La semana 30 estuvo marcada por el liderazgo agroexportador de Michoacán, conflictos ambientales, obras de infraestructura, disputas por el agua, avances en movilidad, denuncias sobre derechos humanos y libertad de expresión, además de decisiones nacionales en materia ambiental y territorial. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #30 del 20 al 26 de julio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #30 del 20 al 26 de julio de 2026
Por: en15dias.com
APOYO TOTAL A CCAOS
GOBIERNO DE MICHOACÁN CELEBRA SU LIDERAZGO EXPORTADOR; PERSISTEN LOS COSTOS AMBIENTALES DEL MODELO AGROINDUSTRIAL
Esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Michoacán aportó el 28.2 % de las exportaciones agrícolas nacionales durante el primer trimestre de 2026, con ventas al exterior por mil 246.9 millones de dólares, consolidándose como la principal entidad exportadora del país.
Con base en cifras preliminares del INEGI, el mandatario informó que las exportaciones totales del estado alcanzaron mil 719.9 millones de dólares, de las cuales el 72.5 % corresponde al sector agroalimentario, impulsado principalmente por el aguacate, las berries, el limón, el jitomate y alimentos procesados destinados a mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Asia.
El gobierno estatal presentó estos resultados como un indicador de competitividad y fortaleza económica, además de resaltar la reciente Indicación Geográfica del «Aguacate de la Franja de Michoacán» como una herramienta para fortalecer la presencia internacional del fruto.
Sin embargo, detrás de las cifras récord de exportación permanece un debate que el discurso oficial suele omitir: el éxito económico del modelo agroexportador también ha estado acompañado por conflictos socioambientales cada vez más visibles. La expansión del aguacate y otros monocultivos ha sido señalada durante años por su relación con la deforestación, el cambio ilegal de uso de suelo, la sobreexplotación de agua, la fragmentación de ecosistemas y la presión sobre comunidades rurales e indígenas.
Paradójicamente, mientras el gobierno presume el liderazgo exportador, esta misma semana autoridades federales informaron sobre acciones para retirar huertas de aguacate establecidas ilegalmente en terrenos forestales de Uruapan, casi una década después de haber detectado la deforestación. El contraste evidencia una contradicción de fondo: el crecimiento del sector agroexportador continúa dependiendo, en algunos casos, de mecanismos de vigilancia ambiental que reaccionan cuando el daño ya ocurrió.
Además, buena parte de la infraestructura carretera impulsada actualmente en Michoacán se orienta a fortalecer los corredores logísticos que conectan las zonas productoras con el puerto de Lázaro Cárdenas y la frontera norte, consolidando un modelo económico basado en la exportación de materias primas agrícolas, mientras persisten cuestionamientos sobre la distribución de la riqueza que genera este sector y los costos ambientales que recaen sobre los territorios.
Michoacán continúa siendo una potencia agroalimentaria, pero el desafío pendiente no es únicamente exportar más. También consiste en demostrar que ese liderazgo puede sostenerse sin seguir degradando bosques, agotando acuíferos o desplazando comunidades en nombre de la competitividad internacional.
PROFEPA CLAUSURÓ DESARROLLO INMOBILIARIO EN BOSQUE DE PÁTZCUARO
Esta semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó la clausura total temporal del desarrollo habitacional Tzintzuni Arboledas, Terrenos Residenciales, ubicado en el municipio de Pátzcuaro, luego de detectar la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y obras de urbanización sin que los responsables acreditaran las autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.
Durante la inspección, realizada tras una denuncia ambiental, la dependencia documentó el derribo de ejemplares de pino, encino y cedro blanco en una superficie de 1.57 hectáreas, así como la remoción de vegetación y suelo en más de cuatro hectáreas mediante maquinaria pesada. Además, constató la construcción de vialidades, drenaje pluvial y sanitario e infraestructura propia de un fraccionamiento residencial.
Como medida precautoria, Profepa clausuró el proyecto e inmovilizó dos retroexcavadoras mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.
Aunque la acción representa una respuesta institucional frente a un presunto daño ambiental, el caso vuelve a exhibir un patrón que se repite en distintos puntos del país: la autoridad suele intervenir cuando el bosque ya fue desmontado, los caminos abiertos y las máquinas llevan tiempo operando.
La pregunta sigue siendo por qué las inspecciones llegan una vez consumada buena parte de la afectación y no antes de que ésta ocurra.
El desarrollo intervenido evidencia nuevamente la presión inmobiliaria que enfrenta la cuenca del lago de Pátzcuaro y las zonas boscosas de la región, donde el cambio de uso de suelo para proyectos residenciales avanza sobre ecosistemas estratégicos para la recarga hídrica y la conservación de la biodiversidad.
Más allá de la clausura temporal, permanece la incertidumbre sobre el destino del predio. Hasta ahora, Profepa no ha informado si se iniciarán procedimientos para exigir la restauración ecológica del área afectada, determinar responsabilidades por el derribo de arbolado o sancionar económicamente a los promoventes.
La dependencia también destacó su participación en una Feria del Bienestar en Tingambato para promover la vigilancia ambiental comunitaria y difundir mecanismos de denuncia ciudadana. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han señalado reiteradamente que la protección efectiva de los bosques requiere fortalecer la inspección preventiva y no depender únicamente de denuncias ciudadanas cuando el impacto ambiental ya es visible.
El caso de Pátzcuaro reabre el debate sobre la eficacia de la política ambiental federal y estatal frente al crecimiento inmobiliario en zonas forestales, donde la capacidad de reacción institucional continúa llegando después del desmonte y no antes de evitarlo.
PROFEPA COMENZÓ A REVERTIR UNA HUERTA ILEGAL DE AGUACATE EN URUAPAN; UNA DÉCADA DESPUÉS DEL DAÑO AMBIENTAL
Esta semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició las labores para restaurar 43.24 hectáreas de bosque en la comunidad indígena del Barrio de San Francisco, en Uruapan, donde hace años fueron establecidos de manera ilegal huertos de aguacate tras el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Como parte de las acciones, personal de la dependencia retiró 72 plantas de aguacate sembradas irregularmente y comenzó la reforestación con ejemplares de pino, en cumplimiento de una resolución administrativa emitida desde 2018, derivada de una inspección realizada en 2016 que documentó el derribo ilegal de bosque para expandir la frontera aguacatera.
La restauración contempla reforestar las más de 43 hectáreas afectadas con alrededor de mil 600 plantas de pino por hectárea, además del retiro total de los árboles de aguacate establecidos dentro de los parajes El Panteón y Potrero Grande.
Aunque el inicio de los trabajos representa un avance en la recuperación ambiental, el caso también exhibe la lentitud con la que operan los mecanismos de justicia ambiental en México. Pasaron casi diez años desde que la Profepa detectó el cambio ilegal de uso de suelo y ocho años desde que emitió la resolución administrativa para que finalmente comenzara la restauración del bosque.
Durante ese tiempo, el huerto ilegal permaneció en pie, beneficiándose de un modelo productivo que históricamente ha impulsado la expansión del monocultivo de aguacate sobre ecosistemas forestales en Michoacán, uno de los estados con mayores índices de deforestación asociados a este cultivo.
La intervención también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿cuántas toneladas de aguacate se produjeron y comercializaron durante casi una década antes de que se ejecutaran las medidas de restauración? Mientras los procedimientos administrativos avanzaban, el daño ambiental permanecía consolidado.
Las labores se realizaron con el acompañamiento de la comunidad indígena, así como de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil de Michoacán, lo que refleja que la recuperación del territorio requiere no sólo voluntad institucional, sino también presencia de fuerzas de seguridad ante los conflictos que suelen acompañar la ocupación ilegal de terrenos forestales.
El caso constituye un precedente importante, pero también evidencia que la restauración ecológica sigue llegando con años de retraso. Recuperar un bosque puede tomar décadas; desmontarlo para establecer una huerta requiere apenas unos meses. Mientras la respuesta institucional continúe siendo más lenta que la deforestación, la justicia ambiental seguirá avanzando a un ritmo insuficiente frente a la expansión del cambio ilegal de uso de suelo.
CONAGUA ANUNCIÓ LA MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 024
Esta semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que gestionará recursos federales para modernizar la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego 024, en la región Ciénega de Michoacán, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la eficiencia del sistema de bombeo que abastece a cerca de 20 mil hectáreas agrícolas.
De acuerdo con la dependencia, el equipo de bombeo que opera actualmente se encuentra obsoleto, lo que incrementa los costos de operación y representa un riesgo para alrededor de 4 mil 500 usuarios de riego de los municipios de Pajacuarán, Venustiano Carranza, Vista Hermosa, Briseñas e Ixtlán.
El proyecto contempla sustituir la infraestructura para conducir con mayor eficiencia el agua hacia el lago de Chapala durante la temporada de lluvias y disminuir así las afectaciones por inundaciones que año con año enfrentan productores de la región.
Si bien la modernización del sistema resulta necesaria, el anuncio también evidencia una constante en la política hídrica: la prioridad sigue concentrándose en la infraestructura hidráulica para controlar el agua, mientras permanecen en segundo plano las causas estructurales que agravan las inundaciones, como la pérdida de humedales, la degradación de cuencas, el cambio de uso de suelo y la expansión agrícola e inmobiliaria sobre zonas naturalmente inundables.
La Ciénega de Chapala ha experimentado durante décadas una transformación profunda de sus ecosistemas para ampliar la frontera agrícola, reduciendo la capacidad natural del territorio para absorber y regular los excedentes de agua durante las lluvias. En ese contexto, renovar bombas y canales puede mejorar la operación del distrito de riego, pero difícilmente resolverá por sí sola un problema cuya raíz también es ambiental.
Otro aspecto pendiente es la transparencia sobre la inversión anunciada. Hasta ahora, Conagua no informó el monto de los recursos que solicitará al Gobierno federal, los plazos para ejecutar las obras ni los estudios técnicos que respaldan la estrategia propuesta.
El anuncio refleja la necesidad de fortalecer la infraestructura hidroagrícola de una de las regiones productivas más importantes del estado. Sin embargo, también plantea la pregunta de fondo: ¿es posible reducir el riesgo de inundaciones únicamente con más obra hidráulica, sin avanzar al mismo tiempo en la restauración de los ecosistemas que históricamente regulaban el agua en la cuenca?
INSTALAN PUESTO DE COMANDO INTERINSTITUCIONAL EN MICHOACÁN PARA INTENSIFICAR PREVENCIÓN POR LLUVIAS
Esta semana, los gobiernos federal y estatal instalaron en Michoacán un Puesto de Comando Interinstitucional para coordinar la respuesta ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en un contexto en el que 92 de los 113 municipios del estado presentan susceptibilidad a inundaciones y 11 enfrentan alto riesgo por fenómenos ciclónicos.
Durante el anuncio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que las lluvias intensas previstas hasta noviembre, sumadas a los efectos del cambio climático y el crecimiento urbano, obligan a reforzar las acciones preventivas. Entre las medidas anunciadas destaca el monitoreo permanente de presas y ríos, así como la supervisión de las más de 38 mil ollas de agua existentes en 56 municipios productores de aguacate para reducir riesgos de desbordamientos e inundaciones.
Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el Gobierno de México desarrolla un sistema de alertamiento que enviará avisos sobre huracanes directamente a los teléfonos celulares de la población, además de mantener vigilancia especial en municipios con mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, la estrategia presentada vuelve a centrarse en la atención de emergencias, mientras persisten las causas estructurales que incrementan el riesgo de desastres. La expansión urbana sobre zonas inundables, el cambio de uso de suelo, la deforestación de cuencas y la transformación acelerada del territorio continúan reduciendo la capacidad natural para infiltrar y retener el agua, factores que agravan los efectos de las lluvias cada temporada.
El reconocimiento oficial del cambio climático como un elemento que intensifica estos fenómenos también plantea la necesidad de fortalecer las políticas de ordenamiento territorial, restauración ambiental y protección de ecosistemas, pues la prevención no depende únicamente de la capacidad de respuesta institucional, sino de evitar que continúe el deterioro de los territorios que regulan el ciclo hidrológico.
RESCATARON 83 AVES SILVESTRES EN PÁTZCUARO; EL TRÁFICO DE FAUNA SIGUE OPERANDO EN LA SOMBRA
Esta semana, un operativo encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) permitió el aseguramiento de 83 aves que permanecían en condiciones irregulares dentro de un domicilio en el municipio de Pátzcuaro. Los ejemplares fueron trasladados al Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, donde permanecerán bajo atención veterinaria mientras se determina su destino.
Durante la inspección, las autoridades localizaron especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de ejemplares cuya procedencia legal no pudo acreditarse. También constataron que las aves permanecían en condiciones de confinamiento que incumplían los criterios mínimos de bienestar animal, presentando lesiones, deterioro físico y un estado de salud comprometido.
Entre los ejemplares asegurados se encuentran loros frente blanca, pericos atoleros, calandrias, clarines jilgueros, gorriones, zanates, canarios y otras especies silvestres y de ornato. El Zoológico de Morelia informó que todas permanecerán en cuarentena mientras reciben atención médica, alimentación especializada y procesos de rehabilitación.
Aunque el aseguramiento representa un golpe contra la posesión ilegal de fauna silvestre, el caso vuelve a evidenciar que el tráfico de especies continúa operando con relativa facilidad en Michoacán. La pregunta de fondo no es únicamente quién mantenía a las aves en cautiverio, sino cómo fueron extraídas de sus ecosistemas, quién las comercializó y cuántas redes de tráfico siguen funcionando sin ser detectadas.
El comercio ilegal de aves silvestres continúa siendo uno de los delitos ambientales más persistentes del país. Miles de ejemplares son capturados cada año para abastecer mercados clandestinos donde loros, pericos y aves canoras son vendidos como mascotas, pese a que muchas especies cuentan con protección legal y su extracción afecta directamente las poblaciones silvestres.
Hasta ahora, las autoridades no han informado si el operativo derivó en personas detenidas o en investigaciones para identificar a los responsables del posible tráfico de fauna. Sin sanciones ejemplares contra las redes que capturan y comercializan estas especies, los aseguramientos seguirán atendiendo las consecuencias, pero difícilmente frenarán un negocio que continúa poniendo en riesgo la biodiversidad mexicana.
EN MORELIA…
CRECE RESISTENCIA CONTRA OOAPAS EN EL SUR DE MORELIA
La disputa por el control del agua en el sur de Morelia escaló esta semana luego de que alrededor de 200 habitantes de Santa María de Guido acordaran, en una asamblea general, rechazar la administración del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) y ratificar que el sistema continúe bajo gestión comunitaria.
La decisión fue tomada por unanimidad, tras la ausencia del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a quien los vecinos habían convocado para cumplir el compromiso de respetar una consulta ciudadana sobre quién debía administrar el servicio.
Durante la reunión, los asistentes recordaron que la infraestructura que abastece de agua a cerca de 130 colonias del sur de Morelia fue construida mediante faenas, aportaciones económicas y trabajo de generaciones de habitantes, por lo que rechazaron la desaparición de la Junta Local de Agua Potable (APAS), aprobada por el Cabildo en 2025 sin consulta pública.
Como parte de los acuerdos, llamaron a la resistencia civil, anunciaron que mantendrán el plantón instalado en la Jefatura de Tenencia, impulsarán acciones legales para revertir la decisión del Ayuntamiento y exhortaron a los usuarios a no pagar los recibos emitidos por el OOAPAS mientras se resuelve el conflicto.
LA DISPUTA POR EL AGUA ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA EN JESÚS DEL MONTE
La cancelación de una reunión convocada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reactivó el conflicto por el control del agua potable en la tenencia de Jesús del Monte, Morelia. Aunque el encuentro fue suspendido por motivos de agenda, la ausencia de la autoridad federal no impidió que habitantes y autoridades expusieran las diferencias que mantienen desde hace años sobre la administración del recurso.
El trasfondo del conflicto es la reciente reforma al marco jurídico del agua, que prevé sustituir a las asociaciones civiles por comités comunitarios para la gestión de los sistemas hídricos en pueblos y comunidades. Este cambio ha colocado en el centro del debate el futuro de la Asociación Civil «Freáticos del Monte», actual administradora del servicio.
Mientras «Freáticos del Monte» sostiene que mantiene el reconocimiento de CONAGUA y avanza en un proceso de regularización administrativa, el jefe de Tenencia, Gregorio Olivo Machado, insiste en que el nuevo órgano deberá surgir de una asamblea abierta y representativa de toda la comunidad, conforme a las nuevas disposiciones federales.
La disputa no es nueva. Desde hace más de una década existen cuestionamientos sobre la representatividad y el funcionamiento de la asociación civil, así como diferencias entre quienes respaldan el modelo de usos y costumbres y quienes defienden la continuidad de la actual organización.
En este contexto, la asamblea convocada por «Freáticos del Monte» para el próximo domingo podría definir el rumbo inmediato del conflicto.
REPORTAN 88 % DE AVANCE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, UNA OBRA CLAVE PARA LA EXPANSIÓN LOGÍSTICA DE MORELIA
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó que el primer segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia alcanzó un avance del 88 por ciento y entró en su etapa final de construcción, con trabajos de colocación de carpeta asfáltica, barreras de contención y señalamiento vial.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), este primer tramo comprende 21.4 kilómetros y formará parte de un circuito de más de 51 kilómetros que conectará distintos puntos de la periferia de la capital michoacana. La vialidad será libre de peaje, contará con distribuidores en Tacícuaro y La Estancia, así como pasos superiores en San Nicolás Obispo, Joyas de Buenavista y Joya de la Huerta.
El proyecto contempla un derecho de vía de 60 metros, una dimensión que, según la autoridad, permitirá futuras ampliaciones de la autopista conforme aumente la demanda vehicular.
Aunque el gobierno presenta la obra como una solución para mejorar la movilidad, el Segundo Anillo Periférico también forma parte de una estrategia de infraestructura orientada a fortalecer la conectividad logística de Morelia con los corredores carreteros estatales y nacionales. La nueva vialidad facilitará el tránsito de mercancías, transporte de carga y el crecimiento de zonas industriales y de servicios ubicadas en la periferia de la ciudad.
Diversos especialistas han advertido que este tipo de megaproyectos carreteros suelen acelerar la expansión urbana sobre suelos agrícolas y de conservación, además de incrementar la presión inmobiliaria en comunidades rurales que históricamente permanecían fuera del crecimiento metropolitano. A ello se suma la fragmentación de ecosistemas y la transformación del uso de suelo que acompaña este tipo de infraestructura.
Con el avance reportado esta semana, el Segundo Anillo Periférico se consolida como una de las principales obras del denominado Plan Michoacán, una apuesta que privilegia la conectividad carretera como motor del desarrollo económico, particularmente para las cadenas logísticas y agroexportadoras que atraviesan la entidad.
A pesar del avance físico de la obra, el gobierno estatal no ha acompañado sus anuncios con la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental, el resolutivo de autorización ni las condicionantes que debe cumplir el proyecto. Tratándose de una carretera que modifica el territorio y colinda con un Área Natural Protegida, la transparencia sobre estos documentos resulta indispensable para que la ciudadanía conozca los impactos previstos y las medidas de mitigación y compensación ambiental.
ANUNCIAN PUENTE PEATONAL EN TRES PUENTES
Esta semana, el Gobierno de Michoacán anunció la construcción de un puente peatonal en la zona de Tres Puentes, en Morelia, como parte de las obras complementarias del proyecto Morebús. La infraestructura busca evitar que peatones crucen las vías del tren a nivel de piso y promete ofrecer un paso seguro mediante rampas, escaleras y accesibilidad universal.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), el puente permitirá eliminar uno de los cruces ferroviarios más riesgosos de la ciudad y beneficiará a personas que diariamente atraviesan la zona para dirigirse a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas. La estructura se construirá sobre las vías férreas con una altura de 8.40 metros e incluirá rampas helicoidales para personas con discapacidad, adultos mayores y ciclistas.
El proyecto forma parte de las adecuaciones vinculadas al sistema Morebús, la principal apuesta de movilidad del gobierno estatal. Sin embargo, el anuncio también refleja cómo una parte importante de la infraestructura urbana que actualmente se construye en Morelia responde a las necesidades de ese corredor de transporte y no necesariamente a una estrategia integral para toda la ciudad.
Aunque mejorar la seguridad en un cruce ferroviario representa una demanda histórica, el puente llega después de años en los que cientos de personas arriesgaron diariamente su integridad cruzando entre los vagones o esperando largos periodos por el paso del tren, una problemática conocida desde hace décadas sin que existiera una solución permanente.
La obra se suma a otras intervenciones realizadas este año alrededor del Morebús, incluyendo puentes, adecuaciones viales y modificaciones al espacio público. Esto ha generado un debate sobre las prioridades de inversión, pues mientras el gobierno concentra recursos en el corredor troncal del sistema, otras zonas de Morelia continúan enfrentando banquetas deterioradas, falta de infraestructura peatonal y problemas de movilidad que permanecen sin atender.
El nuevo puente pretende reducir tiempos de espera y accidentes en Tres Puentes, pero también evidencia que buena parte de las obras públicas anunciadas en la capital durante los últimos meses están orientadas a consolidar el funcionamiento del Morebús, un proyecto que sigue transformando la configuración urbana de Morelia y cuyo impacto definitivo será evaluado una vez entre en operación.
ANUNCIARON AVANCES DEL PUENTE DE SANTIAGO UNDAMEO; LA APUESTA SIGUE SIENDO MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL AUTOMÓVIL
Esta semana, el Gobierno de Michoacán informó que avanza la construcción del puente superior vehicular de Santiago Undameo, al sur de Morelia, una obra financiada con 153.4 millones de pesos de recursos federales que busca eliminar un punto considerado de alto riesgo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el puente beneficiará a cerca de 17 mil vehículos diarios, reducirá hasta 15 minutos por trayecto y mejorará la seguridad vial en una de las principales conexiones entre la capital michoacana y la región lacustre.
El proyecto contempla una longitud total de 500 metros, dos claros principales de 27 metros y accesos en ambos sentidos de la carretera federal México 14. Las autoridades sostienen que la obra resolverá un problema histórico de movilidad y disminuirá los accidentes registrados en ese crucero.
Sin embargo, el anuncio también refleja el modelo de infraestructura que continúa privilegiando el Estado: grandes inversiones destinadas a agilizar el tránsito vehicular, mientras permanecen rezagadas las alternativas de movilidad pública, el transporte colectivo y la infraestructura para peatones y ciclistas.
Aunque el puente promete reducir tiempos de traslado para automovilistas y transporte de carga, no se han dado a conocer estudios públicos sobre su impacto ambiental, los efectos que tendrá sobre el crecimiento urbano de la zona ni las estrategias para evitar que la mayor capacidad vial termine incentivando una expansión desordenada hacia el sur de Morelia.
Además, el proyecto forma parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que concentra miles de millones de pesos en infraestructura carretera. Diversos especialistas han advertido que estas inversiones fortalecen principalmente los corredores logísticos utilizados para el transporte de mercancías y la agroindustria de exportación, mientras las comunidades rurales continúan enfrentando rezagos en caminos alimentadores, transporte público y servicios básicos.
Más allá de la obra, el debate de fondo permanece abierto: construir más infraestructura para acelerar el flujo vehicular puede resolver cuellos de botella inmediatos, pero difícilmente atenderá los problemas estructurales de movilidad si el crecimiento urbano continúa dependiendo casi exclusivamente del automóvil y del transporte de carga.
YANKEL BENÍTEZ REAPARECE EN LAS TENENCIAS: ¿GESTIÓN PÚBLICA O PRECAMPAÑA ADELANTADA?
A poco más de un año del arranque del proceso electoral de 2027, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, intensificó esta semana su presencia en las tenencias del municipio con reuniones, recorridos y fotografías donde se presenta como el principal operador de las obras y servicios públicos en la zona rural.
El funcionario sostuvo un encuentro con jefes de tenencia para revisar supuestos avances en vialidades, alumbrado y mejoramiento de espacios públicos. Sin embargo, más que informar resultados concretos, el mensaje parece formar parte de una estrategia de posicionamiento político que desde hace meses se refleja en sus redes sociodigitales, donde prácticamente cada actividad institucional se convierte en una pieza de promoción personal.
La narrativa no es nueva. En el PAN suele repetirse un patrón conocido: las tenencias permanecen durante años fuera de la agenda pública, pero conforme se acercan los tiempos electorales reaparecen las reuniones, los compromisos y las promesas de obra. De pronto, los caminos rurales, las plazas y las comunidades vuelven a existir… al menos para la fotografía.
Benítez se ha encargado de construir la imagen de operador político del gobierno municipal de Alfonso Martínez Alcázar, procurando aparecer como el funcionario que «resuelve», «coordina» y «atiende» los problemas del municipio. No obstante, muchas de las demandas históricas de las comunidades —falta de agua, drenajes inconclusos, caminos deteriorados o servicios públicos deficientes— permanecen sin solución estructural.
Su activismo territorial alimenta cada vez más las especulaciones sobre sus aspiraciones para 2027. Aunque dentro del PAN su nombre figura entre quienes buscan la candidatura a la presidencia municipal de Morelia, diversos actores políticos reconocen que no encabeza las preferencias internas ni cuenta con el nivel de conocimiento ciudadano de otros perfiles. Ante ese escenario, otra ruta viable sería competir por la diputación local del Distrito 10 de Morelia.
Ese distrito comprende colonias y zonas con alto peso electoral como La Huerta, Chapultepec Sur, Chapultepec Norte, Nueva Chapultepec, Camelinas, Félix Ireta, Ventura Puente, Electricistas, Ocolusen, Prados Verdes (parte), Vasco de Quiroga, Vista Bella, además de diversas localidades rurales y tenencias del sur y poniente del municipio, precisamente donde el funcionario ha incrementado su presencia institucional.
La coincidencia difícilmente pasa desapercibida. Mientras el discurso oficial habla de coordinación administrativa, las redes sociales del secretario muestran una campaña permanente de exposición personal, donde el protagonismo suele recaer más en su imagen que en los resultados de las políticas públicas.
La promoción personalizada desde cargos públicos no constituye por sí misma una violación electoral, pero sí plantea cuestionamientos éticos cuando la frontera entre informar acciones de gobierno y construir una candidatura comienza a difuminarse. Porque cuando un funcionario aparece sistemáticamente inaugurando, supervisando o anunciando obras con su nombre al frente, la duda resulta inevitable: ¿se está gobernando para atender necesidades públicas o para posicionar una aspiración política?
“GRACIAS POR EL ‘LIKE’, SECRETARIO YANKEL BENITEZ
Luego de que en15dias.com publicara la nota “La gestión de Yankel Benítez quedó atrapada en la narrativa de las redes sociodigitales”, dentro de “El (resumen) SEMANAL”, el secretario del Ayuntamiento de Morelia decidió responder directamente desde su cuenta personal de la red sociodigital Facebook.
Su mensaje fue breve: “Te dejo tu like porque no traen nada”.
La respuesta llamó la atención porque, lejos de cuestionar alguno de los datos expuestos en la publicación, el funcionario optó por descalificar el contenido sin responder los señalamientos de fondo: la comunicación institucional durante la emergencia por lluvias, el protagonismo de su imagen en redes sociodigitales y la falta de soluciones estructurales para las inundaciones que cada año afectan a las mismas colonias de Morelia.
En en15dias.com decidimos responder en el mismo mensaje, no por una cuestión personal, sino porque consideramos que este tipo de expresiones provenientes de un servidor público no deben normalizarse cuando están dirigidas a un medio de comunicación independiente que ejerce una labor crítica.
Nuestra respuesta fue pública:
“Gracias por el ‘like’, secretario.
En EN15DÍAS no medimos nuestro trabajo por la cantidad de reacciones en redes sociales, ni vivimos de los ‘likes’. Nuestro interés es informar, documentar y señalar los asuntos de interés público, aunque resulten incómodos para quienes ejercen un cargo.
Si nuestra publicación le pareció que ‘no trae nada’, lo invitamos a responder con argumentos sobre los señalamientos planteados: las inundaciones recurrentes, la comunicación institucional durante la emergencia y las soluciones de fondo que esperan los morelianos.
Los ‘likes’ van y vienen; las inundaciones en las mismas colonias, año tras año, siguen ahí.
La ciudadanía espera resultados. Ahí es donde realmente está la conversación. Pero gracias por el like, secretario”.
Hasta ese momento, el intercambio permanecía visible para cualquier usuario de Facebook. Sin embargo, horas más tarde, el comentario del secretario ya no aparecía en la publicación. No hubo una aclaración posterior, una respuesta con argumentos ni una explicación sobre su desaparición. Simplemente lo borró.
Podría parecer un episodio menor dentro del ritmo cotidiano de las redes sociodigitales, sin embargo, no lo es cuando quien escribe es uno de los principales funcionarios del Ayuntamiento de Morelia.
Las redes sociodigitales se han convertido en una herramienta legítima para comunicar acciones de gobierno, pero también pueden transformarse en un espacio donde algunos actores políticos buscan desacreditar el trabajo periodístico sin entrar al fondo de lo que se dice.
En nuestro caso, la nota cuestionaba la forma en que la emergencia por las lluvias terminó construyéndose, en buena medida, como una narrativa visual centrada en la figura del secretario, mientras persisten problemas estructurales que año con año afectan a las mismas colonias.
Ese fue el debate que nunca respondió. Hay que recordarle a Yankel Benitez que el periodismo no está para aplaudir al poder.
En en15dias.com sabemos que existe una parte de la prensa que encuentra en los boletines oficiales y en la reproducción acrítica de comunicados una forma de hacer periodismo. Es una decisión editorial respetable, pero no es la nuestra.
Nuestro trabajo se construye desde otra lógica: el análisis de las políticas públicas, la ecología política, el estudio de los actores económicos y políticos que inciden en el territorio, el seguimiento de los conflictos socioambientales y la revisión crítica del ejercicio del poder. Así lo hemos demostrado en nuestros reportajes que lo invitamos a leer.
Y eso implica, estimado funcionario público, hacer preguntas incómodas, documentar contradicciones y señalar aquello que muchas veces los discursos oficiales prefieren omitir.
La crítica no busca confrontar personas; busca fortalecer la rendición de cuentas. Por eso consideramos importante dejar constancia de este episodio.
Porque cuando un servidor público opta por descalificar un trabajo periodístico y posteriormente elimina su propio comentario, el hecho también forma parte del espacio público.
Nosotros no pretendemos ganar discusiones en Facebook. Nuestro compromiso es con las y los lectores. Y como le dijimos al propio Yankel Benitez en su lamentable comentario: Gracias por su “like”, secretario… aunque después haya decidido borrarlo.
TRAS LAS FOTOGRAFÍAS OFICIALES, PERSISTE EL AGUA ESTANCADA EN HACIENDA TINÍJARO; VECINOS EXIGEN SOLUCIONES REALES
Vaya, vaya… y días después de que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, difundiera en sus redes sociodigitales imágenes recorriendo las colonias afectadas por las lluvias, la realidad en Hacienda Tiníjaro continúa siendo muy distinta a la mostrada en las publicaciones oficiales.
Un recorrido realizado por la Agencia de Comunicación Gráfica (ACG) documentó que, a casi tres semanas de las inundaciones, el agua sigue estancada en distintos puntos del fraccionamiento y los vecinos aseguran que las visitas de funcionarios no se han traducido en una solución de fondo.
Uno de los habitantes, quien solicitó permanecer en el anonimato, cuestionó que las labores emprendidas por las autoridades se limiten a acciones temporales y a recorridos que, afirma, terminan privilegiando la fotografía antes que la atención integral del problema.
«Vienen ocasionalmente, dejan de venir dos o tres días o se hacen acto de presencia, sacan fotos y nada más; pero, en sí, la causa raíz de la problemática no la han atacado», declaró al equipo de ACG.
El vecino calificó como “una burla” que funcionarios recorran la zona anunciando proyectos sin que exista un seguimiento visible para resolver un problema que se repite con cada temporada de lluvias.
“Lo que ocupamos es una solución de causa raíz, y no que se vengan a tomar nada más la foto o que nos vengan a decir: ‘vamos a hacer, traemos un proyecto’, pero no se ve el seguimiento”, expresó.
De acuerdo con el reporte periodístico de ACG, aunque el Ayuntamiento ha realizado desazolves, aplicado cal y efectuado algunas jornadas de limpieza, las intervenciones han sido esporádicas y el agua vuelve a acumularse cada vez que se registran nuevas precipitaciones.
Ante esa situación, los propios habitantes han tenido que colocar costales para poder transitar y aplicar cloro y cal de manera constante para reducir los riesgos sanitarios derivados del agua estancada.
Vaya, vaya… señor Yankel…
UN INCENDIO CONSUMIÓ UNA RECICLADORA EN MORELIA ¿Y LA SUPERVISIÓN INDUSTRIAL?
Esta semana, un incendio de grandes dimensiones se registró en una fábrica de estopa y materiales para reciclaje ubicada en la colonia Precursores de la Nación, en Morelia, movilizando a personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil desde las primeras horas del día para evitar que el fuego se propagara hacia zonas habitadas.
De acuerdo con las autoridades, los trabajos incluyeron el combate directo al incendio, labores de enfriamiento, evaluación de riesgos y remoción de materiales combustibles. Además, se recomendó a la población evitar la zona, mantener cerradas puertas y ventanas y no exponerse al humo, debido a los riesgos para personas con enfermedades respiratorias, niñas, niños y adultos mayores.
Si bien la atención de la emergencia evitó consecuencias mayores, el siniestro vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente: las condiciones en las que operan muchas plantas de reciclaje y centros de almacenamiento de materiales altamente inflamables dentro de zonas urbanas.
Hasta ahora, las autoridades no han informado qué originó el incendio, si la empresa contaba con programas internos de protección civil actualizados, medidas de prevención contra incendios o las autorizaciones ambientales correspondientes para el manejo y almacenamiento de residuos. Tampoco se ha dado a conocer si se realizarán peritajes para determinar posibles responsabilidades.
Más allá del control del fuego, el episodio también plantea interrogantes sobre la calidad del aire. La combustión de materiales reciclables, plásticos, textiles y otros residuos puede generar emisiones contaminantes potencialmente nocivas para la salud, aunque hasta el momento no se han difundido monitoreos sobre los contaminantes liberados ni evaluaciones de los impactos ambientales derivados del incendio.
El caso evidencia la necesidad de fortalecer la inspección preventiva de instalaciones industriales y de reciclaje, especialmente aquellas ubicadas cerca de áreas habitacionales. En materia ambiental, las emergencias no deberían convertirse en el primer momento en que las autoridades revisan las condiciones de operación de este tipo de establecimientos.
Mientras continúan las investigaciones, el incendio deja una pregunta pendiente: ¿se trató de un accidente inevitable o de una emergencia que pudo haberse prevenido mediante una supervisión más estricta y mejores condiciones de seguridad industrial?
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
EZLN ANUNCIÓ QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REUNIRSE CON MADRES BUSCADORAS Y COLECTIVOS DE RESISTENCIA
En el arranque del semillero “Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que durante todo diciembre de 2026 trasladará a dirigentes y bases de apoyo a la Ciudad de México para reunirse con colectivos de madres buscadoras, pueblos originarios, organizaciones sociales y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
El anuncio fue realizado por el subcomandante Moisés, quien explicó que el objetivo central será escuchar directamente a las familias de personas desaparecidas y expresarles el respaldo de las comunidades zapatistas.
“En las montañas del sureste mexicano compartimos su dolor y, sobre todo, su empeño de verdad y justicia”, expresó el dirigente zapatista durante la inauguración del encuentro.
La delegación permanecerá instalada durante diciembre en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, inmueble ocupado desde hace años por la comunidad otomí residente en la capital, desde donde se desarrollarán reuniones con organizaciones, colectivos, barrios y pueblos indígenas de distintas regiones del país.
El EZLN explicó que esta nueva etapa de la Gira por la Vida busca fortalecer los vínculos entre las distintas resistencias frente a un contexto marcado por la violencia, el despojo territorial, las desapariciones y la crisis ambiental.
Moisés sostuvo que el país necesita reconocer que existen movimientos que no responden a las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha, sino que construyen formas propias de organización desde los territorios.
“Necesitamos conocernos, reconocernos en nuestras diferencias y encontrar coincidencias en intereses comunes”, señaló al convocar a un proceso de articulación entre pueblos, colectivos y organizaciones.
El encuentro con las madres buscadoras representa uno de los anuncios políticos más relevantes realizados durante el semillero, al colocar en el centro la crisis de desapariciones que enfrenta México, donde actualmente se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas, según los registros oficiales citados por diversos medios.
Además del diálogo con las familias buscadoras, el EZLN adelantó que durante diciembre sostendrá encuentros con organizaciones sociales y pueblos originarios de distintas geografías del país y que permanecerá en la capital hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la que conmemorará el 33 aniversario del levantamiento zapatista de 1994.
El anuncio ocurre en el marco del semillero “Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio”, que se desarrolla del 20 al 25 de julio en Chiapas y reúne a investigadores, activistas, comunidades indígenas y organizaciones nacionales e internacionales para debatir sobre la militarización, el extractivismo, la devastación ambiental y las distintas formas de violencia que afectan tanto a los pueblos como a la naturaleza.
EL CASO DE JESÚS PLÁCIDO REAVIVA DENUNCIAS POR CRIMINALIZACIÓN EN GUERRERO
La detención del dirigente indígena Jesús Plácido Galindo volvió a colocar en el centro del debate una vieja acusación contra el Estado mexicano: el uso del sistema penal para desarticular movimientos comunitarios que disputan el control de sus territorios.
Mientras el Gobierno federal sostiene que Plácido enfrenta investigaciones por homicidio, secuestro, delincuencia organizada y presuntos vínculos con un grupo criminal, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y organizaciones de derechos humanos denuncian que el caso forma parte de un proceso de criminalización contra defensores indígenas que durante años han documentado la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia del crimen organizado en la Montaña Baja de Guerrero.
Para las organizaciones, la detención no puede analizarse de manera aislada. Ocurre después de meses de denuncias por ataques armados contra comunidades indígenas, del desplazamiento de más de dos mil personas, del congelamiento de las cuentas bancarias de Plácido Galindo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y del retiro de medidas de protección que tenía como defensor comunitario.
En mayo de 2026, el CIPOG-EZ denunció una ofensiva de grupos criminales contra comunidades nahuas, con asesinatos, quema de viviendas y desplazamientos masivos. La organización responsabilizó tanto a grupos delictivos como a la omisión de los distintos niveles de gobierno para proteger a la población indígena.
Semanas después, la UIF congeló las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, una decisión que el movimiento interpretó como una medida de hostigamiento financiero contra uno de sus principales voceros.
El 17 de julio fue detenido en un operativo en el que participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales. Horas después trascendió que era investigado por homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Hasta el cierre de esta edición viernes 24 de julio no se sabe nada de su paradero.
COMUNIDADES DEL ALTO ATOYAC ACUSAN SIMULACIÓN EN EL PLAN FEDERAL DE SANEAMIENTO Y EXIGEN JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL
Esta semana, comunidades y organizaciones que integran la defensa de la Cuenca del Alto Atoyac acusaron que el plan de saneamiento impulsado por el Gobierno de México avanza con una visión limitada que privilegia obras de infraestructura y limpieza superficial de los ríos, sin atender las causas estructurales de una de las crisis socioambientales más graves del país.
El pronunciamiento fue difundido luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y el director de Conagua, Efraín Morales, presentaran los avances del programa de saneamiento para las cuencas del Alto Atoyac, Tula y Lerma-Chapala-Santiago.
Sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés y decenas de organizaciones sociales, ambientales, académicas y eclesiales sostuvieron que la estrategia federal reproduce un enfoque homogéneo para cuencas con problemáticas distintas y se concentra en retirar basura, construir plantas de tratamiento, reforestar riberas y monitorear la calidad del agua, dejando intacto el origen de la contaminación industrial.
Uno de los principales cuestionamientos es que el gobierno continúa tratando el problema como si se limitara al cauce de los ríos, cuando la crisis involucra toda la cuenca: suelos, acuíferos, aire y comunidades que durante décadas han estado expuestas a sustancias tóxicas.
Las organizaciones también advirtieron que las normas ambientales vigentes resultan insuficientes para enfrentar la magnitud del problema. Señalaron que la NOM-001-SEMARNAT-2021 únicamente regula 22 parámetros contaminantes, mientras investigaciones científicas han identificado más de 112 sustancias tóxicas presentes en el río Atoyac, por lo que consideran imposible que el saneamiento tenga resultados reales sin actualizar la legislación ambiental.
Otro de los puntos de mayor preocupación es el énfasis gubernamental en ampliar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las comunidades sostienen que estos sistemas no eliminan la contaminación química proveniente de la industria y alertan que entregar aguas tratadas y lodos a ejidos y comunidades podría trasladar nuevamente los contaminantes al campo y a la producción agrícola.
Además, denunciaron que el plan federal omite completamente la crisis de salud pública que durante más de tres décadas ha afectado a miles de habitantes de la región. Recordaron que investigaciones científicas, la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Primer Informe Estratégico de 2023 documentaron daños genotóxicos en niñas y niños, así como una elevada incidencia de enfermedades crónicas y muertes asociadas a la contaminación industrial.
Frente a ello, criticaron que las autoridades continúen presentando los riesgos para la salud como escenarios hipotéticos, cuando las afectaciones han sido ampliamente documentadas desde hace años.
Las organizaciones también reprocharon que el gobierno privilegie inspecciones y multas administrativas en lugar de emprender acciones penales contra las grandes empresas responsables de contaminar la cuenca. Afirmaron que incluso se contempla permitir que algunas compañías financien obras del propio plan de saneamiento como mecanismo de compensación, situación que calificaron como un «blanqueamiento» de los delitos ambientales corporativos.
En contraste, señalaron que los pequeños talleres familiares de lavado de mezclilla han recibido la mayor carga de inspecciones y sanciones, mientras las industrias de mayor escala continúan operando sin asumir plenamente su responsabilidad por la contaminación acumulada.
Finalmente, las comunidades exigieron que el plan de saneamiento incorpore la participación directa y vinculante de los habitantes afectados, establezca medidas para eliminar la contaminación tóxica desde su origen, atienda la emergencia sanitaria existente y garantice total transparencia sobre monitoreos, estudios y decisiones gubernamentales.
Para las organizaciones firmantes, sin atacar las causas de la contaminación industrial y sin colocar a las comunidades en el centro de las decisiones, el saneamiento corre el riesgo de convertirse en una política de simulación más que en un proceso de verdadera justicia socioambiental.
TRAS 13 AÑOS DE RESISTENCIA, COMUNIDADES DE LIBRES LOGRAN FRENAR CONCESIONES MINERAS Y LLAMAN A MANTENER LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Después de más de una década de organización comunitaria, el Movimiento Atzín “No a la Minería” anunció que el municipio de Libres quedó libre de concesiones mineras, al concluir la vigencia de los permisos que mantenía la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., filial de la canadiense Almadén Minerals. Para las comunidades, el resultado representa una victoria colectiva frente al modelo extractivo, aunque advierten que la defensa del territorio aún no termina.
En un comunicado difundido el 21 de julio, el movimiento recordó que la resistencia comenzó en 2013, cuando habitantes de Libres conocieron que cerca del 50 por ciento del municipio estaba concesionado para actividades mineras. Desde entonces emprendieron un proceso de organización basado en asambleas comunitarias, campañas informativas, movilizaciones pacíficas y la construcción de alianzas con organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.
La organización atribuyó el logro al trabajo sostenido de cientos de personas que durante años aportaron espacios para reuniones, alimentos, materiales, transporte, difusión y acompañamiento, además del respaldo de autoridades comunitarias, jueces de paz, mujeres organizadas y habitantes de las localidades involucradas en las concesiones.
Sin embargo, el Movimiento Atzín subrayó que el fin de las concesiones no significa el fin de las amenazas. En su posicionamiento advierte que el modelo extractivista “se transforma y se adapta”, por lo que llamó a la población a mantenerse organizada frente a nuevos proyectos que puedan poner en riesgo el agua, el territorio y la soberanía alimentaria.
También hizo un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a quienes buscan cargos de elección popular para que no utilicen este triunfo como bandera política o electoral, al sostener que la victoria pertenece exclusivamente a las comunidades que sostuvieron la resistencia durante trece años.
El comunicado extiende además su solidaridad con otras luchas territoriales de la región de Libres-Oriental y de la Sierra Norte de Puebla. Entre ellas menciona la oposición a nuevos proyectos mineros, basureros y megarecicladoras, la expansión de granjas porcícolas y cultivos intensivos de berries por su impacto sobre los acuíferos, así como las fumigaciones aéreas que afectan la salud y los ecosistemas.
Como parte de su mensaje, el movimiento reivindicó la defensa del agua y de la tierra como un proceso histórico que enlaza las luchas agrarias, la defensa comunitaria del bosque y el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio. “La tierra y el agua no se venden: se aman y se defienden”, señalaron.
Finalmente, las comunidades hicieron un llamado a mantener viva la organización comunitaria y a permanecer vigilantes ante cualquier intento de reactivar proyectos extractivos, al considerar que la defensa del territorio no concluye con el vencimiento de una concesión, sino que constituye una tarea permanente para proteger el patrimonio natural y la autonomía de los pueblos.
SEMARNAT BLINDA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FRENTE A LA MINERÍA, PERO EL RETO SERÁ HACERLO CUMPLIR
Esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un acuerdo que endurece las restricciones para impedir proyectos mineros dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, una medida que busca cerrar los márgenes de interpretación utilizados durante años para intentar desarrollar actividades extractivas en ecosistemas bajo protección.
El acuerdo, publicado el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, establece que ninguna persona servidora pública de la Semarnat podrá otorgar autorizaciones ambientales para proyectos de exploración, explotación o beneficio de minerales dentro de ANP federales, incluso cuando existan concesiones mineras otorgadas antes de la reforma a la Ley Minera de mayo de 2023.
La dependencia recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una concesión minera no otorga, por sí sola, el derecho a explotar un yacimiento, ya que la autorización ambiental constituye un procedimiento independiente y obligatorio.
Con el nuevo acuerdo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá un papel vinculante en la evaluación de cualquier solicitud relacionada con minería, al emitir un dictamen técnico que deberá ser considerado por la autoridad ambiental antes de resolver.
La disposición también prohíbe autorizar la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos dentro de áreas protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, debido al riesgo que representan para los ecosistemas y la salud pública.
Aunque el anuncio representa un fortalecimiento del marco jurídico para la conservación, organizaciones ambientales han señalado durante años que uno de los principales problemas no ha sido la ausencia de leyes, sino la débil vigilancia y el incumplimiento de las restricciones existentes. En distintos puntos del país persisten conflictos por concesiones, proyectos extractivos y cambios de uso de suelo que han avanzado incluso dentro de territorios con algún grado de protección.
El nuevo acuerdo busca eliminar vacíos administrativos y reforzar la responsabilidad de las autoridades ambientales para impedir que la minería se establezca en espacios destinados a la conservación. Sin embargo, su eficacia dependerá de que las prohibiciones se traduzcan en inspecciones, sanciones y vigilancia permanente, especialmente en un contexto donde los intereses extractivos continúan presionando sobre regiones de alta biodiversidad.
SEMARNAT REVOCÓ LA CONCESIÓN EN PLAYA LAS COCINAS TRAS MESES DE PRESIÓN COMUNITARIA
Esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre otorgada a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. en Playa Las Cocinas, Punta de Mita, Nayarit, al determinar que realizó obras e instalaciones sin la autorización correspondiente.
La dependencia informó que la decisión deriva de una revisión técnica, jurídica y administrativa en la que participaron la Profepa, la Fiscalía General de la República y distintas áreas especializadas de la propia Semarnat. Además de retirar la concesión, anunció que replanteará el proyecto y elaborará una nueva estrategia de restauración ambiental que priorice la recuperación de la vegetación costera, el control de la erosión y el libre tránsito en la playa.
La resolución representa un giro importante en un conflicto que durante meses enfrentó a habitantes, organizaciones ambientales y la empresa desarrolladora. Las comunidades denunciaron la colocación de escolleras, remoción de vegetación y alteraciones en una playa utilizada por tortugas marinas para el desove, además de señalar que las obras restringían el acceso público a una zona federal.
Aunque la revocación constituye un triunfo para la movilización ciudadana, organizaciones defensoras del territorio han advertido que el retiro de la concesión no garantiza por sí mismo la restauración del ecosistema. La recuperación de la playa dependerá de que las autoridades obliguen a la empresa a reparar los daños ambientales y supervisen el cumplimiento de las medidas de restauración.
El caso de Playa Las Cocinas también vuelve a poner sobre la mesa la forma en que numerosos proyectos inmobiliarios de alto valor turístico avanzan sobre ecosistemas costeros sensibles y áreas de uso común. En este caso, la presión social logró revertir una concesión que durante meses fue señalada por privilegiar intereses privados sobre el derecho colectivo al acceso a las playas y la conservación ambiental.
SEMARNAT LANZÓ UN FONDO AMBIENTAL
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México, un mecanismo que busca movilizar inicialmente hasta 10 millones de dólares para financiar proyectos de restauración de ecosistemas, conservación, gestión del agua, economía circular, bioeconomía y acción climática.
El gobierno federal presentó el instrumento como un paso para acercar recursos a la protección del capital natural y a las comunidades que conservan los ecosistemas. La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, aseguró que el objetivo es hacer compatibles la agenda ambiental con la económica bajo la estrategia del denominado Plan México.
De acuerdo con el anuncio, el fondo será administrado por CAF y contará con recursos provenientes de empresas, fundaciones, organismos internacionales e instituciones financieras, que podrán financiar proyectos considerados viables, escalables y con resultados medibles. La intención oficial es construir un mecanismo permanente que complemente otros instrumentos financieros verdes impulsados por el gobierno federal.
Sin embargo, el anuncio también reabre un debate de fondo sobre el rumbo del financiamiento ambiental en México. Diversas organizaciones han advertido que la creciente incorporación de capital privado a las políticas de conservación puede convertir la naturaleza en un activo financiero sujeto a criterios de rentabilidad, mientras persisten conflictos por minería, megaproyectos de infraestructura, agroindustria y polos industriales promovidos por el propio Estado.
En ese contexto, especialistas han insistido en que la justicia ambiental no depende únicamente de crear nuevos fondos o mecanismos financieros, sino de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades que conservan los territorios, fortalecer la protección de los bienes comunes y evitar que los llamados proyectos de transición ecológica terminen subsidiando procesos de despojo o de mercantilización de la naturaleza bajo nuevas etiquetas de sostenibilidad.
Aunque el Fondo de Capital Ambiental pretende financiar iniciativas de conservación y restauración, su implementación será observada de cerca por organizaciones socioambientales, que han cuestionado que, en distintos casos, el discurso de la economía verde ha servido para legitimar proyectos extractivos o de infraestructura presentados como soluciones climáticas sin atender los conflictos sociales y territoriales que generan.
EN LOS MEDIOS…
MATAR AL PERIODISMO LOCAL
El asesinato del periodista y comunicador ambiental Alejandro Leyva, ocurrido esta semana en Oaxaca, volvió a encender las alertas sobre la violencia que enfrenta el periodismo local en México.
Su caso se suma a una cadena de homicidios registrados entre junio y julio de 2026, en los que al menos otros cuatro periodistas fueron privados de la vida mientras documentaban conflictos de seguridad, corrupción, medio ambiente y acceso al agua en sus comunidades.
Aunque cada crimen ocurrió en contextos distintos, todos comparten un patrón: las víctimas desarrollaban un periodismo de proximidad, lejos de los grandes medios nacionales y cerca de los intereses políticos, económicos y criminales que afectan directamente a los territorios.
Luis Ángel López Valdez, reportero de Poza Rica, Veracruz, fue asesinado el 11 de junio. Cubría hechos de violencia, operativos policiacos y temas de seguridad en una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado.
Días antes, el 2 de junio, Roxana Guzmán Ramírez fue privada de la libertad; semanas después se confirmó su asesinato. Su trabajo periodístico estaba enfocado en informar sobre hechos delictivos y problemáticas sociales en el sur de Veracruz.
En Guerrero, el periodista Álex Serna desapareció el 20 de junio y posteriormente fue localizado sin vida. Desde Zihuatanejo documentaba denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas afectaciones ambientales, intereses inmobiliarios y decisiones gubernamentales que impactaban el territorio.
El pasado 16 de julio fue asesinado Josué Martínez Contreras, periodista de San Martín Texmelucan, Puebla, quien había dado seguimiento a conflictos locales, entre ellos denuncias por irregularidades en el manejo del agua, uno de los temas más sensibles en la región.
A esta lista se añadió esta semana Alejandro Leyva, periodista oaxaqueño conocido por su trabajo de análisis político y por abordar conflictos sociales y ambientales que involucraban actores de poder en el estado.
Hay otra coincidencia que suele pasar desapercibida: muchas veces los nombres de las y los periodistas sólo alcanzan notoriedad cuando son asesinados. Mientras ejercen su labor documentando conflictos comunitarios, corrupción, violencia o daños ambientales, trabajan lejos del reflector mediático y con escasa protección institucional. Es la muerte la que termina colocando sus nombres en la agenda nacional, cuando su trabajo debió ser reconocido y protegido mientras aún estaban vivos.
A diferencia de los periodistas que trabajan desde grandes ciudades o cadenas nacionales, quienes ejercen el periodismo comunitario y regional suelen hacerlo en condiciones de mayor vulnerabilidad. En municipios pequeños no existe anonimato: el reportero comparte el mismo espacio cotidiano con funcionarios, empresarios, policías, caciques o integrantes del crimen organizado sobre los que informa.
Las amenazas, la vigilancia y las presiones adquieren un carácter mucho más directo cuando el periodista vive en el mismo territorio donde ocurren los hechos que documenta.
Además, gran parte de estos medios locales opera con recursos limitados, sin áreas jurídicas, protocolos de seguridad ni esquemas sólidos de protección laboral, lo que incrementa la exposición de quienes realizan coberturas sobre corrupción, violencia, conflictos agrarios, megaproyectos, despojo territorial o afectaciones ambientales.
Los casos registrados durante las últimas seis semanas muestran que el riesgo no se limita a la cobertura de seguridad pública. También alcanza a quienes investigan la disputa por el agua, proyectos inmobiliarios, conflictos ambientales, decisiones gubernamentales y el ejercicio del poder en los municipios.
La coincidencia resulta difícil de ignorar: los periodistas asesinados documentaban problemáticas profundamente locales, aquellas que rara vez ocupan espacios en la agenda nacional, pero que afectan de manera directa la vida cotidiana de las comunidades.
En muchos casos, el periodismo regional es el único que registra denuncias ambientales, conflictos por la tierra, irregularidades administrativas o violaciones a derechos humanos antes de que trasciendan al ámbito nacional.
La sucesión de asesinatos entre junio y julio vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones en las que se ejerce el periodismo fuera de las capitales del país. Mientras las investigaciones continúan, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en que la impunidad sigue siendo uno de los principales factores que perpetúan la violencia contra la prensa.
La muerte de Alejandro Leyva, junto con los asesinatos de Luis Ángel López Valdez, Roxana Guzmán Ramírez, Álex Serna y Josué Martínez Contreras, evidencia que informar desde los territorios continúa siendo una de las tareas más peligrosas para quienes buscan hacer visibles los conflictos que otros preferirían mantener ocultos.
