Michoacán aparece como uno de los epicentros de la crisis nacional de desapariciones documentada por la CIDH. El informe coloca al estado entre los primeros lugares en periodistas desaparecidos, defensores ambientales agredidos y personas buscadoras amenazadas, además de documentar casos de colusión policial. / Michoacán, en el centro de la crisis nacional de desapariciones, según la CIDH
MICHOACÁN, EN EL CENTRO DE LA CRISIS NACIONAL DE DESAPARICIONES, SEGÚN LA CIDH
Por: en15dias.com / Con información del informe de CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en su informe de 2026 que el estado ocupa los primeros lugares en desaparición de periodistas, defensores ambientales y personas buscadoras amenazadas, con casos concretos de connivencia policial con el crimen organizado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 11 de mayo de 2026 su informe Desaparición de Personas en México, un documento de 238 páginas aprobado el 9 de febrero de 2026 que retrata una crisis humanitaria de proporciones históricas: más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, y más de 70,000 cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
Michoacán aparece de forma recurrente a lo largo del informe, no como dato marginal, sino como uno de los estados que concentra algunos de los indicadores más graves del fenómeno.
EL SEGUNDO ESTADO CON MÁS PERIODISTAS DESAPARECIDOS
Uno de los hallazgos más contundentes del informe en relación con Michoacán es su posición en el registro de periodistas desaparecidos. Con cinco personas periodistas desaparecidas y no localizadas registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al corte de abril de 2025, Michoacán ocupa el segundo lugar nacional, solo detrás de Guerrero con ocho casos. Veracruz aparece en tercer lugar con tres.
La organización Artículo 19, que lleva su propio registro independiente, también ubica a Michoacán entre los tres estados con más desapariciones de periodistas vinculadas directamente a su labor informativa —junto con Tamaulipas y Veracruz— en el período de 2003 a julio de 2024.
El informe puntualiza que el 87.5% de los periodistas desaparecidos en el país son hombres, aunque también documenta el caso específico de una mujer periodista michoacana: María Esther Aguilar, desaparecida el 11 de noviembre de 2009.
La organización Propuesta Cívica señaló a la CIDH que tanto la Fiscalía de Michoacán como la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atendieron las dimensiones de género en la investigación, ignorando el contexto de violencia contra mujeres periodistas y operando con estereotipos de género que comprometieron la pesquisa.
DEFENSORES AMBIENTALES: UN CASO QUE LLEGÓ A MEDIDAS CAUTELARES
El informe dedica atención específica a la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, ocurrida en enero de 2023 en Michoacán. Ambos eran defensores ambientales con trayectoria en la protección de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos.
Lagunes, quien contaba con la protección del Mecanismo federal de Protección de Defensores y Periodistas al momento de su desaparición, es presentado por la CIDH como ejemplo de la paradoja que enfrentan quienes defienden derechos en México: desaparecer precisamente mientras están amparados por mecanismos de protección estatal.
El caso fue considerado de tal gravedad que derivó en medidas urgentes de la propia Comisión. El informe lo enmarca dentro de un patrón más amplio de violencia contra personas que se oponen a megaproyectos, despojo de tierras y violaciones ambientales, un fenómeno que la CIDH documenta como sistemático en varias entidades del país, con Michoacán como uno de sus epicentros.
Michoacán también figura entre los estados con tres personas defensoras de derechos humanos registradas como desaparecidas con ese estatus en el RNPDNO, ubicándose en segundo lugar nacional, detrás de Sonora con cuatro.
EL ESTADO CON MÁS PERSONAS BUSCADORAS PROTEGIDAS POR EL MECANISMO FEDERAL
Quizás el dato más revelador sobre la situación de riesgo en Michoacán es que concentra el mayor número de personas buscadoras protegidas por el Mecanismo federal de Protección a Defensores y Periodistas a nivel nacional: 15 personas, por encima de Guanajuato (14), Veracruz (12), Tamaulipas (11), Baja California (11) y Jalisco (11).
Este dato no es un reconocimiento de avance institucional, sino una señal de alarma: significa que Michoacán es el estado donde más personas que buscan a sus familiares desaparecidos enfrentan amenazas, agresiones físicas, privación de libertad o riesgo de desaparición ellas mismas.
El informe documenta que en el 80% de los ataques a personas buscadoras en el país el perpetrador no fue identificado.
CONNIVENCIA POLICIAL DOCUMENTADA EN DOS MUNICIPIOS
En el capítulo sobre desapariciones cometidas por particulares con participación o aquiescencia de agentes del Estado —una de las modalidades más graves que analiza el informe— Michoacán aparece con dos casos concretos que la CIDH recibió como evidencia de connivencia entre fuerzas de seguridad y crimen organizado.
El primero involucra a Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández, detenidos por policías y civiles armados en un retén de seguridad en Copitero, Michoacán, en 2020. El segundo es el de Alfonso y Alberto Alejandre Díaz, desaparecidos por personas armadas que actuaban junto con policías municipales en Yurecuaro, Michoacán, en 2019.
Ambos casos son utilizados por la CIDH para ilustrar el patrón que considera uno de los más difíciles de desarticular: la operación del crimen organizado en «estrecha connivencia» con agentes de seguridad, un fenómeno que el informe señala como presente en diversas regiones del país y que requiere, según la Comisión, políticas específicas de identificación y desmantelamiento de esas redes.
FALLAS INSTITUCIONALES EN LA INVESTIGACIÓN
El informe también señala a Michoacán como ejemplo de las fallas de coordinación que critica a nivel nacional. En casos de periodistas desaparecidos, la CIDH documentó que tanto la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como la FEADLE no habrían coordinado adecuadamente sus funciones en el estado, trabajando de manera fragmentada y sin compartir información o estrategias de investigación.
Esto ocurre a pesar de que la CNB sí formalizó un convenio de coordinación con la Fiscalía de Michoacán para septiembre de 2023, lo que sugiere que los acuerdos institucionales existen en papel pero no se traducen en práctica efectiva. El informe documenta este problema como generalizado: los acuerdos del Sistema Nacional de Búsqueda no se aplican de manera uniforme en las entidades.
Por otro lado, el informe señala que Michoacán es uno de los once estados que no regulan la figura de la comisión local de búsqueda víctimal, una herramienta considerada clave para garantizar la participación de familiares y colectivos en los procesos de búsqueda e identificación.
LA CRISIS EN CONTEXTO NACIONAL
El informe de la CIDH, elaborado a petición de las propias familias buscadoras en 2023, recoge alrededor de 50 testimonios directos, 18 contribuciones de organizaciones de sociedad civil y respuestas formales del Estado mexicano.
Sus 40 recomendaciones abarcan desde el fortalecimiento de la identificación forense hasta el acceso efectivo a apoyos económicos para familiares, pasando por la colaboración de instituciones militares y de inteligencia en la entrega de información —un punto en el que el informe señala resistencias explícitas que ralentizan los procesos de verdad y revictimizan a las familias.
Para Michoacán, el informe no formula recomendaciones específicas por estado, pero los casos y datos documentados dibujan un estado que concentra múltiples dimensiones de la crisis simultáneamente: violencia contra quienes buscan, contra quienes informan, contra quienes defienden, y una institucionalidad que no logra protegerlos ni investigar lo que les ocurre.
