CCAOS exige al gobierno de Michoacán y al Congreso la cancelación de la privatización del patrimonio público y la instalación inmediata de una mesa de diálogo. Tras 36 días de silencio y promesas incumplidas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, defienden el uso social de los bienes.
La Comunidad Otomí de San Matías el Grande formalizó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la principal responsable de una crisis de salud pública y ambiental que afecta el agua, el suelo y el aire de la región del oriente de Michoacán. /
Apatzingán ya es el municipio con más desplazamiento forzado en México. Una nueva ola de violencia criminal forzó el éxodo de 225 personas en Michoacán, mientras colectivos denuncian que los retornos apresurados y sin seguridad que promueve el gobierno están costando vidas de civiles.
Senadores de Estados Unidos y organizaciones ambientales respaldaron el programa mexicano Pro-Forest Agriculture (PFA), una certificación independiente que busca reducir la deforestación asociada al cultivo de aguacate. Climate Rights International pidió que la estrategia federal de “cero deforestación” fortalezca este mecanismo.
Comunidades indígenas de Michoacán denuncian que defender los bosques, el agua y el territorio ha cobrado vidas. El CSIM acusa que el nuevo Certificado de Libre Deforestación de SEMARNAT podría regularizar daños ambientales sin reparación ni justicia para los pueblos.
Michoacán hace historia al recibir la Indicación Geográfica para el “Aguacate Franja Michoacán”, un blindaje legal entregado por la Secretaría de Economía y el IMPI que protege a 48,000 productores, garantiza la sustentabilidad ambiental y eleva el valor del aguacate en más de 80 países.
La resistencia indígena en Michoacán y Guerrero enfrenta un escenario de violencia, despojo y control territorial que comunidades y defensores describen como “necrocapitalismo”. Mientras el discurso oficial habla de avances para pueblos originarios, en los territorios persisten ataques, desplazamientos y colusión entre crimen organizado y estructuras de poder.
La tensión marcó la cuarta sesión del Comité de Calidad Ambiental en San Matías, Michoacán. Entre reclamos por la falta de presupuesto gubernamental para estudios del agua y la urgencia de atender un brote de daño renal infantil, la comunidad exigió soluciones científicas concretas ante el desgaste oficial.
Entre mayo de 2017 y mayo de 2024, Michoacán acumula 46 proyectos con conflicto socioambiental, lo que lo coloca en el sexto lugar nacional, según el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México.
