El Parque Industrial Bajío contempla desarrollar 342 hectáreas entre Zinapécuaro y Álvaro Obregón, con infraestructura hidráulica, vial y eléctrica y la modificación de un canal federal conectado al Lago de Cuitzeo. El proyecto permanece bajo evaluación ambiental de SEMARNAT.
Una empresa propone intervenir 199 hectáreas del Lago de Cuitzeo para extraer sedimentos, modificar el fondo y recuperar capacidad de almacenamiento. Su propia MIA reconoce un impacto irreversible, datos limitados sobre los sedimentos y una tecnología que deberá probar su eficacia en el lago.
Especialistas cuestionaron en las audiencias públicas la equivalencia entre la Evaluación Ambiental Estratégica y la Manifestación de Impacto Ambiental, la regularización de obras ya iniciadas y la cláusula de “cero erogación”.
México se mantiene entre los países más letales para quienes defienden el territorio y el ambiente. Global Witness documentó 10 asesinatos de personas defensoras en 2025, además de 107 casos de criminalización y cientos de agresiones no letales.
La SCOP mantiene reservada información técnica y ambiental de los segmentos 1 y 5 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, incluidos planos, estudios de impacto, predios afectados y derecho de vía, mientras el gobierno difunde públicamente cifras y avances de la obra.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán construyó e inauguró el helipuerto del C5i en septiembre de 2019, antes de siquiera tramitar su autorización ambiental. Semarnat pidió información adicional en 2020, nunca hubo respuesta del gobierno estatal, y el expediente caducó en 2026 sin que el proyecto fuera evaluado.
Michoacán registra 15 presas de jales vinculadas a actividades mineras, siete de ellas activas. El inventario también identifica instalaciones abandonadas e inactivas, además de depósitos ubicados en zonas ambientalmente sensibles como las reservas Mariposa Monarca y Zicuirán-Infiernillo.
Comunidades purépechas cuestionaron el proceso de consulta impulsado por el INPI para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el mecanismo no garantiza una deliberación desde las asambleas comunitarias.
