Organizaciones y pueblos de Agua para Todos, Agua para la Vida rechazan dividir el derecho humano al agua en dos leyes. Exigen sustituir la Ley de Aguas Nacionales de 1992 por una sola norma que priorice ecosistemas, uso doméstico y gestión comunitaria, y ponga fin al modelo mercantil.
Organizaciones rechazan dividir el derecho humano al agua en dos leyes: exigen una sola norma nacional, justa y participativa
Por: en15dias.com / Con información de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua
Organizaciones, pueblos indígenas y comunidades integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida rechazaron la intención del gobierno federal y de algunos legisladores de mantener la actual Ley de Aguas Nacionales de 1992 y, en paralelo, emitir una nueva Ley General de Aguas, al considerar que esta vía fragmenta el derecho humano al agua y perpetúa el modelo mercantil que ha provocado la crisis hídrica y ambiental en México.
En conferencia de prensa desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, el movimiento advirtió que el país necesita una sola ley nacional, integral y participativa, que ponga en el centro la gestión de cuencas, los derechos colectivos y el control ciudadano, no los intereses de los grandes usuarios.
“El agua no puede seguir tratándose como mercancía. Una ley dividida fragmenta el derecho humano al agua y mantiene privilegios para quienes más han contaminado y acaparado este bien común”, señalaron las y los voceros.
Una ley que favorece al gran capital
Las organizaciones responsabilizaron a la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, de haber abierto la puerta a la privatización del agua mediante un régimen de concesiones que beneficia a empresas refresqueras, mineras, agroexportadoras e inmobiliarias.
Explicaron que esta legislación, heredera de las políticas neoliberales, fue diseñada para atraer inversión extranjera, relegando el derecho de las comunidades y la protección de los ecosistemas.
“La política de ‘el que contamina paga’ ha sido un fracaso, porque las multas que pagan las empresas son irrisorias frente al daño que causan. Quien contamina debe perder la concesión, no seguir operando como si nada”, enfatizaron.
Uno de los ejemplos citados fue el derrame tóxico de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por la minera Buenavista del Cobre (Grupo México). A pesar de los pagos de compensación, los voceros señalaron que las comunidades siguen sufriendo altos índices de cáncer y enfermedades renales.
Crisis hídrica y regiones devastadas
De acuerdo con las organizaciones, el 70% de los cuerpos de agua de México está contaminado y más de 80 regiones presentan emergencias sanitarias y ambientales, como el Valle del Mezquital (Hidalgo), el río Atoyac (Puebla-Tlaxcala), Tula, El Salto (Jalisco), la cuenca del Lerma y varias zonas de Yucatán.
En estas regiones, dijeron, la población ha convivido por décadas con la descarga de aguas residuales sin tratamiento, la sobreexplotación de acuíferos y la degradación de ecosistemas.
Recordaron que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que México no puede aspirar al desarrollo mientras la mayor parte de sus ríos, lagos y acuíferos permanezcan contaminados.
Megaproyectos y desigualdad en el acceso al agua
Los colectivos advirtieron que los megaproyectos hidráulicos —presas, acueductos, fracking, corredores industriales— agravan la desigualdad y el deterioro ambiental.
Mencionaron los proyectos Chapala–Guadalajara, Purgatorio–Zapotillo, así como el desvío de agua hacia polos industriales en Sonora, Jalisco y Guanajuato.
“La lógica de mercado y la concentración de concesiones en grandes corporaciones deja sin agua a comunidades rurales, pueblos indígenas y sistemas comunitarios que han cuidado los manantiales por décadas”, subrayaron.
Señalaron que más de 28 mil sistemas comunitarios de agua operan en el país sin reconocimiento legal ni apoyo gubernamental, enfrentando incluso acoso de autoridades municipales y tarifas eléctricas industriales que los asfixian financieramente.
Una ley ciudadana y de cuencas
El movimiento planteó que la futura Ley General de Aguas debe reemplazar por completo la de 1992 y sustentarse en Gestión comunitaria y de cuencas, con participación plena de pueblos indígenas, comunidades rurales y contralorías sociales.
Se debe dar prioridad para el agua de los ecosistemas y el consumo humano, accesible, de calidad y cercana. Además exigieron sanciones efectivas: “quien contamine debe remediar el daño o perder la concesión”.
Señalaron la importancia del reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, no su marginación. “La pregunta central que nos hicimos fue: ¿el agua para qué y para quién?”, comentaron los voceros.
“La respuesta es clara: primero para la naturaleza y los ecosistemas, luego para el uso doméstico, y solo después para actividades productivas, siempre que no dañen ni acaparen el recurso”.
¿Cuáles son las propuestas para enfrentar la crisis?
Las organizaciones presentaron un conjunto de medidas urgentes:
- Detener megaproyectos de fracking, nuevas presas y acueductos que despojan a comunidades.
- Reparar redes de distribución y potabilización, para frenar fugas y desperdicio.
- Restaurar ecosistemas y acuíferos, priorizando la recarga natural de los mantos freáticos.
- Sanear ríos y presas contaminadas mediante plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Ordenamiento territorial participativo, con control ciudadano y respeto a los derechos colectivos.
- Reparación de daños y justicia para comunidades afectadas, como las del río Sonora, Tula y el Atoyac.
“El agua es vida y se defiende”
Las y los participantes recordaron que el artículo 4º constitucional reconoce el derecho humano al agua, y advirtieron que este derecho no puede subordinarse a intereses económicos ni fragmentarse en dos leyes.
Exigieron al gobierno federal impulsar un plan nacional de emergencia hídrica, ante el cambio climático y la creciente escasez.
“Hoy llueve donde antes no llovía y hay sequías en regiones que antes tenían agua. Si no actuamos con urgencia, la crisis se agudizará”, alertaron.
“El agua no es un recurso para el negocio: es vida, se ama y se defiende”, finalizaron.
Esto te puede interesar
La vieja historia de culpar al mensajero
En un contexto global marcado por el avance de discursos contra la prensa, el periodista Andrés A. Solis reflexiona sobre la persistente práctica de culpar al mensajero. Desde Trump hasta México, advierte sobre el uso del poder público para desacreditar y agredir al periodismo crítico.
Comunidades indígenas de Michoacán lanzan emplazamiento final a CFE y gobierno; “hay una clara estrategia de retraso y evasión”
Comunidades indígenas del oriente de Michoacán lanzaron un ultimátum a la CFE y al gobierno estatal tras denunciar seis años de omisiones y una “estrategia de retraso y evasión” frente a la crisis ambiental y de salud vinculada a la planta geotérmica Los Azufres.
APEAM suaviza postura sobre Guardian Forestal: de “extorsivo” a “voluntario”
En doce días, APEAM pasó de calificar a Guardián Forestal como «extorsivo e inconstitucional» a reconocerlo como un instrumento «útil y voluntario». Dos comunicados firmados de forma distinta cuentan la historia de ese giro.