En su columna Entre Periodistas, Andrés A. Solís analiza las denuncias de acoso, amenazas, campañas de desprestigio y presuntos incumplimientos de pago a medios de comunicación en Durango. El caso exhibe prácticas de presión política contra periodistas y medios críticos.
La tensión entre el poder político y la prensa vuelve a escalar en San Luis Potosí. Denuncias de censura, carpetas de investigación contra periodistas y el uso del aparato estatal para inhibir críticas colocan al gobierno de Ricardo Gallardo bajo cuestionamientos por libertad de expresión.
Diversos casos recientes en México han reavivado el debate sobre transparencia, acceso a la información y libertad de prensa. Desde restricciones a periodistas en conferencias oficiales hasta reservas de documentos públicos, organizaciones y comunicadores advierten un aumento de prácticas que limitan el escrutinio público.
En medio de una creciente polarización mediática, el periodismo mexicano enfrenta una crisis de credibilidad y rigor. Mientras medios oficialistas replican propaganda gubernamental y corporativos privados radicalizan sus posturas, la sociedad queda atrapada entre narrativas sesgadas y desinformación.
En un contexto global marcado por el avance de discursos contra la prensa, el periodista Andrés A. Solis reflexiona sobre la persistente práctica de culpar al mensajero. Desde Trump hasta México, advierte sobre el uso del poder público para desacreditar y agredir al periodismo crítico.
Entre la propaganda y el falso periodismo, se incubó una red de aplaudidores del poder que convirtió las mañaneras en negocio, gestión y privilegio. Hoy, esos mismos personajes desbordan al régimen que los alimentó y exhiben la fragilidad del control presidencial.
La polémica sobre Infodemia MX reabre el debate sobre el uso de recursos públicos para sostener narrativas oficiales. Entre errores, desmentidos y omisiones, la crítica apunta a la propaganda institucional, la falta de rendición de cuentas y el desgaste de la credibilidad pública.
La posible reforma a la ley de protección a periodistas en el Estado de México reabre el debate sobre los límites entre apoyo institucional y control político. Mientras el gobierno anuncia mesas de trabajo, persisten prácticas que restringen el acceso a la información y vulneran el ejercicio periodístico.
La designación del nuevo presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección reabre una discusión clave: la autonomía de los órganos ciudadanos frente al poder. Lo que parece un ajuste legal menor, en realidad define quién controla la protección a periodistas en México.
