El organismo acusa al gobierno federal de impulsar una consulta simulada y advierte que la iniciativa podría facilitar el despojo de territorios indígenas en favor de megaproyectos y empresas. / Congreso Nacional Indígena rechaza propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos
Congreso Nacional Indígena rechaza propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos
Por: en15dias.com / Con información de CNI
El Congreso Nacional Indígena (CNI) manifestó su rechazo a la propuesta de Iniciativa de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y elaborada con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
A través de un posicionamiento público, la organización cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como el proceso de consulta indígena que se desarrolla durante agosto y septiembre en distintas regiones del país. El CNI sostuvo que el procedimiento carece de condiciones suficientes para que las comunidades conozcan, analicen y deliberen sobre una propuesta que, señala, contiene 453 artículos.
Entre los temas incluidos en la iniciativa se encuentran la autonomía y libre determinación, jurisdicción indígena, consulta, territorio, amparo indígena, patrimonio, salud, cultura y el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
Sin embargo, el CNI considera que el proyecto mantiene una visión que limita la autonomía de los pueblos y comunidades, particularmente en materia territorial. La organización sostiene que la iniciativa continúa con un modelo que favorece el acceso de grandes capitales a los territorios indígenas para la explotación de recursos naturales y el desarrollo de megaproyectos.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al registro de pueblos y comunidades en un catálogo administrado por el INPI. De acuerdo con el posicionamiento, aunque la propuesta reconoce la autoadscripción, el mecanismo de registro podría permitir que una institución del Estado determine si una comunidad cumple o no con los requisitos para ser reconocida.
El CNI advierte que esta disposición podría afectar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos y limitar la autonomía de las comunidades al trasladar al Estado la facultad de validar su identidad y reconocimiento jurídico.
Cuestionan derecho a decidir sobre los territorios
La organización también expresó preocupación por las disposiciones relacionadas con recursos considerados estratégicos para el país, como el agua, petróleo, litio y minerales.
Según el CNI, la propuesta no reconoce plenamente el derecho de los pueblos a decidir sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en sus territorios, sino que mantiene la facultad del Estado sobre determinadas áreas consideradas estratégicas.
Para el organismo, esto contradice el principio de libre determinación, que implica que los pueblos puedan decidir sobre su territorio, sus formas de organización y su futuro, así como determinar qué medidas o proyectos afectan sus comunidades.
El CNI también cuestionó el papel que tendrían el INPI y la Secretaría de Gobernación en los procesos de consulta, al considerar que serían las instituciones gubernamentales las encargadas de determinar qué medidas deben ser sometidas a consulta y cuáles no.
CNI acusa una consulta apresurada
Otro de los principales señalamientos está dirigido al proceso de consulta de la iniciativa. El organismo considera insuficiente el tiempo destinado para analizar un proyecto de 453 artículos y cuestiona que las reuniones regionales tengan una duración de apenas algunas horas.
El CNI plantea además dudas sobre la posibilidad de consultar adecuadamente a los pueblos indígenas del país en un periodo de dos meses, incluyendo la traducción de la iniciativa a las distintas lenguas indígenas.
También cuestiona que, una vez concluidos los foros, exista un plazo de aproximadamente 15 días para sistematizar las propuestas y realizar modificaciones antes de que el proyecto sea presentado ante el Congreso de la Unión.
La organización sostiene que el proceso no cumple con las etapas que la propia iniciativa contempla para una consulta, como acuerdos previos, información suficiente, deliberación, consulta y seguimiento de los acuerdos.
Por ello, calificó el procedimiento como una “simulación de consulta” y lo comparó con procesos realizados anteriormente para aprobar megaproyectos gubernamentales, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y la refinería de Dos Bocas.
Reclaman autonomía y liberación de Jesús Plácido Galindo
En su posicionamiento, el Congreso Nacional Indígena también denunció lo que considera hostigamiento y represión contra pueblos indígenas que mantienen procesos de resistencia y ejercen su autonomía.
El organismo exigió el cese de estas acciones y pidió la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, a quien identifica como integrante de sus comunidades y considera preso político.
El CNI sostuvo que una consulta indígena no puede considerarse libre ni de buena fe mientras existan integrantes de pueblos indígenas privados de su libertad por motivos políticos.
Finalmente, el Congreso Nacional Indígena reiteró su rechazo a la propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos y a la consulta en los términos en que actualmente se desarrolla.
La organización cerró su pronunciamiento reivindicando la reconstitución integral de los pueblos y su histórica demanda de participación en las decisiones que afectan sus territorios y formas de vida, bajo la consigna: “Nunca más un México sin nosotros”.