Semarnat presume una “Política Ecológica y Ambiental Humanista” como emblema de la transformación nacional. Sin embargo, detrás de los comunicados oficiales persisten conflictos por el agua, el territorio y los bienes comunes. La pregunta es ¿se trata de justicia ambiental o de un relato que maquilla el avance del extractivismo? / Semarnat ¿Humanismo ambiental o extractivismo verde?
Semarnat ¿Humanismo ambiental o extractivismo verde?
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió sumarse recientemente al balance triunfalista del gobierno federal. A través de un boletín oficial, la dependencia aseguró con firmeza que el país avanza hacia una “Política Ecológica y Ambiental Humanista y de justicia para el pueblo”.
La afirmación sería un bálsamo alentador para el futuro de la nación, si no fuera porque el territorio mexicano cuenta una historia completamente distinta.
Mientras los comunicados celebran decretos históricos de Áreas Naturales Protegidas, planes de restauración ecológica, saneamiento de ríos y un supuesto freno a la deforestación mediante la participación comunitaria, a ras de suelo la realidad se multiplica en la dirección opuesta.
El mapa real de México está marcado por una marea creciente de conflictos socioambientales: disputas por el agua, cambios ilegales de uso de suelo, una agresiva expansión inmobiliaria, agroindustria intensiva y una nueva generación de megaproyectos de infraestructura asociados al llamado Plan (extractivista) México.
La contradicción es un elefante en la habitación imposible de ocultar. Por un lado, el Estado se presenta ante el mundo y sus ciudadanos como el guardián de una transición ecológica justa y soberana.
Por el otro, opera como el principal promotor de una estrategia de desarrollo basada en la atracción ciega de inversiones, la ampliación de infraestructura logística, el fortalecimiento de corredores industriales, el incremento de la capacidad energética fósil y la aceleración de proyectos considerados «estratégicos» para la competitividad nacional. En términos llanos: más autopistas, más parques industriales, mayor extracción de recursos y una presión asfixiante sobre las comunidades originarias.
Ya habíamos dicho como es que Alicia Bárcena simula con un discurso de «ecologismo humanista».
Nadie busca negar los esfuerzos institucionales o el trabajo de los técnicos de la Semarnat. El problema de fondo es que los avances que presume la narrativa oficial parecen operar en una dimensión paralela a los procesos económicos agresivos que el propio Estado impulsa.
Resulta una acrobacia discursiva muy cínica hablar de protección ecológica cuando, de forma simultánea, se profundiza un modelo macroeconómico que devora cada vez más agua, exige más energía, demanda más minerales y reclama más superficie disponible para la expansión productiva.
Con cinismo, el boletín oficial acuña el concepto de «justicia ambiental» y desde aquí preguntamos ¿justicia para quién? En la geografía real del país, los conflictos socioambientales siguen siendo, en su núcleo, crudas disputas por el poder. Son escenarios asimétricos donde comunidades locales, ejidos, pueblos indígenas y defensores de la tierra —muchas veces criminalizados— enfrentan intereses económicos corporativos que gozan del respaldo implícito de estructuras institucionales. Estructuras que, a la hora de la verdad, casi siempre privilegian el flujo de capital por encima de la conservación de la vida.
La experiencia latinoamericana ha demostrado durante décadas que el extractivismo no desaparece ni se mitiga por el simple hecho de incorporarle adjetivos verdes o discursos de izquierda. Puede cambiar de nombre, adoptar tecnologías supuestamente limpias o revestirse de compromisos climáticos humanistas, pero mantiene intacta su lógica fundacional: convertir los territorios ancestrales y los bienes comunes en meras plataformas de producción destinadas a sostener el crecimiento económico infinito.
Por eso resulta insuficiente, e incluso ingenuo, celebrar programas de reforestación o subsidios comunitarios mientras se tolera la transformación irreversible del territorio a manos de las industrias inmobiliaria, minera, turística de gran escala o energética. La verdadera discusión ecológica no radica en cuántos árboles jóvenes se plantan para la fotografía oficial, sino en cuántos ecosistemas complejos y maduros siguen siendo sacrificados en el altar del desarrollo económico nacional.
Mientras tanto, la maquinaria de propaganda insiste en vender una armonía idílica, casi mágica, entre un crecimiento económico acelerado y una protección ambiental profunda. Se nos pide creer que ambos objetivos pueden alcanzarse de la mano, sin tensiones estructurales, sin violencia hacia los pueblos y sin costos ecológicos irreparables.
Quizá el mayor pecado del balance de la Semarnat no sea lo que presume con bombo y platillo, sino los vacíos deliberados que omite. Detrás de los porcentajes alegres, los programas sociales y los anuncios burocráticos, permanecen los territorios de carne y hueso donde se libra la verdadera guerra ambiental del país. Ahí están las comunidades defendiendo con el cuerpo sus bosques, sus acuíferos, sus manglares y sus selvas frente a proyectos que se les imponen bajo la narrativa de que el progreso es «inevitable».
La ecología política ha insistido durante años en una verdad sumamente incómoda para cualquier administración: no existe justicia ambiental sin justicia territorial. De nada sirve una política ambiental adornada con etiquetas «humanistas» cuando las decisiones económicas clave continúan subordinando la naturaleza a la lógica implacable de la acumulación de capital.
Al final del día, más que un balance técnico o un ejercicio de rendición de cuentas, el comunicado de la Semarnat se lee como una sofisticada herramienta de legitimación política. Es un relato optimista diseñado para convencer a la opinión pública de que el país camina hacia un futuro sustentable, aun cuando en la tierra se acumulan alarmas que apuntan en la dirección contraria.
Aliviar síntomas no es lo mismo que curar la enfermedad; restaurar daños es una tarea loable, pero detener los mecanismos económicos que los producen es la única transformación real. Y esa es, precisamente, la respuesta que el humanismo oficial evita responder.
