El Gobierno federal propone la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua, acabar con la privatización y acaparamiento, fortalecer la gestión estatal y comunitaria, y establecer sanciones contra el uso ilegal y la corrupción hídrica.
Gobierno de México propone Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales; “es un giro histórico frente a la privatización”, aseguran
Por: en15dias.com / Con información de Gobierno de México
El Gobierno de México presentó este miércoles la propuesta de Ley General de Aguas y una reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo declarado de garantizar el derecho humano al agua y poner fin a décadas de concesiones mercantilizadas.
Durante la presentación, autoridades federales subrayaron que el agua es un derecho humano y un bien público, y que cualquier intento de privatización representa un atentado contra la vida, la soberanía y la justicia social de los pueblos.
“El agua no es una mercancía, es un recurso nacional estratégico y social”, enfatizó la vocería oficial.
Principales puntos de la Ley General de Aguas
La nueva ley busca establecer un marco normativo integral y equitativo, coordinando los tres niveles de gobierno y garantizando la participación ciudadana en la planeación y gestión del agua para uso personal y doméstico.
Entre sus puntos clave destacan:
- Reconocimiento y fortalecimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, sin fines de lucro.
- Implementación de la Estrategia Nacional Hídrica como instrumento de diagnóstico, planeación y evaluación a largo plazo.
- Regulación de la captación de agua pluvial en obras públicas y privadas.
- Promoción de una cultura del agua que asegure su acceso a generaciones presentes y futuras.
Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: “del mercado al derecho humano”
La reforma de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, “plantea un cambio radical de visión, dejando atrás la concepción del agua como mercancía y priorizando su uso estratégico y equitativo”, destacó el Gobierno de México en su conferencia de prensa.
Entre sus medidas más relevantes se encuentran:
- Exclusividad estatal en la regulación del agua: el Estado será el único responsable de otorgar y supervisar concesiones, eliminando su transmisión entre particulares.
- Revisión y depuración de concesiones: se creará un Registro Nacional del Agua confiable y transparente, con trazabilidad paso a paso de cada título.
- Prohibición de cambios de uso de agua: cualquier concesión deberá ser utilizada únicamente para el fin para el cual fue otorgada, evitando que agua agrícola pase a uso industrial o urbano sin autorización.
- Fortalecimiento de sanciones y delitos hídricos: se aumentan multas y penas de prisión de 1 a 10 años para quienes cometan explotación, traslado o uso ilegal del agua, con mecanismos que combaten la corrupción en la expedición de títulos.
- Protección de concesionarios actuales: quienes ya poseen títulos de agua mantendrán sus derechos, con procedimientos abreviados en casos de sucesión o cambio de propietario.
- Fondo de reserva de aguas nacionales: todos los volúmenes recuperados por devolución de concesiones se integrarán a un fondo administrado por Conagua para su reasignación.
Un cambio “simbólico y práctico”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó que la reforma revierte la visión neoliberal de 1992, cuando las concesiones de agua comenzaron a considerarse transmisibles y vendibles entre particulares, generando descontrol, acaparamiento y sobreexplotación.
“Con la nueva iniciativa, el agua deja de ser mercancía y se convierte nuevamente en un instrumento de la nación, ordenado y supervisado, con énfasis en la justicia social, la sustentabilidad y la participación comunitaria”.
El Gobierno federal destacó que la propuesta ya fue discutida en foros con industriales, distritos de riego, municipios y estados, con el objetivo de lograr consenso antes de su envío al Congreso, donde se espera su debate y eventual aprobación.
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