La comunidad nahua de Santa María Ostula enfrenta una escalada sostenida de violencia. Ataques armados, uso de drones explosivos y asesinatos de comuneros evidencian una disputa territorial que pone en riesgo su autonomía y la vida cotidiana en la costa-sierra de Michoacán. / Ataques armados y uso de drones: la violencia persistente contra la comunidad nahua de Santa María Ostula
Ataques armados: la violencia persistente contra la comunidad nahua de Santa María Ostula
Por: en15dias.com / Con información de Comunidad de Ostula
29 de marzo 2026
La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció que alrededor de las 12:30 de la madrugada, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron la encargatura de la Cofradía.
De acuerdo con la comunicación oficial, la agresión fue repelida por la propia comunidad, que advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de una serie de ataques constantes por parte del grupo criminal en la región.
La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, en la costa-sierra de Michoacán, enfrenta desde hace años una escalada de violencia vinculada a la disputa territorial con grupos del crimen organizado, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un contexto de defensa comunitaria y autonomía indígena.
De acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, en las últimas dos décadas se han registrado más de 42 asesinatos y al menos cinco desapariciones de integrantes de la comunidad, en su mayoría relacionados con la defensa del territorio.
La conflictividad actual tiene antecedentes directos en 2009, cuando la comunidad recuperó tierras que habían sido invadidas y consolidó su sistema de autogobierno y seguridad mediante una Guardia Comunal, lo que la colocó en confrontación con actores criminales interesados en la región.
Escalada reciente de ataques (2023–2025)
En los últimos años, la violencia se ha intensificado de forma sostenida. En 2023 y 2024 se documentaron asesinatos de comuneros y ataques directos contra integrantes de la Guardia Comunal, incluyendo el homicidio de Antonio Regis Nicolás en mayo de 2024.
Ese mismo año se registraron múltiples agresiones armadas en la zona de la encargatura de la Cofradía, uno de los núcleos comunitarios. El 1 de febrero de 2024, un grupo armado atacó instalaciones comunitarias y posteriormente incendió una vivienda.
Entre el 1 y el 3 de julio de 2024, la comunidad denunció una ofensiva directa del CJNG contra sus puntos de vigilancia.
El 3 de julio, los ataques escalaron con el uso de drones para lanzar explosivos, además de armas de grueso calibre, impactando zonas habitadas de la encargatura de la Cofradía, incluyendo espacios comunitarios como la cancha y áreas cercanas a viviendas.
Durante esa jornada, la Guardia Comunal activó protocolos de protección para resguardar a la población civil —incluyendo mujeres, niñas, niños y personas mayores— mientras repelía la incursión armada.
Organizaciones y colectivos señalaron que estos ataques formaron parte de una “embestida” sistemática, con incursiones de decenas de hombres armados y el uso de tecnología bélica, lo que elevó el nivel de riesgo para la comunidad.
Persistencia del conflicto y contexto regional
Para 2025, la comunidad sigue denunciando un escenario de violencia continua. Testimonios recabados en la región indican que Ostula vive una “guerra abierta” contra el CJNG, con presencia de campamentos criminales, incursiones armadas y ataques con explosivos en la sierra-costa.
Además, organizaciones comunitarias han advertido que estas acciones buscan generar terror, debilitar la seguridad comunitaria y facilitar el control territorial en una región estratégica por sus recursos naturales y rutas de conexión.
El impacto de la violencia ha sido directo sobre la vida cotidiana. En distintos momentos, los ataques han obligado a suspender clases, actividades públicas y eventos comunitarios, evidenciando el grado de riesgo para la población civil.
Los ataques contra Santa María Ostula no son hechos aislados, sino parte de un proceso prolongado de violencia vinculado a la defensa del territorio indígena frente a intereses criminales.
A pesar de las denuncias reiteradas y llamados de organismos internacionales, la comunidad continúa operando bajo condiciones de riesgo, sosteniendo su sistema de autogobierno y seguridad en medio de un escenario que combina disputa territorial, economías ilegales y ausencia efectiva del Estado.