Vaya, vaya… julio 2025 confirmó que el extractivismo no se fue: se recicló. Polos de desarrollo, parques industriales, criminalización de defensores, agua como botín y fiscalías a modo marcaron un mes donde el poder económico avanzó y los territorios volvieron a pagar el costo.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en julio de 2025?
Vaya, vaya… julio dejó claro que el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación no vino a desmontar el modelo de despojo, sino a administrarlo con un lenguaje más amable, más verde y, en muchos casos, más cínico.
El mes arrancó con la emergencia de nuevas expresiones de ambientalismo crítico, como el Observatorio Socioambiental de Morelia, que representa un quiebre generacional frente a un ambientalismo anquilosado, burocratizado y funcional al poder. Mientras jóvenes organizados intentan sacudir el debate, el Estado continúa apostando por los mismos proyectos de siempre: polos de desarrollo, parques industriales, incentivos fiscales y territorios convertidos en mercancía.
Julio fue también el mes en que el extractivismo progresista mostró su músculo. El llamado Parque Bajío —antes Polo de Desarrollo para el Bienestar— se formalizó en el Diario Oficial de la Federación como un regalo en bandeja al empresariado agroindustrial, automotriz y logístico. Agua, tierra, mano de obra barata y estímulos fiscales: el viejo recetario neoliberal ahora rebautizado como prosperidad compartida.
El discurso oficial promete empleos; la experiencia histórica anuncia acaparamiento de agua, presión territorial y conflictos sociales. El gobierno estatal, lejos de cuestionar este modelo, lo celebró, lo defendió y lo aceleró.
Mientras los “ceñoros” del dinero eran recibidos con alfombra roja, las personas defensoras del territorio seguían siendo criminalizadas. La detención de Renato Romero en Puebla-Veracruz, en el contexto de la defensa del agua, evidenció que el costo de oponerse al despojo sigue siendo alto. La liberación, lograda por presión social, no borra el mensaje: el Estado protege inversiones, no comunidades.
Esta lógica se repitió en Michoacán, donde Cherán K’eri y Santa María Ostula fueron nuevamente asediadas por la violencia criminal, ante la omisión —cuando no complicidad— de los distintos niveles de gobierno.
También fue el mes de la reconfiguración institucional de la impunidad. La salida de Adrián López Solís de la Fiscalía General del Estado no significó un corte con el pasado, sino su reciclaje. La designación de una notaría como premio de despedida confirmó que en Michoacán la justicia sigue siendo moneda de cambio.
La elección de su sucesor, Carlos Torres Piña, avanzó de manera planchada, evidenciando que la autonomía de la Fiscalía es una ficción conveniente. El “fiscal carnal” dejó de ser una advertencia y se convirtió en política de Estado.
En el plano municipal, Morelia continuó profundizando su crisis hídrica. El discurso del Plan Hídrico y del “derecho humano al agua” chocó con la realidad: pozos abatidos, datos contradictorios y un modelo urbano que prioriza al sector inmobiliario. La desaparición de juntas locales de agua, como la histórica APAS en el sur de la ciudad, marcó un nuevo capítulo del despojo institucionalizado. El agua comunitaria estorba cuando el negocio inmobiliario avanza.
Julio también exhibió el uso cínico del lenguaje ambiental. Desde los “Polos de Desarrollo Ambiental” hasta el ecologismo humanista de escritorio promovido por funcionarios estatales y federales, el greenwashing se consolidó como política pública.
La mercantilización biocultural, impulsada desde el Congreso y la Secretaría de Turismo, mostró cómo la naturaleza y la cultura indígena se convierten en activos económicos sin consulta real a las comunidades.
En la arena nacional, el Plan (extractivista) México avanzó con fuerza en Michoacán: inversiones millonarias en el puerto de Lázaro Cárdenas, expansión logística y promesas de competitividad regional. Todo ello mientras las comunidades enfrentan inseguridad, despojo y degradación ambiental. La narrativa del desarrollo volvió a imponerse sobre la justicia social y ambiental.
Julio cerró con señales preocupantes: el fortalecimiento de la extrema derecha en el escenario internacional, la criminalización potencial de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas, y un Estado que dice proteger a los defensores ambientales, pero prefiere reunirse con organizaciones cómodas antes que con quienes ponen el cuerpo en los territorios.
Así fue julio: un mes donde se confirmó que el conflicto central no es técnico ni administrativo, sino político y territorial. Un mes que dejó claro que el modelo de desarrollo sigue intacto y que, frente a él, las resistencias comunitarias, los ambientalismos críticos y las luchas por el agua y la vida siguen siendo la única grieta por donde se cuela la dignidad.
ANUARIO 2025
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