La Secretaría de Seguridad Pública del Estado construyó e inauguró la instalación en septiembre de 2019, antes de que la autoridad ambiental federal concluyera la evaluación de impacto ambiental. El gobierno estatal nunca entregó la información que le fue requerida en 2020 y el expediente quedó cerrado sin que el proyecto fuera evaluado. / El helipuerto del C5i operó seis años sin autorización ambiental: Semarnat cerró el expediente sin resolverlo
El helipuerto del C5i operó seis años sin autorización ambiental: Semarnat cerró el expediente sin resolverlo
Por: en15dias.com / Con información de Semarnat
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró la caducidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto «Helipuerto C5i Michoacán», promovido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.
El acuerdo administrativo, contenido en el oficio SRA/DGIRA/DG-03718-26 y fechado el 7 de mayo de 2026, cierra un trámite que permaneció inactivo por parte de la dependencia estatal desde 2020, mientras la instalación ya operaba.
EL TRÁMITE Y SU ORIGEN
La Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Israel Patrón Reyes, ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) del proyecto el 29 de octubre de 2019, a la que se asignaron la clave 16MI2019VD042 y el número de bitácora 16/MP-0594/10/19.
El expediente correspondía al trámite SEMARNAT-04-002-A, “Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular”.
Según la propia MIA-P, el helipuerto forma parte de la infraestructura del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i Michoacán), ubicado en avenida Villas del Pedregal s/n, en la zona poniente de Morelia.
Se trata de un helipuerto elevado y privado, de uso exclusivo para funcionarios de gobierno, construido sobre la azotea del edificio, con una superficie de 786.5 metros cuadrados, diseñado para operar con un helicóptero tipo Agusta A-139 y con una inversión declarada de 7 millones de pesos.
REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS
Al evaluar la MIA-P, la DGIRA detectó insuficiencias que impedían continuar con el análisis del proyecto. El 27 de enero de 2020 emitió el oficio DG-00384, notificado a la promovente el 11 de marzo de 2020, mediante el cual solicitó, entre otros puntos: la evidencia de que se contaba con autorización previa en materia de impacto ambiental para la construcción del C5i Michoacán, o la justificación de por qué no se había requerido.
Además, las coordenadas de la poligonal del proyecto en formatos shp, csv o kml y la vinculación del proyecto con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Poniente de Morelia (PPDUZPM), ya que la dependencia no acreditó cumplir con los lineamientos de la zona, catalogada como Habitacional Mixta de Media Densidad con Comercio y Servicios.
También tendría que entregar la Información sobre remoción de arbolado, especies de flora y fauna presentes y su posible afectación conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, al igual que el complemento de los capítulos de identificación de impactos ambientales y de medidas de mitigación.
La autoridad otorgó un plazo improrrogable de 60 días hábiles, que venció el 4 de junio de 2020. De acuerdo con el propio acuerdo administrativo, la Secretaría de Seguridad Pública nunca presentó la información solicitada. Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, transcurridos tres meses adicionales de inactividad, del 5 de junio al 5 de septiembre de 2020, se configuró la caducidad del procedimiento, aunque la Semarnat tardó más de seis años en emitir formalmente el acuerdo que lo certifica.
LA OBRA YA OPERABA ANTES DE LA RESOLUCIÓN AMBIENTAL
El expediente revisado por Semarnat documenta que, mientras el trámite ambiental seguía abierto, la obra ya estaba concluida y en funcionamiento. La propia Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán informó a la DGIRA que, tras una inspección realizada el 18 de diciembre de 2019, constató que las obras del helipuerto “ya están concluidas y fueron inauguradas el 18 de septiembre” de ese año, según lo declarado por el propio personal inspeccionado.
Es decir, el helipuerto fue puesto en operación un mes antes de que la Secretaría de Seguridad Pública siquiera ingresara la solicitud de evaluación de impacto ambiental ante Semarnat (29 de octubre de 2019), y casi un año antes de que la autoridad ambiental declarara cerrado, sin resolver, el trámite correspondiente.
Adicionalmente, Profepa informó a la DGIRA que existe un procedimiento administrativo abierto por separado respecto del proyecto, con número de expediente PFPA/22.3/2C.27.5/00034-19, derivado de un acuerdo de emplazamiento emitido el 20 de enero de 2020.
La propia DGIRA verificó, a través de su Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA) e imágenes satelitales de Google Earth, que para abril de 2020, posterior al ingreso de la solicitud, ya se observaba un avance de obra en el sitio.
CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD
Con la caducidad declarada, la Semarnat da por concluido el procedimiento sin haber evaluado el impacto ambiental del proyecto, ordena el cierre y archivo del expediente 16MI2019VD042, y deja a salvo el derecho de la Secretaría de Seguridad Pública de presentar nuevamente la solicitud si así lo decide.