Mientras comunidades indígenas y organizaciones sociales intensificaron sus exigencias de justicia ambiental y transparencia en Michoacán, el Gobierno de México anunció millonarios recursos para infraestructura, turismo comunitario y el Plan de Justicia P’urhépecha.
El registro de un puma adulto acompañado de una cría en una estación de monitoreo permanente del Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancítaro revela la capacidad de los bosques michoacanos para conservar especies emblemáticas cuando existen condiciones adecuadas de hábitat y manejo sustentable.
La Secundaria Popular Carrillo Puerto informó que obtuvo un amparo favorable en la disputa por el inmueble histórico que ocupa en Morelia y pidió a la UMSNH retomar el diálogo para evitar un nuevo conflicto legal.
El conflicto por el control del agua en la tenencia de Santa María escaló este martes luego de que habitantes bloquearan el ingreso de personal de OAPAS para realizar una auditoría. Mientras la comunidad exige una revisión externa bajo vigilancia ciudadana, autoridades municipales plantean la intervención de un despacho contable certificado como vía para transparentar la situación financiera y administrativa del sistema.
CCAOS exige al gobierno de Michoacán y al Congreso la cancelación de la privatización del patrimonio público y la instalación inmediata de una mesa de diálogo. Tras 36 días de silencio y promesas incumplidas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, defienden el uso social de los bienes.
El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” se presenta como una estrategia para recuperar la seguridad, pero detrás de la narrativa oficial emerge otra lectura: la reconfiguración de los equilibrios de poder que históricamente han definido el territorio. En este análisis de Uitzume, el perro del lago, se examina cómo recursos públicos, militarización, agroindustria y economías criminales convergen en un modelo donde la disputa por la tierra, el agua y las rutas económicas continúa vigente.
La Comunidad Otomí de San Matías el Grande formalizó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la principal responsable de una crisis de salud pública y ambiental que afecta el agua, el suelo y el aire de la región del oriente de Michoacán. /
La Conafor redujo hasta 82% los costos de compensación ambiental que empresas y desarrolladores deben pagar para cambiar el uso de suelo forestal. El nuevo acuerdo devuelve las tarifas a los niveles de 2023 y abre el debate sobre el valor económico de los bosques y la protección ambiental en México.
El futuro de la vaquita marina vuelve al centro del conflicto en el Alto Golfo de California. Mientras el gobierno prepara un nuevo polígono de protección, pescadores denuncian falta de consulta y organizaciones ambientales advierten riesgos para una especie al borde de la extinción.
