Michoacán adjudicó un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, única empresa participante en el proceso. El nuevo acuerdo asciende a 8.88 millones de pesos y eleva a casi 28.9 millones los recursos contratados desde 2022. / Michoacán adjudica un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica: casi 8.9 millones de pesos
Michoacán adjudica un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica: casi 8.9 millones de pesos
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com / Con información de: Convocatoria, Bases, Acta de Junta de Aclaraciones, Acta de Apertura de Proposiciones, Dictamen Técnico (oficio SECMA-DA-023/2026) y Acta de Notificación del Fallo de Adjudicación de la Licitación CADPE-EM-LPE-028/2026.
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (SECMA) adjudicó un nuevo contrato para operar el sistema de vigilancia satelital “Guardián Forestal” a “Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, S.C.”, la misma empresa que ha operado el programa de forma ininterrumpida desde 2022.
De acuerdo con la documentación oficial del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), la Licitación Pública Estatal Electrónica N° CADPE-EM-LPE-028/2026 se resolvió el 8 de junio de 2026 con un fallo por $8,882,236.00 pesos, IVA incluido ($7,657,100.00 más impuestos), y contempla que el sistema opere hasta el 31 de diciembre de 2026.
Como en los procedimientos anteriores, la empresa se presentó como único participante y fue la única propuesta recibida en el Acto de Apertura del 3 de junio.
El Dictamen Técnico que sustentó el fallo (oficio SECMA-DA-023/2026, firmado por el notario público con licencia y secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López) concluyó que la empresa “cumple técnicamente” con la totalidad de los requisitos, entre ellos la actualización mensual de mapas satelitales, detección de puntos de calor tres veces al día, un módulo de inventario de huertas de aguacate certificadas para exportación y acceso vía API para otras dependencias.
Un requisito documental que llama la atención, entre los 14 documentos que las Bases exigen a cualquier participante, el numeral 13 pide expresamente “presentar certificado de registro público del derecho de autor con el título ‘Guardián Forestal’”.
Se trata de una condición que, en los hechos, solo puede cumplir quien ya es titular de esa denominación, es decir, la propia empresa que ha operado el programa desde 2022 y que limita estructuralmente la posibilidad de que otro proveedor participe, independientemente de su capacidad técnica.
Con este quinto contrato, la suma acumulada de los recursos pagados o comprometidos por el gobierno de Michoacán a “Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica” por “Guardián Forestal” desde 2022 asciende a aproximadamente $28.9 millones de pesos.
LOS CINCO CONTRATOS DOCUMENTADOS
Desde 2022, el gobierno de Michoacán ha contratado de forma ininterrumpida a la misma empresa, Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, S.C., dirigida por Heriberto Padilla Ibarra, para operar el sistema de vigilancia satelital forestal “Guardián Forestal”, acumulando más de 20 millones de pesos en cuatro contratos con tres dependencias distintas, todos sin competencia real.
Nov. 2022 (SADER) — Adjudicación directa por $348,000, para monitorear con satélite 9,000 hectáreas de plátano en Coahuayana durante un mes. Funcionó como «prueba piloto» que sentó las bases para los contratos posteriores.
2023 (SASESP) — Primera licitación pública a gran escala: $8,897,200 por cobertura de 6 millones de hectáreas durante un año.
Dic. 2024 (SECMA) — $2,691,587, una caída del 70% respecto al contrato anterior.
Jul. 2025 (SECMA) — El monto vuelve a dispararse a $8,074,760.
En los cinco procedimientos, la empresa fue el único participante que presentó propuesta.
“Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, S.C.” fue fundada en 2011 por los hermanos Padilla Ibarra (ahora opera bajo el nombre INNMORTAL), maneja varias plataformas de software agrícola y tiene convenios con el TecNM y la UMSNH.
En15dias.com publicó un reportaje donde documenta que, pese a que la empresa comenzó a usar el nombre “Guardián Forestal” desde 2023 (compra del dominio, presencia en eventos oficiales), el IMPI le negó dos veces el registro de la marca (expediente 3031643, en 2024 y 2025), argumentando que el nombre podía inducir a error al reproducir el de un programa gubernamental ya existente.
Hasta la fecha de este reportaje, 31 de agosto de 2026, la marca no tiene título de propiedad industrial otorgado, pese a lo cual la empresa sigue usando la denominación en nuevos contratos.
La coincidencia de fechas añade un matiz político al desarrollo del procedimiento licitatorio: la misma semana de junio de 2026 en que se concretó la adjudicación del quinto contrato por 8.8 millones de pesos para la operación de «Guardián Forestal», Heriberto Padilla Ibarra fue presentado públicamente como integrante del equipo político-territorial de Gladyz Butanda rumbo a los procesos internos de Morena en Michoacán.
Padilla Ibarra, vinculado al desarrollo e impulso de este sistema de monitoreo satelital, se sumó a una estructura que busca consolidar presencia rumbo a 2027, transitando así del ámbito de la innovación tecnológica ambiental a la operación política.
CRISIS AMBIENTAL Y FALTA DE JUSTICIA
En los últimos 50 años, la expansión del cultivo de aguacate en Michoacán pasó de 12,909 hectáreas en 1974 a 266,109 en 2024, impulsada por la apertura del mercado internacional, especialmente de Estados Unidos.
Este crecimiento, que se aceleró de forma notable a partir de los años 2000, transformó el uso del suelo: de una expansión inicial sobre áreas agrícolas, se transitó hacia la ocupación sistemática de zonas forestales, con impactos ambientales acumulativos.
Estudios académicos documentan que esta expansión ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad, presión sobre los recursos hídricos y contaminación por agroquímicos, además de efectos en la salud de las comunidades cercanas.
A estos impactos se suman factores estructurales como la falta de regulación efectiva, la debilidad en la protección de los bosques y la creciente presencia del crimen organizado en distintas etapas de la cadena productiva.
El proceso se vincula con decisiones de política pública desde la década de 1990, cuando la apertura comercial derivada del TLCAN permitió el acceso del aguacate michoacano al mercado estadounidense sin que se establecieran mecanismos ambientales suficientes.
Durante los siguientes gobiernos estatales y federales, el impulso a la exportación superó la capacidad de regulación, en un contexto donde incluso se documentaron periodos de deforestación sin permisos legales.
Entre 2008 y 2012 se registró el pico más alto de pérdida forestal, coincidiendo con la consolidación del modelo exportador. Aunque en años posteriores se reconoció el problema y se generaron diagnósticos oficiales, la expansión continuó, acompañada por vacíos normativos, como la derogación de instrumentos legales clave, y limitaciones institucionales para controlar el cambio de uso de suelo.
A partir de 2020, con la entrada en vigor del T-MEC y nuevas políticas estatales y federales, se han implementado mecanismos de certificación ambiental, monitoreo satelital y control de trazabilidad para vincular la exportación con el cumplimiento de criterios ecológicos y laborales.
Estas medidas incluyen restricciones a huertas ilegales, sistemas de vigilancia como Guardián Forestal y procesos para establecer una indicación geográfica del producto.
Sin embargo, los datos de procuración de justicia muestran rezagos significativos: entre 2018 y 2026 se iniciaron más de 2,000 investigaciones por delitos ambientales en Michoacán, pero solo 8 han derivado en sentencia.
La mayoría de los casos permanece en trámite y no existe un desglose específico que permita vincularlos directamente con el cambio ilegal de uso de suelo, lo que evidencia los límites institucionales frente a la magnitud del fenómeno.
