La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó el Acuerdo que establece la expedición obligatoria del Certificado de Libre de Deforestación, un mecanismo que busca garantizar que las mercancías destinadas al mercado nacional e internacional no provengan de terrenos con cambio ilegal de uso de suelo forestal.
México genera casi 140 mil toneladas de basura al día, pero más de 31 mil ni siquiera son recolectadas. El nuevo diagnóstico nacional revela un sistema colapsado: tiraderos a cielo abierto, camiones obsoletos, falta de rellenos sanitarios y una crisis ambiental sostenida por municipios sin recursos.
México publicó el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, una estrategia federal que reconoce sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos, desigualdad en acceso al agua y vulnerabilidad climática. El plan busca garantizar el derecho humano al agua y modernizar su gestión.
El Gobierno Federal publicó el Programa Nacional Forestal 2026-2030, documento que fija la meta de deforestación neta cero para 2030. El diagnóstico identifica pérdida de bosques, tala ilegal, incendios forestales y expansión agrícola como principales presiones ambientales.
Los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar el caso del Fideicomiso Río Sonora mediante acuerdos opacos y sin cumplir la sentencia de la SCJN, mientras persisten la contaminación y las afectaciones a las comunidades.
La Ciudad de México, Jalisco y Estado de México encabezaron el gasto nacional en Protección Ambiental durante 2025, mientras Baja California Sur reportó inversión nula. La base de datos “Radiografía 2025” exhibe contrastes presupuestales entre entidades del país.
Comunidades indígenas y colectivos de todo el país convocaron a la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en Nayarit, mientras denunciaron megaproyectos, contaminación, criminalización y violencia contra pueblos organizados en defensa del agua.
Científicos, toxicólogos y pueblos originarios advirtieron en la UNAM que el fracking representa una amenaza para el agua, la salud y la supervivencia cultural de comunidades indígenas. Denuncian que la llamada “fracturación sustentable” encubre un nuevo ciclo de extracción y despojo territorial.
El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado.
