Comunidades indígenas de Michoacán reiteraron su llamado al Estado y a la CFE por la contaminación en Los Azufres, una crisis ambiental y sanitaria ya documentada.
Comunidades indígenas denuncian contaminación por la Central Geotérmica Los Azufres y exigen diálogo al Estado
Por: en15dias.com
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán, agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), denunciaron que la Central Geotérmica Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha generado durante más de 30 años contaminación del agua, el suelo y el medio ambiente en municipios del oriente del estado.
En un pronunciamiento fechado el 15 de enero de 2026, el CSIM —organización autónoma integrada por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los pueblos p’urhépecha, otomí, matlatzinca, nahua y afromexicano— emplazó al Gobierno de la República, al Gobierno de Michoacán y a la CFE a atender de manera urgente esta problemática ambiental y sanitaria.
De acuerdo con el boletín, la operación de la planta geotérmica ha derivado en el vertido de metales pesados y otros contaminantes en las fuentes de agua que abastecen a comunidades de los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío. Esta situación, señalan, ha provocado una crisis de salud pública, particularmente por el incremento de casos de enfermedad renal crónica en la región.
El CSIM citó el proyecto de investigación “La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial”, presentado en diciembre de 2025, el cual documenta científicamente la contaminación del agua y vincula estos daños a la operación de la central geotérmica.
Según los datos difundidos, cerca del 30 por ciento de los pacientes que requieren atención renal en Michoacán provienen del oriente del estado. En Zinapécuaro, el 56 por ciento de los manantiales presenta al menos un contaminante por encima de los límites permitidos, mientras que en el municipio de Hidalgo la afectación alcanza el 35 por ciento de los afluentes.
El consejo indígena también denunció una desatención histórica por parte de diversas instituciones públicas, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la propia CFE, a pesar de la magnitud del problema.
Ante este escenario, y por acuerdo de su Asamblea General de Autoridades, el CSIM exigió la instalación de una mesa de trabajo con carácter resolutivo en un plazo no mayor a 15 días. Como medidas inmediatas, demandaron el suministro de agua no contaminada para las comunidades afectadas y la atención médica oportuna para las personas con enfermedades renales.
El consejo advirtió que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades, emprenderán acciones jurídicas, sociales y políticas, que podrían incluir la toma de instalaciones de la Central Geotérmica Los Azufres o de la CFE, así como la presentación de juicios ambientales a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua.
En diciembre de 2025, en15dias.com publicó un reportaje que dio cuenta de un número inusual de casos de enfermedad renal crónica en comunidades como San Pedro Jácuaro, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, incluyendo población joven, algunos en etapas avanzadas de la enfermedad.
Dicho trabajo periodístico retomó los resultados de una investigación interdisciplinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual analizó durante varios años las condiciones ambientales, hidrogeoquímicas, sanitarias y psicosociales de la región. El estudio identificó la presencia de diversos elementos químicos en fuentes de agua de consumo humano y un patrón epidemiológico atípico, con mayor incidencia de enfermedad renal en zonas cercanas al campo geotérmico.
De acuerdo con los datos difundidos entonces, una proporción significativa de los pacientes que requieren tratamiento renal en Michoacán proviene del oriente del estado, y en algunos municipios una parte relevante de los manantiales presenta contaminantes por encima de los límites establecidos por la normatividad.