un tribunal federal dio un paso clave en la defensa de la Sierra de San Miguelito, al revocar el amparo que había favorecido al ejido El Terrero y confirmar la constitucionalidad del decreto presidencial de 2021 que creó el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF).
Con ello, se mantiene la protección de más de 111 mil hectáreas de bosques, matorrales y zonas de recarga hídrica que abastecen de agua a gran parte de la ciudad de San Luis Potosí.
La Sierra de San Miguelito se convirtió en uno de los conflictos socioambientales más importantes del país durante la última década.
Organizaciones, comunidades, ejidos y colectivos denunciaron que el crecimiento inmobiliario impulsado por grandes desarrolladoras amenazaba con urbanizar una zona estratégica para la captación de agua y la conservación de la biodiversidad.
Tras años de movilizaciones, estudios científicos y presión social, en diciembre de 2021 el gobierno federal decretó el área natural protegida, aunque con una superficie menor a la originalmente propuesta por los colectivos ambientales.
Desde entonces, diversos actores promovieron recursos legales para intentar echar abajo o limitar el decreto. Uno de ellos fue el amparo del ejido El Terrero, que había obtenido una sentencia favorable en primera instancia y que ponía en riesgo la permanencia del ANP.
Sin embargo, esta semana el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó esa resolución y ratificó la validez constitucional del decreto, fortaleciendo la certeza jurídica del área protegida.
La decisión representa una victoria para las comunidades y organizaciones que durante años defendieron la Sierra frente a la expansión urbana y la especulación inmobiliaria. También envía un mensaje sobre la relevancia de las áreas naturales protegidas como instrumentos para preservar ecosistemas estratégicos frente a intereses económicos que buscan transformar el territorio.
Aunque el conflicto por el uso del suelo en la región no ha concluido, la resolución judicial refuerza uno de los principales logros de la lucha socioambiental en San Luis Potosí.
CONVOCAN A JORNADA NACIONAL CONTRA CONVENIO HÍDRICO ENTRE CHIHUAHUA E ISRAEL
Colectivos en defensa del agua, del territorio y en solidaridad con Palestina convocaron a una jornada nacional de movilizaciones para el próximo 1 de agosto, en rechazo al convenio de cooperación firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
Las protestas se realizarán de manera simultánea en al menos 14 ciudades del país, entre ellas Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Querétaro, Pachuca, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala y Mérida.
Las organizaciones denuncian que el acuerdo, presentado por el gobierno estatal como un mecanismo de transferencia de tecnología para enfrentar la crisis hídrica, abre la puerta a negocios con empresas israelíes y fortalece la relación con un Estado al que acusan de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra el pueblo palestino.
Bajo la consigna “Quien niega el agua a un pueblo no puede aconsejar cómo administrarla”, los colectivos sostienen que la gestión del agua no puede desvincularse de la responsabilidad ética y política de quienes proveen esas tecnologías.
Además de exigir la cancelación del convenio y transparencia sobre sus alcances, las organizaciones demandan que el Estado mexicano rompa relaciones con Israel y cuestionan que, mientras Chihuahua enfrenta cortes e intermitencias en el suministro de agua, las autoridades impulsen acuerdos con empresas extranjeras en lugar de fortalecer soluciones públicas y comunitarias.
Para los convocantes, la crisis hídrica no debe convertirse en una oportunidad para profundizar la privatización del agua mediante tecnologías importadas, sino en un proceso de gestión democrática y sustentable de un bien común.
PERSISTEN INCUMPLIMIENTOS DE GRUPO DINE EN PLAYA DE PUNTA DE MITA
A pesar de los compromisos asumidos tras las denuncias ciudadanas y la intervención de las autoridades ambientales, la empresa Cantiles de Mita, propiedad de Grupo DINE, continúa sin retirar por completo las obras realizadas en playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit.
Integrantes del movimiento Batalla por la Playa denunciaron que la inmobiliaria únicamente recorrió parcialmente el cerco instalado sobre la zona federal marítimo terrestre, pero mantiene el enrocamiento que alteró la playa y aún no ha restaurado el área de desove de tortugas marinas.
Los ambientalistas recordaron que el conflicto comenzó cuando maquinaria pesada ingresó a la playa para remover arena, tierra y rocas, además de afectar el manglar contiguo, con el objetivo de desarrollar un proyecto inmobiliario en una franja protegida por la legislación ambiental.
Aunque las autoridades federales ordenaron medidas correctivas, el movimiento acusa que la empresa ha incumplido y que Semarnat y Profepa han adoptado una postura permisiva al retrasar las acciones de restauración y abrir la posibilidad de que parte de la escollera permanezca en el sitio bajo el argumento de que retirarla podría generar nuevos impactos.
Para las comunidades y colectivos que defienden la bahía, el caso refleja una constante en los conflictos socioambientales del país: mientras la legislación establece que las playas son bienes públicos y ecosistemas estratégicos, los megaproyectos turísticos avanzan con modificaciones al territorio que posteriormente buscan regularizarse.
Los defensores reiteraron que mantendrán la movilización hasta que la playa sea restituida a sus condiciones originales y se garantice el libre acceso, así como la protección del ecosistema costero y de las zonas de anidación de tortugas.
REPORTAN AVANCES EN EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS MÁS CONTAMINADOS DE MÉXICO; EL DESAFÍO SIGUE SIENDO FRENAR LAS DESCARGAS QUE LOS DEGRADAN
Vaya, vaya… esta semana el Gobierno de México presentó un balance de la estrategia nacional para recuperar los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, considerados históricamente entre los cuerpos de agua con mayor contaminación del país.
Durante la conferencia matutina del 16 de julio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó que entre 2025 y 2026 el gobierno federal ha destinado 2 mil 46 millones de pesos a obras de saneamiento, como parte de un programa que contempla una inversión total de 20 mil millones de pesos durante el sexenio.
La funcionaria explicó que el plan busca beneficiar a 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios, bajo cuatro ejes: mejorar la calidad del agua, restaurar ecosistemas, prevenir inundaciones y recuperar el vínculo social con los ríos.
Como parte de la estrategia, Semarnat realizó un recorrido de 340 kilómetros a lo largo de los tres sistemas fluviales, donde identificó 3 mil 202 descargas de aguas residuales domésticas e industriales, 479 tiraderos clandestinos de residuos, 460 industrias potencialmente contaminantes y detectó que 22 por ciento del suelo de las zonas analizadas presenta riesgo de deforestación, condición que favorece la erosión y el azolvamiento de los cauces.
Además, el gobierno federal identificó mil 745 industrias prioritarias dentro de las cuencas sujetas al programa de saneamiento.
De los tres sistemas, el río Lerma-Santiago resulta especialmente relevante para Michoacán al atravesar una cuenca compartida con los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nayarit, donde habitan más de 21 millones de personas.
La cuenca concentra una intensa actividad urbana, agrícola e industrial que durante décadas ha contribuido al deterioro de la calidad del agua mediante descargas municipales insuficientemente tratadas, residuos industriales y procesos de deforestación.
Aunque el Gobierno federal presentó una estrategia para toda la cuenca, no detalló el avance específico de las acciones en Michoacán ni cuántas de las industrias sujetas a revisión se localizan en el estado.
Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las principales fuentes de contaminación de los ríos son los drenajes municipales, las descargas industriales que incumplen la normatividad y el azolvamiento de los cauces.
Por ello, el programa incluye la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, drenajes marginales, colectores, obras de desazolve, restauración de humedales, reforestación de laderas y acciones comunitarias para eliminar tiraderos clandestinos.
Sin embargo, la propia información presentada por Semarnat muestra que la recuperación de los ríos dependerá tanto de las obras hidráulicas como de la capacidad para reducir las fuentes permanentes de contaminación.
Bárcena informó que, de las mil 745 industrias prioritarias identificadas en las tres cuencas, mil 95 ya fueron inspeccionadas, 506 se encuentran en proceso de inspección, 194 fueron regularizadas y 79 mantienen procedimientos administrativos abiertos por incumplimientos ambientales.
El Gobierno federal reportó que actualmente se encuentran concluidos, en ejecución o programados 93 proyectos relacionados con el saneamiento de los tres ríos.
Entre las acciones destacan la restauración de 24 kilómetros de riberas, el saneamiento forestal de 14 kilómetros, la reforestación de 4 mil 639 hectáreas, la conservación voluntaria de mil 700 hectáreas, la intervención en 8 mil 243 hectáreas de áreas naturales, la instalación de 28 estaciones de monitoreo, el desazolve de 41 kilómetros de cauces y la recuperación de 253 kilómetros de zona federal.
Aunque estas acciones representan uno de los programas de restauración hídrica más ambiciosos emprendidos por el Gobierno federal, el éxito del plan dependerá de que las obras de saneamiento vayan acompañadas de un control efectivo sobre las descargas industriales y municipales que continúan deteriorando los ríos. Después de décadas de contaminación, el desafío no será únicamente limpiar los cauces, sino impedir que vuelvan a contaminarse.
LA BRECHA ENTRE DIAGNÓSTICO Y “AVANCE” EN EL PLAN DE SANEAMIENTO DE RÍOS DE BÁRCENA
Debemos detenernos en los datos de la anterior nota. Cuando Alicia Bárcena presentó el plan de saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, lo hizo con dos tipos de cifras que no terminan de conversar entre sí.
Por un lado, un diagnóstico exhaustivo y alarmante: 3,202 descargas domésticas e industriales activas, 479 tiraderos clandestinos, 460 industrias potencialmente contaminantes, 1,745 industrias prioritarias sujetas a revisión, y 22% de deforestación en las zonas analizadas.
Por otro, un reporte de avance de obra dado por la Conagua que suena a éxito consolidado: 85% de avance en las obras en el Atoyac y 62% en el Tula.
El problema no son las cifras, sino que responden a métricas distintas que no permiten construir una narrativa coherente de causa y efecto.
El 85% y el 62% citados por Efraín Morales corresponden a avance de obra física en tramos específicos: kilómetros de colectores construidos, plantas de tratamiento instaladas, líneas de reúso de agua terminadas. Es decir, miden ejecución presupuestal y construcción de infraestructura, no calidad del agua.
En ningún momento de la presentación se ofreció un indicador equivalente y comparable de: Reducción medible de descargas contaminantes activas (de las 3,202 identificadas, ¿cuántas siguen operando hoy?); parámetros de calidad de agua antes/después (oxígeno disuelto, DBO, metales pesados, coliformes) en tramos “avanzados” y auditoría o verificación independiente de esos resultados, más allá de las cifras que la propia Semarnat y Conagua reportan.
Esta asimetría es precisamente el tipo de vacío que un ejercicio periodístico riguroso debería señalar: es fácil construir series de “avance de infraestructura” que suenan a progreso sin que necesariamente se traduzcan todavía en un río medible más limpio.
Es revelador que la propia presidenta, en la misma conferencia, haya sentido la necesidad de subrayar que el objetivo es un saneamiento “de largo plazo”, y no uno que se revierta “al año siguiente”.
Esa frase no es un detalle protocolario es una respuesta preventiva a una pregunta que la prensa mexicana ha hecho, con razón, durante más de tres décadas sobre el Atoyac y el Lerma.
Ese comentario funciona como una admisión indirecta —dentro del propio discurso oficial— de que la credibilidad del anuncio no depende de los datos de obra, sino de si esta vez habrá continuidad operativa y presupuestal de las plantas de tratamiento una vez construidas, algo que en administraciones pasadas ha sido el eslabón que falla.
El Atoyac y el Lerma-Santiago no son ríos “nuevos” en la agenda pública: llevan décadas siendo objeto de programas de rescate anunciados con inversión, metas y cifras similares, sin que la percepción ciudadana de contaminación haya cambiado sustancialmente. Ese historial es el verdadero “adversario retórico” del discurso de Alicia Bárcena, más que cualquier pregunta puntual de un reportero.
El reto comunicativo no es convencer de que hay inversión (los números están ahí y son verificables como gasto ejercido), sino convencer de que esta vez el resultado será distinto, y eso es algo que ningún porcentaje de avance de obra puede demostrar por sí solo.
Lo que el discurso no resolvió, y que sería la pregunta periodística obligada en cualquier seguimiento, es: ¿existe o existirá un mecanismo de verificación independiente (académico, de sociedad civil, o internacional, dado el perfil de Bárcena en organismos como la CEPAL) que mida calidad de agua de forma periódica y pública, o el único termómetro seguirá siendo el reporte interno de avance de obra de la propia Semarnat y Conagua?
Mientras esa pregunta no tenga respuesta, la brecha entre diagnóstico y avance seguirá siendo el punto más vulnerable del relato oficial, no porque los datos sean falsos, sino porque miden cosas distintas y el público —escarmentado por promesas anteriores— probablemente lo perciba así.
CONAGUA ABRIÓ UN PROCESO PARA REGULARIZAR CONCESIONES DE AGUA; EL RETO SERÁ DISTINGUIR ENTRE CERTEZA JURÍDICA Y JUSTICIA HÍDRICA
Vaya, vaya… esta semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el inicio de la primera etapa de regularización de títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, una medida derivada de la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
El acuerdo, publicado el 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación, permitirá que durante un año puedan regularizar su situación usuarios cuyos títulos vencieron entre el 1 de enero de 2009 y el 16 de julio de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad.
La medida beneficiará a distritos y unidades de riego, ejidos, municipios, gobiernos estatales y personas físicas con concesiones de hasta un millón de metros cúbicos anuales, además de permitir la inscripción de títulos que aún no aparecen en el Registro Público Nacional del Agua.
Conagua sostuvo que el objetivo es ordenar el régimen de concesiones, brindar certeza jurídica y fortalecer una gestión del agua con enfoque de sustentabilidad y justicia social.
La regularización administrativa puede resolver problemas legales sobre títulos vencidos, pero difícilmente responde por sí sola a uno de los debates más profundos de la política hídrica nacional: quién tiene acceso al agua y quién termina controlándola.
En México, la concentración de concesiones, los conflictos por el acceso al recurso y la creciente presión sobre acuíferos y manantiales han colocado el concepto de justicia hídrica en el centro de la discusión pública.
En ese contexto, el anuncio de Conagua abre una pregunta inevitable: ¿regularizar concesiones significa también revisar si éstas continúan siendo social y ambientalmente legítimas?
Uno de los casos que ejemplifica esa tensión se encuentra en San Miguel del Monte, comunidad indígena de Morelia.
En 2023, durante la actual administración federal, Conagua otorgó un título de concesión para el aprovechamiento de agua de un manantial comunitario, destinado a su distribución mediante camiones cisterna. La comunidad sostiene que esa decisión permitió la comercialización de una fuente de agua de la que depende su propio abastecimiento y desde entonces mantiene un litigio para solicitar la cancelación de la concesión.
Mientras el Gobierno federal habla de justicia hídrica y del derecho humano al agua, el conflicto permanece sin resolverse, y la concesión continúa vigente pese a las demandas de la comunidad.
El caso se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la distancia que puede existir entre el discurso de una nueva política del agua y las decisiones administrativas que siguen privilegiando el régimen concesionado.
La nueva estrategia de Conagua busca poner orden en miles de títulos vencidos, una tarea necesaria para actualizar el Registro Público Nacional del Agua.
Sin embargo, organizaciones y especialistas han señalado que el verdadero cambio no dependerá únicamente de regularizar expedientes, sino de revisar si las concesiones continúan siendo compatibles con el derecho humano al agua, la disponibilidad del recurso y los derechos de las comunidades donde se ubican las fuentes de abastecimiento.
Casos como San Miguel del Monte muestran que la discusión no termina cuando una concesión cumple requisitos administrativos. También exige preguntarse si el Estado debe mantener autorizaciones que las comunidades consideran incompatibles con la protección de sus manantiales y su acceso al agua.
En ese sentido, la certeza jurídica que plantea Conagua sólo será consistente con la justicia hídrica cuando la revisión de las concesiones incluya también criterios sociales y ambientales, y no únicamente la vigencia de los documentos.
SEMARNAT APUESTA POR LA INVERSIÓN PRIVADA PARA FINANCIAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA
Vaya, vaya… esta semana la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el proyecto Climate Promise Forward, una iniciativa desarrollada junto con la Secretaría de Hacienda, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la firma KPMG y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de atraer inversión privada para cumplir las metas climáticas de México.
El programa busca traducir los compromisos de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) en proyectos considerados “bancables”, es decir, atractivos para inversionistas nacionales e internacionales, mediante la identificación de cadenas de valor y mecanismos financieros que impulsen la descarbonización de la economía.
Durante la presentación, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, advirtió que el 70 % de la población mexicana vive en zonas altamente vulnerables al cambio climático, afectadas por sequías, ciclones, olas de calor y otros fenómenos extremos.
También alertó sobre la erosión costera que enfrenta el país.
“Ya estamos perdiendo playas”, señaló la funcionaria al referirse a los más de 11 mil kilómetros de litoral nacional y al avance de la salinización de acuíferos en estados como Tabasco.
Para financiar esa transformación, la Secretaría de Hacienda estimó que únicamente la estrategia nacional de movilidad eléctrica y el programa de calentadores solares requerirán alrededor de 13.6 billones de pesos, lo que equivale a inversiones cercanas a 1.7 billones de pesos anuales entre 2023 y 2030.
Ante esa brecha financiera, el Gobierno federal planteó que la participación del sector privado será indispensable para alcanzar las metas climáticas.
De hecho, México fue seleccionado como el primer país piloto del programa internacional Climate Promise Forward, precisamente por el nivel de ambición que el gobierno asegura haber incorporado en la nueva NDC.
Más allá de las metas de reducción de emisiones, el anuncio refleja un cambio importante en la narrativa ambiental del Gobierno federal.
Durante décadas, la política ambiental mexicana se centró en regulación, conservación y vigilancia ambiental. Ahora el énfasis comienza a desplazarse hacia conceptos como carteras de inversión, proyectos bancables, cadenas de valor y financiamiento climático.
La transición energética y la descarbonización requieren recursos que el Estado difícilmente puede aportar por sí solo. Sin embargo, convertir la política climática en un espacio de atracción de inversiones también abre preguntas sobre quién definirá las prioridades ambientales del país.
El comunicado oficial explica que KPMG ayudará a identificar cadenas de valor estratégicas y proyectos con potencial para atraer capital.
No obstante, no se detalló bajo qué criterios ambientales y sociales serán seleccionadas esas inversiones, ni cómo se garantizará la participación de comunidades, pueblos indígenas o académicos independientes en la definición de las prioridades.
Tampoco se explicó qué mecanismos existirán para evaluar si esos proyectos generan beneficios ambientales reales o si terminarán privilegiando únicamente aquellos sectores capaces de ofrecer mayor rentabilidad financiera.
La experiencia internacional muestra que no toda inversión etiquetada como “verde” produce necesariamente beneficios ambientales proporcionales, especialmente cuando los mecanismos de evaluación permanecen bajo control de los propios promotores o inversionistas.
El diagnóstico presentado por Alicia Bárcena resulta difícil de cuestionar. México enfrenta sequías prolongadas, pérdida de costas, degradación de ecosistemas y una creciente vulnerabilidad climática.
El desafío comienza cuando ese diagnóstico se traduce en política pública.
La pregunta ya no es únicamente cuánto dinero se necesita para enfrentar el cambio climático, sino quién decidirá hacia dónde se dirigirá ese financiamiento, bajo qué reglas y con qué mecanismos de transparencia.
Si la transición ecológica dependerá cada vez más de grandes inversiones privadas, el reto será evitar que la agenda climática termine reproduciendo viejos problemas de concentración económica, exclusión comunitaria o conflictos socioambientales bajo un nuevo discurso de sostenibilidad.
Porque combatir el cambio climático exige recursos, pero también instituciones capaces de garantizar que la transición verde beneficie al interés público y no únicamente a quienes tienen capacidad de invertir.
SEMARNAT ASEGURA QUE MÉXICO DEJÓ ATRÁS EL MODELO EXTRACTIVISTA; LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANTIENEN ABIERTA LA DISCUSIÓN
Vaya, vaya… esta semana concluyó la VII Reunión de la Red BioMéxico de Reservas de la Biosfera y el Taller de Capacitación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, un encuentro donde autoridades ambientales defendieron el papel de las áreas naturales protegidas como eje de la política ambiental mexicana.
Durante la clausura, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que México atraviesa un momento de transformación y sostuvo que el país dejó atrás un modelo extractivista para avanzar hacia uno “justo, incluyente, sostenible y con una visión de conservación humanista”.
“De un modelo extractivista pasamos a un modelo muy diferente”, afirmó la funcionaria.
Bárcena reiteró además el llamado a “hacer las paces con la naturaleza”, una de las consignas que ha impulsado desde su llegada a la Semarnat.
En el encuentro participaron representantes de la UNESCO, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y responsables de las 41 Reservas de la Biosfera reconocidas internacionalmente con las que cuenta México, la mayor cifra de América Latina.
Las Reservas de la Biosfera representan uno de los mayores activos ambientales del país y constituyen espacios donde convergen conservación, investigación científica y participación comunitaria.
Sin embargo, el reconocimiento internacional de estos territorios no necesariamente refleja el estado general de la política ambiental mexicana.
En los últimos años, diversas regiones del país han mantenido conflictos por minería, expansión agroindustrial, infraestructura energética, extracción de agua, cambio de uso de suelo y proyectos de transporte que afectan ecosistemas estratégicos y territorios indígenas.
Muchos de esos conflictos permanecen abiertos, incluso durante la actual administración.
El principal reto del mensaje de Bárcena no radica en la intención de construir una política ambiental distinta, sino en demostrar que ese cambio ya ocurre en la práctica.
Hablar de un modelo “pos-extractivista” implica revisar no sólo la creación o fortalecimiento de áreas protegidas, sino también las decisiones del propio Estado sobre concesiones mineras, disponibilidad de agua, expansión de monocultivos, infraestructura logística y megaproyectos.
Mientras esas actividades continúen generando conflictos socioambientales, el cambio de paradigma seguirá siendo más una aspiración política que una realidad plenamente verificable.
Durante el encuentro, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, sostuvo que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”.
La afirmación resume uno de los principales desafíos del país.
La conservación no depende únicamente del manejo exitoso de las Reservas de la Biosfera, sino también de lo que ocurre fuera de ellas, donde se concentra buena parte de la presión sobre bosques, ríos, acuíferos y territorios comunitarios.
Los incendios forestales provocados por el cambio de uso de suelo, la expansión de la agroindustria, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación industrial y los conflictos por concesiones muestran que la política ambiental se juega tanto en las áreas protegidas como en los territorios donde convergen intereses económicos y recursos naturales.
México mantiene un liderazgo regional con 41 Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, un patrimonio ambiental construido durante décadas y respaldado por comunidades, científicos e instituciones.
Pero el verdadero cambio de modelo no podrá evaluarse únicamente por el número de reservas, los talleres internacionales o los reconocimientos multilaterales.
La prueba estará en la capacidad del Estado para resolver los conflictos socioambientales que persisten fuera de esos polígonos, revisar decisiones que continúan privilegiando actividades extractivas y garantizar que la conservación tenga el mismo peso que las políticas de desarrollo económico.
Sólo entonces podrá afirmarse, con evidencia y no sólo con discurso, que México dejó atrás el modelo extractivista que la propia Semarnat asegura haber superado.
EN TEMAS DE SEGURIDAD…
SHEINBAUM REPORTÓ UNA CAÍDA DE 48% EN HOMICIDIOS, PERO PERSISTEN DUDAS SOBRE LA VIOLENCIA REAL
Vaya, vaya… esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos en México disminuyeron 48 por ciento desde el inicio de su administración, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026.
La mandataria afirmó que esto representa 41 homicidios menos por día y atribuyó el resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad basada en atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación institucional.
En la conferencia también se informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2026, el Gobierno federal detuvo a 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, aseguró 31 mil armas de fuego, decomisó casi 500 toneladas de droga, incluidos más de cinco millones de pastillas de fentanilo, y desmanteló 2 mil 600 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.
La administración federal destacó además que el primer semestre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo desde 2016 y que 29 entidades redujeron este delito respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, reconoció que ocho estados concentran todavía el 54 por ciento de los asesinatos del país, entre ellos Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.
Aunque las cifras muestran una tendencia descendente, el anuncio también deja interrogantes. El principal indicador presentado por el Gobierno es el promedio diario de homicidios dolosos, pero la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en buena parte del país, mientras delitos como la desaparición de personas, la extorsión, el cobro de piso y la violencia ejercida por grupos criminales mantienen una fuerte presencia en diversas regiones.
La propia estrategia reconoce que el combate a la violencia no puede medirse únicamente por el número de homicidios. La reducción de asesinatos representa un indicador relevante, pero no necesariamente refleja una disminución integral de la criminalidad ni del control territorial ejercido por organizaciones delictivas en algunas zonas.
El reto para el Gobierno federal será demostrar que la disminución estadística puede traducirse en cambios sostenibles para la población. Más allá de los promedios nacionales, la prueba de la estrategia será si logra reducir la impunidad, contener delitos que afectan directamente a la ciudadanía y mantener los resultados una vez que concluya el actual periodo de gobierno.
EN LOS MEDIOS…
ASESINARON AL PERIODISTA JOSUÉ MARTÍNEZ CONTRERAS
La violencia contra el periodismo volvió a cobrar una víctima. El 16 de julio, el periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos a unos metros de su domicilio, en Puebla, por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.
El comunicador, conocido como “El Jaguar”, había denunciado amenazas meses atrás y fue atacado frente a su madre y a su hijo de 13 años. Organizaciones como Artículo 19 exigieron una investigación con perspectiva de libertad de expresión.
El crimen ocurrió apenas unos días después de que el Gobierno federal presentara cifras sobre la reducción de homicidios dolosos en el país y destacara avances en materia de seguridad. Sin embargo, para el gremio periodístico, el asesinato volvió a recordar que ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo en México.
De acuerdo con el registro de Artículo 19, con el asesinato de Josué Martínez suman 12 periodistas asesinados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la organización documentó 47 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor.
En conjunto, la Cuarta Transformación acumula 59 periodistas asesinados, una cifra superior a la registrada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto (47) y Felipe Calderón (48), según el mismo organismo.
El dato obliga a matizar el discurso oficial sobre la disminución de la violencia. Aunque el Gobierno sostiene que los homicidios dolosos han disminuido de manera importante, los asesinatos de periodistas mantienen un patrón persistente de impunidad, particularmente en medios locales que documentan corrupción, seguridad y crimen organizado.
El reto tampoco parece limitarse a prevenir los ataques. En la mayoría de los casos, las investigaciones permanecen abiertas durante años o no logran establecer con claridad si el homicidio estuvo vinculado con la actividad periodística, una situación que organismos nacionales e internacionales han señalado como uno de los principales factores que perpetúan la violencia contra la prensa.
Para el Gobierno federal, las cifras generales de seguridad muestran una tendencia favorable. Para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, cada nuevo asesinato demuestra que la reducción estadística de homicidios todavía no se traduce en garantías efectivas para quienes ejercen el periodismo. Mientras los responsables continúen actuando con altos niveles de impunidad, la promesa de proteger la libertad de expresión seguirá siendo una deuda pendiente.
EN EL CASO AYOTZINAPA
PADRES DE AYOTZINAPA ACUSARON A LA CNDH DE REEDITAR LA «VERDAD HISTÓRICA» AL EXONERAR AL EJÉRCITO
Esta semana, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que descalificó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y de organizaciones civiles que documentaron la participación y el conocimiento que tuvo el Ejército durante la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González, calificó la postura de la CNDH como una burla para las familias y afirmó que “desestimar la participación del Ejército en 2026 es un crimen”, al considerar que el organismo está desmontando años de investigaciones nacionales e internacionales que apuntaron a la actuación de elementos militares la noche de los hechos.
Los familiares sostuvieron que la nueva recomendación representa un retroceso y acusaron que el Estado vuelve a proteger a las Fuerzas Armadas, como ocurrió con la llamada “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La controversia también exhibió una profunda contradicción institucional. La propia CNDH, en una recomendación emitida en 2023, había solicitado investigar a fondo el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del 27 Batallón de Infantería en el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, en su nuevo documento de más de 800 páginas, el organismo sostiene que los informes del GIEI y de la Covaj promovieron una “antiverdad histórica” y un supuesto “sensacionalismo” al señalar la participación militar.
La exintegrante del GIEI, Ángela Buitrago, respondió que la recomendación está “llena de vacíos, imprecisiones y mentiras”, además de ignorar evidencia técnica, resoluciones judiciales y pruebas documentales sobre la presencia de militares en Iguala durante los ataques contra los normalistas.
También cuestionó que la CNDH haya pasado de exigir investigaciones sobre el Ejército a desacreditar a quienes las realizaron, lo que, afirmó, representa una campaña de desprestigio contra expertos internacionales y representantes de las víctimas.
Para los familiares, el giro de la CNDH revive una de las principales críticas que enfrentó el actual gobierno en materia de derechos humanos: la dificultad para romper con los pactos de impunidad alrededor de las Fuerzas Armadas.
Aunque la administración de la Cuarta Transformación prometió esclarecer el caso Ayotzinapa, las familias sostienen que, a casi doce años de la desaparición de los estudiantes, la verdad sigue incompleta y las instituciones vuelven a cerrar filas para evitar que se esclarezca plenamente la responsabilidad del Ejército.
“Seguimos aquí, con la frente en alto. Nada nos va a intimidar ni a derrotar para seguirlos buscando”, reiteraron los padres y madres durante el Encuentro de Resistencias y Rebeldías celebrado la semana pasada.
Esta semana, Alejandro Encinas difundió documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para sostener que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, era un soldado de infantería infiltrado en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), bajo la fachada de alumno.
Entre los documentos presentó registros de su adscripción, comunicaciones con mandos militares y reportes de inteligencia que, según afirmó, demuestran que el Ejército tenía conocimiento de las actividades de la Normal y de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
Encinas publicó esta información en respuesta a la reciente recomendación de la CNDH, la cual concluye que no existió una responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas.