CCAOS exige al gobierno de Michoacán y al Congreso la cancelación de la privatización del patrimonio público y la instalación inmediata de una mesa de diálogo. Tras 36 días de silencio y promesas incumplidas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, defienden el uso social de los bienes. / CCAOS exige cancelación de privatización y mesa de diálogo inmediata ante silencio del Gobierno de Michoacán
CCAOS exige cancelación de privatización y mesa de diálogo inmediata ante silencio del Gobierno de Michoacán
Por: en15dias.com / Con información de CCAOS
Este miércoles 1 de julio, Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) exigió al gobierno del estado y al congreso “la cancelación de la privatización del patrimonio e instalación inmediata de una mesa pública de diálogo para informar el destino de los 24 inmuebles desincorporados para venta y garantizar que los bienes públicos cumplan una función social”.
Asímismo, “el reconocimiento legal de lo común como un espacio de gestión comunitaria con garantías de no desalojo y la respuesta formal y por escrito al pliego petitorio entregado hace 36 días”.
La coordinadora señaló que “el gobierno y el Congreso de Michoacán no pueden seguir ignorando a la ciudadanía organizada. El patrimonio público no es mercancía, es derecho del pueblo. Seguimos exigiendo respuesta a nuestras demandas y solicitudes. Es un derecho constitucional”, destacaron.
Reiteraron que se debe definir el destino social y uso comunitario a los predios desincorporados, y como ejempplo pusieron a “Lo Común” que ha servido de resguardo, uso social y comunitario de las organizaciones y colectivos que lo mantienen activo en beneficio de la población.
LA FALTA DE VOLUNTAD
La indignación de la coordinadora escala ante lo que consideran una falta de compromiso real.
“Como CCAOS llevamos casi ya 2 años como organización y ante la desincorporación que hizo el gobierno con la autorización del Congreso de 38 unidades de propiedad pública que nos quieren privatizar, decidimos tomar el resguardo de este local como una manera de protestar”, explicaron los voceros.
Sostienen que, si se desincorporan bienes, deben cumplir una función social, como centros culturales, centros de encuentro de niñas y mujeres, centros deportivos o vivienda social, tal como se ha hecho con predios donados al Seguro Social.
Sin embargo, la palabra oficial ha quedado en el aire. “Lo que queremos comunicar hoy es que llevamos 35 días de que el gobernador estuvo aquí donde estamos parados prometiendo que iba a atender este reclamo social”, denunciaron, subrayando que han pasado ya 72 días demostrando que el pueblo puede hacer uso de sus espacios públicos de una manera productiva.
Ante la ausencia de las autoridades de Protección Civil y Cultura prometidas por Alfredo Ramírez Bedolla, la organización lanza una pregunta: “¿Será que lo ignoran? ¿Será que no hay voluntad?”.
DEFENSA DEL PATRIMONIO COMO DERECHO HUMANO
La coordinadora, integrada por 15 organizaciones, sostiene que la privatización de estos 38 inmuebles, valuados en 721 millones de pesos, constituye un “despojo legalizado”.
Argumentan que si las finanzas del estado son sanas, no hay justificación para vender activos que deberían ser destinados al desarrollo comunitario.
Para proteger el espacio de “Lo Común”, CCAOS se ampara en el derecho a la ciudad y en jurisprudencia nacional, exigiendo medidas cautelares a las comisiones de derechos humanos para evitar desalojos arbitrarios.