La estrategia Agrosano nació como la apuesta agroecológica más ambiciosa de Michoacán. Cuatro años después, sus logros en la agricultura campesina contrastan con su limitado alcance frente al avance del monocultivo, la deforestación y la crisis hídrica. ¿Puede una política sin capacidad de sanción transformar el territorio? / Agrosano: la utopía orgánica frente al muro del despojo
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Agrosano: la utopía orgánica frente al muro del despojo
Cuando el Gobierno de Michoacán puso en marcha la Estrategia de Transición a la Agroecología, bautizada como «Agrosano», la narrativa oficial prometió una revolución verde con tintes de justicia social.
El planteamiento era idílico y, en teoría, irreprochable: tapizar el territorio estatal con biofábricas comunitarias, desplegar técnicos en más de un centenar de municipios y arrancar de raíz la dependencia hacia los fertilizantes químicos y los pesticidas altamente tóxicos.
A cuatro años de distancia, y con el programa operando en su fase de maduración en este 2026, los datos obligan a un corte de caja riguroso. El veredicto para la cuenca y el campo michoacano es agridulce: Agrosano es, sin duda, un acierto indiscutible para la soberanía alimentaria de subsistencia, pero un paliativo alarmantemente insuficiente frente al colapso ecológico de nuestros suelos y cuerpos de agua.
Mirar el programa desde la óptica de la economía campesina permite reconocer sus victorias más nítidas. Para el pequeño productor de maíz, frijol u hortalizas locales, las «Escuelas de Campo» funcionaron como un auténtico salvavidas financiero.
Al enseñar a las comunidades a producir sus propios lixiviados, compostas y micorrizas, el programa logró amortiguar los golpes inflacionarios de los insumos químicos, reduciendo los costos de producción por hectárea hasta en un 30%.
Romper el mito de que «sin químicos no hay cosecha» y devolverle la dignidad a la agricultura familiar es un triunfo cultural y material que no puede regatearse. Agrosano demostró que otra forma de cultivar es posible y económicamente viable para quienes sostienen la mesa local.
Sin embargo, el rigor periodístico exige confrontar la narrativa del éxito con la desproporción de los números en territorio. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Michoacán cuenta con una superficie sembrada que supera el millón 100 mil hectáreas. Frente a este universo, los propios balances de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estatal reportan que Agrosano opera en alrededor de 30,000 hectáreas; es decir, la estrategia insignia de sustentabilidad apenas alcanza a cubrir un marginal 2.7% de la tierra cultivable de la entidad.
Mientras tanto, el mismo SIAP documenta que el monocultivo de aguacate supera las 180,000 hectáreas reguladas —sin contar la densa frontera ilegal— y las berris rebasan las 15,000 hectáreas bajo macrotúneles intensivos.
Los datos desnudan la realidad: por cada hectárea que el gobierno intenta sanar con bioinsumos, el mercado agroindustrial de exportación despliega más de seis hectáreas de explotación hídrica y química.
Esta disparidad evidencia la profunda laguna de diseño institucional con la que nació la estrategia. Agrosano es operado por la SADER local, una dependencia de fomento y acompañamiento técnico que carece por completo de facultades punitivas.
El programa «nació sin dientes» para frenar el desastre ecológico porque las instituciones que por ley deberían aplicar la mano dura y fiscalizar el territorio —como la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) a nivel local o la Profepa en el ámbito federal, bajo el marco de la LGEEPA— operan bajo una flagrante desarticulación.
De nada sirve que el Estado destine una bolsa anual de apenas 40 millones de pesos —según lo asentado en el Presupuesto de Egresos del Estado— para subsidiar la transición orgánica de los pequeños campesinos, si al mismo tiempo el aparato de justicia ambiental abdica de su responsabilidad de sancionar el cambio de uso de suelo ilegal, la deforestación y el acaparamiento de los manantiales que nutren a las microcuencas de Morelia y al Lago de Pátzcuaro.
A esta fragmentación administrativa se suma la incertidumbre sobre la sostenibilidad y permanencia real de los centros de producción. Aunque el discurso gubernamental presume la instalación de más de un centenar de biofábricas regionales, las reglas de operación de Agrosano han sido opacas respecto al plan de salida institucional. No queda claro si los recursos invertidos se han traducido en una transferencia de capacidades jurídicas y financieras para que los ejidos y comunidades asuman la autogestión de estos centros.
El riesgo inminente es que, al concluir el actual sexenio y retirarse los técnicos pagados por el erario, las biofábricas queden en el abandono, demostrando que la soberanía alimentaria que hoy se presume era efímera y condicionada a los tiempos de la política.
La agroecología institucionalizada en Michoacán corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de simulación si no se tocan los hilos del poder económico y criminal que controlan de facto la frontera agrícola y el mercado del agua en la entidad.
Agrosano ha cumplido con rescatar la economía de los de abajo, y eso tiene un valor social inestimable. Pero frente a la emergencia climática y el colapso hídrico que padecemos este año, el programa es apenas una aspirina para una enfermedad terminal.
Si la transición ecológica no viene acompañada de una política de seguridad territorial, combate frontal a la impunidad ambiental y freno real al extractivismo de exportación, las biofábricas comunitarias terminarán siendo solo un bello decorado en un Michoacán que se sigue secando.