El artículo “Enfermos por el poder”, de Julio Santoyo Guerrero, reflexiona sobre los riesgos del narcisismo político y la forma en que el ejercicio del poder puede deformar la conducta de gobernantes y líderes. El texto advierte sobre la importancia de que la ciudadanía identifique prácticas autoritarias y discursos basados en la manipulación emocional.
Y mientras tanto, el territorio vuelve al centro de la disputa: agua, movilidad, bienes públicos y derechos colectivos se entrecruzan en un mismo escenario de tensiones. En Michoacán, los conflictos no son aislados, sino síntomas de un modelo que presiona comunidades y redefine el control sobre lo común.
La renegociación del T-MEC reabre el debate sobre los parámetros ambientales del comercio internacional. El caso del aguacate michoacano enfrenta cuestionamientos por deforestación, cambio de uso de suelo y el intento de flexibilizar reglas éticas en favor del negocio exportador.
En Michoacán, defender el agua, los bosques y el territorio puede costar la vida. La expansión aguacatera, el crimen organizado y la omisión institucional han convertido a los ambientalistas en blancos directos. La violencia ambiental revela una crisis profunda de poder y abandono.
El ambientalista Roberto Chávez Bedolla fue despedido el 15 de abril en Madero, Michoacán, tras ser asesinado días antes. Durante años participó en acciones comunitarias para denunciar tala ilegal, cambio de uso de suelo y extracción irregular de agua en la región.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reabre el debate sobre la crisis de desaparecidos en México. Entre omisiones institucionales, impunidad estructural y violencia sistemática, el señalamiento de “posible crimen de lesa humanidad” expone la magnitud del problema.
El uso del fuego como herramienta de control territorial revela una crisis ambiental y de seguridad en Michoacán. Incendios forestales, tala ilegal y cambio de uso de suelo avanzan ligados al crimen organizado, dejando pérdida ecológica, desplazamiento forzado y debilitamiento institucional.
La crisis del agua avanza hacia una posible “bancarrota hídrica global”, como advierte la Organización de las Naciones Unidas. Deforestación, sobreexplotación y modelos económicos intensivos aceleran el deterioro de los sistemas hídricos y amenazan el acceso al agua en las próximas décadas.
El avance del crimen organizado en México no solo representa un problema de seguridad, sino una amenaza directa al contrato social y a la legitimidad del Estado. En esta columna de opinión, Julio Santoyo Guerrero analiza cómo la expansión del poder criminal debilita a las instituciones y plantea el reto central para el futuro político del país.
