María Cruz Paz Zamora, Maricruz, lleva más de dos años privada de la libertad tras ser detenida por la Fiscalía de Michoacán. Mujer p’urhépecha, abogada y defensora de los bosques, su caso expone las tensiones entre justicia, territorio, género y criminalización. / Maricruz y el costo de defender un territorio
Maricruz y el costo de defender un territorio
María Cruz Paz Zamora, Maricruz, es de Ocumicho, comunidad p’urhépecha de Charapan. Es mujer, es indígena y es abogada. También ha participado en la defensa de los bosques y en la organización de su comunidad. Esa combinación importa cuando se habla de su caso.
Su historia está ligada a la defensa de los bosques, a la organización comunitaria y a la participación de las mujeres en la vida política de su pueblo. No llegó a esos espacios por concesión de nadie. Los ocupó porque las mujeres indígenas también tenemos derecho a decidir sobre el territorio que habitamos y defendemos.
Fue consejera de Ecología del Gobierno Comunal de Ocumicho. Desde ahí participó en reforestaciones, vigilancia del bosque y acciones relacionadas con la defensa territorial. También acompañó procesos de organización de mujeres. Hablar de Maricruz, entonces, es hablar de una mujer que decidió ejercer autoridad y participar en asuntos que durante mucho tiempo fueron considerados terrenos masculinos.
El 5 de junio de 2024 fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Su detención está relacionada con una investigación por la desaparición de dos comuneros de Cherán. Desde entonces permanece privada de la libertad.
Aquí es donde empieza el problema que me interesa señalar: ¿qué ocurre cuando una mujer indígena que ha participado en la defensa de su territorio termina convertida en acusada dentro de un proceso penal?
Han pasado más de dos años y el caso ha sido presentado desde la lógica del expediente penal y esa mirada resulta insuficiente. Una mujer p’urhépecha que ha participado en la defensa de su territorio no puede ser separada de esa historia cuando se analiza su situación jurídica.
El Estado debe demostrar sus acusaciones con pruebas y conforme a derecho, además de garantizar un proceso en el que esas pruebas sean revisadas con rigor.
No podemos analizar su encarcelamiento como si hubiera ocurrido en un vacío. Hay una comunidad, una historia de defensa territorial, conflictos internos y externos, y una mujer que, antes de ser detenida, ya tenía una participación pública en esos procesos.
Si existen pruebas que acrediten su responsabilidad en un delito, deben presentarse y ser valoradas conforme al debido proceso. Las irregularidades en la investigación, deben revisarse. Las medidas cautelares que mantienen su privación de la libertad ya no tienen sustento jurídico, también corresponde analizarlas.
Se trata de exigir que la condición indígena, el género, la actividad comunitaria y la defensa del territorio no sean utilizados para construir una narrativa de culpabilidad.
También tenemos que hablar de la criminalización de las defensoras indígenas. No es un asunto nuevo. Las mujeres que participan en la defensa de los bienes comunes enfrentan amenazas, desacreditación y conflictos dentro y fuera de sus comunidades. A las dificultades propias de defender un territorio se suma la resistencia a que seamos nosotras quienes tomemos la palabra y ocupemos espacios de decisión.
Maricruz representa una de esas historias, por ello su caso debe ser revisado con seriedad. No desde la simpatía ni desde la condena anticipada, sino desde el expediente, las pruebas y las garantías que establece la ley.
Yo no puedo mirar el caso de una mujer p’urhépecha encarcelada y olvidar de dónde viene, qué hacía en su comunidad y qué significa para una mujer indígena participar en la defensa del bosque. Esa parte de la historia también existe, aunque no aparezca completa en una carpeta de investigación.
El Estado tiene una responsabilidad que no puede delegar: investigar con rigor, sostener sus acusaciones con pruebas y garantizar una defensa adecuada.
Más de dos años privada de la libertad obligan a hacer una revisión seria de su proceso.
Y nosotras, las mujeres indígenas, tenemos derecho a ocupar los espacios comunitarios, defender nuestros bosques, participar en las decisiones y ejercer nuestra profesión sin que esas actividades terminen convirtiéndose en argumentos para criminalizarnos.
La defensa del territorio también pasa por defender el derecho de quienes lo habitan a levantar la voz.