EL (resumen) SEMANAL, un juez frenó la tala de árboles, mientras el Gobierno anunció replantaciones. También destacan los cuestionamientos al IMPLAN, la crisis ambiental nacional, la defensa indígena y nuevos proyectos hidráulicos. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #36 del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #36 del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026
Por: en15dias.com
GUARDIÁN FORESTAL SUMA UN QUINTO CONTRATO POR $8.8 MILLONES
Esta semana, en15dias.com publicó un reportaje de seguimiento sobre los contratos del sistema de vigilancia satelital “Guardián Forestal”, operado desde 2022 por Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, S.C.
La investigación documenta un quinto contrato por 8.88 millones de pesos, adjudicado en junio de 2026 por la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (SECMA). Con este nuevo acuerdo, los recursos contratados con la misma empresa desde 2022 ascienden a casi 28.9 millones de pesos.
El reportaje de en15dias.com revisa los cinco procedimientos y señala que la empresa fue la única participante en cada uno, mientras que los montos han variado de manera importante entre contratos.
Entre los documentos analizados también aparece un requisito que genera cuestionamientos: las bases de la licitación de 2026 exigieron presentar el registro de derechos de autor con el título “Guardián Forestal”, una condición que, según el reportaje, restringe de manera importante la participación de otros posibles proveedores.
La investigación también da seguimiento a la situación de la marca. El IMPI negó en dos ocasiones su registro, mientras la empresa continuó utilizando la denominación en contratos y actividades relacionadas con el sistema.
El reportaje además documenta que Heriberto Padilla Ibarra, vinculado con la empresa, fue presentado durante la misma semana de la adjudicación como integrante de una estructura político-territorial relacionada con Gladyz Butanda rumbo a los procesos internos de Morena en Michoacán.
Más allá de los casi 29 millones de pesos contratados, el seguimiento de en15dias.com pone sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se han realizado estos procedimientos, por qué una misma empresa ha concentrado los contratos y qué resultados concretos ha producido “Guardián Forestal” frente a la pérdida de bosques y el cambio ilegal de uso de suelo en Michoacán.
CORREDOR LA PIEDAD-LÁZARO CÁRDENAS: OTRA OBRA PARA IMPULSAR LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN
El gobierno de Michoacán presentó ante empresarios de La Piedad el corredor logístico que conectará esta región del Bajío con el puerto de Lázaro Cárdenas, una infraestructura que reducirá los tiempos de traslado y busca atraer nuevas inversiones.
El proyecto contempla la ampliación de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, la nueva autopista Uruapan-Zamora, además de libramientos y otras obras carreteras.
Aunque el gobierno estatal lo presenta como una estrategia para impulsar el desarrollo económico, estas obras también representan una nueva infraestructura al servicio de un modelo productivo orientado a la agroindustria de exportación.
La conexión entre las zonas agrícolas, los centros de procesamiento y el puerto de Lázaro Cárdenas facilita la salida de mercancías hacia mercados internacionales y fortalece las condiciones para ampliar este modelo agroexportador.
La pregunta es quién asumirá los costos ambientales y territoriales de esta expansión que genera mayor presión sobre agua, suelo, bosques y territorios rurales, mientras los beneficios económicos se concentran en las cadenas agroindustriales y de exportación.
LOS AZUFRES: VIDEOS EXHIBEN DENUNCIAS CONTRA LA CFE
Esta semana, en15dias.com también publicó dos videos difundidos por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que documentan las denuncias de comunidades del Oriente de Michoacán sobre las irregularidades ambientales en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Los Azufres.
Uno de los videos muestra una laguna de enfriamiento de aproximadamente 30 metros de diámetro, sin cercado ni medidas visibles de protección. El testimonio señala la presencia de residuos y cuestiona las condiciones en que estos materiales son manejados dentro de la zona.
El segundo material documenta lo que los comuneros denominan “El Arrecife”, una zona donde quedaron materiales petrificados y vegetación muerta tras la falla de un pozo geotérmico de la CFE ocurrida años atrás.
Las imágenes y testimonios difundidos por el CSIM también cuestionan la actuación de Profepa y Semarnat, a quienes las comunidades señalan por presuntas omisiones en la inspección y atención de los impactos ambientales atribuidos a la operación de la planta.
Este viernes, en el marco de estas denuncias, se realizó una inspección técnica conjunta entre CFE, SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y representantes de los pueblos indígenas, en la que las comunidades presentaron cifras propias sobre las presas de enfriamiento de la zona: mientras la CFE reporta oficialmente 33 presas, de las cuales 12 no tendrían ningún tipo de recubrimiento, comunidades y especialistas sostienen haber identificado 56, lo que elevaría al 62.5% la proporción de estructuras sin la protección necesaria para evitar filtraciones y desbordamientos de metales pesados como arsénico, boro y aluminio.
Ante estos señalamientos, la CFE emitió un comunicado en el que afirmó que la visita se realizó «con plena apertura» y en seguimiento a los acuerdos del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública de Los Azufres. La empresa sostuvo que su operación se realiza conforme a la normatividad ambiental aplicable y reiteró su disposición a participar en los espacios de diálogo con las comunidades, sin referirse directamente a las cifras de presas sin protección presentadas por el CSIM.
Las denuncias ocurren mientras comunidades indígenas y autoridades mantienen mesas de trabajo para revisar las condiciones ambientales de Los Azufres. El CSIM ha exigido que las dependencias federales realicen una visita técnica al interior de las instalaciones, con participación comunitaria.
Los videos publicados por en15dias.com aportan evidencia audiovisual a una disputa que ya no se limita a documentos y reuniones: las comunidades están mostrando directamente las condiciones que, aseguran, existen en el territorio y exigen que CFE y las autoridades ambientales respondan.
PODER JUDICIAL CONCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y FRENA TALA DE ÁRBOLES POR EL PROYECTO MOREBÚS EN MORELIA
En una resolución de relevancia constitucional para la capital michoacana, el Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió la suspensión definitiva a favor de la ciudadana Stephany Rodríguez Hernández dentro del Incidente de Suspensión derivado del juicio de amparo 1210/2026, ordenando la paralización inmediata de cualquier acción de tala de árboles destinada a la ejecución de las obras del sistema de transporte público conocido como Morebús.
De acuerdo con el documento emitido por el órgano jurisdiccional federal, la medida cautelar obliga de manera tajante a las autoridades responsables a abstenerse de talar la vegetación y los árboles ubicados en el polígono que comprende desde la zona del «Monumento a Lázaro Cárdenas», pasando por el sector de «Tres Puentes», hasta llegar al punto denominado «La Concha», en el municipio de Morelia.
El fallo judicial sustenta su competencia en los artículos 107 (fracción X) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo.
En la demanda, la persona quejosa reclamó directamente al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán la emisión de la orden general, la autorización presupuestal y el acuerdo para la ejecución del proyecto Morebús, omitiendo garantizar el principio de sustentabilidad ambiental consagrado en el artículo 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Michoacán.
Asimismo, la resolución detalla acusaciones contra dos dependencias del gabinete estatal: la Secretaría del Medio Ambiente (SECMA): Se le atribuyó la omisión administrativa en el ejercicio de sus facultades legales para evaluar, resolver y emitir el dictamen técnico sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los estudios de riesgo de la obra pública, violando las obligaciones del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM): Se demandó la omisión en garantizar la protección del patrimonio natural y las zonas de valor ambiental dentro del diseño, trazo y ejecución de la infraestructura vial del Morebús, contraviniendo el artículo 30 del mismo ordenamiento legal.
En el análisis formal del acto reclamado (Considerativa Cuarta), el juzgador dio por demostrada la certeza de los reclamos atribuidos al titular del Ejecutivo, a la SECMA y a la SEDUM, luego de analizar las manifestaciones vertidas en sus respectivos informes previos y respaldarlas con valor probatorio pleno según el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Para sostener la suspensión definitiva, el juez federal invocó los principios fundamentales del derecho ambiental contemporáneo. En el análisis jurídico se argumentó que, para otorgar esta medida, no se le puede exigir al ciudadano un estándar de certeza total o indudable sobre el daño ambiental, puesto que se dejaría ilusorio el derecho de acceso a la justicia y la participación ciudadana.
Al tratarse de actos que preliminarmente pueden derivar en la consumación de un daño al ecosistema urbano, la autoridad jurisdiccional puntualizó que el deber del Estado es evitar el daño oportunamente, «pues lógicamente una vez concretado no sería factible lograr, o lo sería difícilmente, que las cosas vuelvan al estado que guardaban».
La resolución fundamentó la protección ambiental citando la jurisprudencia 1a./J. 193/2023 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual establece que el parámetro de control constitucional en materia ambiental integra no solo el texto constitucional y la Ley de Amparo, sino también los tratados internacionales ratificados por México, de manera sobresaliente el Acuerdo Regional de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe).
Con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, la resolución ordena detener de forma definitiva cualquier impacto sobre la masa arbórea de la arteria mencionada en tanto se resuelve el fondo del juicio constitucional.
CON LA REPLANTACIÓN DE 4 JACARANDAS, AVANZA “PLAN AMBIENTAL DEL MOREBÚS”
Avanza lo que ha llamado el gobierno de Michoacán el «plan ambiental del Morebús» con la replantación de cuatro jacarandas en el camellón donde inicia la obra, «reforzando las acciones de mitigación y protección del entorno natural en la capital michoacana».
El Gobierno del Estado destacó que la transformación de la movilidad urbana en Morelia se realiza en permanente sintonía con la protección ambiental. Por ello, previo a cualquier intervención, se han priorizado esquemas de retiro cuidadoso y reubicación de especies vegetales.
Se informó que los árboles bajo resguardo institucional se están reubicando de manera progresiva en zonas urbanas con escasa vegetación que cuenten con las condiciones óptimas para su correcto desarrollo y crecimiento. Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de consolidar una ciudad con mayores áreas verdes, espacios públicos integrados y una mejor calidad de vida para las y los morelianos.
LAS EMPRESAS QUE CONSTRUIRÁN EL MOREBÚS
El Morebús, proyecto de transporte para la Zona Metropolitana de Morelia, se construye mediante cuatro contratos de obra pública que integran tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. La inversión estimada para esta primera etapa asciende a 2 mil 900 millones de pesos.
La primera etapa contempla un corredor de 13.04 kilómetros entre Villas del Pedregal y el Monumento a Lázaro Cárdenas, con 55 estaciones y 74 unidades, además de una demanda proyectada superior a 80 mil usuarios diarios. El proyecto está bajo responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).
Los tres contratos correspondientes a los tramos viales fueron adjudicados mediante licitaciones separadas. El primero corresponde a FT Construcciones y Proyectos; el segundo, a Construcciones Pérez y Gil; y el tercero, a un consorcio integrado por Asociados Constructores Urvic, Grupo Empresarial Arus y Creación e Innovación de Espacios Sustentables.
El cuarto contrato corresponde al patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal, adjudicado a Regiomontana de Construcción y Servicios. Los tres tramos viales tienen un plazo de ejecución de 420 días naturales, mientras que el patio y la terminal cuentan con 412 días. Todos son contratos plurianuales y a precio alzado.
Uno de los aspectos relevantes de los expedientes es que los procedimientos no contemplan garantías de cumplimiento, garantías por vicios ocultos ni seguros adicionales. Aunque los contratos establecen mecanismos de sanción por atrasos y rescisión administrativa, los documentos revisados muestran condiciones contractuales que merecen seguimiento durante la ejecución de las obras.
Otro punto señalado en la revisión es que en el listado público de anexos de los cuatro procedimientos no aparece un documento identificado como Manifestación de Impacto Ambiental o resolutivo de autorización ambiental.
Los contratos establecen que la dependencia deberá poner a disposición del contratista los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para realizar los trabajos.
Los expedientes permiten observar cómo una obra de casi 2 mil 900 millones de pesos fue dividida en cuatro procedimientos con empresas, montos y condiciones específicas.
Más allá de la infraestructura anunciada, el seguimiento deberá centrarse en la ejecución contractual, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la transparencia de los documentos que respaldan una de las principales obras de movilidad actualmente en Morelia.
IMPLAN CREA OBSERVATORIO TRAS AÑOS DE CUESTIONAMIENTOS A SU PLANEACIÓN
El Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN) instaló un nuevo Observatorio Especializado para Proyectos Estratégicos, integrado por 12 especialistas en temas urbanos, ambientales, sociales y económicos. El Ayuntamiento presenta la figura como una herramienta para fortalecer la planeación de la ciudad, pero su creación ocurre después de años en que el Instituto ha trabajado para los empresarios inmobiliarios.
Debemos preguntarnos ¿para qué ha servido el IMPLAN? La respuesta no puede limitarse a sus atribuciones legales ni a la creación de nuevos órganos consultivos.
En los últimos años, organizaciones ciudadanas y especialistas han señalado que los instrumentos de planeación impulsados por el instituto han permitido declarar como urbanizables zonas forestales, áreas con importancia hídrica y territorios sujetos a distintas restricciones ambientales.
Uno de los principales conflictos surgió con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2022-2041. El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma presentó ocho impugnaciones, entre ellas por la inclusión como urbanas o urbanizables de superficies protegidas, zonas forestales, áreas de las cuencas de los ríos Chiquito y Grande y territorios con vulnerabilidades. También cuestionó que el programa pudiera responder a intereses inmobiliarios por encima del derecho al agua y a un medio ambiente sano.
El problema llegó a los tribunales. En diciembre de 2023 se concedió la suspensión definitiva del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, mientras continuaba el juicio de amparo promovido por integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma.
La organización sostuvo que el programa vulneraba derechos ambientales, hídricos y de salud; mientras la entonces dirección del IMPLAN respondió que los efectos de la suspensión no generaban mayor impacto y que el PMDU continuaba operando.
Tampoco es menor el cuestionamiento sobre la manera en que se procesó la participación ciudadana. Durante la elaboración del PMDU, las organizaciones denunciaron que sus observaciones no fueron atendidas y que una audiencia prevista para presentar alegatos fue cancelada el mismo día en que el Cabildo aprobó el programa. Al mismo tiempo, la dirección del IMPLAN sostuvo reuniones con organismos empresariales, inmobiliarios, colegios profesionales y otros sectores para discutir el instrumento de planeación.
El trasfondo es territorial: el sur de Morelia concentra zonas de recarga, bosques, manantiales y áreas naturales fundamentales para el suministro de agua.
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma ha advertido que la expansión urbana sobre las cuencas del Río Chiquito y Río Grande puede comprometer la seguridad hídrica de la ciudad; incluso ha señalado que la microcuenca del Río Chiquito aporta alrededor de 45 por ciento del agua de consumo de Morelia.
Ahora el IMPLAN asegura que una observación crítica y técnicamente sustentada no será un obstáculo, sino una oportunidad para mejorar, y anuncia que el nuevo órgano aportará conocimiento a futuros instrumentos de planeación.
El reto, sin embargo, no es acumular especialistas ni crear más consejos: es demostrar que ese conocimiento tendrá capacidad real para modificar decisiones, proteger las zonas de recarga, contener la expansión inmobiliaria y garantizar la participación ciudadana.
Después de los conflictos acumulados alrededor del PMDU, el nuevo observatorio tendrá que demostrar para qué sirve; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otra instancia que acompaña la planeación, pero no cambia el rumbo de Morelia, es decir, una política de simulación.
Otro elemento que obliga a revisar la relación entre el IMPLAN y los intereses inmobiliarios es la presencia de empresarios del sector dentro de sus estructuras. Jorge Casar, empresario inmobiliario, que ha formado parte del IMPLAN y se ha beneficiado de sus decisiones.
Esto plantea cuestionamientos sobre la separación entre quienes participan en la definición de los instrumentos de planeación urbana y quienes tienen intereses económicos directamente vinculados con el desarrollo del suelo.
¿Qué mecanismos de transparencia, declaración de intereses y prevención de conflictos existen cuando actores del sector inmobiliario participan en un organismo cuya función es precisamente planear el crecimiento de Morelia?
Entonces, ¿de qué servirá el Observatorio Especializado para Proyectos Estratégicos? Veremos qué harán sus integrantes y, sobre todo, si sus observaciones tendrán capacidad real para modificar proyectos, cuestionar decisiones de planeación y poner límites a los intereses inmobiliarios cuando éstos entren en conflicto con el territorio, el agua, los bosques o el derecho a la ciudad.
El Observatorio estará integrado en el ámbito urbano por Salvador García Espinosa, Antonio Hurtado Beltrán y Raúl Coria Tinoco. En el ambiental está Rosenda Aguilar Aguilar, Rafael de Jesús Huacuz Elías y Jaime Paneque-Gálvez. Ámbito social: David Ramos Castro, Igor Cerda Farías y Jose Antonio Zamudio. Ámbito económico: Carlos Ortiz Paniagua, Rafael Trueba Regalado y Tzutzuqui Heredia Pacheco.
¿CON QUÉ CARA HABLA MÉNDEZ LÓPEZ DE CONSERVACIÓN?
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán participa en el Foro Regional Mesoamérica hacia el 30×30, realizado en Mérida, Yucatán, y organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El encuentro reúne a autoridades ambientales de México y Centroamérica para discutir estrategias de conservación de bosques, especies, arrecifes, áreas protegidas y otros ecosistemas.
En la sesión “Articulando agendas sectoriales a la Meta 3: urbanización y turismo como motores de cambio” participó el secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López. La discusión busca encontrar mecanismos para que el crecimiento urbano y turístico sea compatible con la conservación de los territorios y el cumplimiento de la meta internacional 30×30.
Pero la presencia de Méndez López en esta discusión pone en la mente la pregunta ¿con qué cara moral y ética participa un funcionario que anteriormente estuvo relacionado con un proyecto inmobiliario en Río Bello y que además mantiene su carácter de notario público con licencia?
El caso de Río Bello, documentado por en15dias.com, expuso el avance de un proyecto inmobiliario en una zona donde habitantes han defendido el bosque, el agua y el territorio comunitario. El proyecto Campestre Puerta del Bosque enfrentó cuestionamientos por sus posibles impactos ambientales y por la urbanización de una zona con antecedentes de protección forestal.
Ahora Méndez López ocupa precisamente la silla desde la cual debe defender la política ambiental de Michoacán y participa en un foro internacional donde se habla de impedir que la urbanización y el turismo destruyan los ecosistemas. La contradicción política y ética resulta difícil de ignorar: pasó de estar vinculado a los intereses de un proyecto inmobiliario en una zona forestal con una serie de artimañas a encabezar la dependencia responsable de proteger el territorio frente a esos mismos intereses.
Y hay otra dimensión que exige explicación pública: su condición de notario público con licencia. Si una persona conserva actividades y responsabilidades profesionales en el ámbito privado mientras ocupa una posición desde la que puede intervenir en decisiones ambientales, resulta indispensable conocer qué mecanismos existen para evitar conflictos de interés, qué asuntos se excusan y cómo se garantiza que las decisiones de la Secretaría no estén condicionadas por relaciones profesionales o económicas previas.
El discurso del 30×30 habla de conservar el territorio; Río Bello representa el terreno donde ese discurso tiene que demostrar su consistencia. Méndez López puede hablar de conservación en un foro internacional, pero la verdadera prueba moral, ética y política está en la impunidad que ha tenido este caso.
REFUERZAN ATENCIÓN A PLAGAS FORESTALES EN TRES MUNICIPIOS
El Grupo Técnico Operativo de Sanidad Forestal de Michoacán realizó una reunión de seguimiento con la participación de Semarnat, Conafor, Cofom y la Secretaría del Medio Ambiente estatal para revisar la situación de las plagas forestales en la entidad.
Durante el encuentro, la Cofom informó que se reforzarán las acciones de atención y control en los municipios de Morelia, Salvador Escalante y Tacámbaro, identificados entre las zonas con afectaciones por plagas forestales.
Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto busca dar seguimiento a los puntos afectados y fortalecer las medidas para atender oportunamente los daños registrados en los bosques.
La sanidad forestal representa un componente clave para la conservación de los ecosistemas, debido a que las plagas pueden debilitar y provocar la pérdida de ejemplares, particularmente en zonas que enfrentan otras presiones ambientales.
El seguimiento técnico permitirá definir las acciones necesarias de acuerdo con las condiciones detectadas en cada municipio y coordinar la intervención de las distintas dependencias involucradas.
Morelia, Salvador Escalante y Tacámbaro concentran parte de los trabajos anunciados, por lo que será necesario conocer la superficie afectada, las especies involucradas y el tipo de plagas identificadas.
Más allá de las reuniones de coordinación, el reto será que las acciones de saneamiento lleguen efectivamente al bosque y permitan contener las afectaciones antes de que se conviertan en pérdidas mayores de cobertura forestal.
CONAGUA SE REACTIVA EN MICHOACÁN
Después del letargo en las acciones de Conagua en el estado, gracias al Plan Michoacán la oficina en Michoacán de la Conagua estuvo muy activa esta semana, con recorridos, reuniones y seguimiento a distintas obras relacionadas con agua potable y saneamiento en varios municipios del estado.
En Janitzio, personal de la dependencia realizó un recorrido por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para conocer las condiciones en las que se encuentra y revisar las acciones necesarias para avanzar en su saneamiento. La visita se realizó en el marco del Plan Michoacán, impulsado por el Gobierno federal.
En la misma comunidad, Conagua participó en la Feria del Bienestar, donde acercó información y atención a habitantes de la isla.
La agenda de saneamiento también tuvo actividad en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde avanzan los trabajos para la construcción de colectores sanitarios. De acuerdo con la dependencia, la obra beneficiará a 13 mil 604 habitantes.
En San Andrés Ziróndaro, municipio de Quiroga, comenzaron los trabajos de rehabilitación, equipamiento y puesta en marcha de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. El proyecto contempla, entre otras acciones, reparación de equipos, trabajos en el sistema eléctrico, instalación de bombas, un sistema fotovoltaico y la construcción de un colector de aproximadamente 900 metros. La obra tiene una población beneficiaria estimada de 2 mil 418 habitantes.
En materia de agua potable, uno de los proyectos reportados esta semana se encuentra en Torrecillas, municipio de Churintzio, donde avanza la perforación de un pozo profundo de 250 metros. El proyecto forma parte de PROAGUA 2026, contempla una inversión superior a 3.6 millones de pesos y, según Conagua, beneficiará directamente a 235 habitantes.
La dependencia también recibió solicitudes y dio seguimiento a proyectos de abastecimiento de agua en San Andrés Corú, Ziracuaretiro, y Chihuerio, Morelia, comunidades que plantearon la perforación de nuevos pozos para atender sus necesidades de suministro.
En Tancítaro, autoridades municipales y representantes de Conagua revisaron proyectos relacionados con un pozo profundo para agua potable y la rehabilitación de una planta tratadora de aguas residuales.
Mientras que en Cherán K’eri, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal y la dependencia acordaron realizar una visita para elaborar un diagnóstico que permita avanzar en el proyecto de rehabilitación de su planta de tratamiento.
La actividad de la semana también incluyó un encuentro con ejidos y usuarios de Taretan, donde se abordaron temas como tecnificación del riego, concesiones de agua y proyectos de infraestructura hidráulica.
A esta agenda se sumó la participación de Conagua en el inicio de las capacitaciones del programa “Fortalecimiento de Capacidades” de PROAGUA, convocadas por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, con contenidos relacionados con la operación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
EMPRESARIOS DIALOGAN CON CONAGUA SOBRE NUEVA LEY DE AGUAS
Representantes del sector de la construcción se reunieron con Conagua Michoacán para conocer las implicaciones de la nueva Ley de Aguas Nacionales, informó la dependencia a través de sus redes sociodigitales.
¿Qué buscarán los empresarios ante las nuevas reglas para el uso y gestión del agua?
La discusión no se limita a los desarrollos urbanos. También involucra a los sectores industrial y agroindustrial, actividades que requieren importantes volúmenes de agua y que durante años han sido señaladas en distintos contextos por conflictos relacionados con concesiones, disponibilidad, extracción y cumplimiento de la normatividad.
En Michoacán, donde diversas regiones enfrentan presión sobre sus fuentes de abastecimiento, será relevante conocer qué plantearán los sectores empresariales y si buscarán mayor certeza jurídica, modificaciones, facilidades o excepciones para mantener sus actividades y proyectos.
El diálogo ocurre además después de años en los que distintos sectores productivos han cuestionado o enfrentado la aplicación de las disposiciones ambientales y de agua. Ahora, con un nuevo marco legal, la pregunta es si quienes durante años encontraron la manera de operar al margen o aprovechando vacíos de la legislación, estarán dispuestos a asumir las nuevas reglas.
PERFORAN POZO PROFUNDO EN CHURINTZIO PARA ABASTECER DE AGUA A TORRECILLAS
La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) inició la perforación de un pozo profundo en la localidad de Torrecillas, municipio de Churintzio, como parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026.
La obra contempla una perforación de hasta 250 metros de profundidad y, de acuerdo con el Gobierno de Michoacán, beneficiará directamente a 235 habitantes de esta comunidad, quienes podrán contar con una nueva fuente para el suministro de agua potable.
El proyecto incluye también la construcción de dos fosas para la preparación de lodos, un registro eléctrico y la instalación de tuberías necesarias para la operación del pozo una vez concluida la perforación.
La inversión destinada a los trabajos asciende a 3 millones 697 mil pesos, recursos que serán aportados de manera conjunta por los gobiernos federal y municipal.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aportará el 50 por ciento de los recursos, mientras que el Ayuntamiento de Churintzio cubrirá el 50 por ciento restante. La Ceac tendrá a su cargo las labores de perforación y ejecución de la obra.
Durante el arranque, la coordinadora general de la Ceac, Olivia Cazarez Arreola, señaló que la intervención busca garantizar el acceso a agua de calidad y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades de la localidad.
La obra se suma a las acciones de infraestructura hidráulica contempladas para Michoacán durante 2026. Su impacto dependerá no solo de concluir la perforación, sino de que el pozo encuentre un caudal suficiente y pueda incorporarse de manera efectiva al sistema de abastecimiento de Torrecillas.
PERFORAN POZO PROFUNDO EN COENEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE
La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) inició la perforación de un pozo profundo en el municipio de Coeneo, obra que, de acuerdo con la dependencia, beneficiará directamente a más de 3 mil 500 habitantes de la región.
El proyecto forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026 y contempla alcanzar una profundidad de 300 metros para buscar una fuente de abastecimiento de agua potable para las familias de la zona.
Los trabajos incluyen la construcción de dos fosas para la preparación de lodos, un registro eléctrico y la colocación de tubería de acero como parte de la infraestructura necesaria para la extracción del recurso.
La inversión asciende a 4 millones 792 mil pesos, con una participación conjunta de los gobiernos federal, estatal y municipal para financiar la obra hidráulica.
Del monto total, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aportará el 40 por ciento; el Gobierno de Michoacán, mediante la Ceac, contribuirá con 25 por ciento y el Ayuntamiento de Coeneo cubrirá el 35 por ciento restante.
La coordinadora general de la Ceac, Olivia Cazarez Arreola, señaló que continuarán los trabajos coordinados con la Federación y los municipios para ampliar el acceso al agua potable en distintas regiones de Michoacán.
El proyecto representa una nueva inversión en infraestructura para garantizar el abasto de agua en comunidades de la entidad. Sin embargo, el beneficio anunciado dependerá de que la perforación alcance un acuífero con disponibilidad suficiente y de que posteriormente se garantice la operación y mantenimiento del pozo.
REVISAN SITUACIÓN DE GRANJAS ACUÍCOLAS EN MICHOACÁN
La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán informó que sostuvo una reunión con técnicos regionales para dar seguimiento a las granjas y unidades de producción acuícola que operan en la entidad.
El encuentro tuvo como objetivo revisar la situación de las unidades productivas y dar continuidad al acompañamiento técnico que se brinda a las y los productores del sector acuícola.
La dependencia señaló que se busca fortalecer la coordinación entre los equipos regionales para atender las necesidades que presentan las granjas y unidades de producción.
De acuerdo con la Comisión de Pesca, el trabajo técnico pretende contribuir a mejorar las condiciones productivas de la acuacultura en Michoacán.
La dependencia también planteó como objetivo impulsar una actividad acuícola más productiva, con prácticas que permitan reducir impactos y avanzar hacia un manejo sostenible de los recursos.
Sin embargo, el seguimiento técnico requiere también información pública sobre las condiciones ambientales de las granjas, particularmente respecto al uso del agua, manejo de descargas, calidad del recurso y cumplimiento de las disposiciones ambientales.
La acuacultura puede representar una alternativa productiva para las comunidades, pero su sostenibilidad dependerá de que el acompañamiento institucional vaya acompañado de vigilancia ambiental y de medidas concretas para evitar impactos sobre los cuerpos de agua del estado.
SHEINBAUM VUELVE A MICHOACÁN CON PENDIENTES POR RESOLVER
La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Michoacán el próximo 25 de septiembre, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Será su décima visita a la entidad y tendrá como objetivo presentar avances de obras y programas federales.
Pero la visita también ocurre con pendientes que siguen sin resolverse. Entre ellos está la desaparición de Silva, caso que mantiene la exigencia de búsqueda y esclarecimiento.
En el Oriente de Michoacán permanece además el conflicto entre comunidades indígenas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante acuerdos incumplidos y reclamos por afectaciones en la región.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) ha advertido sobre nuevas movilizaciones si las autoridades no cumplen los compromisos establecidos en las mesas de diálogo.
Así, el balance que presentará Sheinbaum no sólo tendrá que hablar de obras, seguridad, educación y salud. También deberá responder por los conflictos que siguen abiertos en el territorio michoacano.
La visita presidencial será una oportunidad para conocer si estos casos forman parte de la agenda federal o permanecen fuera del informe oficial.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
ENCUENTRO ZAPATISTA DE ARTES, RESISTENCIAS Y REBELDÍAS LLEGA A SU FIN
Después de 29 días de actividades, concluyó en el Caracol Jacinto Canek el Encuentro de Artes, Resistencias y Rebeldías convocado y organizado por comunidades zapatistas. El encuentro reunió a más de mil participantes de casi 40 países en una agenda de ponencias, talleres, música, poesía y distintas expresiones artísticas.
Durante el cierre se adelantó también la presencia de mil 111 zapatistas en la Ciudad de México, después de 25 años, para acompañar y acuerpar a las Madres y Padres buscadores que mantienen la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en distintas regiones del país.
La programación incluyó talleres de serigrafía, defensa personal para mujeres y recorridos por territorio zapatista para reconocer la biodiversidad y el paisaje de los volcanes. La música, la poesía y la prosa estuvieron presentes durante las jornadas, con participación tanto de zapatistas como de asistentes provenientes de otros países.
Una de las actividades centrales fue la presentación de “El común y el día después”, obra interpretada por jóvenes zapatistas que plantea una vida comunitaria en armonía con la naturaleza. La puesta en escena abordó la organización colectiva, la solidaridad y la empatía, además de cuestionar las violencias patriarcales, la propiedad privada y las lógicas del sistema capitalista.
El encuentro también mostró otras formas de convivencia mediante actividades deportivas, juegos, espacios para las infancias y cuidados colectivos. La experiencia fue planteada como un espacio de intercambio de conocimientos y formación a través de la cultura, donde las expresiones artísticas funcionaron como herramientas para reflexionar sobre la organización comunitaria y la vida en común.
Desde las canciones de excombatientes sobre la toma de San Cristóbal hasta la poesía de las nuevas generaciones, las actividades colocaron la libertad, la organización y la defensa de lo común como elementos centrales. Para quienes participaron, el encuentro permitió mantener vínculos entre distintas realidades y sostener la esperanza de construir formas diferentes de relacionarse con la sociedad y la naturaleza.
Durante el cierre, el Subcomandante Insurgente Moisés llamó a organizarse de acuerdo con cada geografía, hacer del buen vivir un arte, compartir saberes y mantener la congruencia entre los actos y los principios. El mensaje final estuvo marcado por la perseverancia y por la idea de que la transformación requiere organización comunitaria y un proceso constante, “lento pero seguro”. / Fotos y texto cocreado por: Alexis y Piankov / Publicado originalmente por Noticias de Abajo
SEGUNDO INFORME
GOBIERNO REPORTA AVANCES PARA SANEAR LOS RÍOS ATOYAC, LERMA Y TULA
El Gobierno de México reportó avances en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados tres de las cuencas prioritarias de la administración de Claudia Sheinbaum. Las acciones incluyen 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores.
En el Atoyac, se informó una inversión superior a 400 millones de pesos durante 2025 para saneamiento y restauración, además del retiro de 102 toneladas de basura, más de 5 mil toneladas de cascajo, 8 mil 540 metros cúbicos de azolve y mil 464 llantas.
Para el sistema Lerma-Santiago, que abarca seis millones de hectáreas y nueve estados, el gobierno anunció una inversión superior a mil 350 millones de pesos durante 2026. También reportó 71 inspecciones de Profepa y 22 de Conagua a empresas, algunas de las cuales derivaron en clausuras y procedimientos administrativos.
En esta cuenca se construyen, rehabilitan o amplían seis plantas de tratamiento y se reconvierten energéticamente otras siete. También se han rehabilitado 17.48 kilómetros de colectores, retirado 955 toneladas de residuos y reforestado 38.5 hectáreas.
Para el río Tula, los gobiernos federal y de Hidalgo destinarán más de 900 millones de pesos durante 2026. Entre las acciones se encuentran la rehabilitación de infraestructura de tratamiento, reconstrucción de bordos, desazolve, revegetación de márgenes y construcción de colectores.
El gobierno también reportó la modificación de la política de concesiones de agua, con más de 5 mil millones de metros cúbicos que, asegura, fueron desprivatizados y reasignados mediante más de 12 mil títulos a municipios, comunidades y productores. Además, se tecnifican más de 250 mil hectáreas agrícolas.
Los datos forman parte del balance presentado por el Gobierno de México en su Segundo Informe de Gobierno. El reto será que las obras y operativos se traduzcan en una reducción permanente de las descargas contaminantes y en la recuperación efectiva de ríos que durante décadas han recibido aguas residuales e industriales.
GREENPEACE CUESTIONA POLÍTICA AMBIENTAL DE SHEINBAUM EN SU SEGUNDO INFORME
Greenpeace México cuestionó la política ambiental de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que su Segundo Informe de Gobierno presenta avances en distintos sectores, pero no refleja resultados significativos en materia de protección ambiental. La organización advirtió que durante el segundo año de administración persisten proyectos y decisiones que consideran contrarios a la justicia ambiental y social.
Entre las principales alertas señaló la continuidad del modelo energético basado en combustibles fósiles, incluida la posibilidad de utilizar fracking no convencional bajo el concepto de “fracking sustentable”. Greenpeace también criticó la respuesta gubernamental ante el derrame petrolero ocurrido en el Golfo de México, los incendios del pozo Krem-1 y el accidente en la Refinería Dos Bocas, donde murieron cinco trabajadores.
La organización cuestionó además los compromisos para fortalecer a Pemex y la CFE, al considerar que la infraestructura petrolera existente continúa asociada con derrames, explosiones, contaminación y afectaciones a comunidades y trabajadores. Frente a ello, planteó la necesidad de avanzar hacia una transición energética que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles.
En materia climática, Greenpeace señaló la ausencia de una política suficiente de adaptación y desplazamiento climático, pese a que México incorporó este último tema en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas de 2025. También expresó preocupación por la propuesta de una nueva LGEEPA, al considerar insuficiente la participación pública, el acceso a la información ambiental y la incorporación de los estándares del Acuerdo de Escazú.
Otro punto de preocupación son los llamados Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) y las políticas relacionadas con residuos plásticos. Greenpeace sostuvo que tecnologías como la pirólisis, el coprocesamiento y la valorización energética pueden generar contaminación y riesgos a la salud, mientras comunidades de Puebla y Tlaxcala han expresado oposición a la instalación de estos complejos industriales.
La organización también colocó como ejemplos de megaproyectos cuestionados la planta de amoniaco en Topolobampo, el Tren Maya y proyectos turísticos, inmobiliarios, agrícolas y ganaderos en la Península de Yucatán. En el caso de Topolobampo, señaló que la planta promovida por Grupo Proman y Gas y Petroquímica de Occidente estaría vinculada al suministro de gas obtenido mediante fracking y advirtió sobre posibles afectaciones a la Bahía de Ohuira y al territorio Mayo-Yoreme.
Greenpeace concluyó que la administración federal mantiene una política económica que prioriza megaproyectos extractivos y sectores fósiles por encima de la protección de los territorios. Advirtió además sobre la situación de las personas defensoras del ambiente y exigió una política ambiental capaz de responder a la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y las desigualdades sociales, bajo una perspectiva de justicia ambiental y social.
ORGANIZACIONES EXIGEN PARLAMENTO ABIERTO PARA REFORMAR LA LGEEPA
Organizaciones y colectivos de la sociedad civil solicitaron al Congreso de la Unión abrir un proceso de Parlamento Abierto amplio, plural, informado y sustantivo antes de dictaminar y aprobar las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Las organizaciones señalaron que la LGEEPA es la ley marco del sistema jurídico ambiental mexicano y que sus disposiciones tienen impacto en la protección de ecosistemas y biodiversidad, el ordenamiento territorial, la prevención de la contaminación, la evaluación ambiental y la participación social.
Reconocieron que actualizar la legislación es necesario ante los nuevos desafíos ambientales que enfrenta México y los avances del derecho ambiental internacional. Sin embargo, advirtieron que una reforma de esta magnitud no debe estar determinada por la prisa legislativa, sino por una deliberación amplia que permita construir un marco jurídico ambiental sólido.
Como antecedente, destacaron que la reforma de 1996 requirió alrededor de 18 meses de discusión y construcción, periodo en el que se incorporaron distintas perspectivas. Por ello, consideraron que tres décadas después existe una oportunidad para repetir un proceso de participación que permita revisar con mayor profundidad los cambios propuestos.
Entre sus demandas se encuentra convocar al Parlamento Abierto antes de la dictaminación y aprobación, garantizar tiempo suficiente para el análisis, incorporar a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, academia, especialistas, organizaciones civiles, sectores productivos y autoridades, además de publicar oportunamente iniciativas, diagnósticos, estudios y propuestas de modificación.
Las organizaciones también pidieron mesas de trabajo temáticas y espacios de deliberación, no sólo sesiones informativas; transparencia sobre las propuestas recibidas y una explicación de cuáles fueron incorporadas o descartadas. Plantearon además que cualquier modificación tenga como principio rector el fortalecimiento de la protección ambiental y de los derechos humanos, bajo el principio de progresividad.
El posicionamiento fue respaldado por organizaciones como CEMDA, Greenpeace México, Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica, Fundar, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Redes del Agua y Wildlands Network, entre decenas de colectivos.
El llamado al Congreso es a discutir la reforma con tiempo, conocimiento y participación, al considerar que las modificaciones definirán las reglas con las que México protegerá su patrimonio natural durante las próximas décadas.
REACTIVAN ACUEDUCTO PÁNUCO-CERRO PRIETO PARA LLEVAR AGUA A MONTERREY
El proyecto del acueducto Monterrey IV vuelve a la agenda hidráulica bajo el nombre de Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con clave 28TM2026H0074, fue publicada el 27 de agosto en la Gaceta Ecológica número 41.
El proyecto contempla la construcción de un acueducto de aproximadamente 390 kilómetros para trasladar agua desde el río Pánuco, en la Huasteca Potosina, hacia la zona metropolitana de Monterrey. La propuesta considera extraer entre 5 mil y 6 mil litros por segundo del cauce.
La MIA fue presentada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. y plantea como objetivo garantizar el abastecimiento futuro de agua para la zona conurbada de Monterrey. Sin embargo, el proyecto reabre el debate sobre el destino final del recurso y los sectores que concentran su consumo.
Las grandes obras hidráulicas suelen justificarse bajo la necesidad de garantizar agua para las ciudades, pero también pueden terminar sosteniendo las demandas de sectores industriales y productivos con elevados requerimientos hídricos. Por ello, el debate no se limita a cuánto agua se pretende trasladar, sino a quién se asignará.
El trasvase también plantea interrogantes para las comunidades y territorios de la Huasteca Potosina. Extraer hasta 6 mil litros por segundo del río Pánuco implica discutir qué impactos tendrá sobre el caudal, los ecosistemas y las poblaciones que dependen del agua en la región de origen.
La publicación de la MIA abre ahora una etapa formal de evaluación ambiental en la que deberán revisarse los impactos acumulativos del proyecto, las afectaciones territoriales y las medidas de mitigación propuestas. También será relevante conocer las observaciones que presenten comunidades y organizaciones durante el proceso.
El Acueducto Pánuco-Cerro Prieto reactiva así una vieja discusión sobre la política hidráulica en México: ¿para quién se construye la infraestructura y quién termina pagando sus costos ambientales y territoriales? El proyecto deberá analizarse no solo por su capacidad para llevar agua a Monterrey, sino por lo que implica trasladarla desde otro territorio.
MÁS DE 300 PERSONAS RECHAZAN PLANTA DE AMONIACO EN TOPOLOBAMPO
Más de 300 habitantes de comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros de Topolobampo y Los Mochis se movilizaron contra la construcción de la megaplanta de amoniaco de Grupo Proman Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al considerar que representa una amenaza para los ecosistemas y las comunidades de la Bahía de Ohuira.
Convocados por el Colectivo ¡Aquí No! y Greenpeace México, jóvenes, adultos y personas mayores realizaron una acción simbólica en las inmediaciones de la estructura conocida como “el misil”, una torre de absorción industrial de GPO. Desplegaron una manta de 30 metros con la leyenda “¿INOFENSIVO? Juntos contra la amenaza”, en referencia a la dimensión del proyecto y sus posibles impactos.
Los manifestantes cuestionaron que la planta pueda ser considerada inofensiva y exigieron al Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, cancelar el proyecto y priorizar la protección de la riqueza natural, marina, terrestre, cultural y social de la Bahía de Ohuira. La empresa Proman presenta la instalación como la mayor planta comercial de amoniaco de América Latina.
El Colectivo ¡Aquí No! señaló que las comunidades llevan más de 13 años expresando su rechazo al proyecto y que están próximas a cumplir 100 días de manifestación permanente frente a las instalaciones de GPO. Las comunidades Mayo-Yoreme reclamaron que se valore su participación en las decisiones que pueden determinar el futuro de la bahía y el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Greenpeace advirtió que entre los riesgos señalados por las comunidades se encuentran posibles afectaciones a humedales, agua, ecosistemas, especies, aves, delfines y habitantes de la región. Irving García Sandoval, campañista de Cambio Climático y Océanos de la organización, sostuvo que la expansión de proyectos industriales no puede realizarse a costa de los territorios y recursos naturales.
En la movilización participaron habitantes de las comunidades Mayo-Yoreme de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas, así como pobladores de los ejidos Rosendo G. Castro, Plan de Guadalupe, Carrizo Grande, Guadalupe Estrada, El Maviri, Topo Viejo y de Los Mochis. Los participantes mostraron mensajes como “¡No a la planta de amoniaco!”, “Defendamos Topolobampo” y “¡Fuera GPO de Topolobampo!”.
Además, Greenpeace llamó a la ciudadanía a exigir públicamente a Grupo Proman desistir del proyecto, aunque usuarios reportaron haber sido bloqueados y que sus comentarios fueron eliminados de las redes sociales de la empresa. Para las organizaciones y comunidades, la decisión para frenar la planta corresponde finalmente a las autoridades federales y debe priorizar la protección ambiental y los derechos de quienes habitan y dependen de la Bahía de Ohuira.
PROFEPA CLAUSURA TIENDA Y DOS FUNDIDORAS POR DAÑOS AMBIENTALES EN CHIHUAHUA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal una tienda construida dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, además de dos fundidoras señaladas por irregularidades ambientales.
Durante una inspección realizada el 19 de agosto, la dependencia constató que la tienda “Del Río” ocupaba unos 303 metros cuadrados, con estacionamiento, alumbrado, transformador, anuncio y barda, sin presentar Manifestación de Impacto Ambiental ni autorización ambiental de la Semarnat.
La Profepa determinó que existía riesgo de daño o deterioro grave a los recursos naturales del área natural protegida, por lo que impuso la clausura total temporal de la construcción.
En otro operativo, una fundidora de hierro y acero ubicada en Hidalgo del Parral fue inspeccionada y se detectó que operaba con hornos de gas y coque sin licencia de funcionamiento, sin canalización de emisiones y sin mediciones de contaminantes.
Una segunda empresa, ubicada en el municipio de Chihuahua, realizaba fundición de aluminio mediante un horno artesanal que utilizaba gas y aceite lubricante usado como combustible. Tampoco contaba con licencia ni mediciones de emisiones.
La dependencia señaló que las clausuras fueron determinadas bajo el principio de precaución, ante el riesgo de contaminación, afectaciones a los ecosistemas y posibles daños a la salud pública. Los procedimientos administrativos continuarán para determinar las medidas correspondientes.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa la capacidad de la Profepa para intervenir cuando existen obras o actividades que operan fuera de la normatividad ambiental. La pregunta también alcanza a otros territorios: ¿cuántas obras y empresas operan con irregularidades ambientales antes de que llegue una inspección?
PROFEPA CLAUSURA OBRAS POR TALA Y EXTRACCIÓN ILEGAL EN AMANALCO
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal obras y actividades realizadas en un predio de Amanalco, Estado de México, tras detectar remoción de vegetación y extracción de tierra y piedra dentro de un área natural protegida.
La inspección se realizó el 20 de agosto, luego de una denuncia popular por tala y extracción de piedra en un terreno ubicado sobre la carretera Amanalco-Valle de Bravo, en la localidad de San Bartolo.
Durante el recorrido, la dependencia constató la remoción total de la cubierta vegetal en aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados, además de trabajos para extraer tierra y piedra volcánica utilizados en la nivelación y compactación del terreno.
También fueron encontrados dos encinos y un madroño desenraizados y derribados, con diámetros aproximados de 20 centímetros, sin documentación que acreditara un aprovechamiento autorizado por la Semarnat.
La persona visitada tampoco presentó autorización en materia de impacto ambiental para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Ante las irregularidades, la Profepa impuso la clausura total temporal de las obras y actividades.
El predio se encuentra dentro del Área de Protección de los Recursos Naturales Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, con más de 140 mil hectáreas y relevancia para la conservación de bosques, ecosistemas y fuentes de agua.
La Profepa inició el procedimiento administrativo y continuará con las diligencias para verificar el cumplimiento de la clausura y determinar las acciones correspondientes. El caso muestra nuevamente cómo la remoción de cobertura forestal y la modificación del suelo pueden avanzar hasta que una denuncia active la intervención de la autoridad ambiental.
DERRAME DE ÁCIDO SULFÚRICO MOVILIZA A PROFEPA EN CANANEA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atiende una emergencia ambiental provocada por la volcadura de un tractocamión que transportaba ácido sulfúrico en el tramo carretero Ímuris-Cananea, en Sonora.
El accidente ocurrió el 1 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en el kilómetro 97.5. De manera preliminar, se estima que 12 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados sobre la carretera y aproximadamente 200 metros lineales de suelo natural.
Parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso, por lo que las autoridades todavía evalúan el alcance de la contaminación y las medidas de remediación que deberán aplicarse.
Como respuesta inmediata se cerró la circulación y se realizaron trabajos de trasvase, recuperación y neutralización del ácido mediante cal apagada. Las labores continúan mientras Protección Civil mantiene la atención de la emergencia.
Personal de Profepa realizó un recorrido técnico y levantó un acta circunstanciada. La inspección formal se realizará cuando las autoridades determinen que existen condiciones seguras para ingresar al sitio.
El tractocamión pertenece a Express Milac (Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad S.A. de C.V.) y transportaba el ácido desde la planta de Fundición, en Nacozari, hacia la mina Cobre del Mayo, en Álamos, Sonora.
Profepa informó que continuará con la evaluación ambiental para determinar las afectaciones, ordenar las acciones de limpieza y remediación que correspondan y, en su caso, establecer las responsabilidades derivadas del derrame.
DERRAME DE QUÍMICOS TRAS VOLCADURA MOVILIZA A PROFEPA EN ZACATECAS
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió un accidente carretero registrado en la carretera federal 54, en Concepción del Oro, Zacatecas, donde un tractocamión que transportaba sustancias químicas volcó y provocó un derrame de residuos peligrosos.
El accidente ocurrió en el kilómetro 260+500, en el tramo Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad Ciénega de Rocamontes. La unidad transportaba 15 contenedores de mil litros cada uno con metilsilanotriol de potasio, un compuesto altamente alcalino que puede elevar considerablemente el pH al entrar en contacto con agua o suelo.
Durante la inspección, Profepa encontró dos contenedores vacíos, por lo que estimó un derrame de aproximadamente 2 mil litros. La carta porte señalaba que el tractocamión trasladaba 21 mil litros del químico desde Manzanillo, Sinaloa, hacia Nuevo León.
La dependencia detectó además inconsistencias en las cantidades reportadas inicialmente por la empresa presuntamente responsable. Por ello, deberá presentar un nuevo aviso con la información asentada en el acta de inspección.
Profepa requirió que se realicen las labores de limpieza, caracterización y remediación del sitio para determinar el alcance de la afectación y reducir los riesgos para el suelo y otros componentes ambientales.
También exigió a la empresa transportista hacer efectiva la póliza de garantía prevista por la legislación para responder ante accidentes relacionados con el manejo y transporte de residuos peligrosos.
El caso será turnado al área jurídica de Profepa, que determinará las medidas de urgente aplicación y, conforme al procedimiento administrativo, la posible sanción. La dependencia aseguró que continuará con las verificaciones para garantizar la atención de la zona afectada.
ACUERDO POR LOS BOSQUES: ¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD?
La Semarnat y la Conafor anunciaron el Gran Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, con la participación de más de 100 empresas, gobiernos, comunidades y organizaciones.
El gobierno plantea que el acuerdo permitirá combatir la tala ilegal y avanzar hacia una producción libre de deforestación. Sin embargo, el propio documento coloca en el centro a las cadenas agroindustriales de exportación: aguacate, agave y tequila, entre otras.
El reto no es sólo comprometer a las comunidades a conservar los bosques, sino responsabilizar a quienes obtienen ganancias de las cadenas productivas que presionan sobre el territorio, el agua y la cobertura forestal.
El acuerdo habla de certificaciones y producción sustentable. La pregunta es si habrá controles efectivos para garantizar que la expansión agroexportadora no siga trasladando los costos ambientales a comunidades y ecosistemas, mientras las ganancias permanecen en las empresas.
REGRESA A MÉXICO CONTINGENTE QUE COMBATIÓ INCENDIOS EN CANADÁ
Un contingente de 104 integrantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) regresó a México luego de participar durante 33 días en labores de combate, control y liquidación de incendios forestales en la provincia de Ontario, Canadá.
La misión estuvo conformada por 100 combatientes y cuatro técnicos, desplegados del 28 de julio al 29 de agosto en los campamentos de Rinker Lake, Holinshead y Atikokan, donde trabajaron coordinadamente con las autoridades canadienses.
Entre las labores realizadas estuvo la apertura de 19 mil 869 metros de brechas con machete y motosierra, además de acciones para contener y controlar 2 mil 930 metros de perímetro y liquidar otros 2 mil 940 metros de áreas afectadas por los incendios.
Las brigadas también rastrearon 370 mil 427 metros para localizar puntos calientes y lograron liquidar 736 de estos sitios mediante herramientas manuales y bombas Mark 3. A ello se sumó el tendido de 12 mil 998 metros de manguera y la recuperación de otros 12 mil 327 metros.
El personal mexicano realizó además 362 descargas de agua y apoyó las operaciones aéreas, mientras participó en la limpieza, habilitación y construcción de 17 helipistas utilizadas para fortalecer las tareas de combate y logística.
La participación forma parte del Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, mediante los cuales ambos países comparten capacidades y personal ante emergencias forestales de gran magnitud.
El regreso del primer contingente representa también el reconocimiento a la especialización del personal mexicano para enfrentar incendios forestales fuera del país. La misión concluyó después de más de un mes de trabajo directo en zonas afectadas de Ontario, mientras México mantiene este esquema de cooperación internacional para atender emergencias ambientales.
NORMALISTAS DENUNCIAN FALTA DE DOCENTES Y 14 CURSOS SIN CLASES
La Escuela Normal para Educadoras “Profr. Serafín Contreras Manzo” denunció la falta de personal docente que mantiene actualmente 14 cursos de formación sin cubrir, situación que, de acuerdo con la comunidad estudiantil, afecta directamente su preparación como futuras educadoras.
En un posicionamiento fechado el 2 de septiembre de 2026, las normalistas señalaron que la ausencia de docentes ha provocado que no cuenten con clases en dichos cursos, interrumpiendo la continuidad de sus actividades escolares y generando una afectación académica para la comunidad estudiantil.
Las estudiantes advirtieron que los 14 cursos forman parte de su preparación profesional y que su ausencia no representa únicamente la pérdida de horas de clase. Señalaron que cada asignatura contribuye al desarrollo de conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para su desempeño como profesionales de la educación.
De acuerdo con el posicionamiento, la formación normalista requiere procesos académicos continuos para fortalecer conocimientos pedagógicos, estrategias de intervención y capacidades para atender las necesidades de niñas y niños en distintos contextos educativos. La falta de docentes, sostienen, limita estas oportunidades de aprendizaje.
La comunidad normalista también pidió agilizar dos procesos correspondientes a docentes y otro correspondiente a una doctora, procedimientos que permanecen pendientes y han impedido la incorporación del personal necesario a la institución.
Ante esta situación, las estudiantes exigieron a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para cubrir los 14 cursos que actualmente no cuentan con docente, además de acelerar los procesos administrativos que permitan la incorporación del personal pendiente.
Las normalistas recordaron que las escuelas normales han sido espacios de formación de docentes críticos y reflexivos y señalaron que la problemática académica afecta directamente su derecho a una formación profesional continua. Su posicionamiento concluyó con una consigna: “¡Educadora callada, jamás será escuchada!”
EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL…
PETRO ALERTA A MÉXICO POR “TECNOFASCISMO”
Durante una conferencia realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el expresidente colombiano Gustavo Petro habló sobre los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos que enfrenta la humanidad. Su intervención estuvo centrada en la relación entre capitalismo, tecnología, crisis climática y futuro de las sociedades.
Petro señaló que el desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización están transformando el mundo laboral. Advirtió que estos avances podrían beneficiar principalmente a los propietarios del capital y la tecnología, provocando desempleo y una mayor concentración de la riqueza.
El exmandatario planteó que la productividad tecnológica también podría tener un efecto positivo si sus beneficios se utilizan para reducir las jornadas laborales y aumentar el tiempo libre de las personas. Según su planteamiento, esto permitiría dedicar más tiempo al arte, el conocimiento, la cultura y otras actividades relacionadas con el bienestar humano.
Otro de los riesgos señalados por Petro fue la posibilidad de un “tecnofascismo”, basado en el uso de algoritmos, inteligencia artificial, bases de datos y sistemas de vigilancia para controlar a las sociedades. En este contexto, cuestionó la concentración del poder tecnológico en grandes empresarios y empresas del sector.
Petro también abordó la crisis climática y criticó la dependencia mundial de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Defendió una transición energética inmediata y sostuvo que continuar con el modelo actual puede agravar los problemas ambientales y poner en riesgo el futuro de la humanidad.
Durante su participación, el expresidente hizo además señalamientos sobre una presunta manipulación tecnológica en procesos electorales de Colombia y mencionó el uso de bots, algoritmos y sistemas de seguridad. Estas afirmaciones fueron presentadas por Petro durante la conferencia y requieren corroboración independiente antes de ser consideradas hechos comprobados.
Finalmente, Petro llamó a defender la libertad, la vida y el humanismo frente a los cambios tecnológicos, económicos y políticos actuales. Su participación en la UNAM concluyó con una reflexión sobre la necesidad de orientar los avances científicos y tecnológicos hacia el bienestar de las personas y no hacia una mayor concentración del poder.
ESTADOS UNIDOS SE APROPIA DEL PETRÓLEO VENEZOLANO
Esta semana se movieron cosas en la geopolítica latinoamericana y los intentos de imperialismo y extractivismo yankee volvieron a colocarse en el centro de la discusión.
El foco estuvo en Venezuela, donde el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez avanzó en una serie de acuerdos energéticos con Estados Unidos y empresas transnacionales, en un movimiento que puede modificar de manera importante el mapa petrolero de América Latina.
El acuerdo anunciado por Washington contempla la participación de North American Blue Energy Partners (NABEP) en la explotación de 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en alrededor de 65 mil millones de barriles. La Casa Blanca sostiene que se trata de una inversión cercana a los 100 mil millones de dólares para recuperar y aumentar la producción petrolera venezolana. El esquema, sin embargo, ha generado cuestionamientos por las condiciones de explotación y por el nivel de participación que tendría Estados Unidos en el negocio.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la duración del acuerdo: Washington habla de derechos de explotación por 100 años, mientras que desde Venezuela se han manejado referencias a contratos de menor duración. El gobierno estadounidense también tendría derecho a una participación del 35 por ciento en la empresa matriz de NABEP y acceso preferencial a una parte de la producción petrolera.
La visita esta semana a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sirvió para aterrizar estos acuerdos. En su presencia, Venezuela formalizó nuevos convenios con Chevron y Eni, además de acuerdos con General Electric Vernova para infraestructura eléctrica. Chevron anunció inversiones por alrededor de 7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años, con el objetivo de más que duplicar su producción en el país.
Desde la perspectiva de Washington, la operación busca garantizar nuevas fuentes de petróleo, fortalecer la seguridad energética estadounidense y atraer capital para recuperar una industria venezolana que ha sufrido años de deterioro. La producción del país ronda actualmente los 1.25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los cerca de 3 millones que llegó a producir a finales de los años noventa.
Pero detrás de los anuncios de inversión aparece la otra cara de la negociación: quién controla los recursos, bajo qué condiciones y quién terminará beneficiándose de ellos.
El acuerdo ha provocado críticas tanto entre sectores de la oposición venezolana como entre quienes cuestionan la creciente presencia estadounidense en la industria petrolera del país. La dirigente opositora María Corina Machado sostuvo esta semana que Venezuela necesita mucho más que dinero y reclamó que cualquier recuperación del sector petrolero esté acompañada de legitimidad democrática, transparencia y seguridad jurídica.
También ha llamado la atención que Washington esté adquiriendo un papel tan directo en la explotación de las reservas venezolanas mientras el futuro político del país continúa abierto. Donald Trump ha señalado que Venezuela todavía no estaría preparada para celebrar elecciones, mientras su administración avanza simultáneamente en una relación económica mucho más estrecha con el gobierno de Delcy Rodríguez.
Así, lo ocurrido esta semana va más allá de una serie de contratos petroleros. Venezuela vuelve a convertirse en una pieza estratégica de la política energética de Estados Unidos y, al mismo tiempo, en un escenario donde se disputa el control sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta.
La promesa es inversión, recuperación productiva y reconstrucción de infraestructura. El cuestionamiento es si esa recuperación terminará fortaleciendo la economía venezolana y su soberanía sobre los recursos, o si representa una nueva etapa de dependencia alrededor de su riqueza petrolera.
Por ahora, una cosa es clara: mientras Caracas habla de reactivación económica y Washington de seguridad energética, el petróleo venezolano vuelve a estar en el centro de una disputa geopolítica que trasciende sus fronteras.
EN CUBA, LA DISPUTA TOMÓ OTRA FORMA
Mientras en Venezuela Estados Unidos avanza hacia una participación cada vez mayor en la explotación petrolera, en Cuba Washington mantiene una estrategia distinta pero conectada por el mismo elemento: el control y acceso a los recursos energéticos como herramienta de presión geopolítica.
Esta semana Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas, entre ellas entidades vinculadas con los sectores energético, minero y financiero, además de sancionar a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro. Las medidas llegan cuando la isla atraviesa una severa crisis energética, marcada por apagones y dificultades para garantizar combustible y mantener funcionando su infraestructura eléctrica.
La presión sobre el combustible no comenzó esta semana. Desde enero, la administración de Donald Trump ha endurecido las medidas contra el suministro petrolero hacia Cuba, llegando incluso a amenazar con aranceles a países que le proporcionen crudo. La estrategia ha convertido el acceso a la energía en uno de los principales instrumentos de presión de Washington sobre La Habana.
Al mismo tiempo, Cuba está realizando una transformación económica interna. El gobierno anunció nuevas reglas para facilitar la inversión extranjera, flexibilizar actividades privadas y abrir espacios en sectores como turismo, comercio y bienes raíces. Reuters describe estas medidas como las reformas de mercado más profundas de la economía cubana desde la Revolución de 1959.
El contraste resulta significativo: mientras Estados Unidos incrementa la presión económica y energética sobre la isla, Cuba busca atraer capital extranjero para sostener su economía y enfrentar una crisis cada vez más profunda.
El escenario coloca nuevamente a Cuba en una disputa que va más allá de la confrontación entre Washington y La Habana. Se trata también de quién determina las condiciones económicas de la isla, qué sectores se abren al capital extranjero y hasta dónde puede llegar la presión de Estados Unidos sobre un país que continúa siendo estratégico dentro de la geopolítica del Caribe.
Y mientras Venezuela aparece como el gran tablero petrolero de esta semana, Cuba muestra la otra cara de la misma disputa: no hace falta controlar directamente un yacimiento para convertir la energía en una herramienta de poder; también basta con decidir quién puede vender petróleo, quién puede financiarlo y bajo qué condiciones puede llegar a la isla.