Marzo cerró como un mes marcado por reacomodos políticos, conflictos territoriales y una crisis hídrica usada como plataforma electoral. / EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en marzo de 2025?

EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en marzo de 2025?
Este mes, la secretaria Gladyz Butanda confirmó sus aspiraciones políticas en medio de señalamientos por vínculos con intereses inmobiliarios, mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se dejó ver nuevamente con Fausto Vallejo, reactivando cuestionamientos sobre alianzas con viejos grupos de poder.
En paralelo, comunidades como San Nicolás Obispo intensificaron su oposición al segundo anillo periférico, denunciando invasión de predios, pagos irrisorios y un trasfondo especulativo encabezado por actores cercanos al gobierno y al sector inmobiliario.
En Morelia, el Ayuntamiento formalizó un cuestionado Consejo Municipal de Ecología sin convocatoria abierta, intentando legitimar decisiones sobre Áreas Naturales Protegidas y generando críticas de movimientos socioambientales por manipular su participación.
La crisis del agua dominó el mes. El gobernador anunció inversiones para tecnificar agua tratada en Atapaneo y presumió acuerdos con Conagua, mientras el Ayuntamiento buscó acuerdos con Scribe para incorporar hasta 100 litros por segundo a la red.
Sin embargo, las grandes corporaciones —Kimberly Clark, Scribe, Cepamisa— siguen operando sin regulación efectiva. La UMSNH arrastra un adeudo de 160 millones de pesos en agua, al tiempo que el OOAPAS acumula 300 quejas y aplica tandeos desiguales. En el plano político, la cercanía entre Bedolla y Vallejo se fortaleció públicamente, enviando señales de reacomodos rumbo al siguiente ciclo electoral.
La tercera semana estuvo marcada por la exigencia de justicia a un año de la desaparición forzada del maestro y defensor ambiental José Gabriel Pelayo, un caso aún sin avances. El gobierno presentó el proyecto “Persea”, promovido como base científica para certificar aguacate y guardias forestales, pero cuestionado como intento de blindar al sector aguacatero pese a sus impactos socioambientales.
En la cuenca de Pátzcuaro inició un programa de empleo temporal, mientras Cuitzeo quedó nuevamente relegado a promesas de gestiones externas. A nivel federal, la presidenta Sheinbaum lanzó la “limpieza nacional de ríos”, criticada por evitar confrontar a grandes contaminadores. En territorios indígenas, el Consejo Supremo Indígena alertó sobre desplazamientos forzados ante el avance del crimen organizado.
La última semana del mes elevó la tensión en San Miguel del Monte, donde la comunidad enfrenta presiones, amenazas y condicionamientos de Conagua en torno a la concesión de agua, justo cuando debe decidir si adopta el autogobierno. Conagua realizó un operativo inusual para cancelar un pozo presuntamente ilegal en Morelia, en el contexto de reuniones cerradas con élites agrícolas y empresariales que refuerzan una política hídrica excluyente.
Mientras, el gobierno estatal profundizó su apuesta por la mercantilización de la naturaleza con acciones orientadas a eventos turísticos como la Regata Nacional de Canotaje en Urandén.
Marzo cerró con la toma de la obra del Segundo Anillo Periférico por parte de San Nicolás Obispo y con un escenario donde actores políticos —incluida Paola Delgadillo, impulsada por encuestas de baja credibilidad— buscan capitalizar el contexto socioambiental. Entre disputas por el agua, reacomodos políticos y presiones territoriales, el mes confirmó la crisis ambiental en Michoacán.
ANUARIO 2025
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