Opinión

Campeche avanzó en la construcción de una ley para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Un foro estatal reunió a periodistas, organizaciones y colectivos para revisar la iniciativa y plantear cambios antes de que llegue a comisiones del Congreso local.
La Parotita, en Tacámbaro, se convirtió en un símbolo del horror y la impunidad en Michoacán. Cientos de restos han sido localizados en esta barranca, donde madres buscadoras enfrentan el silencio institucional y exigen verdad, identificación de las víctimas y justicia.
El segundo informe de Claudia Sheinbaum vuelve a poner sobre la mesa una vieja práctica: discursos cargados de logros y cifras, pero poco útiles para contrastar la realidad del país. Andrés A. Solís cuestiona el papel de los medios y reivindica el periodismo como ejercicio cotidiano de verificación.
María Cruz Paz Zamora, Maricruz, lleva más de dos años privada de la libertad tras ser detenida por la Fiscalía de Michoacán. Mujer p’urhépecha, abogada y defensora de los bosques, su caso expone las tensiones entre justicia, territorio, género y criminalización.
La nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental promete justicia climática, participación social y protección a defensores. Pero llega mientras persisten permisos, acuerdos y omisiones que han permitido la destrucción ambiental. Nueva ley, mismos ecocidas.
El Gobierno federal anunció la terminación del contrato con RCU Sistemas, empresa que desde 2013 provee medidas de protección a periodistas y defensores. La decisión llega tras años de reportes sobre fallas en botones de asistencia, videovigilancia, alarmas y otros servicios.
La propuesta de Ley de Derechos Indígenas y Afromexicanos pretende hablar de autonomía, libre determinación y consulta. Pero nosotras preguntamos: ¿quién decide sobre nuestros derechos, nuestros territorios y nuestro futuro? Consultarnos no significa decidir por nosotras.
La tala, trasplante o poda de 613 árboles por el proyecto Morebús en Tres Puentes expone, para Julio Santoyo Guerrero, la debilidad de la política ambiental y la falta de participación ciudadana. El autor cuestiona que el desarrollo urbano se imponga sobre la sustentabilidad y el derecho a un medio ambiente sano.
La llamada “lista de personas incómodas” al gobierno revela algo más grave que su nombre: una estrategia de descalificación desde el poder contra periodistas y voces críticas, acompañada de acusaciones sin evidencia sobre supuestos financiamientos y campañas digitales.