A un año de su anuncio, el gobierno federal presume menos homicidios, miles de servicios sociales y más de 57 mil millones de pesos comprometidos. Pero los datos disponibles muestran que el Plan ha reordenado el territorio, las cadenas económicas, los actores políticos y los grupos criminales, sin demostrar que haya desmontado las estructuras de poder que producen la violencia. / “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el territorio a repartir
Uitzume, el perro del lago
“Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el territorio a repartir
El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un municipio que desde hace décadas padece inseguridad, corrupción y extorsión. Ocho días después, el 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” como respuesta a la crisis.
A un año, el gobierno federal prepara su informe de resultados. Desde en15días se anticipa, de nuevo, un ejercicio de contabilidad institucional: personas detenidas, becas entregadas, kilómetros de carretera proyectados. Pero la pregunta de fondo no cabe en esa contabilidad.
Michoacán no es un territorio fallido; es un territorio profundamente funcional. La pregunta no es si funciona, sino para quiénes lo hace. Como ha documentado el doctor Salvador Maldonado Aranda, el estado no se explica solo desde la criminalidad, sino desde un entramado de actores estatales, empresariales y armados que han cohabitado y negociado el control del territorio. Desde ahí hay que medir el Plan: no por cuántos homicidios bajaron, sino por qué estructuras fueron desarticuladas, qué territorios recuperaron las comunidades y qué capacidades institucionales quedaron después del despliegue federal.
La lectura de los datos apunta en otra dirección: el Plan ha funcionado menos como pacificación y más como recomposición territorial, económica, criminal y política.
LO QUE REPORTA EL GOBIERNO
Los balances oficiales son extensos. El despliegue inicial fue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mil 781 de Marina y 277 de la SSPC. Entre el 10 de noviembre y el 1 de enero se reportaron 307 detenidos, 19 campamentos inhabilitados y 45 tomas clandestinas aseguradas.
En julio, el Gabinete de Seguridad actualizó el conteo: mil 300 detenidos por delitos de alto impacto, mil 400 armas, más de 35 toneladas de droga y 30 laboratorios desmantelados. Informó además que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 46 por ciento, de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.
Esas cifras arrastran dos problemas de método que el propio gobierno debe aclarar.
El primero es el periodo. El conteo de julio abarca del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026: trece meses previos al Plan se suman a los transcurridos desde su arranque. Cuando el Secretariado Ejecutivo del SNSP presentó en febrero la reducción, la ventana iba de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, de 3.48 a 2.45 diarios. Una tendencia que empieza catorce meses antes no puede atribuirse al programa que llegó después.
El segundo es el indicador. Detenciones, armas y toneladas aseguradas miden la actividad del Estado, no la capacidad criminal ni la protección de la población. Una baja en homicidios y detenciones puede coexistir con la persistencia, o incluso el fortalecimiento, de los mecanismos de cobro sobre la producción.
Sería deshonesto negar que los homicidios bajaron. La cifra de septiembre de 2026, 70 casos, 37.5 por ciento menos que un año antes, apunta en esa dirección. Lo que está en discusión es qué explica la baja y qué queda fuera del cuadro.
LA BOLSA: GASTO ORDINARIO CON MARCA DE PLAN
La dimensión financiera ilustra la apuesta, y también la ingeniería que sostiene la narrativa. Para 2026 se proyectan 57 mil 564 millones de pesos de inversión pública, a los que se suman 39 mil 330 millones de inversión mixta e infraestructura: una bolsa acumulada superior a los 96 mil 894 millones.
Pero esa cifra no equivale a recursos extraordinarios para pacificar Michoacán. Dentro de ella se contabilizan 30 mil 270 millones en Programas para el Bienestar genéricos y 6 mil 300 millones en becas Rita Cetina para 892 mil 639 estudiantes, instrumentos que operan igual en cualquier otra entidad.
De los 39 mil 330 millones de infraestructura carretera, 8 mil 186 corresponden a conservación de caminos existentes y 2 mil 297 a caminos artesanales: mantenimiento rutinario, no obra nueva.
El resultado es gasto público ordinario presentado bajo la marca del Plan como si fuera una estrategia integral de pacificación. No es un fondo para reconstruir el tejido social, sino una reorganización presupuestal que financia y consolida un nuevo esquema de administración del territorio.
LA TIERRA Y EL AGUA, EL REORDENAMIENTO DEL ESPACIO
Desde hace más de dos décadas, el territorio michoacano se reorganiza conforme a los intereses de la agroindustria de exportación, la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la naturaleza. No hay en ello conservación ni desarrollo sustentable, sino una lógica extractivista que convierte tierra y agua en activos de acumulación, con un Estado que actúa más como facilitador del capital privado que como regulador del interés público.
El mecanismo es recurrente, aunque pocas veces se nombra: cambios de uso de suelo de facto, con frecuencia precedidos por incendios forestales presuntamente provocados, que las instituciones terminan legalizando. A ello se suman los polos de desarrollo del Plan México, que desde en15días se ha llamado “Plan (extractivista) México”.
El Parque Industrial Bajío, proyectado sobre 342 hectáreas en Estación Queréndaro, a las puertas del Lago de Cuitzeo, forma parte de esa apuesta. La infraestructura no es neutral: reorganiza la propiedad, el acceso a los recursos, la circulación de mercancías y las posibilidades de desarrollo de las comunidades.
Por eso conviene decirlo sin rodeos: la “prosperidad compartida” que presume el gobierno no está llegando a las comunidades. El Plan coloca becas y programas en manos de cientos de miles de personas y busca garantizar las rutas de las cadenas productivas, pero no ofrece respuesta equivalente a quienes cargan con los costos ambientales, la transformación de sus territorios, la extorsión cotidiana y la inseguridad.
Así, la inversión pública crea las condiciones para que se expandan actividades que ya generaron conflictos socioambientales, mientras el “ordenamiento territorial” opera, en numerosos casos, como simulación jurídica del despojo.
EL CRIMEN COMO REGULADOR Y SOCIO DE LA CADENA
La narrativa oficial presenta al crimen organizado como un actor externo al que solo hay que combatir. La evidencia describe otra cosa: organizaciones que se han reconfigurado como agentes económicos centrales dentro del propio modelo de producción. Fijan tiempos de cosecha, controlan rutas e imponen cuotas por caja de aguacate, limón o berries. La extorsión es un costo estructural que asumen exportadores y productores.
Aunque no existe cifra oficial consolidada, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que la extorsión representa entre 3 y 5 por ciento del valor de la cadena exportadora del aguacate, que en 2025 alcanzó cerca de 4 mil millones de dólares en ventas a Estados Unidos. En el Valle de Apatzingán, productores de limón denuncian cobros de tres a cuatro pesos por kilo, con un costo de producción cercano a siete; bajo esa estimación, los grupos que operan en la región habrían obtenido cerca de 1,800 millones de pesos anuales. Esquemas similares se han denunciado en las berries de Zamora y Jacona. Es, en los hechos, un impuesto paralelo sobre la producción regional.
Y esas ganancias no permanecen fuera del mercado formal: se reintegran mediante compra de tierras, financiamiento de campañas, inversión en infraestructura y participación en actividades legales, hasta difuminar la frontera entre economía criminal y economía formal. En regiones como Madero, la Meseta Purépecha, Zamora y Los Reyes, los grupos armados no solo cobran derecho de piso: intervienen para preservar la continuidad de la producción. Son un poder regulador de facto, en co-gobernanza con las instituciones.
Que esa lógica persiste pese al despliegue lo confirman las cifras. El SESNSP registró un aumento de 15 por ciento en extorsión en Michoacán entre 2024 y 2025, y según la Fiscalía estatal se abrieron 323 carpetas entre enero y septiembre de 2026, más que las 287 de todo 2025. Puede significar más víctimas o más confianza para denunciar, y el Plan no ofrece un indicador que permita distinguirlo. Tampoco prometió reducir la extorsión con meta y fecha, pese a que es la violencia que define la vida económica de Tierra Caliente.
Las organizaciones no desaparecieron con el despliegue: modificaron alianzas, disputas y mecanismos de control. La información pública identifica a 17 con presencia en el estado. Los golpes a objetivos y la detención de operadores, como la de “Sierra 1” y “Sierra 2” en Bosque Monarca, pueden alterar la correlación de fuerzas, pero no desarticulan el control territorial mientras no se toquen las estructuras financieras, las redes logísticas y las relaciones políticas que las reproducen. Los explosivos lo ilustran: las autoridades aseguran haber inhabilitado más de mil 600 en un año, cifra que da la dimensión de los mecanismos de guerra presentes en los territorios, pero inhabilitar explosivos no equivale a desmantelar las redes que los producen, distribuyen y utilizan.
La pregunta incómoda es si el Plan desarticula el poder criminal o interviene en una disputa cuyo resultado puede ser un nuevo reparto de territorios y actividades económicas.
LA MILITARIZACIÓN COMO ESTABILIZADOR DEL MERCADO
En ese entramado, el despliegue federal adquiere un papel eminentemente funcional. Más de 12 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina buscan que los corredores logísticos, las carreteras en que se invierten decenas de miles de millones de pesos, los puertos y las zonas de empaque permanezcan operativos para que la producción y la exportación no se interrumpan.
Las Bases de Operaciones Interinstitucionales, presentadas como reforzamiento de la seguridad, terminan siendo en muchos casos dispositivos de vigilancia y contención que estabilizan temporalmente los nodos estratégicos.
La violencia no se erradica: se mantiene dentro de márgenes administrables. Y el enfoque desplaza los conflictos sociales al terreno del orden público, criminalizando o subordinando las demandas de defensa del territorio, del agua y de la autonomía de las comunidades indígenas.
Las alternativas existen. Cherán y otras comunidades de la Meseta Purépecha, la Costa-Sierra y la región Oriente han construido modelos propios de seguridad, gestión territorial y gobierno. Demuestran que es posible organizar el territorio sin militarización ni extractivismo, y por eso mismo enfrentan criminalización, presiones políticas y disputas legales: desafían el modelo dominante.
LA POLÍTICA, TAMBIÉN REORDENADA
El asesinato de Carlos Manzo reordenó el mapa político. Su pareja, Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal de Uruapan y encabeza el Movimiento del Sombrero para buscar la gubernatura en 2027 por la vía independiente. El PAN manifestó interés en explorar una alianza con ella; Movimiento Ciudadano no descartó respaldarla; el PRI propuso una alianza que Quiroz rechazó.
Morena eligió como coordinador estatal a Carlos Torres Piña, exfiscal estatal y responsable de las primeras investigaciones del asesinato de Manzo, y su dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, defiende la continuidad del respaldo institucional al Plan.
En paralelo, el Congreso aprobó el 27 de mayo reformas al Código Electoral que afectan las candidaturas independientes; el Movimiento del Sombrero y Movimiento Ciudadano las rechazaron y anunciaron impugnaciones.
El Plan es, entonces, una política federal que avanza en paralelo con una disputa electoral en la que el partido que la impulsa es actor central. Eso no prueba por sí mismo un uso electoral, pero obliga a preguntar cuántos de sus tiempos, anuncios y obras responden a una lógica de gobierno y cuántos pueden incidir en la competencia de 2027.
Sobre el crimen que dio origen al Plan, el balance oficial reporta 31 detenidos. Pero detener a presuntos responsables no responde quién ordenó el asesinato, qué redes lo hicieron posible ni qué intereses se beneficiaron de su muerte. A un año, esa sigue siendo una de las preguntas centrales.
LAS CUATRO PATAS Y EL BIENESTAR COMO VÍNCULO
El resultado es una arquitectura sostenida por cuatro pilares, lubricada por el flujo de recursos federales: el poder político, que aporta el marco de legalidad y canaliza recursos; el sector empresarial, que moviliza capital y cadenas de exportación; los grupos criminales, que ejercen control territorial mediante violencia selectiva y regulación de los flujos económicos; y el aparato de seguridad del Estado, que estabiliza las condiciones para que todo ello siga funcionando. En ese esquema, la frontera entre lo legal y lo ilegal es un espacio de negociación permanente.
El Plan sumó un vínculo nuevo entre población y Estado, mediado por la ficha de Bienestar, las becas y las Ferias del Bienestar. Los más de 850 mil servicios y trámites reportados son una presencia institucional que debe reconocerse y evaluarse.
Pero cobertura no es organización comunitaria, ni reconstrucción del tejido social, ni participación ciudadana. La transferencia de recursos alivia necesidades inmediatas; no sustituye la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios, defender sus recursos y participar en las decisiones públicas.
LO QUE FALTA DEMOSTRAR
El gobierno de México debe responder, con datos desagregados, comparables y verificables, qué ha cambiado realmente en Michoacán. Mientras no lo haga, el Plan seguirá siendo, sobre todo, un reordenamiento de quién protege qué, quién cobra dónde y quién gobierna con qué legitimidad.
Michoacán registra menos homicidios que hace un año, según los indicadores oficiales. Pero esa reducción convive con desapariciones (mil 89 denuncias entre enero y septiembre de 2026), extorsiones, disputas criminales, una percepción de inseguridad que en Lázaro Cárdenas subió de 33.0 a 42.3 por ciento entre junio y septiembre, según la ENSU, y una estructura institucional cuya capacidad para recuperar el control público sigue sin demostrarse. El problema no es reconocer los resultados que existen; es confundirlos con una transformación que todavía no está acreditada.