Septiembre de 2025 estuvo marcado por reformas parciales en materia de agua, programas ambientales de alto perfil y avances en autonomías indígenas, en un contexto donde el sistema de concesiones, el modelo extractivo y la violencia territorial siguieron sin cambios estructurales.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en septiembre de 2025?
El 1 de septiembre, en su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum colocó al agua como «gran reto nacional». Se reportaron 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica en 16 entidades, 230 obras de agua y alcantarillado, 16 plantas de tratamiento y una inversión de 1,230 millones de pesos hasta junio de 2025.
El núcleo del discurso oficial estuvo en las concesiones: 535,881 títulos vigentes revisados, con 51 mil inconsistencias detectadas. La promesa gubernamental fue «ordenar» el régimen y recuperar volúmenes. Sin embargo, no se cuestionó el diseño de un sistema que desde 1992 privatizó el agua vía títulos, favoreciendo a grandes agroindustrias y embotelladoras.
Apenas tres semanas después, el 24 de septiembre, la presidenta anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para «garantizar el derecho humano al agua» y una nueva Ley General de Aguas con modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). El objetivo oficial: «dejar de considerar el agua como mercancía».
Pero la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) fue tajante: exigió abrogar totalmente la LAN de 1992, no solo reformarla. «Una reforma parcial no resuelve el problema de fondo», advirtió la organización, señalando que el gobierno trata los derechos humanos al agua como «temas menores» y perpetúa viejas prácticas que favorecen a élites y concesionarios.
Los datos oficiales revelaron que al cierre de 2024 existían 536,533 títulos de concesión, de los cuales 163,689 estaban vencidos (30% del total). Investigaciones documentaron que el 7% de los usuarios acapara el 70% de las concesiones, mientras comunidades rurales y pueblos indígenas permanecen excluidos. Se detectaron más de 14,000 irregularidades: títulos otorgados para uso agrícola utilizados para llenado de pipas, permisos sin documentación básica y registros duplicados.
La CNAA propuso un viraje radical: prohibir el uso del agua en minería y fracking, evaluar megaobras hidráulicas, eliminar la privatización de servicios, priorizar el consumo doméstico, resarcir daños por contaminación y reconocer a las contralorías comunitarias como instancias de participación.
Mientras tanto, en Morelia, el presidente municipal panista Alfonso Jesús Martínez Alcázar presumió la tercera etapa del acuaférico —con inversión cercana a 100 millones de pesos— como si se tratara de la llave mágica que garantizará agua durante 50 años. Ninguna tubería, sin embargo, puede asegurar agua en una cuenca que se degrada por urbanización desmedida, deforestación y cambio climático. Los mismos humedales y manantiales que alimentan el sistema están siendo devorados por fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios que el municipio panista no detiene.
El Organismo Operador de Agua Potable (Ooapas) proyectó para 2026 un aumento del 8% en las tarifas de agua, traducido en un incremento promedio de 16 pesos mensuales, sin estrategias integrales de justicia hídrica ni programas de subsidio para sectores vulnerables.
El 26 de septiembre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó su Cuarto Informe de Gobierno, cacareando el programa ambiental «más ambicioso en la historia de Michoacán»: millones de plantas producidas en viveros, drones que dispersan semillas, un «Guardián Forestal» con inteligencia artificial, lagos saneados y certificaciones ambientales para aguacate y agave.
La narrativa oficial fue la de un viraje histórico: de la devastación al «rescate». Sin embargo, los logros reportados deben leerse junto a las ausencias. ¿Qué significa presumir que el 70% del aguacate exportado está «libre de deforestación» cuando el monocultivo mismo es el motor de la crisis hídrica y de la concentración de tierras? ¿De qué sirve sanear el Lago de Pátzcuaro con inversión millonaria si, al mismo tiempo, se avalan proyectos carreteros y polos de desarrollo que multiplican la presión sobre las cuencas?
El 1 de septiembre, el mismo gobernador inauguró la rehabilitación de más de 70 kilómetros de carretera en Uruapan-San Juan Nuevo-Tancítaro-Copetiro, prometiendo reducir tiempos de traslado en 30%. Lo que los comunicados omitieron es que esta infraestructura sirve principalmente a los grandes monocultivos de aguacate. Entre 2007 y 2022, el aguacate incrementó su superficie sembrada en Michoacán en 111%, con impactos severos sobre bosques, mantos acuíferos y territorios rurales.
Los Polos de Desarrollo para el Bienestar —el Parque Bajío y el Podebi Lázaro Cárdenas-La Unión— avanzaron como vitrina del crecimiento económico oficial, prometiendo inversiones, empleos y oportunidades. El titular de Sedeco, Claudio Méndez Fernández, aseguró que serían «motor de inversiones». Sin embargo, estas iniciativas no consideran los impactos ambientales ni la vulnerabilidad social de las regiones.
El 20 de septiembre se dio el banderazo de arranque del Segmento 5 del Segundo Anillo Periférico, que conectará la salida a Mil Cumbres con Ciudad Salud. La obra contempla 12.5 kilómetros de vialidad con inversión superior a 500 millones de pesos. El gobierno no ha transparentado a detalle los estudios de impacto ambiental ni explicado cómo se integrará con el transporte público o cómo afectará las fuentes hídricas estratégicas.
Septiembre fue también el mes de los avances —y retrocesos— en la lucha por la autonomía indígena. En lo que se consideró un hecho sin precedentes, autoridades comunales de Jarácuaro, acompañadas por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), fueron recibidas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, para dar seguimiento a la controversia constitucional pendiente en su municipio.
Por separado, el consejo indígena de Crescencio Morales, de Zitácuaro, fue recibido por primera vez de manera respetuosa en la SCJN. El presidente del autogobierno, Silvestre Chávez Sánchez, destacó que la labor implica activismo jurídico para asegurar que los pueblos nativos mantengan su autonomía y presupuesto directo.
Pero la apertura institucional contrastó con la violencia territorial. El CSIM denunció que al menos 20 comunidades en proceso de autogobierno han recibido amenazas del crimen organizado. De ellas, solo cinco —entre ellas, San Miguel del Monte, Ocumicho y Sevina— se atrevieron a formalizar denuncias ante la Fiscalía. Como era de esperarse, las carpetas «están en investigación», fórmula institucional para dar archivo sin resolución.
En San Miguel del Monte, el proceso de autogobierno siguió su curso pese a la simulación del Ayuntamiento de Morelia. El secretario municipal, Yankel Benítez Silva, participó en reuniones con la Comisión Electoral del IEM, supuestamente en «seguimiento» a las peticiones de pobladores. El acto se vendió como cumplimiento a las instrucciones del alcalde panista Alfonso Martínez: «escuchar, informar y acompañar». Sin embargo, el propio Ayuntamiento fue el principal propagador de la idea de que San Miguel del Monte «no está preparado» para el autogobierno.
El 28 de septiembre, la comunidad realizó una asamblea clave para definir la modalidad de votación (mano alzada o urnas) para la consulta sobre autogobierno del 12 de octubre.
El 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Nacional. Durante su discurso, destacó a figuras históricas femeninas como Josefa Ortiz, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra. La escolta que portó la bandera nacional estuvo compuesta exclusivamente por mujeres del Heroico Colegio Militar.
Este simbolismo convivió con ausencias notables: los grupos feministas y las madres buscadoras que llevan años enfrentando la violencia y la desaparición de sus hijas siguen siendo invisibilizadas. A nivel nacional, 2024 cerró con más de 10 mil personas desaparecidas, muchas de ellas mujeres jóvenes.
Ese mismo día, en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta en memoria de las víctimas de los atentados del 15 de septiembre de 2008. El atentado dejó más de una decena de muertos y decenas de heridos. Aunque las ceremonias protocolarias buscan honrar la memoria, activistas y familiares señalan que la justicia plena sigue pendiente.
El 19 de septiembre, México perdió a una de sus voces más firmes en la divulgación científica. Julieta Norma Fierro Gossman, astrónoma, física e incansable divulgadora, falleció dejando un legado de más de cuarenta libros, conferencias, programas educativos y la creación de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM.
Fierro estaba convencida de que la ciencia debía estar al alcance de todas las personas, especialmente niñas, niños y jóvenes. Con su partida, México pierde a una referente que acercó el universo a varias generaciones. Su herencia seguirá viva en cada mirada que se alce al cielo con preguntas.
El 26 de septiembre, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezaron una marcha que volvió a llenar la Ciudad de México de indignación. A 11 años de la desaparición, el caso sigue siendo la herida más visible de la impunidad en México. Entre las consignas destacó una demanda concreta: la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario que huyó a Israel y que simboliza cómo el Estado protege a los suyos mientras le da la espalda a las víctimas.
Septiembre también evidenció cómo el poder económico se sostiene sobre la impunidad y los tribunales complacientes. Ricardo Salinas Pliego, tercer hombre más rico de México, debe más de 74 mil millones de pesos en impuestos y enfrenta fallos judiciales en su contra. Un tribunal colegiado rechazó un amparo de TV Azteca y lo obligó a pagar 3,527 millones de pesos. Un juez ordenó a Grupo Elektra cubrir 2,000 millones de pesos por adeudos de 2012.
El empresario insiste en presentarse como «empresario patriota» perseguido por el gobierno, pero no es un perseguido: es la prueba viva de cómo la oligarquía mexicana desafía al Estado y sigue acumulando fortunas.
En Michoacán, la tauromaquia encontró un salvavidas en los tribunales federales. Pese a la prohibición estatal, un juez concedió amparo al matador Emiliano Villafuerte «El Moso», permitiendo la corrida del 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia. El gobernador denunció el fallo como un «actuar por el estado de chueco». Sin embargo, la magistrada Katya Orozco Alfaro negó la suspensión definitiva, argumentando que las corridas causan sufrimiento innecesario a los animales. La corrida no se llevó a cabo.
La visita de una delegación israelí a Michoacán exhibió el desparpajo con que autoridades locales y empresarios pusieron alfombra roja a representantes de un Estado señalado internacionalmente por crímenes de guerra. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su secretario de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, se sentaron a hablar de «equipamiento e inteligencia» sin aclarar acuerdos. El diputado panista David Alejandro Cortés Mendoza presumió en Instagram su reunión con empresarios israelíes y luego borró las fotos.
Mientras se reconoce en la ONU que lo de Gaza es un genocidio —con más de 40 mil muertos, la mayoría mujeres y niños—, en Michoacán se hacen negocios con representantes de ese mismo aparato bélico. Michoacán no solo recibe «tecnología», legitima a un régimen acusado de masacrar civiles.
ANUARIO 2025
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