Uitzume

Desde en15dias.com hemos sostenido en nuestras editoriales que quienes gobiernan Michoacán no representan a la izquierda ni al progresismo, sino a la misma clase política de hace 20 años, a sus herederos, a sus hijos políticos, a sus intereses y a los intereses de los grandes capitales que históricamente han movido los hilos del poder en el estado. Cambian los partidos, cambian los discursos y cambian los colores, pero las estructuras de poder permanecen, los privilegios siguen ahí.

Dos proyectos en evaluación amenazan con transformar el Lago de Cuitzeo: una planta privada de tratamiento de sedimentos y un parque industrial de 342 hectáreas. Sus manifestaciones de impacto ambiental omiten evaluar conjuntamente los efectos sobre un humedal que enfrenta un grave déficit hídrico.

El certificado “Aguacate Cero Deforestación” promete frenar la pérdida de bosques, pero su fecha de corte en 2019 deja fuera décadas de expansión sobre territorio forestal. Más que reparar el daño, el mecanismo corre el riesgo de blanquearlo y vestir de verde al aguacate.

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación sigue marcada por cuestionamientos sobre el papel del Ejército y el acceso a información militar. Tres gobiernos han ofrecido esclarecer el caso, pero las familias mantienen reclamos sobre verdad, justicia y entrega de documentos.

El quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en vigilancia forestal, áreas protegidas y recuperación de cuerpos de agua. Sin embargo, los datos sobre expansión aguacatera, pérdida forestal, justicia ambiental y presión sobre las cuencas muestran que el deterioro del territorio continúa y obligan a revisar qué tan efectivos han sido esos resultados.

La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.

El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.

Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.

La desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino el reflejo de la violencia que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en México. Su caso evidencia la deuda del Estado con las comunidades que defienden los bienes comunes y exigen justicia.