Las concesiones legales e ilegales para extraer agua en México han generado costos de transacción muy elevados a los habitantes de las localidades de La Laguna en Coahuila y Durango.
La doctora Lourdes Romero Navarrete, especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que contrario a lo que se esperaría, “la administración federal ha dado más títulos, por ejemplo, las otorgadas a tres empresas lecheras en la región de La Laguna”.
“Resulta preocupante la distribución del uso del recurso por parte de la Comisión Nacional del Agua: 30 por ciento al sector ejidal; 43 por ciento a municipios y tres por ciento a las familias Tricio (Lala), Martín (Soriana y otras productoras de lácteos) y Valdés Berlanga (accionista de Lala), que reciben 27 por ciento”.
El organismo incumple el marco legal y “favorece la crisis de disponibilidad y el deterioro, por comisión u omisión”, refirió en la conferencia Los derechos de propiedad en la gestión del agua en México, en el caso de La laguna, Coahuila-Durango.
Afectan a poblaciones de La Laguna
A esos tres grupos se confirieron cinco concesiones en 2017 y 11 más un año después, pero en 2019 recibieron 116 y en 2020, en plena pandemia, 61 adicionales.
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30%
al sector ejidal
43%
a municipios
3%
a Lala, Soriana y otras
productoras de lácteos
Afectan a poblaciones de La Laguna
La doctora Delia Montero Contreras, académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que los arreglos formales e informales con particulares –que tuvo su auge entre 2000 y 2018– se han incrementado con la llamada Cuarta Transformación, afectando a los consumidores que deben comprar pipas, pagar consultas médicas porque enferman debido a la mala calidad del líquido o adquirir productos embotellados.
El gobierno ha reducido el presupuesto para muchas actividades de regulación y monitoreo de cuánto se saca de los ríos, mientras estados y municipios dan concesiones por entre cinco y hasta 50 años, que empiezan a crear externalidades negativas que transfieren los costos a los pobladores.
Aun cuando el Estado detenta los derechos de propiedad del bien, también tiene ciertas obligaciones, una de ellas la vigilancia, que implica costos de transacción y falta, tanto de personal calificado como de recursos, lo que en la actual gestión “es más evidente”.
Las industrias minera y embotelladoras –con las firmas Bepensa, Bonafont, Kimberly Clark y algunas cadenas hoteleras– cuentan con transferencias de derechos por muchos años.
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