A un año de la desaparición de los defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, la familia Lagunes Gasca difundió una carta para compartir lo que han vivido en este tiempo para exigir la localización de ambos y justicia.
Aunque se han detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, las familias siguen en la incertidumbre mientras las autoridades no logran dar con su paradero.
La preocupación aumenta ante los recientes movimientos en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), como el despido de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que podría implicar una dilatación en las acciones de búsqueda.
Por: en15dias.com / Organizaciones sociales
Los dos habían viajado para estar presentes en la asamblea municipal de Aquila, en el en Michoacán, e informar a los presentes sobre sus derechos en la elección del comisariado de bienes comunales.
“La reivindicación de pagos justos por la extracción de mineral de hierro en la localidad era un tema especialmente relevante para esas elecciones”. En Aquila trabaja la empresa siderúrgica transnacional latinoamericana y europea Ternium, con sede en Luxemburgo.
El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima.
Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad.
Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.
A las amenazas se sumaron las de directivos de Ternium el 13 de diciembre de 2022, durante una asamblea comunal en Aquila, cuando los defensores afirmaron que se detendrían los trabajos en la empresa perteneciente al grupo italoargentino Techint (con sede central en el paraíso fiscal de Luxemburgo) si no atendían sus demandas.
“Se las hizo el gerente […], les dijo que los iban a ‘levantar’ en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera”, informaron a la prensa varios comuneros presentes en la asamblea.
Tras seis meses en paro, la mina reactivó en julio de 2023 sus operaciones en medio de acusaciones de engaño y de manipulación de firmas, según afirmaron comuneros.
Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio.
A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y las fiscalías locales.
La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera.
Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.
Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización.
Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.
A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: «simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y revictimización desde todas las esferas gubernamentales», señalan organizaciones.
“Seguimos caminando de la mano, destrozados/as, pero no derrotados/as, tocando todas y cada una de las puertas que nuestra capacidad logra”
La familia Lagunes Gasca difundió una carta para compartir lo que han vivido en este tiempo para exigir la localización de ambos y justicia.
Fragmento: Carta familia Lagunes Gasca
“Henos aquí, sobreviviendo a la tortura diaria de la ausencia de nuestro ser querido. No hay palabras suficientes ni lagrimas derramadas que puedan apaciguar el dolor de nuestra alma rota. Seguimos caminando de la mano, destrozados/as, pero no derrotados/as, tocando todas y cada una de las puertas que nuestra capacidad logra.
Este ha sido el peor año de nuestra vida, los que somos hoy no somos los/as mismos/asu que éramos antes de esta cruel desaparición. Hemos entrado en contacto directo con una de las tantas guerras que se sostienen en nuestro país, la que se está dando en la región occidente de México, por los intereses mezquinos del dinero y el poder, que se disputan y distribuyen entre el crimen organizado, las grandes empresas extractivistase de minerales del territorio y los/as funcionarios púbicos/as corruptos/as e indolentes.
No minimicemos esto al corto periodo que implica un sexenio. Las desapariciones han sido una táctica histórica de tortura masiva. En esta realidad nos encontramos con miles de personas que llevan años resistiendo los efectos de esta crueldad, encarnando la memoria de sus seres queridos, sin encontrar ni justicia ni verdad.
Colectivos y organizaciones de la sociedad civil han tenido frutos en su lucha por que se visibilice y atienda esta emergencia, sin embargo, la burocracia es una maquinaria que se encarga de alimentar nuestra frustración y desconfianza.
Las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas, tanto federales como estatales, quedan en descoordinación, incluso en rivalidad, ya sea por intereses partidistas, económicos; por ineptitud, falta de recursos o el nivel de peligrosidad quem implican estas búsquedas e investigaciones. No cumplen con el objetivo que más nos importa: recuperar a nuestros seres queridos/as.”
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