Diciembre de 2025 cerró como un mes de contradicciones legislativas, anuncios ambientalistas y realidades territoriales que siguen mostrando las grietas del modelo de desarrollo.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en diciembre de 2025?
Entre reformas constitucionales, certificaciones para la agroexportación y planes de justicia que llegan tarde, el último mes del año dejó claro que las transformaciones en papel no siempre se traducen en cambios reales cuando los intereses económicos y la ausencia de participación comunitaria siguen marcando las decisiones.
LA LEY GENERAL DE AGUAS: FAST TRACK Y DESCONFIANZA
Diciembre comenzó con una de las reformas más profundas al marco hídrico en tres décadas. Tras más de 24 horas de sesión en San Lázaro y un trámite express en el Senado (sin comisiones, sin consultas adicionales), la Ley General de Aguas fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre.
La norma reconoce el agua como derecho humano, elimina la transmisibilidad de concesiones, prohíbe la suspensión total del servicio por falta de pago y establece una Estrategia Nacional con proyecciones a 10, 20, 40 y 60 años. Con 328 votos a favor en Diputados y 85 en el Senado, la mayoría oficialista dio por cumplida la promesa de «recuperar al Estado como rector del agua».
Sin embargo, organizaciones como Agua para Todos denunciaron que la Conagua impuso el contenido, ignorando más de 500 propuestas ciudadanas. La oposición advirtió que la eliminación de la transmisibilidad golpea la economía rural, desvaloriza tierras y que la recentralización del poder hídrico podría favorecer a los grandes acaparadores. El riesgo: que una ley aprobada en horas reproduzca las inequidades que dice combatir.
SAN MIGUEL DEL MONTE: VALIDEZ INSTITUCIONAL, DIVISIÓN COMUNITARIA
El Instituto Electoral de Michoacán declaró válidos los resultados de la consulta en San Miguel del Monte, donde la comunidad decidió —por 446 votos contra 379— no ejercer su derecho a autogobierno indígena. La diferencia de 67 votos revela un proceso profundamente dividido, donde el método de votación (urnas vs. mano alzada) fue tan decisivo como el fondo del debate.
El resultado implica que San Miguel del Monte continuará bajo administración del Ayuntamiento de Morelia, lo que significa que las decisiones sobre presupuesto, agua, bosques y bienes comunales seguirán centralizadas. El Tribunal Electoral confirmó la validez, pero la tensión persiste: una comunidad Pirinda que enfrenta presiones urbanas, económicas y ambientales mientras las instituciones se alinean con grupos de poder locales vinculados a intereses inmobiliarios.
CONTAMINACIÓN GEOTÉRMICA: CONFIRMACIÓN CIENTÍFICA, NEGACIÓN INSTITUCIONAL
Investigadores de la UMSNH presentaron un estudio que confirma la presencia de metales pesados (arsénico, boro, aluminio, estroncio, antimonio, silicio) en manantiales del oriente de Michoacán, asociados a la operación de la planta geotérmica Los Azufres. El dato alarmante: cerca del 50% de las personas con enfermedad renal en la región son menores de 30 años.
Las autoridades estatales respondieron que un laboratorio certificado no encontró metales a niveles tóxicos, solo bacterias. Esta contradicción profundizó la desconfianza. Comunidades de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío exigen que se cubran gastos médicos, se otorguen pensiones a familias de fallecidos y se reparen daños ambientales. El caso ejemplifica cómo los territorios se convierten en zonas de sacrificio energético.
REFORMAS AMBIENTALES MICHOACÁN: FAST TRACK Y GUARDIÁN PRIVADO
El gobierno michoacano presentó y el Congreso aprobó una reforma constitucional ambiental que eleva a rango constitucional el Guardián Forestal, establece certificados ambientales obligatorios para compraventa de predios, invierte la carga de la prueba en casos de daño ecológico y constitucionaliza la protección animal.
La reforma también identifica 37 mil hoyas de agua para acaparamiento privado y promete un «Guardián del Agua». El problema: el Congreso aplazó su receso para procesar la iniciativa sin tiempo para análisis técnico ni consulta comunitaria. Además, el Guardián Forestal es operado por una empresa privada (Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, de Heriberto Padilla). La pregunta persiste: ¿pueden estas reformas transformar un territorio marcado por intereses económicos sin desmontar las estructuras de poder?
HONORIS CAUSA EMPRESARIAL: UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PODER ECONÓMICO
La UMSNH entregó un Doctorado Honoris Causa al empresario Enrique Ramírez Villalón en una ceremonia que reveló la frontera difusa entre lo público y lo privado. Mientras las autoridades destacaban su «trayectoria inspiradora», la narrativa evitó referencias a los beneficios, arreglos y relaciones que acompañaron su ascenso empresarial.
El discurso oficial presentó al empresario como uno de los pilares de la paz (el empleo) mientras la universidad representa el otro (la educación). Pero la pregunta persiste: ¿qué significa para una universidad pública validar con un título honorífico a un representante de un sector que ha crecido sin pasar por el escrutinio académico, la transparencia o el interés colectivo? Estos reconocimientos no solo reafirman estructuras de prestigio, sino que legitiman alianzas entre elites políticas, económicas y universitarias.
PROYECTO ESFERA: LA CIUDAD DESIGUAL YA COMENZÓ
Las vallas metálicas del Proyecto Esfera ya cercan la avenidad en la zona dorada de Morelia, anunciando torres, cristal y «modernidad». Es la nueva joya inmobiliaria del grupo Ramírez: residencias premium, centro comercial, oficinas, hospital y hotel que promete desarrollo a costa de una crisis hídrica sin resolver.
Morelia pierde entre 40-60% de su agua potable, 25 pozos están abatidos, entre 40 y 100 colonias reciben agua una vez por semana. Aun así, Esfera avanza sin estudios públicos de impacto hídrico, forestal o urbano. Transparencia cero, permisos discretos y mucha complicidad institucional. Del lado derecho de las vallas, renders luminosos de lujo; del izquierdo, la Morelia real con infraestructura al límite.
PODER ECONÓMICO MARCA LA AGENDA NACIONAL
En cuestión de horas, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios (Claudio X. González, Germán Larrea, Daniel Servitje, Carlos Slim) y consolidó en Palacio Nacional un consejo para promoción de inversiones. La gobernabilidad se negocia de la mano empresarial.
El mensaje fue claro: acelerar inversiones, abrir espacios, destrabar proyectos de infraestructura y energía bajo el Plan México. Pero las preguntas persisten: ¿quién define el rumbo del territorio cuando se habla de inversión? ¿qué tensiones se abren cuando las apuestas económicas se montan sobre infraestructura energética, agua, suelo y regiones sometidas a presiones extractivas? La agenda del desarrollo no se construye solo con mesas empresariales.
CORTE FRENA RESTRICCIÓN AL AMPARO AMBIENTAL
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel para restringir el acceso al amparo ambiental terminó estrellado contra la mayoría del pleno por tercera vez. Siete ministras y ministros dijeron no a limitar el interés legítimo, no a exigir afectación individual directa, no a un criterio que habría desarmado décadas de litigio estratégico ambiental.
Lo que quedó expuesto es la intención de acotar el litigio ambiental justo cuando los conflictos socioambientales crecen, las defensoras son asesinadas y las comunidades enfrentan megaproyectos, contaminación y acaparamiento de agua. La pregunta que persiste: ¿por qué insistir en cerrar la puerta a la defensa colectiva de bienes comunes?
SEMARNAT Y GÉNERO: CONVENIO CON DESAFÍOS ESTRUCTURALES
La Semarnat y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio para transversalizar perspectiva de género en políticas ambientales. Se reconoció que las defensoras ambientales enfrentan violencia que va de amenazas hasta asesinatos, y se anunciaron mecanismos de protección hasta 2030.
Sin embargo, resulta contradictorio que el aparato institucional despliegue discurso sobre empoderamiento mientras mantiene sin resolver las problemáticas que ponen en riesgo la vida de las defensoras: contaminación industrial, acaparamiento de agua, megaproyectos y impunidad. Además, son justamente las empresas señaladas por impactos las que encuentran asiento en mesas de diseño de políticas «sostenibles». Sin resolver esa contradicción, la agenda de género ambiental queda atrapada entre retórica y greenwashing.
LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR: GREENWASHING LEGISLATIVO
La Cámara de Diputados aprobó sin un solo voto en contra la Ley General de Economía Circular. El dictamen promete reorganizar al Estado bajo principios de circularidad: alargar vida útil de productos, reducir residuos, regenerar sistemas naturales.
Greenpeace México encendió todas las alarmas: la ley se aprobó en lo oscurito, sin mecanismos reales de participación ciudadana, sin consulta a recicladores de base ni expertos independientes. Además, abre la puerta al greenwashing mediante auditorías voluntarias y normaliza la termovalorización (quema de residuos), incompatible con la circularidad real.
Sin medidas estrictas de prevención y reducción, la circularidad puede quedar reducida a narrativa administrativa que legitime la continuidad del modelo lineal. La pregunta persiste: ¿esta ley reorganiza el sistema de producción o solo reorganiza la manera de justificarlo?
AGUACATE: CERTIFICACIONES TARDÍAS Y POR EXIGENCIA COMERCIAL
El secretario del Medio Ambiente celebró que el 90% de la exportación de aguacate a Estados Unidos esté «libre de deforestación» gracias al esquema Pro Forest Avocado. Costco solicitará esta certificación a proveedores.
Sin embargo, esta política es simulación y greenwashing institucional. Profepa confirmó a en15dias.com que «el 80% de las huertas de aguacate establecidas en Michoacán son ilegales». La certificación establece un corte temporal que deja fuera décadas de expansión documentada. ¿Qué pasa con los años previos? ¿Cómo se controla un modelo que creció durante dos décadas al ritmo de la tala?
Además, se anunció la Indicación Geográfica «Aguacate de la franja de Michoacán» y el Certificado Laboral para la Agroexportación (VELAGRO) que arrancará en abril 2026 con seis meses de prueba sin sanciones. Las preguntas persisten: ¿estas certificaciones transforman la estructura productiva o solo maquillan un modelo insostenible para seguir exportando?
CLÚSTER FORESTAL: DESARROLLO SIN CONFRONTAR EXTRACTIVISMO
En Aguililla y Coalcomán, la Semarnat anunció la creación de un segundo clúster forestal para abastecer industrias de tablero y celulosa. El Plan Michoacán promete manejo maderable sustentable, reforestación y reactivación de economías locales.
El problema: integrar cadenas de proveeduría en un contexto donde las instituciones han operado con márgenes limitados, donde grupos criminales disputan territorios y donde la gobernanza ambiental enfrenta tensiones que ningún clúster resuelve por decreto. La apuesta por impulsar actividad resinera y modernizar plantas confirma la lógica productivista sin discutir riesgos de profundizar extractivismo en territorios con presiones acumuladas.
ALICIA BÁRCENA: AMBIENTALISMO MEXICANO SIN CONFRONTAR EXTRACTIVISMO
En la Cámara de Diputados, la secretaria Bárcena reivindicó un «ambientalismo mexicano» con justicia social, ciencia y saberes comunitarios. Destacó el papel de pueblos indígenas como guardianes de más de 180 ecosistemas y anunció refundar la Ley General del Equilibrio Ecológico.
Sin embargo, la narrativa evita confrontar los modelos extractivos que la propia funcionaria reconoce como causa del deterioro. Mencionar Escazú es importante, pero adoptar el acuerdo con convicción implica desmantelar estructuras que permiten la violencia, no solo garantizar acceso a información. Mientras no se resuelva la contradicción entre visión humanista y políticas que reproducen desigualdades ambientales, el «nuevo paradigma» seguirá siendo promesa en construcción.
MORELIA: ALIANZAS POLÍTICO-EMPRESARIALES EN ALTOZANO
La inauguración de GoKartManía en Altozano fue la foto perfecta del acuerdo implícito que ha moldeado Morelia: el alcalde Alfonso Martínez celebrando junto a Francisco Medina, empresario clave en la urbanización documentada por en15dias.com por devastación de bosques y expansión sobre suelos de alto valor ecológico.
Lo que se presentó como espacio para «disfrutar y convivir» es la continuación de un modelo de ciudad que privilegia negocio privado sobre equilibrio territorial. Altozano se consolidó con desmontes, cambios de uso de suelo e infraestructuras que alteraron microcuencas. Que el gobierno acompañe este tipo de inversiones confirma la relación que, administración tras administración, ha dado forma al sur-poniente de la ciudad.
RÍO TULA: ¿SANEAMIENTO EN ZONA DE SACRIFICIO?
Durante 2025, Profepa y Conagua realizaron 65 visitas de inspección a industrias en la zona alta del río Tula. Se detectaron irregularidades en 26 casos, 16 empresas fueron multadas con 33.1 millones de pesos, se impusieron tres clausuras parciales. Las principales violaciones: descargas que no cumplen NOM-001, falta o deficiencia en tratamiento, ausencia de permisos.
La Profepa instaló el primer Centro Regional para Prevención y Calidad Ambiental en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. Estas acciones forman parte del proyecto prioritario para saneamiento del río Tula, incluido entre los 100 compromisos de la presidenta. La pregunta: ¿logrará revertir lo que desde la evidencia se ha denominado zona de sacrificio? en15dias.com conoció la historia en 2021 y documentó la tragedia ambiental y de salud pública.
CONFLICTO POR EL AGUA EN SUR DE MORELIA: DESPOJO Y RESISTENCIA
Al menos 11 mil personas de colonias atendidas por la junta local de agua de Santa María viven con insuficiencia o ausencia total del servicio. Cerca de ocho mil reciben agua insuficiente y alrededor de tres mil pagaron factibilidades sin que jamás llegara una gota. En La Ciudadela, 918 familias llevan desde 2017 pagando contratos que solo existen en papel.
Los colonos tomaron instalaciones del OOAPAS y la Jefatura de Tenencia exigiendo tres cosas: que se les devuelva el organismo, que se audite a quienes lo administraron y que el presidente municipal dé la cara. El gobierno sostiene que la junta suma diez años sin rendir cuentas y debe extinguirse. Pero la memoria comunitaria recuerda que hace 35-40 años la infraestructura fue construida con faenas, sin apoyo estatal.
El conflicto revela falla estructural del modelo de gestión del agua en Morelia: quien controla el agua, controla el territorio.
LAGO DE PÁTZCUARO: SANEAMIENTO TARDÍO, TURISMO PRIORITARIO
El gobierno anunció 147 millones de pesos para ampliar y modernizar plantas de tratamiento San Pedrito, Las Garzas y Janitzio. Se prevé incorporar 175 litros por segundo de agua tratada. El discurso oficial: infraestructura igual a bienestar para 63 mil habitantes.
Sin embargo, el saneamiento del lago no es solo técnico. Sin gestión integral del territorio, control de descargas, planeación urbana y participación comunitaria, el riesgo es repetir la historia: plantas inauguradas con bombo que en pocos años operan a medias. Además, el gobierno estatal firmó un acuerdo con cuatro ayuntamientos para «desarrollo turístico sostenible» bajo la Secretaría de Gladyz Butanda. El riesgo: que el lago vuelva a ser paisaje para el visitante, no espacio vivo para quienes lo habitan.
SEMARNAT: BALANCE OPTIMISTA, TERRITORIO INCÓMODO
La secretaria Bárcena presentó el balance anual: restauración en 53 sitios prioritarios, limpieza de playas en 70 municipios, remediación de sitios contaminados, NDC 3.0 en COP30. La apuesta legislativa incluye la nueva Ley de Aguas, devolución de volúmenes concesionados y tecnificación del riego.
La pregunta persiste: ¿cuántos proyectos estratégicos están dispuestos a detenerse cuando el territorio dice no? El agua ocupa lugar central en la narrativa, pero desmontar el entramado de intereses que la convirtió en negocio sigue siendo el verdadero desafío. Sin justicia ecológica real, la retórica humanista corre el riesgo de ser solo vitrina política.
PARQUE BAJÍO MICHOACÁN: DESARROLLO EN HECTÁREAS
El Parque Bajío Michoacán prepara inicio de obras en primer trimestre 2026 en Zinapécuaro: 342 hectáreas para automotriz, logística y agroindustria. El componente agroalimentario, orientado a transformación de alimentos, revive debates conocidos: agroindustria vs. agricultura campesina, exportación vs. soberanía alimentaria.
Zinapécuaro no es solo punto en el mapa: es territorio con dinámicas agrícolas, hídricas y sociales propias. La pregunta: ¿bajo qué reglas se ordenará este polo y quién asumirá sus costos territoriales y ambientales? Si el desarrollo vuelve a medirse solo en capital atraído, el bienestar puede quedarse fuera del parque.
REFORMA AMBIENTAL: CONTROL SIN PODER
El gobierno presentó reforma constitucional ambiental y sistema Guardián del Agua como respuesta al mercado ilegal de predios y saqueo hídrico. La reforma obliga a notarios a revisar denuncias ambientales antes de vender predios. El enfoque protege al comprador informado, no al bosque devastado ni a las comunidades desplazadas.
El Guardián del Agua promete medir consumo, identificar ollas y mapear huellas hídricas. Pero medir no es limitar. Identificar no es sancionar. Sin redistribución del agua, sin frenos reales a expansión del monocultivo y sin castigos a acaparadores, el monitoreo corre riesgo de convertirse en ambientalismo administrativo: mucho control en papel, poca justicia en territorio.
BOSQUES EN DISPUTA: ACUERDOS SIN CONFRONTACIÓN
El gobernador Alfredo Ramírez y la secretaria Bárcena firmaron acuerdo para «reforzar» el Plan Michoacán con énfasis forestal. Se habló de vigilancia satelital, manejo sustentable e impulso a industrias como resina y tableros. El gobernador dijo: «si se acaba el bosque, se acaba la economía».
La frase revela visión instrumental de la naturaleza, donde el bosque importa en la medida que sostiene empleo y exportaciones. El Guardián Forestal aparece como solución: satélites que detectan. Sin embargo, Michoacán ya tiene diagnósticos; lo que no ha tenido es política capaz de frenar a intereses que han hecho del cambio ilegal de uso de suelo una práctica rentable y normalizada. Ningún satélite detiene una motosierra si no hay sanción real en tierra.
AGUACATE: DERECHOS LABORALES POR EXIGENCIA COMERCIAL
El gobierno presentó el Certificado Laboral para la Agroexportación y plataforma VELAGRO, mecanismo que condiciona exportación al cumplimiento de ley laboral. El avance es innegable: formalizar un sector marcado por precariedad. Pero no es conquista desde abajo, sino exigencia del mercado global.
Habrá seis meses de prueba sin sanciones, concesión que revela fragilidad del compromiso. Sin frenar expansión del monocultivo ni desmontar redes de poder, la certificación corre riesgo de ser barniz social sobre modelo ambientalmente insostenible. El reto: que la justicia laboral no quede reducida a trámite digital y que los derechos no dependan solo de presión de mercados.
PUEBLOS INDÍGENAS: PRESUPUESTOS INSUFICIENTES, VIOLENCIAS PERSISTENTES
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán cerró con balance crítico: ataques a autonomía, violaciones a derechos humanos y política presupuestal discriminatoria marcaron 2025. Para 2026, el Presupuesto de Egresos asignó apenas 30.6 millones de pesos —0.03% del total— a más de 500 comunidades originarias, cifra inferior a la del Zoológico Benito Juárez.
Ayuntamientos como Salvador Escalante, Quiroga y Erongarícuaro desconocieron o impugnaron procesos de libre autodeterminación. El asesinato de la defensora Roxana Valentín Cárdenas permanece en impunidad. El encarcelamiento de María Cruz Paz Zamora continúa. El CSIM cerró con exigencia clara: justicia, territorio y autonomía para pueblos originarios.
PLAN MICHOACÁN Y EL AGUA SIN CONFLICTOS
La Conagua anunció que el Plan Michoacán «avanza» con obras hidráulicas que fortalecen acceso al agua potable para siete mil personas en Numarán, Huiramba, Ario de Rosales y Tlalpujahua. Inversión: 16.7 millones de pesos. La narrativa: infraestructura igual a bienestar social.
Pero el relato se vuelve complejo cuando se mira el territorio. Se anuncian inversiones millonarias pero se mantiene política hídrica centralizada que rara vez dialoga con sistemas comunitarios, autonomías locales o crisis ambiental de fondo. Se habla de «atención a causas» pero poco se dice sobre deforestación, cambio de uso de suelo o modelos extractivos que siguen presionando cuencas.
DESARROLLO TURÍSTICO PÁTZCUARO: MERCANTILIZACIÓN DEL LAGO
El gobierno anunció «ambicioso programa» de desarrollo turístico sostenible para región Lacustre, bajo liderazgo de Gladyz Butanda. El acuerdo firmado con Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro promete ordenamiento territorial, mejoramiento urbano, proyección turística, sin «alterar ni transgredir» la riqueza natural.
Las preguntas persisten: ¿qué significa desarrollo sostenible en una cuenca con graves problemas de contaminación, descargas sin tratamiento, pérdida de humedales y presión inmobiliaria? ¿Quién define el ordenamiento en región donde existen comunidades indígenas con derechos históricos? El riesgo: que el lago vuelva a ser paisaje para visitante y no espacio vivo para quienes lo habitan.
CERTIFICADO LABORAL AGUACATE: ROSTRO TARDÍO
El estado anunció que en abril 2026 arrancará el Certificado Laboral para la Agroexportación, programa piloto que promete garantizar afiliación al IMSS y respeto a derechos laborales. El objetivo declarado es doble: evitar restricciones comerciales ante eventual renegociación del T-MEC y producir datos más precisos sobre empleo generado.
La agroexportación aguacatera no solo es problema laboral, sino territorial y ecológico. Regular el trabajo sin cuestionar el modelo productivo implica atender apenas una capa del conflicto. Además, queda abierta la pregunta: ¿será obligatorio o voluntario? ¿Habrá sanciones efectivas? ¿Cómo se garantizará que pequeños productores y jornaleros no carguen con costos administrativos de un sistema diseñado para satisfacer exigencias comerciales externas?
REFORMA AMBIENTAL: ENTUSIASMO GUBERNAMENTAL SIN GARANTÍAS
El gobierno cerró diciembre celebrando la protección ambiental a rango constitucional. La Secretaría del Medio Ambiente celebra la incorporación de principios avanzados y herramientas tecnológicas. La narrativa oficial habla de frenar cambio de uso de suelo, combatir expansión irregular y priorizar conservación.
Sin embargo, el entusiasmo contrasta con la realidad cotidiana. Elevar derechos a rango constitucional no garantiza cumplimiento cuando las mismas instituciones han sido omisas, permisivas o cómplices frente al despojo. El cambio de uso de suelo no es solo problema de falta de normas, sino de corrupción, captura institucional y economías ilegales que operan con protección política. Ningún satélite detiene una motosierra si no hay sanción real en tierra.
LÍDER EN AGROEXPORTACIÓN, VULNERABLE EN EL FONDO
Datos del Inegi confirmaron que Michoacán lidera las exportaciones agrícolas del país, concentrando 28.4% del total nacional. Sin embargo, el valor total de exportaciones cayó 3.9% respecto a 2024, mientras el promedio nacional creció 9.2%. Michoacán exporta más campo que nadie, pero gana menos.
Con 1,289 millones de dólares en exportaciones totales en tercer trimestre 2025, el estado se ubicó en lugar 17 a nivel nacional. El campo explica 64% de exportaciones estatales, principalmente aguacate. Pero esa fortaleza es también su límite. Michoacán alimenta mercados globales, pero su economía exportadora sigue atrapada en lógica extractiva de bajo valor agregado, altos costos ambientales y precariedad laboral.
RÍO SONORA: JUSTICIA TARDÍA, MODELO INTACTO
Once años después del derrame tóxico de 2014 en mina Buenavista del Cobre (Grupo México), el Estado mexicano anuncia Plan de Justicia para el río Sonora. Hospital especializado en toxicología, plantas potabilizadoras, sistemas de desinfección, estudios de remediación. Todo bajo narrativa de participación comunitaria y evidencia técnica.
El anuncio no puede leerse al margen del largo historial de impunidad corporativa, simulación institucional y acuerdos fallidos. Durante años, comunidades bebieron agua contaminada, enfermaron sin diagnóstico, convivieron con metales pesados. La justicia no solo es tardía: ha sido dosificada, negociada y subordinada a tiempos políticos y protección de modelo extractivo que sigue intacto.
ANUARIO 2025
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