EL (resumen) SEMANAL pone bajo la lupa el campo michoacano, la expansión aguacatera, la tala y los árboles del Morebús. También aborda seguridad, autogobierno indígena, violencia feminicida y el espacio público juvenil, entre discursos oficiales y realidades territoriales. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #34 del 17 al 23 de agosto de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #34 del 17 al 23 de agosto de 2026
Por: en15dias.com
CONTINÚA DESAPARECIDO
José Luis Silva Andrade continúa desaparecido un mes después de haber sido visto por última vez el 15 de julio en Agua Fría, en la región de Los Azufres. El defensor ambiental salió de su domicilio para verificar un posible caso de tala clandestina y desde entonces se desconoce su paradero.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el gobierno de Michoacán colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado para localizarlo. Sin embargo, la FGE señaló previamente que la denuncia fue presentada ante la instancia federal y que no abrió una carpeta propia para evitar duplicidad.
La desaparición ocurre en un contexto de amenazas y presión sobre la comunidad de Agua Fría por la defensa del bosque, el agua y el territorio. Organizaciones civiles han señalado que una persona presuntamente vinculada con el grupo agresor acudió al domicilio de familiares de Silva Andrade y afirmó que lo tenían retenido, además de exigir negociar la cesión de tierras.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Serapaz, Espacio OSC, Aluna y Amnistía Internacional, han exigido su localización con vida, una investigación exhaustiva e imparcial y protección para su familia y la comunidad.
A un mes de su desaparición, José Luis Silva Andrade no ha sido localizado. La principal respuesta pública del gobierno estatal es que existe colaboración con la FGR, mientras permanece abierta la exigencia de esclarecer su desaparición y atender el contexto de violencia y presión territorial que enfrenta Agua Fría.
FORMALIZAN SIN DICTÁMENES AMBIENTALES
El gobierno de Michoacán y tres empresas formalizaron el fideicomiso operativo del Parque Industrial Bajío, en Zinapécuaro, con una aportación inicial privada de 100 millones de pesos para infraestructura y conectividad. El proyecto forma parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del Plan México.
Sin embargo, persiste una duda central: el proyecto continúa sin una resolución ambiental pública de la Semarnat. El Parque Industrial Bajío ingresó al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental federal entre el 19 y el 25 de marzo de 2026, pero en las gacetas ecológicas revisadas hasta agosto no aparece una autorización, autorización condicionada o negativa sobre su Manifestación de Impacto Ambiental.
La situación contrasta con declaraciones del gobierno estatal que desde 2023 y 2025 hablaban de “factibilidad ambiental” y uso de suelo industrial resueltos, pese a que el trámite federal de evaluación ambiental comenzó formalmente hasta marzo de 2026.
Con la firma del fideicomiso y el anuncio del inicio de obras de infraestructura, queda pendiente que los gobiernos estatal y federal transparenten el número de oficio y el estatus de la MIA ante Semarnat, y aclaren si las obras comenzarán mientras la evaluación ambiental federal continúa abierta.
ANTIDUMPING A LA FRESA PONE BAJO PRESIÓN A PRODUCTORES DE MICHOACÁN
La decisión preliminar de Estados Unidos de aplicar cuotas antidumping a la fresa mexicana genera preocupación para Michoacán, principal productor del fruto en el país.
El Departamento de Comercio estadounidense estableció márgenes antidumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento, con un promedio de 4.83 por ciento para la mayoría de los exportadores. La investigación inició a petición de productores de Florida y todavía no existe una resolución definitiva.
Michoacán produjo 318 mil 345 toneladas de fresa en 2023, equivalentes a cerca del 58 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura. El Gobierno estatal reporta actualmente una producción cercana a 411 mil toneladas anuales.
La actividad representa más de 9 mil millones de pesos en valor de producción y genera empleos en municipios de la región de Zamora, donde se concentra buena parte de la actividad fresera.
Estados Unidos es uno de los principales destinos de la fresa mexicana. En 2025 México exportó alrededor de 263 mil toneladas a ese país, con un valor cercano a mil millones de dólares. La investigación podría alcanzar a unos 5 mil productores mexicanos, de los cuales aproximadamente 97 por ciento son pequeños y medianos productores.
El Gobierno de México rechazó la determinación preliminar y cuestionó la metodología utilizada por las autoridades estadounidenses. Para Michoacán, el resultado final será relevante por el peso que tiene la entidad en la producción y exportación de fresa.
EL MAÍZ RECIBE APOYOS, PERO LA CANCHA SIGUE INCLINADA HACIA LA AGROINDUSTRIA
El Gobierno de Michoacán anunció más de 520 millones de pesos para fortalecer la comercialización de maíz, además de fertilizantes, créditos subsidiados y asistencia técnica. La dimensión de los apoyos es relevante: 74 mil 207 productores recibieron fertilizante y 9 mil 213 obtuvieron incentivos por la comercialización de 548 mil 319 toneladas.
Pero la cifra debe ponerse en contexto. El maíz recibe apoyos públicos porque es un cultivo estratégico para la alimentación, pero eso no significa que exista una política agrícola equilibrada entre la agricultura campesina y la agroindustria orientada a la exportación.
En Michoacán, aguacate y berries participan de cadenas globales con infraestructura, certificaciones, financiamiento, logística y acceso a mercados internacionales que no están disponibles en las mismas condiciones para el pequeño productor de maíz.
El problema tampoco se reduce a cuánto dinero recibe cada cultivo. Hay que preguntar qué tipo de valor genera la política pública y quién termina apropiándose de él. Para el maíz, buena parte del apoyo anunciado está dirigido a insumos, precio de garantía, comercialización y crédito; para las cadenas exportadoras, el soporte público se articula además con caminos, agua, infraestructura productiva, sanidad, promoción comercial y condiciones institucionales que facilitan su inserción en mercados de alto valor.
El propio dato oficial muestra la desigualdad estructural del campo. De las 461 mil 492 hectáreas sembradas de maíz se proyectan 1.8 millones de toneladas, pero el incentivo de 950 pesos por tonelada solo alcanzó a 9 mil 213 productores y 548 mil 319 toneladas. Es decir, los 520.9 millones anunciados no equivalen a un apoyo uniforme para todo el universo maicero, sino a un mecanismo dirigido a una parte de la producción comercializada bajo determinadas condiciones.
También debe preguntarse qué ocurre con quienes producen para autoconsumo, mercados locales o pequeñas cadenas regionales. El fortalecimiento del maíz no debería medirse solamente por toneladas y pesos por hectárea, sino por la capacidad de las comunidades para conservar semillas, reducir dependencia de insumos externos, garantizar alimentos y obtener ingresos dignos. La asesoría en bioinsumos puede ser importante, pero no sustituye una política integral de soberanía alimentaria.
Mientras tanto, Michoacán continúa sosteniendo una economía agrícola fuertemente orientada hacia productos de exportación, particularmente el aguacate y los frutos rojos.
La pregunta no es si el maíz recibe apoyos, los recibE, sino si recibe el mismo nivel de prioridad política, infraestructura, crédito, protección territorial y capacidad institucional que las cadenas agroexportadoras. Si la respuesta es no, los 520 millones son apoyo al maíz, pero no necesariamente una transformación de las reglas de un campo profundamente desigual.
AGUACATE: RÉCORD DE EXPORTACIÓN, PERO EL TERRITORIO PAGA LA CUENTA
Michoacán cerró la temporada 2025-2026 con 1.46 millones de toneladas de aguacate, de las cuales 1.25 millones fueron enviadas a Estados Unidos. El Gobierno estatal presenta estas cifras como muestra de liderazgo agroalimentario, pero detrás del récord exportador existe una pregunta que no aparece en el boletín: ¿cuánto le cuesta al territorio producir ese liderazgo?
Michoacán concentra más de 70 por ciento de la superficie nacional dedicada al aguacate y ha construido una economía rural profundamente dependiente de este cultivo. El problema es que la expansión de la frontera aguacatera también ha presionado bosques, agua y territorio, mientras las ganancias de una cadena global no necesariamente se distribuyen de manera equivalente entre productores, trabajadores y comunidades.
Como ha documentado en15dias.com, la expansión aguacatera está relacionada con procesos de cambio de uso de suelo y pérdida de cobertura forestal. El discurso oficial suele hablar de productividad, sanidad y competitividad, pero mucho menos de las condiciones territoriales que permiten que cada temporada aumenten las toneladas destinadas al mercado internacional.
La reciente política de trazabilidad y certificación ambiental abre una oportunidad para corregir parte de este problema, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con las huertas que no pueden demostrar un origen legal y libre de deforestación? El éxito de la política no debería medirse solamente por los predios que cumplen, sino por la capacidad del Estado para impedir que continúe la expansión irregular.
Tampoco basta con hablar de “sustentabilidad” mientras el cultivo mantiene una fuerte presión sobre el agua y los ecosistemas forestales. Una actividad puede ser extraordinariamente rentable y, al mismo tiempo, generar costos ambientales que terminan socializándose: comunidades que enfrentan menor disponibilidad de agua, bosques transformados y territorios sometidos a una creciente presión productiva.
Así que sí: Michoacán produjo 1.46 millones de toneladas y exportó 1.25 millones a Estados Unidos. Pero el verdadero balance del aguacate no puede terminar en las toneladas ni en los dólares que genera.
También debería contabilizar los bosques transformados, el agua utilizada, los conflictos territoriales y las condiciones bajo las cuales se expandió la frontera agrícola. El récord exportador es real; la pregunta es cuánto del costo de ese récord termina pagándolo el territorio.
362 METROS CÚBICOS DE MADERA ASEGURADA: ¿DE DÓNDE SALIÓ?
La Profepa aseguró 362.025 metros cúbicos de madera durante cinco inspecciones realizadas en centros de almacenamiento y transformación de Santa Clara del Cobre y San Miguel del Monte. Las revisiones detectaron irregularidades documentales y terminaron también con el desmantelamiento de un centro de almacenamiento en esta última comunidad.
Entre la madera asegurada hay 101.4 metros cúbicos de pino en rollo, 242.947 de pino en escuadría y 16.178 de oyamel en escuadría, además de otros 1.5 metros cúbicos encontrados en el centro desmantelado. También fueron asegurados equipos de aserrío. La dimensión del decomiso muestra que la vigilancia forestal no enfrenta casos aislados.
Dos establecimientos ni siquiera pudieron exhibir el Libro de Registro de Entradas y Salidas de materias primas forestales, documento básico para acreditar la trazabilidad y procedencia legal de la madera. Sin ese registro, la autoridad enfrenta dificultades para saber de dónde proviene el recurso, quién lo comercializó y hacia dónde fue trasladado.
Y aquí está el asunto de fondo: asegurar la madera es importante, pero no responde todavía la pregunta fundamental: ¿de qué bosques salió? Si existen irregularidades en los centros donde la madera se almacena y transforma, la investigación debería avanzar hacia la cadena completa de suministro y determinar si existe extracción ilegal en los bosques de la región.
El caso ocurre además en Santa Clara del Cobre y San Miguel del Monte, territorios insertos en una región sometida a fuertes presiones sobre sus bosques por actividades agrícolas, particularmente por la expansión de la frontera aguacatera. Como ha documentado en15dias.com, el cambio de uso de suelo y la transformación del territorio forestal forman parte de una problemática que no puede reducirse a detener aserraderos.
La Profepa señala que continuará los procedimientos administrativos y la vigilancia. El reto será que estos aseguramientos no terminen solamente en madera acumulada y maquinaria bajo resguardo, sino en investigaciones que permitan identificar el origen del recurso, sancionar a quienes lo extraen y comercializan ilegalmente y proteger efectivamente los bosques que todavía quedan. La madera asegurada es la evidencia; ahora falta llegar al bosque.
GOLPE A LA TALA ILEGAL: MICHOACÁN, ENTRE LAS ENTIDADES INSPECCIONADAS POR PROFEPA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo, del 27 al 31 de julio, el tercer multioperativo forestal simultáneo en zonas críticas de 26 entidades federativas, con el objetivo de combatir la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el transporte ilícito de productos y subproductos forestales.
En Michoacán, las acciones se concentraron en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su área de influencia, particularmente en los municipios de Zitácuaro, Ocampo, Angangueo, Aporo, Irimbo, Senguio, Tlalpujahua e Hidalgo, así como en Madero, Pátzcuaro, Morelia y Charo.
Durante las inspecciones se detectaron afectaciones en 10,034 metros cuadrados por remoción de cobertura vegetal y tala de pino, encino y cedro blanco, con un volumen de 11.212 metros cúbicos. Ante estas irregularidades, se impusieron dos clausuras totales temporales.
Como parte de las acciones realizadas en la entidad, se llevaron a cabo 22 inspecciones y acciones de vigilancia, además del aseguramiento de 1,460 metros cúbicos de madera en aserraderos.
El operativo en Michoacán formó parte de un despliegue nacional coordinado por la Profepa, en el que participaron 527 elementos de la Profepa, Conanp, Defensa, Guardia Nacional, gobiernos estatales, fiscalías estatales y policías estatales y municipales.
A nivel nacional, las autoridades realizaron 28 filtros de revisión al transporte, nueve recorridos de vigilancia y 55 inspecciones. Estas acciones derivaron en 27 clausuras, de las cuales 16 correspondieron a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales y 11 a predios con cambio de uso de suelo ilegal en terrenos forestales.
En total, durante el operativo fueron asegurados 3,008.023 metros cúbicos de madera, 614 kilogramos de carbón, 3.120 kilogramos de tierra negra, seis vehículos y 82 piezas de maquinaria y herramientas de aserrío.
La Profepa señaló que estas acciones forman parte de las labores permanentes para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental a lo largo de la cadena productiva forestal.
MOREBÚS: EN UNA CIUDAD CON DÉFICIT DE ÁREAS VERDES, DERRIBAN ÁRBOLES
El Morebús implicará el retiro de 613 árboles en Morelia, principalmente en avenida Madero Poniente, mientras el Gobierno de Michoacán anuncia más de 20 mil ejemplares como parte del componente ambiental del proyecto. La compensación, sin embargo, ocurre en una ciudad que arrastra un déficit histórico de áreas verdes.
En 2020, Morelia tenía apenas 1.6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y 87.6 por ciento de la población urbana vivía en paisajes con menos de 10 metros cuadrados por persona.
El propio análisis de la UNAM, publicado por en15dias.com documentó que, entre 1980 y 2020, la ciudad creció 462.74 por ciento, mientras las áreas verdes apenas representaban 128.6 hectáreas.
Por cada árbol retirado, las empresas constructoras deben entregar 20, lo que representa 12 mil 260 árboles de compensación por los 613 ejemplares afectados. Casi 10 mil ya habrían sido compensados y están destinados a la reforestación en tenencias, ejidos y predios boscosos de la zona rural del municipio.
Morelia necesita urgentemente más vegetación dentro de su territorio urbano y el Morebús elimina árboles precisamente dentro de la ciudad para después compensarlos, en buena medida, fuera de ella.
Un árbol plantado en un predio rural no presta hoy los mismos servicios ambientales que uno adulto ubicado en una avenida donde existe concreto, tráfico, calor, contaminación y una población que necesita sombra.
Entonces, ¿qué están pensando los gobiernos? Si la propia evidencia disponible señala que Morelia tiene un déficit severo de áreas verdes y que necesita proyectos específicos de reforestación urbana, ¿por qué la primera respuesta ante una gran obra es retirar cientos de árboles y resolver el impacto mediante una multiplicación numérica?
El Morebús puede representar una alternativa necesaria frente al modelo de movilidad basado en el automóvil, pero no puede utilizar el discurso de sustentabilidad para maquillar su costo ambiental.
La pregunta no es si plantarán 12 mil, 20 mil o 50 mil árboles: es cuántos de los actuales podían conservarse, dónde estarán realmente los árboles de compensación, cuántos sobrevivirán y cuándo Morelia dejará de perder vegetación urbana mientras presume reforestaciones en otras zonas. La lógica del cemento.
GOBIERNO DEL ESTADO DEFIENDE MANEJO AMBIENTAL DEL MOREBÚS ANTE SEÑALAMIENTOS DE «ECOCIDIO»
Ante la ola de críticas que circuló en redes sociodigitales durante los últimos días, en las que se acusó al Gobierno de Michoacán de cometer un “ecocidio” por la tala de árboles para la construcción del Morebús, autoridades estatales y municipales salieron este viernes a detallar la “estrategia ambiental del proyecto” y a rebatir lo que calificaron como “información imprecisa”.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villa, estuvo acompañado por María Elena Huerta, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente; Julio César Medina, director del Zoológico de Morelia; y por parte del Ayuntamiento, Yanquel Benítez Silva y Guadalupe Díaz Chagoya, secretarios de Gobierno y de Medio Ambiente municipal, respectivamente.
Huerta explicó que el diseño de las estaciones del tramo dos, que corre de avenida Camelinas hasta Escuadrón 201, se modificó desde el proyecto original para colocarlas «en espejo» sobre los camellones laterales, en lugar de ocupar el camellón central, con tal de no arrasar con la totalidad del arbolado.
“Aunque aumentaran los costos, decidimos aumentar la cantidad de estaciones para mitigar al máximo el retiro de especies”, dijo. Puso como ejemplo la estación Obelisco, donde se movió la estación completa para no derribar un cedro blanco pese a contar con el permiso para hacerlo.
Sobre la polémica zona de Tres Puentes, la funcionaria precisó que, de 153 ejemplares registrados en esa área, 104 se conservan y solo 49 serán reubicados o retirados. Adelantó además que ahí se construirá “el primer puente verde de la ciudad”, con jardines verticales, un programa que, dijo, se replicará en otros pasos a desnivel.
En materia de compensación, la funcionaria detalló que ya se pagaron 1.3 millones de pesos a viveros para la siembra de 12 mil árboles, cifra que exige la normatividad ambiental por cada ejemplar retirado.
A esa cantidad, se instruyó sumar 20 mil árboles adicionales que se plantarán en cuatro jornadas de reforestación urbana, la primera de ellas este domingo en Villas del Pedregal. En total, la meta es de 32 mil árboles, lo que equivale, según la funcionaria, a sembrar 52 nuevos ejemplares por cada uno retirado, todos con una altura promedio de dos metros.
El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, matizó que de los 613 ejemplares recibidos por las empresas constructoras no todos son árboles: 55 son camelinas, 26 magueyes y otros son nopales o plátanos, mientras que 433 corresponden a especies exóticas como eucaliptos, casuarinas y jacarandas. Añadió que 178 presentan plagas o enfermedades. El funcionario sostuvo que la reforestación permitirá capturar cerca de 1,800 toneladas de carbono al año y reducir en 15 mil toneladas las emisiones de CO2 en la ciudad.
En cuanto a la fauna, el director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina, explicó que un equipo especializado, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Forestal del Estado, supervisa la obra antes de cualquier derribo para detectar nidos o madrigueras. Reveló que un día antes fueron rescatados varios roedores hallados tras una poda, los cuales reciben actualmente crianza artificial en las instalaciones del zoológico. Pidió a la ciudadanía no manipular fauna silvestre y reportar cualquier hallazgo directamente a Profepa o al zoológico.
Por su parte, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Morelia, Yanquel Benítez, aseguró que “todos los permisos otorgados por el municipio se emitieron en apego a la normatividad vigente” y refrendó la disposición del gobierno municipal para coordinarse con las autoridades estatales en el rescate de flora y fauna.
Durante la ronda de preguntas, los funcionarios reconocieron que la víspera se sostuvo una mesa de diálogo con vecinos de Tres Puentes, donde, dijeron, la mayoría de los asistentes quedó conforme con las explicaciones, aunque reconocieron la existencia de posturas “más radicales” entre los inconformes.
Se comprometieron a sostener nuevas reuniones y a invitar a los propios colonos a fungir como veedores de los trabajos de reubicación.
MIA ESTATAL VS DICTAMEN MUNICIPAL
El proyecto del Morebús, con un corredor de más de 30 kilómetros, 74 unidades y 38 estaciones, enfrenta una pregunta que las autoridades estatales y municipales aún no han respondido con claridad: ¿qué instrumento de evaluación ambiental autorizó el proyecto en su conjunto?
Hasta ahora, funcionarios de ambos niveles de gobierno han hablado de permisos y dictámenes municipales. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, aseguró que estos fueron emitidos “en estricto apego a la norma”. Sin embargo, no se ha hecho público un expediente de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) estatal correspondiente al proyecto.
La diferencia es relevante. El Reglamento Ambiental del Municipio de Morelia permite emitir dictámenes técnicos para la poda y derribo de árboles, por lo que este instrumento puede ser válido para atender específicamente el manejo del arbolado. Pero la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán establece, en su artículo 38, que la Secretaría de Medio Ambiente debe evaluar el impacto de obras públicas y privadas destinadas a servicios públicos de competencia estatal o municipal, así como de vías de comunicación de jurisdicción estatal y municipal.
El artículo 39, además, establece mecanismos de publicidad para las solicitudes de autorización ambiental y permite la consulta ciudadana de las manifestaciones de impacto ambiental. El artículo 41 contempla incluso la posibilidad de solicitar una consulta pública sobre el proyecto.
El punto de fondo no es el dictamen para retirar árboles, sino si ese procedimiento fue suficiente para una obra de la magnitud del Morebús. En el listado público de proyectos en evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán no aparece un registro identificado con este proyecto.
Por ello, queda pendiente que las autoridades transparenten el número de expediente de la MIA estatal, si existe, o expliquen jurídicamente por qué el Morebús no estaría sujeto a los supuestos del artículo 38. La respuesta permitiría determinar si el proyecto cumplió con el procedimiento ambiental que corresponde a su escala y naturaleza o si su evaluación quedó limitada a permisos municipales relacionados con el arbolado.
SCOP LIMPIA UN CANAL QUE DEBERÍA OBLIGAR A PREGUNTAR POR EL MUNICIPIO
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán reportó 60 por ciento de avance en la limpieza del canal entre La Mintzita y San Juanito Itzícuaro, con 3.3 de los 5.5 kilómetros intervenidos para reducir riesgos de inundación en el poniente de Morelia. La obra incluye desazolve, retiro de residuos y recuperación del cauce.
El problema no está en que el Gobierno estatal intervenga ante un riesgo para la población, sino en por qué la administración estatal termina asumiendo una tarea que corresponde atender, en principio, al ámbito municipal.
Morelia cuenta con un Ayuntamiento y un organismo operador de agua, el OOAPAS, responsables de buena parte de la infraestructura hidráulica y de drenaje de la ciudad.
La propia comunicación oficial evidencia esa distribución de responsabilidades. SCOP realiza la limpieza del canal, pero señala que aproximadamente 700 metros después deberá intervenir en la rehabilitación de compuertas que están a cargo del OOAPAS. Dos gobiernos aparecen sobre la misma infraestructura, aunque el municipio debería explicar qué hizo antes de que el Estado tuviera que entrar con maquinaria y personal.
Más delicado todavía es que el canal recibe aguas negras y escurrimientos pluviales, una combinación que incrementa los riesgos sanitarios y de inundación. La separación de ambos flujos permitió restablecer el cauce natural, pero también revela un problema de infraestructura que no surgió de un día para otro y que requiere mantenimiento permanente, no solamente acciones cuando se aproxima la temporada de lluvias.
La pregunta para el Ayuntamiento de Morelia es ¿dónde estuvo su responsabilidad preventiva? Si el municipio conoce los puntos de riesgo y cuenta con un organismo operador de agua, resulta difícil justificar que una dependencia estatal tenga que movilizar dos excavadoras para limpiar kilómetros de un canal cuya función es precisamente conducir escurrimientos y evitar inundaciones.
La intervención estatal puede ser necesaria ante una emergencia, pero no debería convertirse en sustituto de la responsabilidad municipal. Si el Ayuntamiento no tiene capacidad financiera, técnica o política para mantener su infraestructura hidráulica, debe explicarlo públicamente. Porque limpiar el canal puede reducir el riesgo este año; mantenerlo en condiciones adecuadas debería ser una obligación permanente del gobierno municipal.
ISELA MOLINA ASUMIRÁ LA JEFATURA DE SANTIAGO UNDAMEO TRAS EL ASESINATO DE ARTURO HERRERA
Isela Molina Aburto asumirá la jefatura de Tenencia de Santiago Undameo, luego del asesinato de Arturo Herrera Guzmán, ocurrido el 7 de agosto en las canchas de futbol de La Maiza. Molina era la suplente de Herrera y, conforme al procedimiento señalado por el Ayuntamiento, deberá asumir la titularidad de la representación auxiliar.
Herrera Guzmán había llegado al cargo para el periodo correspondiente junto con Molina como suplente. Su asesinato dejó acéfala la jefatura y abrió un nuevo escenario para una comunidad que deberá mantener su representación ante el Ayuntamiento mientras la Fiscalía investiga el homicidio del funcionario auxiliar.
El relevo ocurre además en medio de señalamientos sobre la seguridad de los jefes de tenencia de Morelia. Gabriela Aguilar Mejía, jefa de Tenencia Morelos, declaró que algunos representantes han recibido actos de intimidación relacionados con sus cargos, aunque evitó identificar a las personas afectadas por temor a exponerlas.
El Ayuntamiento ha sostenido que no recibió solicitudes de seguridad personal de Herrera ni de los demás jefes de tenencia y que no existían alertas que indicaran que el funcionario estuviera en riesgo. Esa versión contrasta con los señalamientos públicos de intimidaciones contra otros representantes y coloca una pregunta inevitable sobre los mecanismos de prevención para quienes ejercen funciones de autoridad en las comunidades.
Para Molina Aburto, asumir el cargo significa continuar las tareas que Herrera había planteado para Santiago Undameo, pero también hacerlo después de un asesinato que todavía no ha sido esclarecido públicamente. La jefatura de tenencia no es solamente una representación administrativa: es el vínculo cotidiano entre las comunidades y el gobierno municipal.
El relevo tendrá que ir acompañado de garantías para que Molina pueda ejercer sus funciones y para que la comunidad no quede nuevamente expuesta. La pregunta ya no es solamente quién ocupará la jefatura de Santiago Undameo, sino qué hará el Ayuntamiento para proteger a quienes representan a las tenencias y qué resultados tendrá la investigación del asesinato de Arturo Herrera.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE SE REÚNE CON JEFE DE TENENCIA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
La Comisión de Medio Ambiente sostuvo un encuentro con Enrique Fuerte, jefe de Tenencia de San Miguel del Monte, con el propósito de “dar seguimiento a las peticiones y necesidades de esta comunidad”.
A través de sus redes sociodigitales, el regidor del verde ecologista, Fausto Vallejo Mora informó que “se mantiene un trabajo cercano y coordinado con las distintas tenencias de Morelia para atender sus demandas y dar seguimiento a las problemáticas que enfrentan sus habitantes”.
Sin embargo, el caso de San Miguel del Monte se desarrolla en un contexto de preocupación por la lucha por el agua, el crecimiento inmobiliario y el destino del territorio en Morelia.
De acuerdo con la documentación y seguimiento que hemos realizado desde en15dias.com sobre estos procesos, detrás de diversas decisiones tomadas desde el Cabildo existe un interés que va más allá de atender las necesidades de las comunidades. El territorio de San Miguel del Monte se ha convertido en un objetivo para continuar con el negocio inmobiliario.
Los permisos y autorizaciones otorgados desde el ámbito municipal han generado cuestionamientos sobre si realmente se está privilegiando el bienestar de los habitantes, la protección ambiental y el ordenamiento territorial, o si las decisiones terminan favoreciendo los intereses de quienes buscan desarrollar proyectos inmobiliarios.
En este escenario, la atención a las peticiones de San Miguel del Monte cobra especial relevancia, particularmente ante la presión que existe sobre el territorio y las comunidades rurales de Morelia.
El seguimiento desde la Comisión de Medio Ambiente permitirá conocer qué respuestas se darán a las solicitudes de los habitantes y, sobre todo, si las decisiones del Ayuntamiento colocarán por delante las necesidades de la población y la protección del territorio, por encima de los intereses del negocio inmobiliario.
ZORRO GRIS VUELVE A LA VIDA SILVESTRE TRAS SU REHABILITACIÓN
Un zorro gris que fue localizado en malas condiciones en la colonia Peña Blanca, en Morelia, fue rehabilitado por el Zoológico de Morelia y regresó a su hábitat como parte de una liberación coordinada con la Profepa.
El ejemplar fue encontrado en julio por ciudadanos y entregado a la autoridad ambiental. Tras ingresar al zoológico con deshidratación y un estado físico delicado, recibió atención veterinaria, alimentación y seguimiento especializado hasta recuperar su condición.
Junto con el zorro gris, también fueron liberadas una lechuza de campanario y una comadreja en una zona boscosa de Michoacán. Los tres ejemplares fueron evaluados antes de su liberación para determinar que contaban con las condiciones necesarias para sobrevivir en libertad.
El caso evidencia la importancia de la participación ciudadana y de la coordinación institucional en el rescate, rehabilitación y retorno de fauna silvestre a sus hábitats.
MICHOACÁN FORTALECE LA PROTECCIÓN DE LA TORTUGA MARINA
Michoacán cuenta con una red de 27 campamentos tortugueros en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde comunidades y voluntarios participan en la protección de nidos y crías. El estado recibe tres de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: golfina, laúd y prieta.
Durante la temporada anterior fueron liberadas más de 1.7 millones de crías al mar, mientras que se estima que más de 6.7 millones de tortugas nacieron en las costas michoacanas. Ixtapilla destaca por las arribazones de tortuga golfina; Colola y Maruata por la presencia de la prieta, y Mexiquillo por la llegada de la tortuga laúd.
A la red de conservación se sumaron dos nuevos campamentos debidamente registrados, con lo que se amplía la capacidad de protección durante la temporada de anidación. La labor incluye vigilancia, recolección y manejo de nidos, así como el seguimiento de las crías hasta su liberación.
El esfuerzo también involucra a alrededor de 450 voluntarios que colaboran con la Comisión de Pesca del Estado en las distintas playas. Esta participación comunitaria resulta fundamental para mantener las tareas de protección durante una temporada que concentra una intensa actividad reproductiva de las especies.
Para este año, las autoridades establecieron como meta liberar 1.8 millones de crías. Además de fortalecer la vigilancia de los nidos, el reto es mantener las condiciones de las playas y los ecosistemas costeros que utilizan estas especies durante su ciclo reproductivo.
MICHOACÁN PLANTEA NUEVA ESTRATEGIA PARA RESIDUOS, PERO LOS RESULTADOS AÚN ESTÁN POR VERSE
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán plantea fortalecer la gestión de residuos y avanzar hacia una economía circular en la región purépecha, aunque buena parte de las acciones anunciadas todavía se encuentra en una etapa de planeación, coordinación y construcción normativa.
El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del CIESAS, Unidad Regional Golfo, en el marco del programa impulsado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y de las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.
La dependencia informó que se revisaron avances para impulsar una nueva Ley de Economía Circular, modificar la legislación estatal sobre residuos y apoyar a municipios y comunidades en la actualización de sus reglamentos. Sin embargo, el planteamiento todavía requiere traducirse en instrumentos jurídicos concretos y, posteriormente, en acciones que puedan medirse en territorio.
Uno de los principales retos será establecer una estrategia intermunicipal e intercomunal para el manejo de residuos. La propuesta busca que municipios y comunidades coordinen soluciones regionales tomando en cuenta sus condiciones territoriales y formas de organización.
La Secretaría también plantea reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos y fortalecer la separación desde el origen a través de esquemas de incentivos. En este punto, el desafío será pasar de los planteamientos generales a mecanismos que realmente incrementen la separación, recuperación y valorización de los residuos.
De acuerdo con la dependencia, existe un trabajo de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que se ha desarrollado durante aproximadamente 10 meses. La Secretaría sostiene que durante este periodo se han construido bases técnicas, normativas y operativas para una estrategia integral.
No obstante, el propio planteamiento evidencia que todavía quedan etapas por desarrollar. La creación o modificación de leyes y reglamentos no garantiza por sí misma una mejor gestión de los residuos: será necesario conocer los recursos disponibles, los municipios y comunidades que participarán, los mecanismos de coordinación y, sobre todo, los resultados que se obtengan una vez implementadas las estrategias.
Otro elemento central será la participación de las comunidades. La Secretaría establece que las acciones deberán respetar su autonomía, organización y capacidad de decisión, además de mantener procesos de diálogo y consulta. El mismo principio se plantea para los ayuntamientos, cuyas atribuciones deberán ser respetadas en las estrategias intermunicipales.
Así, el anuncio representa un intento por construir una política regional de residuos con participación comunitaria y coordinación entre gobiernos, pero el principal pendiente será convertir los acuerdos y propuestas en resultados verificables: menos residuos enviados a disposición final, mayor separación desde los hogares y comunidades, aprovechamiento de materiales y una infraestructura suficiente para sostener el modelo de economía circular.
Por ahora, la Secretaría reporta avances en la construcción de la estrategia. El siguiente paso será demostrar cómo esas bases se traducen en acciones concretas y beneficios ambientales para las comunidades de Michoacán.
SEGURIDAD
MICHOACÁN, LA DISPUTA DEL TERRITORIO
El miércoles 19 de agosto, Michoacán despertó entre bloqueos, vehículos incendiados y carreteras interrumpidas. La jornada comenzó con una operación de fuerzas federales en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, donde fueron detenidos nueve presuntos integrantes de una célula delictiva. La reacción posterior trasladó la disputa por el control territorial de las comunidades a las principales vías de comunicación del estado.
El operativo se concentró en las localidades de Tinaja de Vargas y El Colesio. De acuerdo con la información oficial, fueron asegurados 64 vehículos, armas de distintos calibres, artefactos explosivos, droga y equipo táctico.
Entre los detenidos se encontraban Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado por las autoridades como jefe regional del grupo.
Pero el objetivo central del despliegue no cayó. Las autoridades no confirmaron la detención de “Tío Lako”, mientras que la captura de integrantes cercanos a su estructura habría provocado la respuesta criminal.
Durante la mañana comenzaron los bloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán, con afectaciones en regiones como Zamora, La Piedad, Purépero, Tangancícuaro y otros corredores carreteros.
La dimensión territorial de la respuesta fue el dato más contundente del día. Reportes periodísticos contabilizaron más de 20 bloqueos, algunos acompañados por incendios de vehículos, mientras las autoridades desplegaban operativos para recuperar la circulación. El Gobierno de Michoacán informó que reforzó la presencia de la Guardia Civil junto con Defensa y Guardia Nacional en las regiones afectadas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó las detenciones como un golpe a una estructura delictiva y reconoció el respaldo del Gabinete de Seguridad federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
También aseguró que las carreteras habían sido liberadas y que permanecerían los patrullajes en Tanhuato, Ecuandureo y comunidades cercanas. Sin embargo, la propia secuencia de los hechos mostró una contradicción difícil de ocultar: el Estado logró entrar y detener integrantes de una organización, pero la organización conservó capacidad para alterar durante horas la movilidad de amplias regiones.
El miércoles dejó así algo más que nueve detenidos y decenas de vehículos asegurados. Dejó expuesta la disputa por el territorio: un Estado que despliega fuerzas especiales para golpear una estructura criminal y, al mismo tiempo, una organización capaz de responder incendiando carreteras y convirtiendo la movilidad de la población en instrumento de presión.
La captura de integrantes de la célula puede ser presentada como un avance operativo; pero mientras el principal objetivo permanezca libre y la respuesta criminal pueda paralizar caminos, la pregunta de fondo sigue siendo quién tiene realmente capacidad de control sobre el territorio michoacano.
MICHOACÁN PRESUME MENOR IMPUNIDAD EN FEMINICIDIO, PERO EL DATO NO CUENTA TODA LA HISTORIA
Michoacán fue presentado por el Gobierno estatal como la entidad con menor índice de impunidad en feminicidio del país: 21.21 por ciento, frente a un promedio nacional de 86.78 por ciento en 2023, según el informe Hallazgos 2023, de México Evalúa. La cifra coloca al estado muy por debajo de la media nacional.
El resultado, sin embargo, requiere una lectura menos triunfalista. El indicador mide la impunidad dentro del sistema de justicia penal y no equivale a decir que Michoacán tenga la menor violencia feminicida del país, ni que todas las mujeres víctimas de violencia encuentren condiciones adecuadas de prevención, protección y acceso a la justicia.
México Evalúa señala que los estados con menores niveles de impunidad avanzaron en la judicialización de casos mediante juicios orales o procedimientos abreviados con sentencias condenatorias. También considera otros mecanismos procesales, por lo que el indicador debe leerse como una medición del comportamiento institucional de los casos que llegan al sistema penal.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas destacó que el resultado representa un avance, pero reconoció que persiste el desafío de garantizar investigaciones con perspectiva de género y debida diligencia. El reconocimiento institucional, por tanto, no debería convertirse en argumento para declarar resuelto el problema.
El dato también obliga a preguntar qué ocurre antes de que un caso llegue a una carpeta de investigación y posteriormente a un tribunal. La prevención de la violencia contra las mujeres, la identificación temprana de riesgos, la protección de víctimas y la capacidad de las instituciones para responder a las denuncias forman parte de una cadena que el porcentaje de impunidad por sí solo no puede medir.
Michoacán puede presumir un indicador favorable en materia de impunidad por feminicidio, pero la cifra debe asumirse como un punto de partida y no como certificado de éxito. Reducir la impunidad es indispensable; evitar que las mujeres sean asesinadas y garantizar justicia integral para las víctimas es una obligación mucho más amplia.
“ES TIEMPO DE MUJERES…”
“Es tiempo de mujeres” no es una frase de moda, sino el reconocimiento de una deuda histórica, afirmó, vía un comunicado de prensa de la secretaria de Igualdad Sustantiva, Alejandra Anguiano. Se sostuvo que las mujeres tienen derecho a participar, encabezar, decidir y gobernar, y que la igualdad sustantiva requiere instituciones y mecanismos que garanticen esa participación.
Coincidentemente, esta semana nuestra columnista en Radical puso el dedo en una pregunta incómoda: “Sí es tiempo de mujeres, pero no de las que el poder elige”. El contraste resulta inevitable. Una cosa es celebrar que más mujeres ocupen espacios públicos y otra preguntarse quién decide cuáles mujeres llegan a esos espacios, bajo qué criterios y con qué margen real de autonomía.
El discurso institucional habla de una conquista construida durante generaciones por miles de mujeres. Pero la representación política no se agota en llenar cargos con mujeres. También implica revisar las estructuras de poder que seleccionan, promueven y condicionan a quienes llegan a ellos, particularmente cuando la participación termina dependiendo de lealtades políticas, cuotas partidistas o decisiones tomadas desde las cúpulas.
La propia secretaria reconoció que Michoacán todavía no ha sido gobernado por una mujer, mientras México tiene por primera vez una presidenta. El dato muestra una paradoja: existe un discurso cada vez más fuerte sobre igualdad sustantiva, pero persisten espacios de decisión donde las mujeres siguen enfrentando barreras para llegar y, una vez dentro, para ejercer plenamente el poder.
Por eso la pregunta planteada desde Radical resulta pertinente frente al discurso oficial: ¿es realmente tiempo de las mujeres o es tiempo de las mujeres que el poder considera convenientes?
La diferencia no es menor. La igualdad sustantiva supone que las mujeres puedan disputar y ejercer el poder desde distintas trayectorias, posiciones y perspectivas, no solamente ocupar los espacios que las estructuras políticas están dispuestas a conceder.
El Gobierno estatal puede celebrar que “es tiempo de mujeres”, y tiene razón en reconocer una lucha histórica. Pero el verdadero avance no se medirá por cuántas mujeres aparecen en fotografías oficiales ni por cuántos cargos ocupan, sino por cuánto poder real tienen para decidir y qué tan abiertas están las instituciones para que lleguen también aquellas mujeres que no forman parte del círculo que el poder elige.
TERRITORIOS INDÍGENAS
CFE DEJA PLANTADA A COMUNIDADES INDÚGENAS
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció que a partir de la próxima semana tomará carreteras federales e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que autoridades de la paraestatal no se presentaron a una inspección técnica pactada el pasado 19 de agosto en la geotermoeléctrica Los Azufres.
En conferencia de prensa, el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán Macario, denunció que a la visita, acordada dentro del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública Los Azufres, no acudieron representantes de la CFE ni de las dependencias federales convocantes, sino personal que desconocía los acuerdos previos.
Acusó a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, de mostrar “indiferencia total” ante la crisis sanitaria que padecen decenas de comunidades del oriente del estado.
El vocero también responsabilizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de no haber gestionado los permisos para ingresar a la planta, pese a que la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de Profepa, Gabriela Ortiz Merino, se había comprometido desde abril a encabezar una revisión en un plazo de un mes.
EL “CUARTO NIVEL DE GOBIERNO” INDÍGENA: AUTONOMÍA RECONOCIDA, PERO ¿QUÉ TAN REAL ES?
En Zitácuaro, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la entrega de una presea a comunidades mazahuas y destacó el respeto a su autodeterminación. El acto fue presentado como un reconocimiento a la lucha histórica de los pueblos originarios por sus derechos, identidad y preservación de sus tradiciones.
Durante la sesión del Congreso estatal, autoridades estatales entregaron la condecoración a Amancio Sánchez Durán, presidente del Consejo de Autogobierno de Francisco Serrato, en representación de las comunidades mazahuas. El discurso oficial vinculó el reconocimiento con los avances en materia de autonomía indígena.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Baltazar Gaona García, fue más lejos al calificar a Bedolla como pionero en la defensa de los derechos indígenas y señalar que su gobierno legitimó el llamado “cuarto nivel de gobierno”. Con ello se presenta el autogobierno indígena como una conquista impulsada desde el poder estatal.
Pero la afirmación requiere una precisión: el autogobierno indígena no puede reducirse a una creación o concesión del gobierno estatal. La autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas derivan de derechos reconocidos constitucionalmente y de sus propias luchas históricas, no de la voluntad de un gobernador en turno.
Si la autonomía implica capacidad efectiva para decidir sobre recursos, territorio, obras, seguridad, justicia y organización comunitaria, habrá que evaluar cuánto margen de decisión tienen realmente las comunidades frente a las estructuras municipales y estatales.