Octubre de 2025 dejó claro que el discurso oficial no alcanza para tapar las grietas del país. Entre victorias ciudadanas, crisis del agua, conflictos territoriales, extractivismo renovado y heridas abiertas en Gaza, el mes expuso la tensión permanente entre poder, negocio y dignidad.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en octubre de 2025?
La primera semana del mes arrancó con la victoria ciudadana que vale la pena celebrar. El treinta de septiembre debía realizarse la tradicional corrida de toros en la Plaza Monumental de Morelia, un evento que los promotores taurinos habían blindado con un amparo judicial tras la prohibición estatal.
Sin embargo, la presión de grupos protectores de animales y activistas logró que el Ayuntamiento revocara el permiso a regañadientes. No fue una decisión sencilla ni exenta de controversia, pero marcó un precedente: el poder social se impuso al poder económico, y eso, en México, no ocurre todos los días. Los defensores del «arte taurino» acusaron censura y pérdida de identidad, sin reconocer que la libertad de uno termina donde empieza el dolor del otro.
La cancelación de la corrida no cierra el debate sobre la tauromaquia, pero sí dejó claro que el siglo veintiuno no admite ya tradiciones bañadas en sangre.
Esa misma semana, Morelia recordó a Yupik, la osa polar que habitó el Zoológico Benito Juárez por más de veinticinco años y murió en dos mil dieciocho por un aneurisma y una cardiopatía dilatada. La ciudad develó una escultura monolítica de mármol en su honor, una obra realizada por artesanos de León que representa a Yupik sobre una barra de hielo. Estéticamente bella, sin duda. Pero también absurda.
Durante años, activistas y organizaciones internacionales pidieron que la osa fuera trasladada a un hábitat más adecuado. La respuesta del zoológico fue la inacción. Ahora, años después de su muerte, se erige una escultura que pretende celebrar su legado.
También en esos primeros días de octubre se cumplieron cincuenta años del Planetario Felipe Rivera, una joya de la arquitectura moderna construida bajo el sistema de cascarones de concreto del arquitecto Félix Candela. Pero lejos de ser un motivo de celebración, su aniversario estuvo marcado por la amenaza de la negligencia gubernamental.
Lo que el gobierno estatal presenta como «modernización» es, en la práctica, un proyecto lleno de opacidad: carece de permisos municipales, dictámenes técnicos y protocolos para proteger tanto la estructura como el histórico proyector Carl Zeiss Mark IV, que desde mil novecientos setenta y cinco acercó el universo a generaciones de michoacanos.
La intervención ciudadana logró que el Instituto Nacional de Bellas Artes solicitara la suspensión de los trabajos por 90 días y ofreciera asesoría técnica. Sin embargo, la respuesta del gobierno local ha sido tibia: la Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene expedientes clave como reservados, incluyendo responsables, costos y convenios del consorcio adjudicado, dejando en evidencia un manejo opaco y negligente.
El tema del agua dominó buena parte del mes. El cinco de octubre, tras más de una década de espera, el gobierno federal presentó la iniciativa de Ley General de Aguas ante el Congreso, con la promesa de sustituir a la vieja Ley de Aguas Nacionales de mil novecientos noventa y dos, creada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Aquella ley neoliberal transformó el agua en un bien concesionable, abriendo las puertas a la concentración, el acaparamiento y la especulación. Hoy, el uno por ciento de los concesionarios concentra el veinte por ciento del agua nacional, mientras miles de comunidades sobreviven con tandeos y pozos secos.
La nueva propuesta plantea que el agua para consumo humano y doméstico será prioridad absoluta, se garantiza un mínimo vital, se prohíbe el corte total del servicio por impago y se incorpora el principio «in dubio pro aqua»: ante la duda, se favorece el derecho al agua. También se reconocen los sistemas comunitarios de agua y se prohíbe vender, rentar o transferir derechos de agua.
Sin embargo, la Contraloría Nacional del Agua y organizaciones socioambientales advierten que la ley llega con vacíos técnicos y límites políticos. El mínimo vital propuesto es de cincuenta litros por persona al día, la mitad del estándar internacional recomendado. No hay claridad sobre cómo se desmontará el régimen actual de concesiones ni sobre los mecanismos de transición para los grandes usuarios industriales o agroexportadores.
Paralelamente, en la capital del país, los diputados federales comenzaron a analizar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas, mientras en Michoacán, en la comunidad pirinda de San Miguel del Monte, se vivía una jornada histórica.
El 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas, la comunidad realizó una consulta para decidir si ejercía su derecho al autogobierno indígena. La elección se desarrolló en cuatro sedes —la cabecera, San Miguel del Monte y sus encargaturas de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, Las Torrecillas y El Páramo— con voto libre y secreto. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, admitió que la comunidad «está dividida», pero lo que no dijo el funcionario es que esa división la han promovido desde las oficinas del Ayuntamiento.
El alcalde panista Alfonso Jesús Martínez Alcázar advirtió que, si el resultado favorecía el autogobierno, la comunidad «deberá asumir la gestión de todos los servicios públicos: recolección de basura, alumbrado, agua y seguridad». Mentira. La autonomía indígena está amparada por la Constitución y permitiría a la comunidad administrar directamente un presupuesto estimado en cuatro millones veintiséis mil pesos anuales.
La segunda semana de octubre estuvo marcada por una revelación periodística que sacudió al estado. en15dias.com documentó que Michoacán abrió la puerta a empresas israelíes en seguridad pública.
Compañías como Grupo Kabat, SYM Servicios Integrales y CityShob, lideradas por Niv Moshe Yarimi, instalaron Kabat One: cámaras, inteligencia artificial y aplicaciones móviles que prometen «proteger» a la ciudadanía mientras registran cada movimiento.
El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, negó vínculos, pero los contratos y documentos, ahora públicos, muestran otra realidad. Colectivos y partidos advierten que estas empresas están asociadas con violaciones a derechos humanos en Gaza.
Lo que el reportaje reveló es que la Secretaría de Seguridad Pública firmó contratos con compañías israelíes, contradiciendo versiones oficiales que aseguraban lo contrario. Mientras se instalan las cámaras en Michoacán, la sociedad debate si la seguridad vale más que la ética.
Y hablando de Gaza, aunque los seis activistas mexicanos de la Global Sumud Flotilla regresaron al país tras ser secuestrados por Israel, la crisis humanitaria palestina continúa. Desde octubre de dos mil veintitrés, el Ministerio de Salud de Gaza —citando a la ONU— registra más de sesenta y siete mil muertos y ciento sesenta y nueve mil heridos.
La Organización Mundial de la Salud documenta el colapso casi total del sistema de salud, con hospitales destruidos y miles de muertes por desnutrición y falta de atención médica. El 80 por ciento de la población ha sido desplazada; más del setenta por ciento de la infraestructura civil está destruida. Estados Unidos impulsó una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas que propone tres fases: un alto al fuego temporal, la liberación gradual de prisioneros palestinos e israelíes, el ingreso de ayuda humanitaria y el repliegue parcial de tropas israelíes. Pero en el terreno la tregua se cumple a medias.
Israel se niega a liberar a figuras políticas clave como Marwan Barghouti. Hamas rechaza entregar el control total de Gaza o aceptar el desarme. Los camiones de ayuda humanitaria entran con restricciones militares y la reconstrucción avanza entre ruinas, hambre y cuerpos sin identificar. Celebrar el regreso de los activistas es justo. Pero olvidar lo que pasa en Gaza sería complicidad.
Mientras tanto, las autoridades celebraron inversiones para infraestructura hidráulica —como plantas tratadoras para el Lago de Pátzcuaro—, aunque surgieron cuestionamientos sobre si estas acciones realmente enfrentarán los problemas estructurales.
En el ámbito agrícola, Michoacán alcanzó cifras récord de producción de fruta, pero también se denunciaron riesgos sanitarios por uso de plaguicidas sin control, lo que pone en entredicho la seguridad alimentaria y la protección ambiental.
La apertura del complejo Cinelia en Paseo Altozano fue otro punto narrativo, usado como ejemplo de cómo la “cultura” se promueve en clave de mercado, beneficiando al capital privado más que al acceso social a expresiones culturales.
En clave macro, el Plan (extractivista) México presentado en el Foro Económico Mundial fue analizado como una profundización del modelo extractivo y corporativo bajo retórica de innovación y sostenibilidad, pero con implicaciones territoriales profundas para comunidades y recursos.
También se cuestionaron los discursos oficiales de “restauración ambiental” frente a la evidencia de que deficiencias estructurales persisten —ríos contaminados, bosques talados, comunidades afectadas—, revelando una brecha entre metas tecnocráticas y realidades territoriales.
Finalmente, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado fue objeto de reflexión crítica, planteando dilemas sobre el reconocimiento internacional y sus posibles efectos en la estabilidad política regional.
En la tercera semana del mes, el 15 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la reducción de condena otorgada a Diego Urik Mañón Melgoza, responsable del feminicidio de Jessica González Villaseñor, una joven de 21 años y educadora, que fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y hallada sin vida días después en un paraje boscoso de Morelia.
Esa misma semana, el campo michoacano rugió. Productores bloquearon carreteras en Morelia y otras seis regiones, exigiendo precios justos para el maíz, el limón y las hortalizas, productos que hoy valen menos que el esfuerzo de cosecharlos.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla corrió a poner orden: prometió respaldo total, escribió una carta para Claudia Sheinbaum y habló de soberanía alimentaria. La Secretaría de Gobernación estatal intentó reducir la protesta a un simple «bajón de precios». Pero en Apatzingán, los limoneros, cansados de discursos, tiraron sus cajas al suelo como declaración de guerra. No valía nada, dijeron. Tampoco el silencio institucional.
Mientras los pequeños productores reclaman lo básico, el gobierno presume cifras: ochenta y cinco por ciento del aguacate exportado libre de deforestación, liderazgo en berries y promesas a productores de guayaba para exportar a Estados Unidos. Dos mundos conviven bajo el mismo sol: el del campo que exporta millones y el del campesino que no alcanza para llenar el tanque del tractor.
En San Miguel del Monte, la comunidad reanudó manifestaciones bloqueando el paso a pipas particulares que se llevaban el agua «con permiso» de Conagua, pero sin consenso comunitario. A principio de semana, el Ayuntamiento de Morelia salió a decir que atenderá el desabasto y buscará diálogo. Ya sabemos cómo es eso bajo la administración panista de Alfonso Jesús Martínez Alcázar.
Solo hay que darle un vistazo a qué fue lo que pasó con el Comité de Agua de Jesús del Monte y con la Junta Local de las colonias del Sur que fueron «desaparecidas» por decisión de esta administración y obligadas a abastecerse mediante el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, siendo estas en su origen autónomas en sus decisiones. También salió el diputado local por el PRI, Guillermo Valencia, a congratularse de que no hubiera autogobierno en San Miguel del Monte, evidenciando el interés político en mantener a las comunidades bajo control.
El 16 de octubre falleció Carlos Padilla Massieu, reconocido ambientalista y promotor de la sustentabilidad en Michoacán, a los ochenta y dos años. Fundador de la Asociación Civil Eco Morelia, su nombre quizá no llenaba titulares, pero era leyenda. Quienes lo conocieron destacan su coherencia personal y compromiso: «Una persona seria, formada, comprometida con la conservación y protección del medio ambiente, crítica de las políticas ambientales y siempre dispuesta a apoyar las luchas ambientales», recordaron allegados.
Su partida deja un vacío profundo en la defensa del medio ambiente en Michoacán y en México; no solo luchó por la naturaleza, sino que enseñó que defender el territorio es un deber de todos.
A finales de mes, se presentó el «Plan México» ante el Foro Económico Mundial, con la presidenta Claudia Sheinbaum como protagonista. Un proyecto que, según el gobierno, promete «fortalecer el mercado interno, elevar salarios, impulsar la inversión pública y privada, y alcanzar la soberanía alimentaria y energética».
En el discurso, el Gobierno de México pinta que se entrará en la era de la «innovación, la conectividad y la inteligencia artificial». Sin embargo, en la realidad, el país profundiza su dependencia del modelo extractivo y corporativo.
El «Plan México» incluye megaproyectos: veintiséis mil megawatts de energía generados por la Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas, ciento cincuenta y ocho obras de transmisión eléctrica, la ampliación de infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria, además de veintiséis Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar que ofrecerán incentivos fiscales a la inversión nacional y extranjera.
También contempla la expansión de la producción petrolera —un millón ochocientos mil barriles diarios—, el desarrollo del gas natural y la modernización del riego agrícola. Todo envuelto en el lenguaje de la «soberanía energética», «innovación tecnológica» y «sustentabilidad y justicia ambiental
La cuarta semana de octubre trajo más anuncios y más contradicciones. Marcelo Ebrard prometió que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobrevivirá a su revisión en dos mil veintiséis y que México saldrá fortalecido. Lo dice desde el Senado, con estadísticas en la mano y optimismo en la voz. Habla de consultas en las treinta y dos entidades, de oportunidades, de consensos nacionales.
Pero detrás del discurso técnico, la vieja historia latinoamericana sigue intacta: producir, exportar y obedecer. El tratado —ese que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con más candados que libertades— no solo regula mercancías, también define qué tipo de país puede ser México.
En Michoacán, las «oportunidades» se traducen en más aguacate, más berries, más tierra cansada. En los estados industriales, más autopartes para autos que no serán nuestros. Lo que se llamaría neoextractivismo globalizado: extraer valor de la naturaleza y del trabajo, con el sello de la integración norteamericana.
El 20 de octubre, Conagua Michoacán presentó un diagnóstico tan claro como alarmante sobre la cuenca del Lago de Pátzcuaro: solo dos de las quince plantas de tratamiento cumplen con la norma ambiental. El 66 por ciento de la infraestructura está fuera de operación, lo que significa que la mayor parte de las aguas residuales llega sin tratamiento al espejo de agua que da nombre, historia y sustento a toda una región.
La capacidad total instalada en la cuenca es de 215.5 litros por segundo, pero solo se tratan 53.3 litros, es decir, una cuarta parte del total. Las demás descargas fluyen sin filtro hacia un lago que agoniza desde hace décadas. Las plantas se distribuyen entre Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro y Tingambato, municipios que crecieron sobre sus propios residuos.
Muchas instalaciones datan de los años ochenta y noventa, cuando la promesa del «saneamiento moderno» apenas se traducía en tubos y concreto, sin política pública ni continuidad. Ahora, Conagua anuncia una inversión de ciento cuarenta y seis millones de pesos para rehabilitar tres plantas clave: San Pedrito, Janitzio y Las Garzas. Las obras incorporarán tecnología sustentable —paneles solares, sistemas de ahorro energético— y, según los plazos, estarán listas entre julio y noviembre de dos mil veintiséis. Pero mientras llegan los paneles, el lago sigue recibiendo aguas negras.
También esa semana, Conagua Michoacán anunció que iniciará una revisión exhaustiva de las juntas y comités locales de agua potable en Michoacán. Según estimaciones del organismo, existen alrededor de trescientos, además de los setenta y cinco sistemas municipales operadores, pero sin un censo real ni claridad sobre cómo funcionan.
El director estatal de la dependencia, Roberto Arias, reconoció que «no se sabe a ciencia cierta bajo qué condiciones se encuentran operando» y que muchos de estos comités fueron creados por los propios ayuntamientos sin seguimiento técnico o jurídico. «Vamos a revisar todo porque queremos poner en orden el tema del agua en Michoacán», advirtió. El proceso incluirá la revisión de los decretos de creación, los mecanismos de gestión y el cumplimiento de obligaciones financieras.
Arias explicó que los municipios deberán informar cuántas juntas y sistemas descentralizados tienen bajo su jurisdicción. El funcionario federal adelantó que algunas juntas podrían ser absorbidas o desaparecidas, con el argumento de «regularizar» su situación ante la ley. A cambio, dijo, aquellas que se integren al marco normativo podrán acceder a recursos federales y programas de apoyo técnico y de infraestructura.
Uno de los casos más sonados es el de la Junta de Agua Potable de Santa María de Guido, extinguido por el Ayuntamiento de Morelia en septiembre, tras casi cuarenta años de gestión comunitaria. Esta medida reabre la disputa entre autonomía local y control estatal sobre un bien común esencial: el agua. Lo que en los hechos podría significar orden administrativo, también puede traducirse en centralización y pérdida de autogestión comunitaria.
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