México enfrenta una creciente vulnerabilidad ante sequías, calor extremo y otros fenómenos climáticos, pero el proyecto de presupuesto federal 2027 plantea reducir 27.57% los recursos para adaptación y mitigación. La brecha entre los riesgos y el gasto público preocupa.
La desaparición de Iván Pérez Chávez en Madero se suma a una serie de agresiones contra ambientalistas ocurridas desde 2021. Este análisis revisa los antecedentes, las denuncias sobre la operación criminal en la región y las exigencias para esclarecer su paradero.
La izquierda y la derecha pueden cambiar de discurso, pero el poder conserva una lógica propia. Julio Santoyo Guerrero plantea que más que las ideologías, los ciudadanos deben observar cómo se ejerce el poder, a quién beneficia y qué contrapesos existen para impedir el autoritarismo. / El poder, las izquierdas y las derechas
La Parotita, en Tacámbaro, se convirtió en un símbolo del horror y la impunidad en Michoacán. Cientos de restos han sido localizados en esta barranca, donde madres buscadoras enfrentan el silencio institucional y exigen verdad, identificación de las víctimas y justicia.
La nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental promete justicia climática, participación social y protección a defensores. Pero llega mientras persisten permisos, acuerdos y omisiones que han permitido la destrucción ambiental. Nueva ley, mismos ecocidas.
La tala, trasplante o poda de 613 árboles por el proyecto Morebús en Tres Puentes expone, para Julio Santoyo Guerrero, la debilidad de la política ambiental y la falta de participación ciudadana. El autor cuestiona que el desarrollo urbano se imponga sobre la sustentabilidad y el derecho a un medio ambiente sano.
El regreso de grupos vinculados a Los Sierra al oriente de Madero evidencia la persistencia del control criminal sobre comunidades y territorios de Michoacán. La reactivación de extorsiones, tala ilegal y amenazas muestra los límites de una estrategia basada únicamente en la detención de los principales mandos.
Michoacán enfrenta una crisis de seguridad que exhibe los límites del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Extorsión, control territorial y vínculos entre crimen y política siguen golpeando la economía y la vida pública, mientras la respuesta gubernamental resulta insuficiente.
La violencia contra quienes defienden los bosques, el agua y la tierra en Michoacán sigue creciendo mientras la impunidad prevalece. Aunque existen avances legales como el Acuerdo de Escazú, la falta de políticas efectivas mantiene en riesgo a los ambientalistas y debilita el derecho a un medio ambiente sano.
