El gobierno de Michoacán y tres grupos desarrolladores formalizaron el fideicomiso operativo del Parque Industrial Bajío en un evento protocolario. Mientras el discurso local se centró en la inversión privada y el liderazgo estatal, quedaron sin mencionar puntos que en15dias.com ha documentado desde el ámbito federal: el proyecto forma parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) del Plan México, coordinados por la Secretaría de Economía federal, y hasta abril de 2026 se encontraba apenas en trámite de evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat. / Formalizan fideicomiso del Parque Industrial Bajío; sigue sin resolución ambiental pública
Formalizan fideicomiso del Parque Industrial Bajío; sigue sin resolución ambiental pública
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
En un acto encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, y los empresarios Eduardo Ramírez Díaz (Citelis), José Luis Solórzano García (Grupo Erzo) y Amadeo Favela Pérez (Supra Constructores), se firmó el fideicomiso operativo del Parque Industrial Bajío, ubicado en Zinapécuaro.
El mensaje central del gobierno estatal fue que la aportación económica corre por cuenta de la iniciativa privada.
El gobernador de Michoacán precisó que el estado pone la tierra, 340 hectáreas, mientras que las tres empresas depositan en el fideicomiso 100 millones de pesos para las primeras obras de conectividad e infraestructura dentro del parque.
“No es el gobierno” quien firma el instrumento operativo, insistió Ramírez Bedolla, subrayando que se trata de un compromiso empresarial.
Los desarrolladores, por su parte, hablaron de “confianza”, “identidad” y compromiso “transgeneracional” con Michoacán, y el gobernador aprovechó el evento para comparar la inversión estatal en infraestructura.
Señaló que en cuatro años Michoacán ha invertido el doble que Guanajuato y para reivindicar el trabajo de su administración frente a lo que llamó una queja histórica del sector empresarial por el rezago frente a otros estados del Bajío.
El Parque Bajío es uno de los 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI) que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, presentó como eje operativo del Plan México, y que fue designado formalmente mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2025.
Como en15dias.com documentó en febrero de 2026, fue el propio secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, quien anunció el cierre de la fase de “formalización” del parque y adelantó un calendario de obras para marzo y abril de ese año, además de cifrar la inversión total, tanto pública como privada, en 2 mil 926 millones de pesos, muy por encima de los 100 millones que se destacaron como aportación inicial del fideicomiso.
Marcelo Ebrard también anunciaba entonces la agenda de promoción internacional del parque, incluida la visita de 231 empresas canadienses, y ubicó el proyecto dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, no solo como una gestión estatal.
Esa desproporción entre las cifras, por un lado 100 millones de pesos mencionados en el fideicomiso frente a los 2 mil 926 millones anunciados por la federación, o los más de 6mil 300 millones que el propio gobierno estatal ha atribuido en otros momentos a Grupo Erzo y Citelis, no se explicó en el evento, y deja abierta la pregunta de qué proporción del proyecto se está formalizando realmente con este instrumento.
EL EXPEDIENTE AMBIENTAL: SIN RESOLUCIÓN PÚBLICA HASTA LA FECHA
Otro vacío del discurso local es el estatus ambiental del proyecto. En su intervención, el secretario Méndez Fernández habló de “reglas claras” y “certeza sobre el uso del suelo” como condición para atraer inversión, sin mencionar que, de acuerdo con la propia Semarnat, el proyecto “Parque Industrial Bajío” ingresó al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) apenas entre el 19 y el 25 de marzo de 2026, como reportamos en abril.
en15dias.com revisó, para esta nota, las gacetas ecológicas de la Dirección General de Impacto y Riesgo (DGIRA) de la Semarnat correspondientes a los meses posteriores, incluidas las publicaciones semanales de proyectos ingresados y resueltos en el PEIA hasta agosto de 2026, así como el Diario Oficial de la Federación y las comunicaciones oficiales del gobierno estatal y federal sobre el parque emitidas hasta el 3 de julio y el 19 de agosto de 2026.
En ninguna de estas fuentes existe registro público de que la Semarnat haya emitido una resolución ya sea autorización, autorización condicionada o negativa sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del Parque Industrial Bajío.
Las referencias más recientes de Sedeco y del propio gobernador, incluida la del 3 de julio en la que se anunció que las obras de infraestructura arrancarían en agosto, hablan de “factibilidad ambiental” en términos generales, sin citar un oficio o número de resolutivo.
Hay además una inconsistencia cronológica documentable. El gobierno de Michoacán ha declarado desde 2023 y de forma reiterada en 2025, es decir, antes de que el proyecto ingresara formalmente al PEIA federal en marzo de 2026, que el parque ya contaba con “factibilidad ambiental” y “uso de suelo industrial” plenamente resueltos.
Esa afirmación de certeza ambiental antecede por meses, e incluso años, al trámite federal que es el que legalmente debe otorgarla, lo que sugiere que el discurso oficial ha dado por hecho repetidamente una autorización que, hasta donde consta públicamente, seguía en evaluación.
La ausencia de referencias a Semarnat o al estatus del dictamen ambiental en un evento centrado en “certeza jurídica” e “infraestructura suficiente” resulta relevante en un proyecto que, como hemos reiterado en los espacios de opinión de en15dias.com sobre los PODEBI, se inserta en un modelo nacional donde la planeación territorial y ambiental de los polos de desarrollo “queda, en buena medida, en manos del sector privado”, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Economía.
Llama también la atención que, pese a que el parque es resultado de una negociación de meses con la Secretaría de Economía federal, como reconoció el propio gobernador, ningún funcionario federal tomó la palabra en el evento.
El reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por designar al parque como proyecto estratégico se limitó a menciones protocolarias del secretario Claudio Méndez y del ingeniero Solórzano García, sin presencia física de la federación en el presídium, que estuvo compuesto exclusivamente por autoridades estatales, cámaras empresariales y los tres desarrolladores.
Con la firma, el proyecto pasa a una etapa de ejecución que, de acuerdo con el propio gobierno estatal, ya no dependería únicamente de anuncios, sino de las obras de conectividad financiadas con el primer depósito privado.
Queda pendiente que las autoridades estatales y federales transparenten, con el número de oficio correspondiente, si la Semarnat ya resolvió la Manifestación de Impacto Ambiental que tiene bajo su responsabilidad desde marzo de 2026, o si las obras que arrancan estos días lo hacen mientras ese trámite sigue abierto.
