Bajo el nombre de “polos de bienestar”, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido impulsar 100 centros de desarrollo productivo en todo el país. Sin embargo, para académicos como el Dr. César Enrique Pineda Ramírez, investigador especializado en ecología política, estos proyectos representan una continuidad del modelo extractivista que caracterizó al neoliberalismo, ahora con un rostro progresista que hace más compleja su resistencia.
“Deberíamos decir 100 polos de territorios necróticos que pueden producir muerte alrededor de ellos”, advierte Pineda Ramírez en entrevista para en15dias.com.
El término “necroterritorios” –acuñado por el propio investigador– describe espacios donde el tejido social y ambiental se va muriendo, debido a la concentración industrial y el agotamiento de los recursos naturales.
“Plan México” replica modelo neoliberal extractivo bajo discurso progresista, alerta César Pineda
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
enero 2026
El “Plan México”, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se presenta como una estrategia integral orientada al desarrollo económico, social y territorial del país. Su eje operativo son los llamados “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI), presentados en 2025 y concebidos como zonas económicas especiales adaptadas al contexto actual del nearshoring.
De acuerdo con el proyecto del gobierno federal, estos polos buscan atraer inversión nacional y extranjera, generar alrededor de 300 mil empleos, ordenar el crecimiento económico y territorial, y articular zonas industriales con infraestructura habitacional, educativa y de salud. Para ello, contemplan incentivos fiscales y facilidades administrativas dirigidas a las empresas que decidan instalarse en estos espacios.
No obstante, los impactos socioambientales asociados a estos polos de desarrollo no forman parte central del discurso oficial. Para el investigador social César Enrique Pineda Ramírez, especialista en ecología política, lo que está en juego no puede entenderse como simples impactos ambientales, sino como relaciones de poder profundamente asimétricas que se imponen sobre comunidades y ecosistemas.
En entrevista con en15días.com, Pineda Ramírez analiza la expansión de los polos de desarrollo promovidos por el gobierno de México, las continuidades del modelo extractivo, el papel del Estado y las respuestas de los pueblos frente a lo que define como una ofensiva territorial que está produciendo “necroterritorios”.
I. “CONFLICTOS ECOPOLÍTICOS”, PROCESOS DE PODER Y DOMINACIÓN
Durante la conversación, el académico propone abandonar la noción convencional de “conflictos socioambientales” y nombrarlos como “conflictos ecopolíticos”.
La distinción, subraya, no es menor. No se trata de daños colaterales ni de errores de planeación, sino de procesos deliberados de apropiación territorial en los que el capital y el Estado imponen nuevas formas de dominación, mediadas por la naturaleza y atravesadas por profundas asimetrías de poder.
Desde esta perspectiva, los polos de desarrollo —también denominados parques industriales, corredores económicos o polos de bienestar— no son únicamente espacios productivos. Son, en palabras del investigador, “territorios plataforma, diseñados para atraer inversiones, concentrar infraestructura, garantizar conectividad logística y reorganizar ecosistemas completos al servicio de la acumulación”.
En ese proceso, advierte, se destruyen las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida humana y no humana.
Pineda Ramírez subraya que estos proyectos suelen generar contradicciones profundas entre los procesos de acumulación de capital y la reproducción de la vida en los territorios donde se instalan. Por ello, insiste en que reducir estos procesos a conflictos “socioambientales” invisibiliza las relaciones de poder que los atraviesan.
“Yo los he llamado conflictos ecopolíticos porque solemos pensar el ambiente separado de las relaciones humanas, como si sólo hubiera impactos externos, tanto de la economía como de lo social”, señala, y agrega que esta visión presenta los daños como efectos no planeados, cuando en realidad se trata de “procesos de poder y dominación entre humanos, mediados por la naturaleza”.
El investigador explicó que este enfoque se diferencia del ambientalismo tradicional centrado únicamente en la contaminación o el proteccionismo, ya que busca analizar “las relaciones de dominación en las sociedades mediadas por la naturaleza”.
En ese sentido, subrayó que estos conflictos se caracterizan por relaciones de poder asimétricas, particularmente “entre las corporaciones y los estados frente a las comunidades”, aunque aclaró que las comunidades no siempre actúan de manera homogénea: “A veces sí y todos resisten, a veces no, a veces están divididos”.
II. POLOS CONVERTIDOS EN “NECROTERRITORIOS”
Sobre el papel del territorio, Pineda Ramírez indicó que la territorialización es una forma central de ejercicio del poder.
“Territorializar significa un proceso de apropiación de poder”, afirmó, y sostuvo que los polos de desarrollo “son esencialmente la construcción de condiciones espaciales para la producción”.
Detalló que estos proyectos buscan articular localizaciones específicas para acceder a recursos, conectividad, logística y mano de obra, mediante procesos de planificación “verticales” que reconfiguran tanto los ecosistemas como las formas de organización social preexistentes.
El especialista describió estos espacios como “territorios plataforma” o “territorios de atracción para las inversiones”, y advirtió que, en diversos casos del país, han generado escenarios de deterioro ambiental severo.
Retomando conceptos de otros autores y los suyos propios, señaló: “Víctor Toledo ha llamado a estos espacios ‘infiernos ambientales’. Yo les he llamado ‘necroterritorios’, esta idea de necrótico, es decir, que se va muriendo el tejido”.
De acuerdo con Pineda Ramírez, estos “necroterritorios” se caracterizan por “agotar las condiciones para reproducir la vida humana y la no humana”, debido a factores como “el alto grado de contaminación de las aguas” y “un uso intensivo de los recursos”, entre ellos el agua y otros materiales.
Indicó que los polos de desarrollo, también conocidos como corredores o parques industriales, representan procesos de concentración productiva que ya han dejado ejemplos concretos de afectación ambiental.
Entre los casos mencionados, citó el río Lerma-Santiago, “uno de los más contaminados, si no el más contaminado del país”, así como el río Tula y la Cuenca Libres-Oriental, donde se concentran granjas porcícolas y diversas industrias. Según explicó, estas actividades han contribuido a “agotar, insisto, las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana alrededor de estos polos de desarrollo”.
El investigador consideró relevante que estos proyectos se impulsen desde un gobierno que mantiene un discurso ambiental. Al respecto, señaló: “Es muy significativo que un gobierno que hasta ahora ha dicho y ha mantenido una discursividad ambiental tenga un proyecto tan agresivo”.
Recordó que durante la campaña presidencial se planteó la creación de “100 parques industriales o 100 polos de desarrollo”, a los que en algunos casos se les denomina “polos del bienestar”. Sobre esta denominación, comentó que “el nombre y a veces el pueblo de bienestar es para tener un tipo de legitimación”, y concluyó que este tipo de proyectos industriales “cambian la vida humana y la no humana” en los territorios donde se implementan.
¿Quién es?
César Enrique Pineda Ramírez
Es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y la Maestría en Estudios Latinoamericanos, ambos con mención honorífica en la UNAM. Realizó estancias posdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su investigación se centra en la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Investigador Nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A partir de 2024 es profesor-investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. contacto:
III. EL MODELO A SEGUIR ¿CONTINUIDADES Y RUPTURAS?
El doctor César Enrique Pineda Ramírez, investigador en conflictos socioambientales y ecología política, analizó las continuidades y rupturas entre los megaproyectos de gobiernos anteriores y los actuales polos de desarrollo impulsados a nivel federal, a los que calificó como de mayor escala e intensidad territorial.
Al referirse a las diferencias con proyectos previos, Pineda Ramírez señaló que “por el número es sumamente agresivo”, y explicó que obras como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec implican transformaciones profundas.
“La megaconstrucción, por ejemplo, del proyecto transístmico es pasar por encima de ecosistemas que estaban más o menos resguardados y que tienen otras formas de reproducción social”.
El investigador sostuvo que en regiones como Oaxaca y el sureste del país persisten formas de organización comunitaria que se ven afectadas por estos proyectos. “Yo creo que en Oaxaca hay esencialmente una sociedad comunitaria, aún; en todo el sureste había sociedades comunitarias que están siendo tratadas desde estos proyectos para ser desintegradas de su reproducción comunal y ser absorbidas”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es integrarlas “a la mano de obra mundial, a los flujos de capital mundiales y en general a la división internacional del trabajo”, lo que implica “abandonar la división del trabajo comunitaria y regional localizada para integrarse a la globalizada de corte capitalista y mercantil”.
Pineda Ramírez indicó que la agresividad de los actuales polos de desarrollo no se explica únicamente por su número, sino también “por el tamaño y los territorios por los que sucede”.
En este contexto, subrayó que la autollamada “Cuarta Transformación” debe analizarse desde una perspectiva de conflictos ecopolíticos, ya que “refiere al poder y las posiciones y la lucha de clases a través de la naturaleza”.
Puso como ejemplo al sector minero, recordó que durante el gobierno anterior hubo intentos de frenar a las empresas extractivas.
“En el anterior gobierno vimos una posición para frenar a las mineras”, señaló, y añadió que, de acuerdo con su propio conteo, este sector concentra “el mayor número” de conflictos ecopolíticos en el país. No obstante, advirtió que recientemente se conoció “la intención, a través de la Secretaría de Economía, de reactivar y acelerar otra vez la minería”.
El investigador explicó que las compañías mineras y el capital extractivo “trataron de frenar toda iniciativa de regulación, de freno, de contención”, especialmente en lo relativo al uso del agua, frente a la iniciativa de ley impulsada por el gobierno de México.
Detalló que dicha propuesta fue modificada en el Congreso “a partir de convenios que no sabemos qué ofreció el partido oficial”, lo que derivó en “mayor flexibilidad de lo que se había lanzado desde la presidencia”.
Sobre este proceso legislativo, Pineda Ramírez señaló que se trataba de “quizá una de las pocas leyes que podíamos aplaudir en el sexenio” y que, sin embargo, “al entrar al Congreso tuvo modificaciones a partir del cabildeo con el gran capital extractivo para echar hacia atrás los elementos más duros de la legislación”.
En este escenario, describió una confrontación entre actores con intereses opuestos: “Tenemos de un lado a los pueblos, a las comunidades que luchan por sacar de sus territorios a las mineras y tenemos del otro lado al gran capital extractivo que intenta influir, incidir e incluso presionar e imponer sus condiciones al Estado”.
En este marco, sostuvo que el Estado actúa como mediador en una disputa que definió como “lucha de clases a través de o mediado por la naturaleza”. Al respecto, precisó: “Unos requieren los recursos para producir oro y otros requieren el agua para sobrevivir”.
Pineda Ramírez consideró que esta pugna se ha intensificado nuevamente, luego de un periodo en el que el capital extractivo “por un momento pareció echarse hacia atrás” ante señales gubernamentales como la intención de cesar concesiones mineras, regular con mayor rigor o eliminar el uso de glifosato.
“Había señales positivas del gobierno de López Obrador que cada una a una se han ido cayendo”, afirmó, lo que, a su juicio, ha dejado “la continuidad absoluta del régimen de acumulación basado en la extracción”.
El investigador se refirió al gobierno actual y a la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcenas, al señalar que “pareciera querer conciliar el crecimiento empresarial corporativo con el cuidado del medio ambiente”.
Desde su perspectiva académica, afirmó que “hay una contradicción central entre el capital y la naturaleza” y que “entre más producimos, más recursos utilizamos”. Añadió que la expansión global del capital requiere “reordenar por completo los territorios”, convirtiéndolos “en necroterritorios”, lo que, dijo, representa “una contradicción de la cual no hay forma de salir”.
En ese sentido, destacó que el gobierno actual “pareciera querer conciliar una cosa que es indefendible e irreconciliable”, en referencia a la coexistencia entre el modelo extractivo de gran escala y la protección efectiva de los territorios y los bienes naturales.
IV. “ABRAZAR AL OSO PANDA”
En entrevista con en15días.com, el doctor César Enrique Pineda Ramírez, también abordó las reacciones que se han generado desde distintos sectores de la izquierda frente a los debates ambientales y los proyectos de desarrollo, así como las diferencias entre el conservacionismo tradicional y los enfoques críticos de la ecología política.
Pineda Ramírez señaló que “ha habido una reacción de una parte de la izquierda, a veces con ciertos argumentos válidos, en el sentido de que hay un ambientalismo liberal”, el cual, explicó, ha generado confusiones sobre el sentido de las luchas ambientales.
Al respecto, comentó de manera ilustrativa: “Yo siempre digo que es el ambientalismo de abrazar al oso panda, con lo que los osos pandas me caen muy bien y me gustaría también abrazarlos, pero no se trata del conservacionismo tradicional”.
El investigador aclaró que, desde su perspectiva, el problema no se limita a la protección simbólica de ciertas especies, sino al análisis de las relaciones de poder.
“No se trata de abrazar a los animales más lindos, etcétera, sino de entender las relaciones de dominación que imponen asimétricamente las corporaciones y los estados sobre los territorios, sobre los ecosistemas y necesariamente sobre los pueblos que son parte de los ecosistemas”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que uno de los errores frecuentes es separar a los ecosistemas de las sociedades humanas. “Pareciera que los ecosistemas van de un lado y los humanos del otro”, dijo, cuando, en realidad, “las comunidades indígenas, las comunidades “campesindias”, como les llama Armando Bartra, están íntimamente ligadas a los ecosistemas locales”.
Pineda Ramírez explicó que esta relación suele ser menos visible desde los contextos urbanos. “Los que somos urbanos no alcanzamos a ver, o está mediado, hay una especie de velo; pareciera que nos sostenemos en el aire, en el espacio”, señaló.
Sin embargo, enfatizó que las ciudades también dependen de los ecosistemas: “Cuando no alcanzan a reproducir las condiciones materiales para la reproducción de la vida humana, pues necesitamos de otros ecosistemas al cual quitarle y del cual dependemos todos los humanos”. Añadió que “toda la vida humana y no humana dependemos de algún ecosistema”.
Al referirse a las comunidades “campesindias”, indicó que su relación con la naturaleza es distinta, aunque no exenta de contradicciones.
“Las comunidades ‘campesindias’ también tienen huella ecológica, también pueden deteriorar el medio ambiente, no hay que romantizarlas”, afirmó. No obstante, explicó que “sus formas de apropiación y sus formas de adaptación están construidas alrededor de los propios ciclos de los ecosistemas, conocen esos ciclos, se adaptan a esos ciclos y por tanto son más o menos tendencialmente simbióticas”.
En contraste, sostuvo que “las de las ciudades y las comunidades que no producimos somos depredadoras”, en referencia a las formas de consumo urbano desvinculadas de los ciclos naturales.
Desde esta óptica, señaló que la contradicción principal no es la extracción aislada de recursos, sino la transformación integral de los ecosistemas. “La contradicción de atacar y apropiarse de ecosistemas no es sólo de un recurso aquí o un recurso allá, sino que el capital reordena por completo”, explicó.
Al citar aportes teóricos, Pineda Ramírez recordó que, como ha planteado Jason Moore, el capital “construye una nueva naturaleza”. Precisó que esta idea también había sido desarrollada por otros autores, como Neil Smith, y subrayó su relevancia para entender los procesos actuales.
“Lo importante de esa tendencia es que nos explica que el capital no sólo extrae, no sólo consume, no sólo agota, sino reorganiza, rehace la naturaleza”, afirmó.
Señaló que esta “rehechura” de la naturaleza se realiza “a favor del capital siempre”, y que en muchos casos “es una rehechura que destruye todo a su paso”. Ante este escenario, el investigador aseguró que es necesario “repensar nuestra relación con la naturaleza imbricada con las relaciones de poder y dominación”.
V. GRANDES CAPITALES Y GRANDES REGIONES
Durante la entrevista con en15días.com, el doctor César Enrique Pineda Ramírez, investigador en ecología política y conflictos socioambientales, afirmó que los actuales procesos extractivos y de desarrollo en México deben entenderse como una continuidad de patrones históricos de despojo territorial, ahora reconfigurados bajo una lógica neoliberal y de planeación a gran escala.
Al responder si estos procesos representan una nueva forma de acumulación o la continuidad de prácticas históricas, Pineda Ramírez señaló que “el tema es que el neoliberalismo globalizante abrió la oportunidad para los grandes capitales de englobamiento de grandes regiones”.
Explicó que tanto el capital como la planeación estatal “están pensando en esas macroregiones”, que abarcan desde el plano regional hasta el planetario, mediante “desarrollos regionales, polos de crecimiento económico”.
En este contexto, sostuvo que México se encuentra inserto en Norteamérica bajo una lógica de subordinación.
“Nosotros estamos insertos en Norteamérica por subsunción”, afirmó, y precisó el concepto: “La subsunción implica que nos engulle la economía de Estados Unidos”. A diferencia de la integración, que describió como la unión de dos conjuntos, explicó que la subsunción ocurre cuando “un conjunto más grande se come al más pequeño”.
Desde su perspectiva, “desde hace 30 o 40 años el conjunto más grande, que es la economía estadounidense, nos está subsumiendo”.
El investigador indicó que esta dinámica opera a escala continental, incluyendo a Canadá, y se articula en competencia con otras macroregiones del mundo, lo que implica una planificación de gran alcance. En ese marco, señaló que “a nivel de esas escalas, ningún ecosistema, ningún recurso, ningún acuífero es suficiente para abastecer a estas macroregiones”.
Pineda Ramírez relacionó esta lógica con proyectos históricos y actuales de integración regional. Mencionó que el Plan Puebla-Panamá “está reactivado de alguna manera” a través de una visión de integración con Centroamérica “para abastecer a Estados Unidos”.
Al analizar megaproyectos recientes, afirmó que “si uno revisa tanto el Tren Maya como el Interoceánico, pero también el NAIM que se canceló, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, los tres en conjunto son y eran megaproyectos que nos integran literalmente a Estados Unidos”.
Añadió que esta integración no solo ocurre en términos productivos, sino también turísticos. “Si uno revisa las cifras, la mayoría de los turistas que ha crecido de una manera impresionante”, explicó, al señalar que a inicios de siglo México recibía entre 7 y 9 millones de turistas internacionales, mientras que actualmente la cifra se ubica entre 42 y 45 millones.
Sobre el impacto de este crecimiento, precisó que “un turista consume entre tres o cinco veces más agua que un habitante local”, incluso en condiciones óptimas, y que en algunos lugares “esa asimetría puede subir a 15 o 20 veces mayor consumo de agua”.
En ese sentido, advirtió que “traer a millones y millones de turistas internacionales significa necesariamente mayor consumo de agua y de otros insumos”. Subrayó además que “entre el 60 y el 70% de los turistas internacionales son norteamericanos”, lo que, a su juicio, evidencia un proceso de englobamiento regional. “Estados Unidos, lo que ha sucedido en las últimas tres décadas, es que necesita un patio trasero en efecto donde pueda vacacionar”, afirmó.
Según Pineda Ramírez, los megaproyectos cumplen una doble función: facilitan la logística de la producción industrial y la incorporación de mano de obra, y al mismo tiempo amplían la oferta turística dirigida “básicamente” al mercado estadounidense.
“Eso suena muy bien en términos de planeación económica”, reconoció, pero advirtió que “es prácticamente un delirio pensar que se puede seguir creciendo al infinito”.
Al referirse a los objetivos de duplicar o triplicar el número de turistas, planteados en proyectos como el NAIM, el Tren Maya o el Tren Interoceánico, sostuvo que “estos elementos son simplemente insostenibles”.
Enfatizó la importancia de analizar las escalas involucradas: “La escala del capital es tanto global como macroregional y esa determina y subsume, por eso engulle, subordina a los territorios localizados que son mucho más pequeños”.
Estos territorios subordinados incluyen “cuencas, ecosistemas, selvas y sistemas lacustres”, los cuales quedan supeditados a las necesidades de macroregiones económicas que, afirmó, “parecieran nunca estar satisfechas”.
VI. EL ESTADO, A “GUARDAR EL EQUILIBRIO”
El doctor César Enrique Pineda Ramírez explicó el papel que desempeña el Estado mexicano en los actuales procesos de reconfiguración entre capital, territorio y naturaleza, particularmente en el contexto de los gobiernos progresistas y de la llamada Cuarta Transformación.
Pineda Ramírez señaló que, en América Latina, los gobiernos progresistas han funcionado como “una especie de palanca de emergencia de los pueblos para frenar y regular al capital”, principalmente desde el ámbito estatal y no desde el interior de los espacios productivos.
Explicó que esto se debe a que “la organización de los trabajadores está tan débil por tantos años de neoliberalismo”, así como a la desindustrialización y a la fragilidad de los sindicatos y de la clase obrera en general. En ese contexto, afirmó que “las clases subalternas necesitan del Estado de manera urgente para protegerse del mercado”.
Al referirse a este proceso histórico, citó a Karl Polanyi al señalar que las sociedades han intentado protegerse constantemente de los efectos del mercado. “Polanyi lo ha dicho desde hace mucho tiempo”, explicó, al recordar que durante los últimos 200 o 250 años “los campesinos, la gente pobre en las urbes, los trabajadores en las fábricas” han buscado mecanismos de protección frente a la mercantilización de la vida. Según indicó, en América Latina estas resistencias, “a veces con manotazos de rebeliones”, han permitido construir las condiciones para que llegaran al poder gobiernos progresistas, como una forma de “llamado urgente para frenar, regular, contener y protegerse de los efectos del mercado”.
En el plano económico, Pineda Ramírez afirmó que la Cuarta Transformación ha impulsado políticas de redistribución. “Ha salido efectivamente a redistribuir sin tocar necesariamente las grandes fortunas”, explicó, pero sí a canalizar “recursos de emergencia frente a una población empobrecida, precarizada que lo necesitaba urgentemente”. En ese sentido, consideró que “no hay continuidad neoliberal” en términos estrictos de política social.
No obstante, señaló que, paralelamente, el actual proyecto gubernamental mantiene una relación de conciliación con los grandes capitales.
“La Cuarta Transformación no sólo apapacha a los grandes capitales de siempre, sino que con la legitimidad de ser un gobierno mayoritario, popular y con enorme respaldo popular, no los toca ni con el pétalo de un impuesto”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el conflicto público entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego, el cual, dijo, “se debe más a cobrarle impuestos demorados, no nuevos impuestos”.
El investigador comparó este escenario con otros países de la región y señaló que “en Brasil se están imponiendo nuevos impuestos, reformas fiscales progresivas”, mientras que en México “no la hay”. En ese sentido, afirmó que “no se tocan las fortunas de los grandes capitalistas, ni nacionales ni extranjeros”, lo que, desde su análisis, permite al gobierno “guardar el equilibrio”.
Sobre esta estrategia, Pineda Ramírez cuestionó su sostenibilidad a largo plazo. “Veremos cuánto puede durar esta política del equilibrista”, señaló, al referirse al intento de “tener contenta a la clase capitalista y contentas a las clases populares”. Aclaró que, si bien la redistribución económica puede ser negociada, la relación entre capital y naturaleza presenta límites. “La distribución económica sí se puede negociar”, dijo, “pero el problema con la naturaleza es que no se puede negociar”.
Al explicar esta afirmación, sostuvo que los impactos ambientales no admiten términos intermedios. “No está poquito contaminado o a la mitad contaminado”, explicó, “está contaminado o no está contaminado; está destruido el ecosistema o no está destruido”. Añadió que “no se pueden negociar los grados de depredación ambiental y de ecocidio que provoca la producción”, al tiempo que señaló que “los capitalistas y las empresas no pueden negociar dejar de producir”.
En este contexto, identificó un conflicto estructural. Recordó que el llamado “capitalismo verde” ha planteado la posibilidad de conciliar producción y cuidado ambiental, pero afirmó que, en la práctica, “las comunidades generalmente llegan a la conclusión de que esa negociación es un timo, es un fraude”. Indicó que numerosas comunidades han vivido esta experiencia al aceptar acuerdos con empresas extractivas. “Por negociar un poco de acceso a los recursos o a los beneficios que deja, por ejemplo, la minería, luego se dan cuenta de que no es un buen negocio”, explicó.
Pineda Ramírez subrayó que, aunque algunas comunidades reciban compensaciones económicas, “no pueden sacrificar el acceso al agua por más dinero que les den”.
En ese sentido, señaló que este tipo de decisiones “no son negociables”, ya que lo que está en juego es “la muerte o la reproducción de la vida humana y no humana”, un límite que, afirmó, “generalmente los pueblos dicen: no está en negociación”.
El doctor César Enrique Pineda Ramírez analizó cómo se han redefinido las relaciones de poder entre el Estado, el capital y los pueblos durante la autollamada “Cuarta Transformación”, particularmente a partir del uso de consultas públicas y su impacto en los territorios.
Al ser cuestionado sobre el rumbo de esta redefinición del poder, Pineda Ramírez señaló que el proceso ha sido contradictorio. Recordó que, en un inicio, el actual proyecto de gobierno “dio señales a veces en el sentido contrario” al avance del extractivismo.
Como ejemplo, mencionó “las dos primeras consultas que cancelaron”, entre ellas la de Constellation Brands, que implicó la cancelación de “una fábrica de cerveza” ante “una gran oposición que tenían los pobladores”, así como la cancelación del aeropuerto.
Explicó que estas decisiones parecían indicar “una mano firme del Estado para poner freno al capital extractivo”, junto con la promesa, que dijo sí se cumplió, de “no dar más concesiones a las mineras”.
Según el investigador, estas medidas generaron expectativas de un cambio de fondo. “Muchos confiábamos en que hiciera un síntoma decisivo”, señaló, en el sentido de una presión real contra los grandes capitales para “echarlos hacia atrás, regularlos, ponerles freno”.
Sin embargo, advirtió que, de manera paralela, se observó un uso distinto de las consultas. “Al mismo tiempo vimos que las mismas consultas que servían para cancelar proyectos servían, con la mano muy visible del Estado interviniendo, para legitimar los megaproyectos del Tren Maya”, afirmó.
Pineda Ramírez consideró que este manejo de los procesos participativos tuvo consecuencias. “Esta manipulación prácticamente de las consultas las inutilizó como mecanismos reales de interacción entre el Estado y los pueblos”, sostuvo, al señalar que al “saltarse todas las reglas”, la democracia participativa y las consultas a pueblos indígenas “se vienen abajo como mecanismo y terminan siendo efectivamente una escenografía”.
En ese contexto, calificó como “lamentable” la relación que se construyó con las comunidades, al identificar “dos caras de la Cuarta Transformación”: “la que utilizó las consultas contra el capital y las consultas que son a favor del capital y en contra de los pueblos”. Explicó que esta doble lógica también se reflejó en la relación con los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales.
Por un lado, recordó que a algunos movimientos “se les abrió la puerta literalmente de Palacio Nacional”, lo que calificó como “un cambio muy significativo”, al considerar que muchos de sus integrantes “habían sido perseguidos, habían sido encarcelados” en gobiernos anteriores. En ese sentido, reconoció que este acercamiento representó “una especie de reforma democrática limitada” y afirmó: “No podemos más que aplaudir esa apertura”.
No obstante, señaló que de manera simultánea se registró “un discurso de criminalización y de negación de las demandas de muchos pueblos que se oponían a estos nuevos proyectos”. En ese escenario, afirmó que “no sabemos exactamente cuál es la Cuarta Transformación que realmente tiene un programa”, ya que, dijo, “tiene decisiones para un lado y decisiones para el otro”. Indicó que, como resultado, “muchos pueblos quedaron excluidos, aislados, ninguneados, criminalizados”.
El investigador también mencionó casos de violencia asociados a conflictos territoriales. Señaló que, aunque no de manera generalizada, “tuvimos casos muy graves de represión”, como en Perote, donde “dos campesinos murieron opositores a las granjas Carroll”. Añadió que estos hechos “hasta ahora quedan en la impunidad, como si no hubieran sucedido”, y mencionó “otros casos también graves de utilización de la fuerza”.
Pineda Ramírez afirmó que la reconfiguración de la relación entre capital, Estado y pueblos “tiene que ver también con la fuerza de los pueblos para imponerse al Estado y para frenar al gran capital”, así como con la posibilidad de “tener un aliado o aliados o no en el Estado”. Desde su análisis, sostuvo que la Cuarta Transformación “sí ha cambiado el modo político de relación con los pueblos”, pero aclaró que “no ha cambiado el régimen de acumulación extractivo”.
Finalmente, explicó que esta situación distingue al actual periodo del “pleno neoliberalismo”, que, dijo, “trataba mal a los pueblos y trataba solo bien a los ricos”. En contraste, afirmó que hoy existe “una complejización que divide más a los pueblos por esta nueva relación política”, aunque sin modificar “las macrotendencias extractivas que se viven en América Latina y que también ya se vivían en México”.
VII. MECANISMOS DE DESPOJO VS
REORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA “4T”
En entrevista con en15días.com, el doctor César Enrique Pineda Ramírez explicó cómo han cambiado los mecanismos de despojo territorial en México y cuáles han sido las respuestas de los pueblos ante estos procesos, así como las alternativas que se han articulado frente a la profundización de los proyectos extractivos.
Pineda Ramírez señaló que, en el periodo reciente, “la forma política de imponer los proyectos cambió”. Al respecto, afirmó que “sí es distinto que te saquen los militares o que te disparen a que te pongan una consulta”, aunque aclaró que “al final las dos terminan imponiendo un proyecto”.
Desde su análisis, indicó que la autollamada “Cuarta Transformación” “ha profundizado el manejo político”, aunque precisó que se trata de “un manejo político, pues digamos de juego sucio, hay que decirlo contra los pueblos”, el cual consideró injustificable.
El investigador comparó este escenario con etapas anteriores y señaló que “la otra era represión desnuda”, aunque agregó que los gobiernos han aprendido, no solo en México, a “manipular los procesos de consulta para que terminen siendo legitimados por partes de las comunidades o bien por procesos que son con la mano metida de los gobiernos para que aprueben las inversiones y los megaproyectos”.
En ese sentido, sostuvo que los mecanismos no han cambiado por completo, pero subrayó que estos matices son relevantes para entender la etapa actual. “Si uno piensa que son exactamente lo mismo que los gobiernos neoliberales, uno puede desarrollar una estrategia equivocada”, afirmó, al advertir que ahora “es todavía más complicado, en efecto, porque hay este manejo político de la imposición de los proyectos”.
Sobre la respuesta social, Pineda Ramírez indicó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registró una amplia movilización comunitaria. “Hemos encontrado que hubo una gran protesta comunitaria”, señaló, y precisó que se identificaron “al menos 95 conflictos encabezados por campesinos e indígenas, o campesindios, como ellos se autodenominan”.
Detalló que “la mayoría era contra las mineras”, aunque también se registraron conflictos “contra los megaproyectos y contra la gentrificación”, y en menor medida “conflictos por agroindustria”.
El investigador afirmó que “los pueblos siguen rechazando lo que afecta sus territorios, los ecosistemas, sus formas de vida”. En ese contexto, consideró necesario “un replanteamiento”, como el que, dijo, “han hecho muchos pueblos campesindios en toda Sudamérica para reorganizarse y tener una posición conjunta”.
Pineda Ramírez subrayó que “la unidad de los pueblos es fundamental”, al explicar que generalmente se trata de “comunidades pequeñas, aisladas, sin poder, sin fama, sin dinero”. Añadió que “la dispersión de cada lucha ayuda, por supuesto, a la imposición y no ayuda a que sus voces se escuchen”.
En contraste, señaló que “las grandes convergencias, las grandes confederaciones en defensa de los territorios y de los bienes naturales”, como se ha observado en otras experiencias de América Latina, han permitido “equilibrar un poco más la relación asimétrica frente al Estado” y, mediante la presión social, “frenar algunos sectores del capital extractivo”.
El investigador consideró que este escenario no es exclusivo de México. “Lo que se vive no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es la batalla de nuestro tiempo”, afirmó, al describirla como “la batalla de los pueblos en defensa de la vida contra la mercantilización”. Indicó que se trata de “una batalla desinstitucionalizada”, a diferencia de los conflictos laborales que se canalizaron históricamente a través de sindicatos, y sostuvo que “no tenemos efectivamente un proceso de institucionalización”.
En este marco, Pineda Ramírez explicó que esta falta de institucionalización se vincula con “una enorme violencia contra los pueblos”. Añadió que actualmente se vive “una oleada gigantesca de resistencia que no se alcanza a ver y no se escucha”, lo que atribuyó a que “a veces no escuchamos a los más pequeños, a los campesinos, a los indígenas”, a quienes describió como sujetos que “tienen voz, tienen proyecto y tienen otra visión de sus territorios y de la naturaleza”.
Finalmente, el investigador planteó que “el gran desafío, no solo en México sino en otras partes del mundo”, es cómo enfrentar “el enorme poder del capital extractivo” desde los territorios. Señaló que este desafío implica articular fuerzas locales con apoyos más amplios, al afirmar que es necesario “apelar también a la fuerza de las ciudades”, donde, dijo, “hay una enorme simpatía por los pueblos, por sus demandas y por la protección de la naturaleza humana y no humana que protegen los pueblos”.
Concluyó que el reto de los pueblos es doble: “no solo aglutinarse entre sí”, sino también “apelar a estas enormes mayorías que hoy creo ya están concientizadas de que debemos defender la vida frente al capital”.