Comunidades indígenas del oriente de Michoacán exigen que la Comisión Federal de Electricidad reconozca la contaminación atribuida a instalaciones de la geotermoeléctrica y atienda una creciente crisis de salud por enfermedades renales. También demandan estudios independientes del agua, una clínica de hemodiálisis y ampliar las verificaciones por contaminación. / “Corrige” CFE siete puntos de contaminación en el oriente de Michoacán pero niega responsabilidad directa
“Corrige” CFE siete puntos de contaminación en el oriente de Michoacán pero niega responsabilidad directa
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
5 de marzo 2025
Comunidades indígenas del oriente de Michoacán mantienen un proceso de movilización y diálogo institucional para exigir el reconocimiento de la contaminación atribuida a instalaciones de la geotermoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como medidas urgentes para atender la crisis de salud que se vive en la región.
En entrevista con en15dias.com, el vocero del Consejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov, explicó que ya hubo “inspecciones y correcciones en instalaciones de CFE”.
Durante las mesas de trabajo se acordó realizar inspecciones en instalaciones de la empresa geotermoeléctrica operada por la CFE. Según las comunidades, en estas revisiones se detectaron diversos problemas relacionados con manejo de residuos y posibles fuentes de contaminación.
Ulianov explicó que, tras señalar esos puntos, la empresa comenzó a corregir algunas fallas detectadas.
“La CFE está corrigiendo varios puntos donde tenía contaminación o mal manejo de residuos. Por ejemplo, las pilas de enfriamiento no tenían recubrimiento de cemento y había filtraciones; ya lo corrigieron. También había fugas en tuberías y material tóxico que ya fue retirado”, indicó.
Sin embargo, el vocero subrayó que las comunidades consideran insuficientes estas acciones si no existe un reconocimiento formal de responsabilidad por la contaminación de la geotermoeléctrica .
“La CFE está corrigiendo esta contaminación, pero sigue sin reconocer jurídicamente o por escrito su culpabilidad”, afirmó.
Hasta ahora sólo se han revisado siete puntos dentro del área concesionada a la empresa, que abarca alrededor de 150 kilómetros y según Ullianov sólo se ha abarcado 20 kilómetros. Por ello, en la última reunión se acordó ampliar las verificaciones.
“Visitamos siete lugares que representan apenas una parte del territorio. Por eso se acordaron nuevas verificaciones en los puntos que señalen las comunidades”, explicó a en15dias.com.
NUEVOS ESTUDIOS INDEPENDIENTES SOBRE EL AGUA
Otro de los acuerdos alcanzados fue realizar nuevos estudios ambientales para analizar la calidad del agua en los manantiales de la región.
Las comunidades consideran que los estudios existentes no son suficientes, ya que analizan sólo algunos metales pesados y fueron realizados por instancias cercanas a la empresa.
“Los estudios que tiene la CFE sólo miden algunos metales pesados. Los estudios que hicieron investigadores independientes detectan muchos más contaminantes”, explicó Ulianov.
Por esa razón, las comunidades solicitaron que los nuevos análisis sean realizados por instituciones independientes.
“Queremos que haya más certeza y que los estudios no los hagan las instancias que tradicionalmente ha usado la CFE, sino una tercería para que no sean juez y parte”, señaló.
Los análisis comenzarán en cinco comunidades y se enfocarán especialmente en manantiales utilizados para consumo humano. Los detalles técnicos, incluidos los contaminantes que serán analizados, se definirán en una próxima reunión programada para la próximoa semana.
CRISIS DE SALUD Y DEMANDA DE CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS
Además del impacto ambiental, las comunidades denuncian una grave crisis de salud relacionada con enfermedades renales.
Durante la reunión, decenas de personas enfermas acudieron para exigir atención médica y apoyo económico. “Se presentaron muchos enfermos renales, como unos 30 de diferentes comunidades. Es una causa muy justa, es una lucha por la vida”, expresó Ulianov.
Entre las principales demandas está la instalación de una unidad de hemodiálisis en San Matías el Grande, proyecto que ya fue acordado previamente pero que aún no se ha concretado.
Según lo informado en la reunión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analiza si se construirá un nuevo espacio o si se habilitará uno existente.
Las comunidades emplazaron al instituto a iniciar los trabajos en un plazo de un mes.
“Lo emplazamos a que en el término de un mes debe empezar los trabajos para habilitar o construir esa unidad”, señaló el vocero.
El costo del tratamiento representa una carga económica muy fuerte para las familias.
“Muchos compañeros dicen que o hay dinero para las hemodiálisis o hay dinero para comer. El tratamiento cuesta entre dos mil y tres mil pesos por semana”, explicó.
Otro problema identificado por las comunidades es la falta de registros confiables sobre el número de personas enfermas.
Las instituciones de salud manejan padrones parciales dependiendo del sistema de seguridad social al que pertenece cada paciente.
“El IMSS nos decía que tenía registrados 12 enfermos renales en San Matías, pero eso sólo incluye a quienes tienen ese servicio. Hay otros con ISSSTE y muchos que no tienen ningún seguro”, señaló Ulianov.
Ante esa situación, las comunidades comenzaron a elaborar su propio padrón. “Hasta el día de ayer llevaban un registro de 50 enfermos y todavía siguen recabando información”, añadió.
El gobierno de Michoacán, con sus distintas dependencias involucradas ha sólo informado vía redes sociodigitales con post informativos sin detallar nada de lo acordado.
LA EMERGENCIA SANITARIA NO ACEPTADA
El 3 de diciembre de 2025, se prsentó el informe técnico final “La enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con las condiciones naturales, impacto ambiental y psicosocial” financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Michoacán (ICTI).
Ahí tanto investigadores como pobladores afectados de los municipios de Zinapécuaro, Hidalgo y Maravatío presentaron sus demandas y exigencias tras más de tres años de investigación científica que confirma lo que ellos ya sabían: el agua está contaminada y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es responsable.
El conflicto se ha intensificado en los últimos meses luego de que la Asamblea General de la comunidad de San Matías el Grande solicitara formalmente el acompañamiento del Consejo para enfrentar un problema ambiental que —afirman— lleva décadas afectando a diversas localidades.
“Compañeros de San Matías el Grande y de comunidades como San Pedro Jacuaros, San Isidro, Alta Huerte y otras comunidades del oriente empezaron a trabajar a petición de la Asamblea General de San Matías, que pidió la intervención del Consejo Supremo”, explicó Ulianov.
A partir de esa solicitud, las autoridades tradicionales del Consejo definieron una estrategia de acción que combina tres rutas: movilización social, presión política a través de mesas de diálogo y la preparación de acciones jurídicas en materia ambiental.
Uno de los primeros pasos fue impulsar acciones de protesta para visibilizar el problema. Hace poco más de un mes, habitantes de las comunidades realizaron la toma de instalaciones de la CFE, y no descartan nuevas movilizaciones si las autoridades no cumplen los acuerdos alcanzados.
“Se estableció una ruta de trabajo social, política y jurídica. En el ámbito social se acordó realizar manifestaciones. La primera fue la toma de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y se tiene programada otra eventualmente si no hay seguimiento a los acuerdos”, señaló el vocero.
Las movilizaciones reactivaron un proceso institucional que, según denuncian las comunidades, llevaba años sin resultados.
El gobierno estatal y federal conformaron hace años un comité interinstitucional con dependencias ambientales y de salud para analizar el problema, pero según los representantes comunitarios sus reuniones no generaron acciones concretas.
“Ese comité llevaba trabajando, nos decían, cinco años. Pero en esos cinco años prácticamente no habían hecho nada, sólo algunas mesas de trabajo sin resultados significativos”, afirmó Ulianov.
De acuerdo con el vocero, fue hasta que las comunidades retomaron las protestas y el tema comenzó a aparecer en medios de comunicación que las autoridades reactivaron las reuniones.
La primera mesa se realizó sin la participación de las comunidades, mientras que en la segunda y tercera —la más reciente realizada en San Matías el Grande— ya participaron representantes indígenas.
“Hasta que no vieron la movilización social y que el tema se retomó en los medios fue que se volvieron a reunir y a tomar el caso”, dijo.
Aunque reconocen algunos avances en las mesas de trabajo, las comunidades advirtieron que mantendrán la presión social y jurídica si no se cumplen los acuerdos.
El Consejo Supremo Indígena reiteró que continuará acompañando el proceso. “Una comunidad sola tiene muy difícil luchar contra todo este entramado que tiene la CFE con el gobierno estatal y federal. No los vamos a dejar solos”, dijo.