La resistencia indígena en Michoacán y Guerrero enfrenta un escenario de violencia, despojo y control territorial que comunidades y defensores describen como “necrocapitalismo”. Mientras el discurso oficial habla de avances para pueblos originarios, en los territorios persisten ataques, desplazamientos y colusión entre crimen organizado y estructuras de poder. / La guerra oculta por el control de la tierra y la vida
La guerra oculta por el control de la tierra y la vida
Por: en15dias.com / Con información de Conversatorio Soberanía y Supervivencia: Resistencia Indígena ante la Violencia Sistémica
El discurso oficial del gobierno federal en México, que presume una inversión histórica de más de 25,000 millones de pesos destinados a 19 pueblos originarios bajo la narrativa de una “primavera indígena”, contrasta de forma desgarradora con el terror que se vive en los territorios comunales.
En las sierras de Michoacán y en la montaña baja de Guerrero, la realidad no se mide en pesos presupuestados, sino en el zumbido de drones explosivos, el despojo sistemático de los recursos naturales, la colusión institucional y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Los testimonios de comuneros, abogados y defensores de derechos humanos —quienes han decidido superar el miedo para visibilizar lo que pasa en sus regiones— revelan una compleja estructura donde las economías ilegales se entrelazan de manera exitosa con el poder político y el capitalismo global, dejando a los pueblos originarios en una total indefensión frente a lo que académicos y participantes definen directamente como un “necrocapitalismo” o una “guerra de baja intensidad”.
1. EL ORO VERDE Y LA MADERA: EL DESPOJO AMBIENTAL EN LA MESETA PURÉPECHA
Para las comunidades indígenas, la enorme riqueza biológica de sus tierras se ha convertido en su mayor maldición.
En la Meseta Purépecha, el avance del crimen organizado no solo busca asegurar rutas de tránsito para mercancías ilícitas, sino la explotación masiva de recursos como el agua, los bosques de pino encino y las tierras fértiles, capturando economías de exportación legales como el monocultivo de aguacate y los berries.
La antropóloga e investigadora del CIESAS, la Dra. Carmen Ventura, aporta datos económicos que dimensionan la magnitud de la disputa territorial en Michoacán:
“Solo Los Reyes y Péribán obtienen ganancias de 12,000 millones de dólares. Michoacán coloca a México en los primeros lugares de exportación en aguacate y berries. Son 350,000 hectáreas de tierras comunales: 200,000 están en manos de aguacateros y 30,000 en manos de empresas exportadoras de berries”.
Lía Stephanie Luyando Moreno, ingeniera agrónoma y doctorante en ciencias ambientales, detalla cómo el entorno natural de su municipio, Charapán, ha atraído dinámicas de violencia devastadoras que alteran por completo la vida cotidiana:
“Esta situación pues nos ha traído como comuneros un cambio en nuestro microclima, contaminación de los suelos, daño a la salud de los habitantes y pues también el que personas de otras ciudades o de otros lugares volteen a vernos como comunidades productivas y despojarnos de nuestra tierra y además de ello, pues también las situaciones que vienen con el crimen organizado, que son pedir dinero, el cobro de pisos, que son este… desplazarnos, que son quedarse incluso con huertos. Hemos visto situaciones donde alguna huerta pues es despojada de sus dueños y ya ellos se la quedan”.
Luyando Moreno advierte sobre el peligro latente de habituarse a vivir bajo el yugo de la delincuencia: “Las comunidades indígenas vivimos una situación de violencia todos los días y no es una situación que debamos normalizar, porque la estamos normalizando… Normalizamos el que nos maten, el que nos violen, el que nos quiten nuestras tierras, el que no nos hagan caso, el que no nos escuchen… y dejarles el espacio para los grupos delictivos para que ellos pues vivan muy felices aquí con los recursos biológicos…”
Por su parte, Nicolás Valencia Morales, abogado y comunero de Sevina (municipio de Nahuatzen), explica que el asedio también tiene como objetivo el control forestal y el establecimiento de laboratorios o campamentos delictivos. Sin embargo, la estrategia criminal incluye la destrucción del tejido social desde la juventud: “Los grupos delincuenciales buscan penetrar en las comunidades distribuyendo o regalando droga para que sean víctimas o adictos. En la cultura helénica, diríamos, están tratando de trolear a la comunidad para infiltrarse”.
2. LA PARADOJA DEL PRESUPUESTO DIRECTO: AUTONOMÍA BAJO FUEGO
Uno de los puntos más alarmantes discutidos en el conversatorio es la paradoja del presupuesto directo y el autogobierno. Mientras que las transferencias de recursos directos representan un acto de justicia histórica, en la práctica se han convertido en el detonante de agresiones más feroces por parte de los grupos criminales, quienes ven en los consejos comunales organizados un obstáculo para su control total.
Nicolás Valencia Morales relata la transformación económica de Sevina desde que ganaron los juicios para administrar de forma autónoma sus recursos, pasando de recibir un presupuesto anual precario de 2 o 3 millones de pesos administrados por el ayuntamiento, a gestionar de manera directa cerca de 18 millones de pesos (que mediante gestión propia logran duplicar o triplicar).
No obstante, denuncia una alarmante correlación entre la autonomía financiera y la violencia armada: “Es muy curioso que mientras se dice que se está apoyando para que más comunidades pugnen por el manejo del presupuesto directo, 18 comunidades sean las que estén sufriendo este tipo de atentados, y estas comunidades son las que ya manejan el presupuesto directo. Eso deja mucho que decir… lo han hecho en contra sí de los pueblos y comunidades… originarias”.
En la otra cara de la moneda se encuentran los municipios que continúan bajo el sistema tradicional de partidos políticos, como Charapán. Al no contar con filtros autónomos de seguridad ni consejos de asamblea, se convierten en zonas vulnerables y «de paso libre» para la delincuencia organizada.
“En las poblaciones como Charapán, donde tenemos partido político aún gobernándonos, se financian campañas que no sabemos de dónde viene ese dinero… los habitantes nos preocupamos de que haya este tipo de influencia económica en las campañas políticas. Los pueblos que tienen autonomía no reciben este financiamiento… y por eso estos grupos delictivos lo que hacen es atacarlos con mayor fuerza para deshacer esa situación y poder pasar”, señaló Lía Stephanie Luyando Moreno.
El reconocido abogado agrario y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, introduce una precisión teórica fundamental: la autonomía es un atributo intrínseco de los pueblos originarios que trasciende los marcos y las leyes del Estado.
Utiliza el ejemplo de Santa María Ostula para ilustrar cómo el gobierno criminaliza a las comunidades que deciden defenderse fuera de los canales oficiales: “La autonomía es un atributo esencial de los pueblos. Como parte del ejercicio de su autonomía pueden acceder al autogobierno y al presupuesto directo, o pueden no hacerlo, como es el caso de Ostula. Por el hecho de que no ha accedido al autogobierno ni al presupuesto directo, ni ha sujetado a su guardia comunal a las directrices de la ley de seguridad del Estado, por esa razón ha sido criminalizada la comunidad y su guardia comunal… las narrativas lo que buscan y logran es la criminalización de las comunidades”.
3. FUSILES CONTRA DRONES: LA ASIMETRÍA DE LA GUERRA Y LA COLUSIÓN ESTATAL
Los participantes del conversatorio denunciaron de forma unánime la alarmante sofisticación militar de los cárteles criminales, que contrasta drásticamente con la obsolescencia y los candados legales impuestos a las defensas comunitarias, todo bajo la sombra de la pasividad o complicidad abierta de las instituciones de seguridad del Estado.
Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y delegado del CNI, relata el horror vivido en las comunidades nahuas de la montaña baja de Guerrero bajo el asedio del grupo paramilitar “Los Ardillos”.
Recuerda que, en octubre de 2022, interceptaron directamente al entonces presidente de la República para denunciar la situación: “Le dijimos con todas las mujeres, hombres, niños: los grupos narcoparamilitares, Los Ardillos, nos están asesinando, nos están desapareciendo. Él dijo que iba a mandar a Encinas Rodríguez. En 15 días nos asesinan otros tres compañeros. Nunca llegó la respuesta del gobierno federal… Desde esa fecha hasta 2026, nosotros tenemos 82 compañeros asesinados y 25 compañeros desaparecidos por el grupo criminal Los Ardillos. La policía municipal, la ministerial, la estatal estaban coludidos con ellos”.
Plácido Galindo expuso la brutalidad de los ataques sufridos entre el 6 y el 12 de mayo de 2026, donde el uso de armamento pesado y tecnología bélica de punta fue ignorado por las fuerzas federales: “Sufrimos los ataques por drones y metralladora por parte del grupo paramilitar Los Ardillos, ante la presencia del ejército y la Policía Estatal. Ellos hicieron caso omiso, permitieron los ataques, los desplazamientos de la comunidad de Tula, quemaron las casas. Algunos compañeros tuvieron que dormir en el monte y otros comieron galleta con agua… Tienen presidentes municipales puestos por ellos mismos y usan el rubro federal para pagar sicarios”.
En Michoacán, la brecha tecnológica y la parálisis administrativa exponen a los pueblos a la misma indefensión. Nicolás Valencia Morales detalla el ataque del 17 de mayo de 2026 contra Sevina, donde murieron dos cuaris (guardias comunales) debido a la inacción gubernamental y a las trabas burocráticas que los obligan a defenderse en condiciones totalmente desiguales.
“Tenemos un año con esta denuncia de estos grupos delincuenciales. ¿Hasta cuándo atienden? Hasta que hubo unos caídos… Estamos jugando una competencia, una guerra, totalmente indefensos. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad. Eso marca que haya una desigualdad entre enfrentar a los grupos delincuenciales con un rifle 22 contra ellos, que utilizan hasta calibre 50. El AK-47 lo traen ya como parte reglamentaria… Las licencias colectivas se las otorgan a los ayuntamientos, y el ayuntamiento es muy renuente para facilitar los convenios de colaboración. Consecuentemente deja en estado de indefensión a las comunidades”.
La sofisticación de los cárteles incluye el uso de drones artillados que sobrevuelan los espacios aéreos comunitarios. Como señala Lía Stephanie Luyando Moreno, ante un ataque, la respuesta del Estado es inexistente: “Si hablamos al 911, pues sabemos que sí van a venir, pero en una hora. Y que mientras pues no se va a actuar… No confiamos en las instituciones públicas de justicia”.
4. IMPUNIDAD HISTÓRICA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: EL MAPA DEL DOLOR SILENCIOSO
El costo humano de esta guerra oculta se traduce en miles de desplazados internos, ejecuciones y desapariciones que las fiscalías y registros oficiales pretenden invisibilizar o atribuir a “pleitos entre particulares”.
Abel Barrera, director del prestigioso Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, con más de 32 años de trayectoria acompañando a las comunidades, explica cómo las demandas históricas de los pueblos han sido perversamente capturadas por la delincuencia para legitimarse, mientras las fiscalías mantienen un continuum de impunidad institucionalizado.
“En esta trayectoria de 32 años de acompañamiento permanente a las comunidades indígenas, no habíamos visto el nivel de violencia que se está ejerciendo… La delincuencia ha llenado el vacío que el Estado dejó. Los padres siguen peleando por un maestro… por un médico… Ese vacío lo ha llenado la delincuencia. Antes los conflictos agrarios eran entre comunidades por disputas históricas. Ahora son conflictos por el control territorial de actores de la delincuencia que vienen de fuera”.
Barrera añade que la delincuencia organizada ha llegado al extremo de marchar públicamente en las capitales usando las exigencias sociales como pantalla. Frente a ello, cuando un defensor de derechos humanos es ejecutado, el Estado opta por diluir su responsabilidad mediante la revictimización: “…dice ‘¿Con quién andaría? ¿En qué negocios estaría?’ Como diciendo: ‘Ese defensor es culpable de su propia muerte.’ No hay costos sociales, no hay costos legales, no hay costos políticos”.
El director de Tlachinollan devela la alarmante y silenciosa realidad del desplazamiento forzado de comunidades nahuas enteras, borradas del mapa ante la complacencia gubernamental.
“Los desplazamientos en comunidades indígenas es tanto Chilapa… por ejemplo, Tula, es una comunidad que ya no existe, eran 40 familias más o menos, ya no existe. Sin embargo, la autoridad no hace ese registro, no hace ese seguimiento… porque las familias también en su lógica no quieren que se sepa que están desplazadas, porque dicen ‘Bueno, yo lo que menos quiero es que me ubiques a dónde me fui. Yo me voy y me escondo y sobrevive, quiero sobrevivir, no quiero denunciar’”.
El abogado Carlos González conecta este panorama local con dinámicas macroeconómicas globales del capitalismo contemporáneo, donde el territorio debe ser vaciado a la fuerza de sus habitantes originarios para ser reinsertado en los circuitos de acumulación de ganancia acelerada.
“El modo de acumulación de capital, la generación de ganancia, está cada vez más entretejido con la guerra. La guerra es un instrumento vigoroso para el actual desarrollo de la economía mundial capitalista, y en ese contexto México ha sido incorporado a este escenario de guerra. Por eso es el país de los 133,000 desaparecidos… No nos cabe la menor duda de que la acción de los cárteles criminales… obedecen a lógicas muy precisas… Lo que buscan es desplazar población para ocupar territorios”.
González advierte que, lejos de amainar, los horizontes futuros para regiones como Michoacán y Guerrero son sumamente oscuros, especialmente porque los reacomodos de poder entre cárteles y gobiernos locales se exacerban de cara a los próximos ciclos electorales regionales del año 2027.
Resistir desde abajo cuando el Estado claudica
A pesar de la retórica oficial sobre transformaciones sociales y los miles de millones de pesos dispersados en programas gubernamentales, las voces de quienes habitan los territorios indígenas sostienen que las estructuras profundas de marginación, despojo e impunidad permanecen intactas o agravadas bajo esquemas de violencia cada vez más destructivos.
Ante un Estado percibido no solo como ausente, sino como un cómplice activo y coludido, la conclusión de los pueblos originarios es que su supervivencia no vendrá de las urnas electorales ni de las instituciones públicas de justicia, sino de la resistencia organizada desde la base de la comunidad.
Como lo sentencia de forma contundente el líder nahua Jesús Plácido Galindo, recuperando la memoria histórica de más de cinco siglos de lucha en el territorio nacional.
