A seis meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos, continúan esperando una respuesta por parte del Estado mexicano. En la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, prevalece la impunidad
En la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, prevalece la impunidad
A seis meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos, continúan esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.
En un comunicado de prensa, firmado por la Familia Lagunes Gasca, la Familia Díaz Valencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todos y Todas” y Global Rights Advocacy, entre otros, se hace pública la preocupación por “la forma en la que la Fiscalía de Colima ha obstaculizado información fundamental para localizar a los defensores y dar con los responsables materiales e intelectuales”.
Exigieron la inmediata localización de Ricardo y Antonio. “Pedimos a todos los colectivos, organizaciones, comunidades, familias de personas desaparecidas, a la sociedad en general: dejemos de normalizar las violencias, las injusticias, la corrupción, las desapariciones. Que la indignación nos movilice para traerlos de vuelta y para no permitir un México de desapariciones forzadas”.
“A 6 meses de desaparición forzada, sin respuesta ni justicia, pero con una rabia que crece cada día más, seguiremos buscando, gritando, exigiendo: #TodosXRicardoyAntonio”.
En el comunicado señalan que “sin voluntad, recursos y responsabilidad política no se logrará acceder a la verdad ni localizar en el corto plazo a Ricardo y Antonio”.
Pusieron como ejemplo, que en distintas reuniones se ha hecho un llamado para que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, en el uso de sus facultades, instruya a todas las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias para lograr una recuperación humanitaria de los defensores a la brevedad, aceptando la asistencia técnica de organismos internacionales y expertos independientes, sin embargo, “hasta el momento no lo ha hecho”, señalan en el comunicado.
¿QUÉ HA PASADO?
En el comunicado se señala que “tanto a nivel nacional como internacional se han realizado distintas acciones para exigir su presentación con vida”.
Entre las acciones están: la Adopción de la Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) para la búsqueda y localización con vida de Ricardo y Antonio, las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el mismo fin y el pronunciamiento de distintos relatores de la ONU, entre ellos el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.
El grupo de trabajo, requirió a México para que exija a sus empresas debida diligencia en relación al impacto de sus actividades en derechos humanos. Los procedimientos especiales enviaron comunicaciones a la empresa Ternium, al Grupo Techint y a los estados de Luxemburgo y Argentina.
A solicitud de las familias y sus representantes, el pasado 25 de mayo se realizó una mesa de alto nivel encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras autoridades.
PETICIONES DE FAMILIAS
Que la CNB presente un plan integral de búsqueda con un análisis de contexto y líneas claras de búsqueda y localización conforme lo ordena el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas
Desde el momento de la desaparición, en enero de 2023, hemos solicitado el análisis sin que hasta el momento haya sido presentado. En la reunión sostenida en mayo, la CNB se comprometió a su presentación pero continúa incumpliendo con este compromiso.
Que la CNB suministre información de forma confidencial a las familias sobre gestiones, obstáculos, resultados y próximos pasos en relación con la búsqueda humanitaria. Si bien con la CNB se han tenido diversas reuniones, en ninguna hay avances significativos.
Rendición inmediata de un informe escrito pormenorizado sobre los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, indicando si algunos de estos coinciden con los defensores desaparecidos y descartando los resultados negativos.
Como es de conocimiento público, en el mes de abril del presente, fueron localizadas diversas fosas clandestinas en el municipio de Cerro de Ortega, Colima, así como se hizo pública información sobre fosas encontradas después del 15 de enero en Michoacán .
Tanto la CNB como las Fiscalías de Colima y Michoacán realizaron los trabajos de exhumación, sin resultados concretos.
Igualmente, hemos solicitado que las diferentes autoridades involucradas trabajen de manera articulada y coordinada tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación.
Para lograr una eficiente articulación se requiere de asistencia técnica externa que no ha sido solicitada. Sin duda, esta situación ha colocado en grave riesgo a Ricardo y Antonio y perpetúa la impunidad de los responsables de su desaparición.
Hasta el momento el Poder Judicial de la Federación ha definido la situación jurídica de dos de los presuntos responsables por los hechos, detenidos por la FGR.
El proceso penal se encuentra en trámite y a la espera de juicio. Sin embargo, no ha sido suficiente. Las familias hemos solicitado que se investigue y se ordene la aprehensión de todos los responsables involucrados en los hechos.
Como hemos insistido, se debe investigar la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium, que realiza trabajos de explotación de mineral en el municipio de Aquila.
Recordamos que Antonio y Ricardo representaban a la comunidad en diversos conflictos frente a dicha empresa.
El Estado debe establecer políticas para la protección y prevención de la violencia contra defensores de derechos humanos en riesgo en zonas de conflictos y alta inestabilidad, así como exigir a las empresas cumplir el deber de debida diligencia aumentada en relación a los impactos de sus actividades en derechos humanos.
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