Dos defensores asesinados en Michoacán en menos de una semana. El informe CEMDA 2025 confirma que el Estado es el principal agresor. La paradoja de los gobiernos de izquierda que gestionan el extractivismo sin interrumpirlo ni cambiar el modelo presionando a las comunidades y sus recursos. / Defender lo común en México: entre la violencia del crimen y la omisión del Estado
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Defender lo común en México: entre la violencia del crimen y la omisión del Estado
El lunes 14 de abril, habitantes de la zona serrana de Villa Madero lloraban a Roberto Chávez, defensor del bosque y los manantiales de El Zangarro, asesinado la noche anterior. Chávez iba a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Michoacán por las amenazas recibidas de manos de taladores ilegales. No alcanzó a hacerlo.
Cuatro días después, el sábado 18 de abril, la misma Fiscalía confirmaba mediante prueba de ADN que los restos hallados en la localidad de El Cungo, municipio de Salvador Escalante, correspondían a Lázaro Mendoza Ramírez, defensor ambiental y colaborador de la radio comunitaria Fragua, desaparecido el 14 de abril.
Dos personas que defendían el territorio asesinadas en Michoacán en menos de una semana. Ese es el estado de la situación hoy en Michoacán.
¿Por qué los matan? ¿Quién permite que los maten? ¿Quiénes se benefician del silencio? Hay que entender que los asesinatos de los ambientalistas michoacanos no son casos aislados, son la expresión más brutal del neoextractivismo que produce zonas de sacrificio, y estas a su a vez producen muerte.
El informe de CEMDA presentado esta semana señala a los responsables. Revela que el Estado mexicano —en sus tres niveles de gobierno— participó en más de la mitad de todos los eventos de agresión documentados en 2025.
Más de la mitad de todos los eventos de agresión los ha hecho el Estado mexicano, no la delincuencia organizada, que aparece en un lejano segundo lugar con apenas 13 eventos; no las empresas privadas, que suman 12. El Estado.
Ese Estado que impulsa a através de obras, inversiones y fiscales; que negocia con BlackRock y con las mineras canadienses que operan en territorios indígenas sin consulta previa.
El mismo que abre la puerta a la agroindustria de exportación y firma acuerdos de competitividad con las empacadoras de aguacate mientras los bosques de donde viene el agua se adelgazan cada temporada.
El mismo que diseñó el Plan (extractivista) México que en su arquitectura profunda es también una estrategia de control territorial para hacer viable la inversión extractiva.
Michoacán lleva décadas siendo laboratorio de lo que el geógrafo político Michael Watts llamó “complejos de recursos”: territorios donde la renta natural articula, de manera indisociable, al capital transnacional, al crimen organizado y al Estado en sus distintos escalones.
Watts desarrolló este marco desde su trabajo sobre el Delta del Níger —en textos como Petro-Violence (2001) y Cursed Resource (2004)— para mostrar que la violencia en territorios extractivos no es un efecto colateral del modelo: es una condición de su funcionamiento.
No es que el recurso genere corrupción o inseguridad como consecuencia indeseada. Es que el proceso de apropiación requiere esa articulación entre actores estatales, capital privado y formas de coerción para sostenerse en el tiempo.
El concepto tiene tres aristas que iluminan directamente lo que ocurre en Michoacán. La primera es la renta como organizador político: quien controla el acceso al recurso controla el territorio, y eso convierte al Estado local, en sus escalones más concretos, el municipio, la policía, la fiscalía, en un actor que compite, negocia o se fusiona con el capital extractivo y con actores armados, no que los regula desde afuera.
La segunda es la violencia como condición de producción: desplazar a quienes se oponen, silenciar a quienes documentan, mantener la incertidumbre jurídica sobre la tierra, impedir la organización colectiva, todo eso forma parte del ciclo productivo del recurso, no de su periferia.
La tercera, quizás la más incómoda políticamente, es lo que Watts llama gubernamentalidad de enclave: estos territorios desarrollan formas propias de gobierno donde ciertas poblaciones quedan fuera de la protección estatal y dentro de la zona de extracción. El Estado no está ausente de Villa Madero ni de Zirahuén. Está presente de una manera específica: administrando el territorio para la acumulación, no para las comunidades.
Por eso el crimen organizado no llega a la sierra de Villa Madero como un elemento externo que corrompe un orden previo. Llega a ocupar una posición estructural que el modelo extractivo fue vaciando durante décadas: primero los aserraderos legales, luego la tala clandestina, luego el aguacate, luego la resina y el mezcal.
Cada ciclo dejó una renta disputada y una institucionalidad debilitada. Lo que Watts permite ver es precisamente la no-separabilidad entre Estado, capital y violencia en estos territorios: la omisión del presidente municipal no es una anomalía del sistema. Es el sistema operando con la lógica que lo sostiene.
En Villa Madero, la ecuación es legible a simple vista: tala ilegal de bosques que alimenta el mercado clandestino de madera, expansión del monocultivo de aguacate que avanza sobre suelos forestales, explotación irregular de resina, y ahora el mezcal, que en los últimos años se ha convertido en nueva frontera de acumulación.
Cada uno de esos frentes tiene detrás intereses económicos que requieren, para operar, que nadie denuncie, que nadie organice un comité, que nadie sostenga la memoria larga de Roberto Chávez o la voz pública de Lázaro Mendoza.
Defender el agua y los bosques en esa zona equivale a cuestionar intereses que tienen protección política.
Y aquí es donde quienes gobiernan tienen mucha responsabilidad. Michoacán es gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena. El gobierno federal también es de Morena.
A nivel local, el municipio de Villa Madero tiene un presidente municipal surgido de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo: Juan Carlos Gamiño Camacho, a quien los propios comités de defensa ambiental acusan de brindar protección policial a los grupos armados que operan en la región serrana.
No es una derecha la que abandona a estos defensores. Es un proyecto político que se nombra a sí mismo de izquierda y/o progresista, que habla de bienes comunes, de pueblo, de soberanía popular.
El neoextractivismo latinoamericano —estudiado ampliamente por Eduardo Gudynas, Maristella Svampa y otros desde la ecología política— demostró hace más de una década que los llamados gobiernos progresistas de la región no pudieron —o no quisieron— salirse de la gramática extractivista del desarrollo.
Al contrario: en muchos casos la profundizaron, porque la legitimidad popular que los sostenía requería redistribuir renta extractiva. La diferencia con las derechas fue retórica y redistributiva, no estructural. El modelo de producción territorial siguió siendo el mismo: explotar para distribuir, y defender la explotación de quienes la cuestionan.
En Michoacán esto se traduce en omisión calculada por parte de los gobiernos. Los comités de defensa de la zona serrana de Villa Madero alertaron a las autoridades sobre el incremento de riesgos días antes del asesinato de Roberto Chávez.
La fiscalía, por su parte, declaró que no tenía registro de denuncia formal por amenazas en el caso de Lázaro Mendoza —una afirmación que hay que leer con escepticismo en un estado donde el subregistro de amenazas es parte del patrón documentado por el CEMDA, porque denunciar implica exponerse.
En 2025, el propio informe CEMDA documenta que Michoacán es uno de los cinco estados con mayor concentración de agresiones a defensoras y defensores, junto con Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.
El sector hídrico encabeza los conflictos con 29 agresiones, seguido por biodiversidad (22), vías de comunicación e infraestructura (18) y el sector energético (16).
La geografía de la violencia es la geografía del extractivismo: donde hay recursos que extraer, hay voces que callar. ¿Qué hacer cuando el Estado te agrede?
Es la pregunta que está en el centro de toda estrategia de defensa territorial cuando el agresor usa placa y uniforme, o cuando quien debería investigar es el mismo que protege al agresor.
Es la pregunta que se hacen cada noche los integrantes del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro y otros ocho de la región de Villa Madero, que ya emplazaron a las autoridades estatales y federales: “Den seguridad en 15 días, o nos levantamos en armas”.
Pero entonces, ¿Cómo construir poder desde abajo, desde la asamblea, desde la radio comunitaria, desde la alianza entre comunidades, que haga políticamente costoso agredir a quienes defienden el bosque, el agua, el territorio?