Comunidades indígenas del Oriente de Michoacán denunciaron que 35 de las 56 presas de enfriamiento que han identificado en Los Azufres carecerían de protección adecuada. La CFE reporta otra cifra y asegura que la operación cumple la normatividad ambiental vigente. / El 62.5% de las presas de enfriamiento de Los Azufres no tendría protección ambiental, denuncian comunidades indígenas

El 62.5% de las presas de enfriamiento de Los Azufres no tendría protección ambiental, denuncian comunidades indígenas
Por: en15dias.com / Con información de CSIM y CFE
Comunidades indígenas del Oriente de Michoacán denunciaron que el 62.5% de las presas de enfriamiento identificadas en la Geotermoeléctrica Los Azufres carecería de la protección necesaria para evitar filtraciones y desbordamientos de residuos con metales pesados.
El señalamiento se dio a conocer durante una inspección técnica conjunta realizada el 3 de septiembre con autoridades ambientales federales y estatales.
De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), las comunidades y especialistas han localizado un total de 56 presas de enfriamiento dentro de la zona de influencia de la planta geotérmica, cifra superior a las 33 que reporta oficialmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según los propios datos de la CFE, de esas 33 presas, 18 cuentan con recubrimiento de concreto, tres con geomembrana y 12 no tienen ningún tipo de protección. Las comunidades sostienen que, al considerar el universo más amplio que ellas han documentado, la proporción de estructuras sin protección adecuada asciende al 62.5 por ciento.
Estos depósitos, utilizados dentro del proceso de generación geotérmica, concentrarían elementos como arsénico, boro y aluminio. Las comunidades advierten que, ante fugas o desbordamientos, estos materiales pueden contaminar los manantiales y otras fuentes de agua de las que dependen, con efectos en la salud que vinculan al aumento de enfermedades renales crónicas en la región.
Como parte de la inspección, integrantes de las comunidades mostraron a las autoridades una pila de lixiviación que, según señalaron, se encuentra abandonada por la CFE, sin recubrimiento de concreto ni geomembrana.
En el lugar exigieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) investigue el manejo de los residuos y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realicen los estudios correspondientes.








De acuerdo con este testimonio, 30% de los manantiales de las comunidades indígenas de la zona presenta ya contaminación por metales pesados.
La denuncia se da en el marco de meses de movilización de las comunidades y de mesas de trabajo con dependencias federales y estatales, en las que han exigido estudios epidemiológicos y de calidad del agua ante lo que consideran una crisis sanitaria asociada a la operación de la geotérmica.
A la inspección del 3 de septiembre asistieron, además de la CFE, representantes de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y otras instituciones federales y estatales, junto con representantes de los pueblos indígenas del Oriente de Michoacán.
Corresponderá ahora a las autoridades ambientales determinar, mediante estudios técnicos, si las presas señaladas cumplen con la normatividad vigente y si existe riesgo de contaminación para los manantiales de las comunidades.

LA POSICIÓN DE LA CFE
En un comunicado emitido el mismo 4 de septiembre, la CFE señaló que la visita a sus instalaciones se realizó en seguimiento a los acuerdos de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública, Los Azufres, y a una solicitud canalizada por la Secretaría de Gobernación.
La empresa afirmó que el recorrido se desarrolló «con plena apertura» y permitió a los asistentes conocer directamente las instalaciones y procesos del campo geotérmico.

La paraestatal sostuvo que la operación de Los Azufres se realiza conforme a la normatividad ambiental aplicable y que mantiene coordinación con las autoridades competentes para el seguimiento de los temas ambientales y de salud planteados en el Comité Interinstitucional.






