Diputados federales cuestionaron los avances en la reglamentación de la Ley General de Aguas durante una reunión con Conagua, donde expresaron preocupaciones por la sobreexplotación, contaminación, falta de claridad jurídica y limitaciones operativas para garantizar el acceso al recurso. / Diputados exigen claridad y mayor capacidad operativa en reglamentación de la Ley General de Aguas
Diputados exigen claridad y mayor capacidad operativa en reglamentación de la Ley General de Aguas
Por: en15dias.com / Con información de la Cámara de Diputados
En medio de preocupaciones por la gestión del agua en el país, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados recibió a funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer los avances en la reglamentación de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en diciembre de 2025.
Durante la reunión, legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la urgencia de contar con reglas claras y efectivas para garantizar el acceso al agua, así como atender problemáticas como la sobreexplotación de acuíferos, los pozos clandestinos y la contaminación.
El diputado Gabriel García Hernández (Morena) subrayó la importancia de abrir el proceso a la sociedad. “Se deben integrar mesas de trabajo con los grupos sociales y llevar a cabo una consulta previa que permita corregir y aclarar la reglamentación”, expresó.
Desde la oposición, el diputado Francisco Pelayo Covarrubias (PAN) advirtió sobre la incertidumbre en el sector agrícola. “Los agricultores están muy preocupados por las transferencias temporales y la reubicación de pozos; estos temas deben quedar claramente establecidos en la reglamentación”, señaló.
En tanto, el diputado Alberto Maldonado Chavarín (Morena) puso sobre la mesa la problemática de la calidad del agua en zonas urbanas. “Es necesario atender las denuncias por el agua sucia que llega a la zona metropolitana de Guadalajara e investigar el sistema intermunicipal”, afirmó, al tiempo que propuso la creación de mesas técnicas para un plan emergente.
Por su parte, el diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) insistió en la necesidad de certeza jurídica. “Existen dudas sobre la operación de esta ley; es fundamental contar con un reglamento claro y tangible”, dijo.
Las preocupaciones también se centraron en la capacidad institucional de la Conagua. El diputado Humberto Ambriz Delgadillo (PRI) cuestionó los recursos disponibles: “El presupuesto actual es de apenas 0.1 por ciento del PIB, lo cual es muy poco para un tema fundamental como el agua”.
Asimismo, legisladores de distintas bancadas pidieron acelerar la regularización de pozos, atender la sobreexplotación en estados como Chihuahua, y aumentar la inversión en drenaje y saneamiento, ante el alto nivel de contaminación en cuerpos de agua del país.
Ante estos señalamientos, el subdirector jurídico de Conagua, Óscar Zavala Gamboa, informó que el plazo para emitir la reglamentación vence el 9 de junio de 2026, conforme a los 180 días establecidos tras la publicación de la ley.
“El objetivo no es reformar el reglamento actual, sino expedir uno nuevo que responda a las necesidades del país”, explicó. Añadió que se trabaja en al menos 10 instrumentos normativos que transformarán el régimen jurídico del agua.
Zavala Gamboa también anunció un programa para regularizar pozos de libre alumbramiento y títulos de concesión, así como la emisión de nuevas normas y la simplificación de trámites. “Habrá facilidades administrativas y el plazo para algunos procesos de regularización estará abierto hasta el 28 de abril”, detalló.
El funcionario destacó que se mantendrá un diálogo permanente con el Poder Legislativo y los sectores involucrados para garantizar la correcta implementación del nuevo marco legal.
Finalmente, la Comisión aprobó su primer informe semestral del segundo año legislativo, en el que reportó la aprobación de 21 iniciativas y el análisis de otras en materia hídrica, además de la realización de reuniones y audiencias públicas para fortalecer la nueva legislación.