Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 24: del 8 al 14 de junio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 24: del 8 al 14 de junio de 2026
Por: en15dias.com
CONAGUA CONDICIONA OBRAS DE AGUA POTABLE A MUNICIPIOS POR FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS
Vaya, vaya… mientras comunidades y municipios enfrentan cada vez mayores presiones por el acceso al agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que varios proyectos hidráulicos en Michoacán permanecen detenidos por la falta de estudios técnicos, planes hídricos municipales y proyectos ejecutivos que permitan avanzar con certeza jurídica y administrativa.
El delegado estatal de la Conagua, Luis Roberto Arias Reyes, informó que la dependencia permanece a la espera de los estudios necesarios para iniciar la perforación de un pozo profundo de agua potable en el municipio de Morelos. La documentación requerida permitirá determinar la profundidad del acuífero, definir las características técnicas de la obra y realizar los trámites administrativos para asignar el volumen de agua correspondiente a la comunidad.
La dependencia señaló que, sin estos elementos, no es posible continuar con la construcción del pozo, debido a que no existe información técnica suficiente ni certeza jurídica sobre el aprovechamiento del recurso.
El anuncio ocurre en un contexto donde distintos municipios de Michoacán enfrentan problemas relacionados con disponibilidad, distribución y gestión del agua. Mientras las necesidades de las comunidades crecen, las instituciones advierten que la falta de planeación y documentación técnica limita la ejecución de infraestructura hidráulica.
Y es que la crisis del agua no solamente se explica por la ausencia del recurso, sino también por la falta de una política integral que articule información sobre acuíferos, crecimiento urbano, necesidades comunitarias y capacidad de los gobiernos locales para garantizar el servicio.
La propia Conagua reconoció que existen municipios donde no se cuenta con Plan Hídrico Municipal ni proyectos ejecutivos, documentos considerados indispensables para que la Federación pueda intervenir mediante obras y programas.
ESCALA CONFLICTO POR GESTIÓN DEL AGUA EN SANTA MARÍA GUIDO
Vaya, vaya… y el conflicto por el agua en la zona sur de Morelia escaló durante esta semana hasta convertirse en una disputa abierta entre ciudadanos y el gobierno municipal por el control, la administración y el futuro de uno de los recursos más estratégicos de la ciudad.
Todo comenzó el lunes 8 de junio, cuando integrantes de uno de los tres grupos que se disputan la lucha del agua en la Tenencia de Santa María de Guido y colonias del sur instalaron un plantón en las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM) para exigir una mesa de diálogo y la reinstalación de una nueva Junta Local de Agua con carácter autónomo.
La protesta coincidió con otra movilización encabezada por un extrabajador municipal que demandaba su reinstalación laboral, generando una jornada de presión política al interior del edificio administrativo. Sin embargo, el fondo del conflicto no era únicamente administrativo: se trata de una disputa por el modelo de gestión del agua y por la capacidad de las ciudadanos para decidir sobre un recurso fundamental para su vida cotidiana.
Durante los días siguientes, la confrontación se profundizó. Mientras los habitantes exigían el reconocimiento de una estructura comunitaria de administración del agua, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), encabezado por Adolfo Torres Ramírez, defendió el proceso de municipalización y anunció revisiones sobre presuntas irregularidades. además de posibles denuncias penales por el cierre de instalaciones municipales.
Ante la falta de acuerdos, el grupo inconforme tomó las instalaciones de la planta potabilizadora de Vista Bella. El miércoles 10 y jueves 11 de junio, los habitantes trasladaron la protesta a este espacio estratégico, instalando un plantón permanente y bloqueando sus accesos.
El 11 de junio, los manifestantes realizaron una conferencia de prensa, la exigencia fue clara en ese momento no retirarían la movilización sin una respuesta para la creación de una nueva junta local de agua.
Los habitantes argumentaron que el actual esquema de operación prioriza el abastecimiento de la zona urbana central y de desarrollos inmobiliarios, mientras comunidades del sur enfrentan problemas relacionados con el acceso y distribución del recurso.
Criticaron la falta del derecho humano al agua, la autonomía comunitaria y los límites del modelo urbano que ha permitido el crecimiento de Morelia hacia nuevas zonas habitacionales sin resolver de fondo la disponibilidad y distribución del agua.
Incluso en la conferencia de prensa se lanzó la propuesta de avanzar hacia esquemas de autogobierno y presupuesto directo, con la intención de fortalecer mecanismos comunitarios para proteger sus recursos y tomar decisiones sobre bienes comunes como el agua.
La tensión alcanzó su punto máximo durante la madrugada y mañana del viernes 12 de junio, cuando elementos de la Policía Morelia realizaron un operativo para desalojar la planta potabilizadora de Vista Bella y liberar los accesos.
Los habitantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza pública durante el retiro del plantón, mientras que el gobierno municipal sostuvo que la intervención buscaba garantizar la operación del sistema hidráulico y restablecer el suministro para la ciudad.
El OOAPAS recuperó el control físico de la infraestructura, pero el conflicto político quedó lejos de resolverse. La intervención policial abrió una nueva etapa de tensión con los ciudadanos, que advierten que las movilizaciones continuarán.
Hay que recordar, y lo hemos dicho aquí, que la disputa por el agua en Morelia es una discusión sobre quién decide sobre los bienes comunes, cómo se construye esta ciudad y si el acceso al agua será entendido como un derecho colectivo o como un servicio condicionado por las dinámicas del crecimiento urbano…. Veremos…
MICHOACÁN PRESUME AVANCES AMBIENTALES MIENTRAS ENFRENTA LA DISPUTA POR SUS BOSQUES Y TERRITORIOS
Vaya, vaya… en medio de una crisis climática que presiona los ecosistemas de Michoacán, el gobierno estatal presentó un balance de sus acciones ambientales y colocó en el centro de su discurso la conservación, la restauración ecológica y el combate a la deforestación. Sin embargo, los retos territoriales del estado muestran que la protección ambiental continúa siendo una disputa permanente frente a las presiones económicas que enfrentan los bosques y las cuencas.
Durante un encuentro ambiental, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, destacó las estrategias implementadas por la administración estatal para enfrentar el cambio climático, entre ellas el sistema de vigilancia satelital “Guardián Forestal”, la certificación forestal para cadenas productivas y nuevos esquemas de monitoreo para actividades agroindustriales.
Uno de los puntos centrales fue el combate a la deforestación asociada a cultivos como el aguacate. El funcionario aseguró que actualmente el 90 por ciento de las exportaciones cuentan con garantía de libre deforestación mediante mecanismos de certificación. También informó sobre acuerdos con sectores como el tequila, el mezcal y las berries para evitar que productos provenientes de terrenos deforestados ingresen a sus cadenas comerciales.
El gobierno estatal también destacó el crecimiento de la superficie bajo protección ambiental, al señalar que las áreas naturales protegidas pasaron de 72 mil hectáreas a cerca de 213 mil durante la actual administración. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los decretos de protección del Cerro del Águila y el Quinceo antes del desarrollo del nuevo periférico de Morelia.
La agenda ambiental incluyó además la incorporación de Michoacán al Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF), así como la próxima colaboración con certificadoras internacionales para fortalecer mecanismos de medición ambiental.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la conservación implica modificar la relación entre sociedad y naturaleza. Recordó que Michoacán es uno de los estados con mayor biodiversidad del país y señaló inversiones realizadas en la Cuenca del Río Duero por más de 800 millones de pesos en obras de saneamiento, incluida una planta de tratamiento en Zamora.
El mandatario también resaltó el incremento de superficie protegida durante el periodo 2021-2026 y afirmó que la política ambiental actual busca priorizar inversiones para la recuperación de ecosistemas estratégicos.
Durante el encuentro fueron reconocidas experiencias comunitarias y científicas, entre ellas el manejo forestal de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, que recibió un reconocimiento por más de cuatro décadas de trabajo comunitario y por contar con certificación internacional FSC. También fueron distinguidas comunidades con áreas voluntarias de conservación, proyectos productivos sustentables y trayectorias dedicadas a la educación e investigación ambiental.
Y es que Michoacán enfrenta una contradicción permanente: mientras avanza en instrumentos de conservación, certificaciones y decretos ambientales, sus territorios continúan bajo una fuerte presión por el cambio de uso de suelo, la expansión agroindustrial y los mercados globales que demandan productos vinculados históricamente con procesos de transformación del paisaje.
La verdadera prueba de la política ambiental no estará únicamente en la cantidad de hectáreas decretadas o en los reconocimientos entregados, sino en la capacidad de garantizar que los bosques, las comunidades y los ecosistemas tengan protección efectiva frente a los intereses económicos que durante décadas han impulsado su degradación.
Porque conservar no solamente significa proteger áreas en un mapa. Significa cambiar la relación con el territorio y garantizar que el desarrollo económico no siga construyéndose sobre la pérdida de los bienes naturales que sostienen la vida.
ORDENAMIENTO DEL RÍO DUERO BUSCA REGULAR AGRICULTURA INTENSIVA EN UNA CUENCA CLAVE PARA MICHOACÁN
Mientras tanto, en un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente informó que el decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional “Cuenca del Río Duero” permitirá avanzar hacia un modelo de producción agrícola sustentable y ordenado en una de las regiones con mayor presión ambiental del estado.
La dependencia señaló que el instrumento, firmado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, busca establecer criterios para regular las actividades productivas dentro de una cuenca estratégica donde se concentra el 47 por ciento de la producción agroalimentaria de Michoacán y alrededor del 90 por ciento de la frutilla destinada a exportación.
Vaya, vaya… mientras el gobierno estatal presenta el ordenamiento ecológico como una herramienta para armonizar producción y conservación, el territorio del Río Duero refleja una de las principales contradicciones ambientales de Michoacán: una región convertida en motor económico del estado, pero también sometida a intensas presiones por el cambio de uso de suelo, la expansión agroindustrial y la disputa por los recursos naturales.
El decreto, elaborado con apoyo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la participación de los diez municipios que integran la cuenca, plantea la necesidad de ordenar las actividades agrícolas bajo criterios de sustentabilidad. Sin embargo, el desafío central no está únicamente en diseñar instrumentos técnicos, sino en modificar un modelo económico que durante décadas ha privilegiado la rentabilidad de los mercados de exportación por encima del equilibrio territorial.
Y es que el propio desarrollo agroexportador que ha colocado a Michoacán como potencia productiva también ha generado profundas transformaciones en sus territorios: presión sobre el agua, pérdida de cobertura forestal, degradación de suelos y conflictos derivados del control de recursos estratégicos.
El gobierno estatal insiste en que el ordenamiento permitirá una producción más sustentable, pero la discusión de fondo es si estas medidas serán suficientes para enfrentar las dinámicas económicas que han convertido zonas rurales en espacios de alta presión ambiental y social.
Porque mientras se promueven esquemas de certificación, restauración y planeación ecológica, el modelo productivo dominante continúa apostando por cadenas de exportación que han dejado costos ambientales y sociales sobre las comunidades que habitan esos territorios.
En diversas regiones de Michoacán, la expansión de economías vinculadas a la producción agrícola intensiva, la especulación territorial y la disputa por recursos naturales ha debilitado formas comunitarias de manejo del territorio y ha abierto espacios aprovechados por redes de criminalidad que encuentran en estos conflictos una oportunidad de control y extracción.
La Secretaría del Medio Ambiente informó también que la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), ayuntamientos, ejidos y comunidades indígenas coordinan acciones para establecer más de un millón de plantas en más de mil 800 hectáreas de la zona durante este año, como parte de las estrategias de restauración ambiental.
El reto será que el ordenamiento no quede reducido a un decreto más, sino que se convierta en una política capaz de poner límites claros a las actividades que han deteriorado los ecosistemas y debilitado el tejido social de los territorios.
Porque la sustentabilidad no puede construirse únicamente con nuevas reglas para el mercado; requiere revisar un modelo económico que ha transformado bosques, agua y tierras agrícolas en mercancías, dejando a las comunidades enfrentar los costos ambientales y sociales de esa expansión.
La Cuenca del Río Duero no solo es una zona productiva. Es un territorio donde se define una pregunta mayor: si el desarrollo seguirá avanzando a costa de los ecosistemas y las comunidades, o si Michoacán será capaz de construir otra relación con sus bienes comunes.
MICHOACÁN ACTIVA ALERTA PERMANENTE ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2026
El Gobierno de Michoacán declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil y al Comité Estatal de Emergencia y Desastres ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.
Durante la sesión realizada el 10 de junio en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la medida busca fortalecer la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para atender de manera oportuna cualquier contingencia que pudiera presentarse en la entidad.
El mandatario estatal destacó que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se mantendrá vigilancia constante en los 113 municipios de Michoacán, en coordinación con los reportes meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Tenemos que estar alertas al cuidado de la población en todos los territorios municipales, en todas las comunidades”, afirmó Ramírez Bedolla durante la sesión.
De acuerdo con el gobierno estatal, para esta temporada se prevé la presencia de 21 fenómenos meteorológicos, por lo que se solicitó a las dependencias que integran el gabinete estatal, así como a autoridades federales y municipales, mantener acciones preventivas y capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
Entre las medidas anunciadas se encuentra el monitoreo permanente de los niveles de las presas de la entidad, debido a que algunas registran altos niveles de captación. El gobernador informó que se dará seguimiento a las condiciones de almacenamiento de las 24 presas de Michoacán para valorar, en caso necesario, desfogues programados y seguros.
En la reunión participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros; el director general de Conagua en Michoacán, Roberto Arias, además de integrantes del gabinete estatal, autoridades federales y municipales.
El Gobierno de Michoacán señaló que la activación permanente de los órganos de emergencia tiene como objetivo mejorar la prevención y garantizar una respuesta coordinada ante posibles afectaciones durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
PROFEPA ASEGURA MADERA Y CLAUSURA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FORESTAL EN ACUITZIO
Vaya, vaya… mientras Michoacán continúa enfrentando una de las mayores presiones sobre sus territorios forestales, un operativo coordinado entre autoridades ambientales y de seguridad volvió a colocar en la agenda pública una realidad persistente: la extracción ilegal de madera y las dificultades institucionales para garantizar la trazabilidad de los recursos forestales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el aseguramiento de 558.602 metros cúbicos de materias primas forestales maderables y la clausura temporal de un aserradero ubicado en el municipio de Acuitzio del Canje, tras detectar irregularidades relacionadas con la acreditación de la legal procedencia de la madera almacenada y transformada.
La acción, realizada el 3 de junio y dada a conocer durante la Semana 24, se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y elementos de la Guardia Civil, como parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Durante la inspección, la autoridad ambiental señaló que el establecimiento no presentó documentación suficiente para acreditar el origen legal de la totalidad de los productos forestales localizados. También detectó inconsistencias en registros de entradas y salidas, falta de documentos de autorización y ausencia de elementos necesarios para verificar la trazabilidad de la madera.
El aseguramiento incluyó 196.471 metros cúbicos de madera en rollo de pino y 362.131 metros cúbicos de madera en rollo de oyamel, recursos que quedaron bajo medida precautoria mientras continúan los procedimientos administrativos correspondientes.
Sin embargo, más allá del operativo, el caso vuelve a abrir una discusión de fondo sobre la crisis forestal que atraviesa Michoacán. La tala ilegal no representa únicamente una falta administrativa; forma parte de una problemática territorial más amplia donde convergen cambio de uso de suelo, expansión de actividades económicas, presión sobre comunidades forestales y disputas por el control de los recursos naturales.
Y es que los bosques michoacanos se encuentran en medio de múltiples presiones: desde la expansión agrícola y frutícola hasta redes ilegales de aprovechamiento forestal que afectan ecosistemas estratégicos, fuentes de agua y formas comunitarias de relación con el territorio.
El aseguramiento anunciado por Profepa representa una acción institucional necesaria, pero también evidencia los límites de una política ambiental basada principalmente en operativos reactivos. La defensa del bosque requiere fortalecer la vigilancia permanente, garantizar derechos de las comunidades que conservan los territorios y atacar las cadenas económicas que permiten la extracción, transformación y comercialización de madera de origen irregular.
NAHUATZEN: LA VIOLENCIA VUELVE A GOLPEAR LA MESETA PURÉPECHA
Vaya, vaya… la violencia volvió a sacudir a la Meseta Purépecha. La emboscada contra elementos de la Guardia Civil en la localidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, dejó cinco policías muertos y seis más lesionados, pero el ataque no puede entenderse únicamente como un episodio de seguridad pública: ocurre en un territorio marcado por disputas históricas por la autonomía comunitaria, el control territorial y la defensa de los bienes naturales.
El miércoles 10 de junio, alrededor de las 15:00 horas, un convoy de la Guardia Civil fue atacado mientras realizaba labores de traslado de personal en la zona. La agresión provocó la muerte de cinco elementos estatales y desató un operativo de seguridad con la participación de corporaciones estatales y federales.
La respuesta institucional se concentró en el despliegue operativo y en las investigaciones para identificar a los responsables. Sin embargo, la dimensión del problema va más allá del ataque armado: Nahuatzen forma parte de una región donde la presencia de grupos criminales, los conflictos territoriales y las disputas por el control de recursos naturales han generado una crisis permanente.
La Meseta Purépecha es un territorio donde las comunidades indígenas han impulsado procesos de organización propia, incluyendo esquemas de autogobierno, presupuesto directo y mecanismos comunitarios de seguridad. Estos procesos representan una transformación en la relación entre comunidades y Estado, al buscar que los pueblos tengan mayor capacidad de decisión sobre sus recursos, autoridades y formas de organización.
Pero esa autonomía también ocurre en un contexto complejo. Las comunidades enfrentan presiones de distintos actores: estructuras políticas que históricamente han concentrado decisiones municipales, intereses económicos sobre los recursos naturales y grupos criminales que buscan controlar territorios estratégicos.
Y es que detrás de la violencia existe una disputa más amplia por el territorio. La presión sobre los bosques, los cambios de uso de suelo y las actividades económicas que dependen de la transformación del paisaje han convertido a la Meseta Purépecha en una zona donde la defensa ambiental y la seguridad están profundamente relacionadas.
Las comunidades que buscan proteger sus bosques y ejercer formas propias de gobierno enfrentan un escenario donde la presencia institucional no siempre se traduce en garantías efectivas de seguridad. Durante años, habitantes de la región han señalado la necesidad de que el Estado no solamente intervenga mediante operativos, sino que fortalezca el reconocimiento de sus derechos colectivos y sus formas de organización.
¿Cómo garantizar seguridad en territorios donde la violencia está vinculada con disputas económicas, ambientales y políticas?
Porque la crisis de la Meseta Purépecha no se resuelve únicamente con más patrullajes o despliegues temporales. Requiere atender las causas profundas: la disputa por el territorio, la protección de los bosques, el fortalecimiento de las autonomías indígenas y la construcción de instituciones capaces de garantizar justicia.
Mientras tanto, las comunidades siguen atrapadas entre dos fuerzas que amenazan su vida cotidiana: las economías ilegales que buscan imponer control sobre el territorio y un Estado que todavía enfrenta el desafío de construir una presencia basada en derechos, seguridad y respeto a los pueblos originarios.
SERAPAZ LLAMA A FORTALECER DIÁLOGO Y SEGURIDAD COMUNITARIA
Serapaz emitió un llamado a las autoridades estatales y federales para establecer una estrategia integral de atención ante la violencia que afecta a distintas comunidades de la región P’urhépecha de Michoacán.
A través de un pronunciamiento publicado el 11 de junio, la organización señaló que los recientes hechos violentos registrados en localidades como Acachuen, Santa María Sevina, Nahuatzen, Oponguio y Naranja de Tapia evidencian una situación de vulnerabilidad y alerta permanente en diversas zonas del territorio indígena.
Serapaz indicó que el contexto de seguridad en Michoacán está marcado por disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, con hechos como ataques con armas de alto poder, emboscadas y uso de drones con explosivos, fenómenos que, afirmó, no pueden analizarse de manera aislada.
La organización explicó que las afectaciones tienen características distintas en las cuatro subregiones del pueblo P’urhépecha: la Meseta, la Cañada de los Once Pueblos, la zona del Lago de Pátzcuaro y la Ciénega de Zacapu.
En la Meseta, destacó los desafíos relacionados con la preservación de los bienes naturales; en la Cañada señaló las presiones sobre el tejido económico local; mientras que en la región del Lago de Pátzcuaro identificó problemáticas relacionadas con el acceso al agua y las condiciones ambientales.
El pronunciamiento recordó hechos recientes de violencia, entre ellos el ataque contra la comunidad de Acachuen, donde dos personas perdieron la vida y una resultó herida, así como la agresión contra integrantes de la ronda comunitaria de Sevina, que dejó dos personas fallecidas y una lesionada.
Serapaz señaló que estos escenarios ya habían sido advertidos previamente por comunidades, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos mediante diagnósticos participativos, informes y mesas de diálogo con autoridades.
Ante esta situación, la organización hizo un llamado para pasar de una atención reactiva a una estrategia preventiva y estructural que permita reducir riesgos de violaciones graves a derechos humanos, como desapariciones, desplazamiento forzado interno y reclutamiento.
Entre sus propuestas, Serapaz planteó generar espacios seguros de interlocución entre autoridades gubernamentales, organizaciones civiles y comunidades; fortalecer los mecanismos comunitarios de protección; y garantizar el esclarecimiento de los hechos violentos.
También destacó la importancia de reconocer el papel de las Asambleas comunitarias, las Rondas Comunales y las Guardias Comunitarias como formas de organización propias de los pueblos originarios.
Finalmente, la organización convocó a autoridades, academia, colectivos y sociedad civil a participar en procesos de diálogo que permitan fortalecer la articulación entre las comunidades de la Meseta, la Cañada, el Lago y la Ciénega.
Serapaz afirmó que la construcción de paz en la región P’urhépecha requiere reconocer la organización comunitaria, la defensa del territorio y la participación de los pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con su seguridad y futuro.
LA “TRADICIÓN” QUE NORMALIZA EL MALTRATO ANIMAL
Vaya, vaya… mientras el gobierno de Michoacán presenta la charrería como una “herencia viva” y símbolo de identidad comunitaria, desde en15dias.com nos preguntamos ¿puede llamarse tradición a una práctica que depende del uso, sometimiento y sufrimiento de animales?
La narrativa institucional habla de orgullo, familias y raíces del campo, pero evita discutir el otro lado de estas prácticas: caballos obligados a realizar maniobras bajo presión, animales utilizados en espectáculos y dinámicas donde la violencia se justifica bajo el argumento de la costumbre.
En los lienzos charros no sólo se representa una supuesta conexión con el mundo rural; también se reproduce una práctica históricamente vinculada a sectores con capacidad económica para mantener caballos, instalaciones, equipos y participación en competencias.
Aunque se presenta como una expresión del “pueblo”, la realidad es que gran parte de quienes practican la charrería organizada pertenecen a sectores con privilegios económicos, familias con recursos suficientes para sostener una disciplina costosa que está lejos de las condiciones cotidianas de la mayoría de campesinos y trabajadores del campo.
Y es que el campo michoacano no sólo merece ser representado por lienzos charros y competencias oficiales. También está compuesto por comunidades campesinas, pueblos originarios, defensores del territorio y quienes sostienen una relación distinta con la naturaleza: una basada en el cuidado y no en la dominación.
Las sociedades han transformado muchas prácticas cuando comenzaron a cuestionarse desde la ética, los derechos y el conocimiento científico sobre el bienestar animal. La cultura ni la tradición son una pieza congelada del pasado; también evoluciona cuando una comunidad decide revisar aquello que causa daño.
Y el problema no es reconocer la historia de la charrería, sino convertirla en una identidad obligatoria mientras se silencian los cuestionamientos sobre el trato hacia los animales. En nombre de la tradición se han mantenido prácticas que hoy generan debate social.
¿Qué tipo de patrimonio queremos proteger? Uno que repita sin cuestionar las formas del pasado o uno capaz de reconocer que la verdadera cultura también puede construirse desde el respeto hacia todas las formas de vida.
GLADYZ BUTANDA SUMA A HERIBERTO PADILLA A SU EQUIPO
Mientras tanto, en la construcción de estructuras políticas rumbo al proceso interno de Morena en Michoacán, Gladyz Butanda presentó a su equipo territorial con la incorporación de distintos perfiles, entre ellos Heriberto Padilla Ibarra, empresario y especialista vinculado al desarrollo de herramientas tecnológicas para el monitoreo ambiental.
La integración de Padilla Ibarra llama la atención por el perfil que representa dentro del equipo de Butanda: un personaje que no proviene de la operación partidista tradicional, sino de los ámbitos tecnológico, ambiental y empresarial.
Su nombre ha estado relacionado con proyectos de innovación aplicados al territorio, particularmente por su participación en el desarrollo de Guardián Forestal, el sistema de monitoreo satelital impulsado por el Gobierno de Michoacán para identificar cambios en la cobertura forestal y posibles procesos de deforestación.
La incorporación de Padilla al equipo de Butanda abre una pregunta sobre el futuro de esta herramienta tecnológica. Guardián Forestal se convirtió en uno de los principales instrumentos de la administración estatal para documentar la pérdida de cobertura forestal y respaldar la vigilancia ambiental; sin embargo, su continuidad, operación y papel dentro de la política ambiental dependerán de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
Y es que la agenda forestal será uno de los temas centrales para Michoacán. La presión por el cambio de uso de suelo, la expansión de cultivos de exportación y los conflictos territoriales han convertido la vigilancia del territorio en un asunto estratégico para el gobierno estatal.
La llegada de Padilla Ibarra al equipo político de Butanda puede interpretarse como una señal de que los temas ambientales y tecnológicos tendrán presencia dentro de su estructura. También plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de herramientas que fueron construidas dentro de una administración específica y que hoy forman parte del debate público sobre la protección de los bosques.
Más allá del perfil técnico, su incorporación representa la suma de un actor con experiencia en innovación, datos y monitoreo territorial a un equipo que busca ampliar su presencia rumbo al proceso político de 2027.
Hasta ahora no se ha informado si Padilla tendrá una responsabilidad específica relacionada con la política ambiental, ni cuál será el futuro administrativo de proyectos como Guardián Forestal. Pero su incorporación coloca nuevamente sobre la mesa la relación entre tecnología, territorio y decisiones públicas.
Porque en Michoacán, donde los bosques se encuentran en el centro de disputas económicas, ambientales y sociales, conocer qué ocurre con el territorio se ha convertido también en una disputa política.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
OHUIRA: DIÁLOGO INSTITUCIONAL MIENTRAS EL MEGAPROYECTO SIGUE INTACTO
Vaya, vaya… el gobierno federal vuelve a apostar por la fórmula del diálogo administrado cuando el conflicto socioambiental exige una discusión de fondo. En la bahía de Topolobampo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ofrece mesas técnicas, inspecciones y vigilancia, pero mantiene cerrada la puerta a la exigencia principal de las comunidades yoreme-mayo: la cancelación definitiva de la planta de amoniaco de GPO.
La estrategia institucional parece diseñada para contener el conflicto sin modificar la ruta del megaproyecto.
Los cuatro acuerdos planteados: inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); mesas de evaluación científica; interlocución con la empresa Proman/GPO y vigilancia permanente de los permisos ambientales, buscan generar mecanismos de revisión, pero no cuestionan la permanencia de una obra que las comunidades consideran incompatible con la protección de su territorio.
Y es que el gobierno de México no ha querido entender o se hace tonto que no quiere entender que el punto central del conflicto no es únicamente técnico; no se trata sólo de revisar impactos ambientales o fortalecer supervisiones, para los pueblos yoreme-mayo de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, la discusión pasa por el derecho a decidir sobre su territorio, por la defensa de la bahía y por el respeto a un ecosistema reconocido internacionalmente como sitio Ramsar.
La postura de Semarnat refleja una tensión histórica en la política ambiental mexicana: mientras las instituciones hablan de diálogo, evaluación y acompañamiento técnico, las comunidades denuncian que los mecanismos de participación llegan amañados y cuando las decisiones fundamentales ya fueron tomadas, en el momento que los proyectos industriales tienen respaldo económico y político.
Lo que refleja y debeeríamos estar discutiendo es ¿qué modelo de desarrollo queremos? Porque el caso de los pueblos yoreme-mayo de Ohuira evidencia el choque entre dos modelos de desarrollo: uno que apuesta por la inversión industrial y la infraestructura energética como motores económicos, y otro que defiende la continuidad de los sistemas de vida comunitarios, la pesca, los humedales y la relación cultural de los pueblos originarios con el territorio.
Veremos si el diálogo será una herramienta para construir acuerdos reales o simplemente un mecanismo para administrar el descontento mientras el proyecto avanza. Para las comunidades, las mesas técnicas no sustituyen la decisión que consideran fundamental: detener definitivamente una obra que, aseguran, pone en riesgo la bahía y su forma de vida.
ALICIA BÁRCENA Y LAS CRÍTICAS DESDE LOS TERRITORIOS
“Alicia es extraordinaria. Recientemente tuvo algunas críticas totalmente injustas, absolutamente injustas. Es una de las personas mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional en el tema ambiental y en muchos otros temas. Así que es de primera, Alicia”.
Con estas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió este viernes a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, ante los cuestionamientos que diversos sectores han realizado sobre su desempeño al frente de la política ambiental del país.
Y es cierto: Alicia Bárcena cuenta con una trayectoria internacional reconocida. Su paso por organismos multilaterales y su experiencia diplomática le han otorgado un lugar relevante en las discusiones globales sobre desarrollo, cooperación y medio ambiente.
Pero desde en15dias.com, no se ha centrado en la trayectoria personal de la funcionaria, sino en las decisiones institucionales de la dependencia que encabeza y en la distancia entre el discurso ambiental del gobierno federal y las realidades que enfrentan los territorios.
Porque el problema de fondo no es si Alicia Bárcena tiene reconocimiento internacional. El problema es qué papel está jugando la Semarnat en un momento donde México enfrenta una crisis ambiental marcada por la pérdida de bosques, la presión sobre el agua, la expansión agroindustrial, los megaproyectos energéticos y la disputa permanente por los bienes comunes.
Desde nuestra cobertura hemos señalado una contradicción central: mientras la Secretaría utiliza conceptos como sostenibilidad, transición ecológica, economía verde y cumplimiento de compromisos internacionales, las decisiones públicas continúan privilegiando un modelo económico basado en grandes inversiones, infraestructura y explotación intensiva del territorio.
La crítica que hemos documentado junto con organizaciones ambientales y comunidades no apunta a una persona, sino a una política pública que mantiene abiertas preguntas fundamentales.
¿Qué ocurre cuando el discurso de protección ambiental convive con la autorización de proyectos que comunidades y especialistas consideran una amenaza para ecosistemas estratégicos?
¿Qué sucede cuando la conservación se convierte en una narrativa institucional mientras los territorios siguen enfrentando cambio de uso de suelo, presión inmobiliaria, expansión agrícola y proyectos extractivos?
Uno de los principales cuestionamientos ha sido el papel de la Semarnat frente a megaproyectos industriales y energéticos en regiones ambientalmente sensibles. Desde distintos territorios se ha señalado que la discusión institucional suele concentrarse en el cumplimiento técnico y administrativo de permisos, pero deja en segundo plano los impactos acumulativos sobre ecosistemas, comunidades y formas tradicionales de vida.
El debate no es únicamente si existe una autorización ambiental. La discusión de fondo es si el Estado mexicano tiene la capacidad de detener proyectos cuando representan riesgos ambientales, o si la evaluación ambiental termina funcionando como un procedimiento para facilitar su implementación.
La misma tensión apareció con el llamado Certificado de Libre de Deforestación, presentado por el gobierno federal como una herramienta para garantizar cadenas productivas responsables.
Desde en15dias.com documentamos que, aunque representa un instrumento relevante para rastrear cadenas productivas, también existe una discusión sobre su origen y propósito: si responde principalmente a una transformación profunda del modelo agroindustrial mexicano o a la necesidad de cumplir con nuevas exigencias comerciales internacionales para mantener los mercados de exportación.
Porque mientras México busca demostrar compromisos ambientales ante sus socios comerciales, particularmente dentro de América del Norte, en estados como Michoacán, Jalisco, Sinaloa o Sonora continúan las disputas por agua, bosques y territorio vinculadas con modelos productivos intensivos.
La defensa presidencial de Alicia Bárcena coloca el debate en el terreno de las trayectorias personales. Pero desde el periodismo ambiental independiente la discusión está en otro lugar: en las decisiones públicas y en sus consecuencias.
El reconocimiento internacional no puede convertirse en un blindaje frente a la crítica. La política ambiental debe evaluarse desde los territorios, desde las comunidades afectadas y desde la capacidad real del Estado para enfrentar intereses económicos que históricamente han generado despojo ambiental.
Porque la pregunta no es si Alicia Bárcena conoce la agenda ambiental. La conoce. La pregunta es si la Semarnat, bajo su conducción, está utilizando ese conocimiento para transformar las causas estructurales de la crisis ecológica o si el lenguaje ambiental está funcionando como una nueva capa de legitimidad para un modelo económico que continúa poniendo los recursos naturales al servicio del mercado.
Ahí está la discusión que desde en15dias.com, junto con colectivos y medios independientes, seguiremos colocando sobre la mesa: no sobre personas, sino sobre territorios, derechos y el futuro ambiental del país.
T-MEC Y EL MODELO ECONÓMICO REGIONAL
Mientras tanto, en el tablero económico de América del Norte, México aceleró durante la Semana 24 los preparativos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que comenzará formalmente el próximo 1 de julio y que pondrá bajo presión temas estratégicos como la política laboral, energía, minerales críticos y las reglas de integración productiva de la región.
Vaya, vaya… mientras el discurso oficial apuesta por la continuidad del acuerdo comercial y por una renovación que permita extender su vigencia durante los próximos 16 años, la revisión del T-MEC abre una disputa más profunda sobre el modelo económico que ha definido la relación entre México y Estados Unidos: una integración basada en cadenas de suministro, exportaciones y competencia global, pero también marcada por desigualdades laborales, presiones territoriales y dependencia estratégica.
El miércoles 10 de junio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que encabezará una segunda ronda de conversaciones preliminares en Washington D.C., programada del 15 al 18 de junio. La reunión, que inicialmente contemplaba dos días de trabajo, fue ampliada a cuatro jornadas y cerrará con un encuentro de alto nivel con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.
La delegación mexicana será reforzada con la participación de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, y Roberto Lazzeri Montaño, nuevo embajador de México en Estados Unidos, en un intento por fortalecer la estrategia diplomática y económica frente a una negociación considerada clave para el futuro comercial de la región.
Uno de los puntos que el gobierno mexicano buscó aclarar durante la semana fue la fecha del 1 de julio. Ebrard señaló que ese día no representa la terminación automática del tratado, sino el inicio formal del proceso de revisión conjunta establecido dentro del propio acuerdo. La estrategia mexicana, explicó, consiste en adelantar conversaciones para evitar llegar al proceso formal sin acuerdos previos.
Sin embargo, detrás del optimismo institucional existen temas que anticipan una negociación compleja. La agenda laboral aparece como uno de los principales focos de tensión, particularmente por los compromisos establecidos en el Anexo 23-A del tratado, donde Estados Unidos ha exigido resultados concretos en materia de libertad sindical, democracia laboral y capacidad de inspección.
El sector agrícola aparece entre las zonas de mayor vigilancia, debido a las condiciones laborales en actividades intensivas de exportación como el cultivo de chile, jitomate y otros productos que abastecen al mercado estadounidense. La revisión del tratado coloca nuevamente sobre la mesa la contradicción entre un modelo agroexportador exitoso en términos económicos y las condiciones sociales de quienes sostienen esas cadenas productivas.
Otro punto estratégico será la política energética y el control de minerales críticos. La transición tecnológica y la industria automotriz regional han convertido recursos como el litio y otros minerales estratégicos en elementos centrales de la disputa geopolítica. Para México, esto representa un desafío entre la defensa de su soberanía sobre recursos naturales y las presiones de integración económica con Estados Unidos.
Y es que la revisión del T-MEC no solamente definirá reglas comerciales. También reflejará qué tipo de desarrollo busca consolidar América del Norte: uno basado exclusivamente en competitividad, inversión y crecimiento exportador, o uno que incorpore derechos laborales, protección ambiental y soberanía sobre los territorios donde se extraen y producen los recursos que alimentan esta economía.
Mientras Donald Trump mantiene un discurso de presión política hacia sus socios comerciales bajo la idea de que Estados Unidos puede prescindir de ellos, México busca sostener que el tratado beneficia a las tres economías. Pero la negociación apenas comienza y pondrá a prueba los límites de un modelo económico construido alrededor de la apertura comercial.
Porque detrás de cada acuerdo comercial existen territorios, trabajadores y recursos naturales en disputa. El futuro del T-MEC no solo se definirá en las mesas diplomáticas de Washington, sino también en las condiciones laborales, ambientales y sociales que sostienen la economía de la región.
PLAN MÉXICO ACELERA INVERSIONES
Vaya, vaya… mientras México se prepara para una nueva etapa de presión comercial con la revisión del T-MEC, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca posicionar el Plan México como la ruta para fortalecer el mercado interno, atraer inversiones mediante el nearshoring, incrementar el contenido nacional y reducir dependencias estratégicas en sectores como tecnología, energía y producción.
El anuncio más relevante de la semana ocurrió el miércoles 10 de junio, cuando la empresa Mercado Libre confirmó una inversión de 4 mil 600 millones de dólares para desarrollar infraestructura durante 2026, un incremento respecto al año anterior. El proyecto contempla la generación de 8 mil 500 nuevos empleos directos y una expansión en 19 estados del país.
Desde el gobierno federal se presentó esta inversión como una muestra de confianza en México y como un proyecto alineado con los objetivos del Plan México, particularmente por el fortalecimiento de infraestructura logística, servicios digitales y herramientas financieras para pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la apuesta por atraer grandes inversiones también vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: qué tipo de crecimiento económico se busca impulsar y bajo qué condiciones sociales y ambientales se desarrollará.
El Plan México plantea fortalecer la producción nacional y aumentar el contenido mexicano en las cadenas de suministro, pero el reto será evitar que la relocalización de empresas se traduzca únicamente en una nueva etapa de explotación laboral, presión territorial y uso intensivo de recursos naturales.
Dentro de esta estrategia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó también sobre la operación de una Oficina de Proyectos Estratégicos encargada de destrabar inversiones y agilizar procesos administrativos. Hasta esta semana, el comité había validado 22 proyectos considerados estratégicos con una inversión aproximada de 8 mil millones de dólares.
El gobierno federal sostiene que uno de los objetivos principales es reducir burocracia, acelerar permisos y brindar certeza jurídica a los inversionistas. No obstante, la discusión ambiental y territorial permanece como uno de los principales desafíos: cada nuevo proyecto implica demandas de energía, agua, infraestructura y suelo que deberán ser evaluadas bajo criterios de sostenibilidad.
Otro de los puntos destacados fue el avance legislativo relacionado con el contenido nacional en las compras públicas. La reforma a la Ley de Adquisiciones busca establecer que hasta el 65 por ciento de las compras gubernamentales incorporen bienes nacionales, con el argumento de disminuir la dependencia de importaciones provenientes de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales.
La estrategia también incluye fortalecer la presencia de productos mexicanos en cadenas comerciales, mediante esquemas para ampliar el consumo interno y favorecer a productores nacionales.
Hacia el cierre de la semana, el Plan México incorporó una dimensión tecnológica con el anuncio del proyecto para crear un Centro de Procesamiento y Almacenamiento de Imágenes Satelitales, en colaboración con instituciones como la UNAM.
La iniciativa contempla una inversión inicial superior a los 150 millones de pesos y busca que México desarrolle capacidades propias para procesar información satelital mediante inteligencia artificial, con aplicaciones en monitoreo ambiental, transporte y seguridad nacional. Actualmente, el país destina recursos públicos a la compra de imágenes generadas por empresas extranjeras.
Y es que el Plan México representa una de las apuestas económicas más importantes del gobierno federal, pero también abre preguntas sobre los límites del crecimiento basado en inversión, infraestructura y expansión industrial.
La soberanía tecnológica, energética y productiva no solo depende de atraer capital; también requiere garantizar que el desarrollo económico respete territorios, reduzca desigualdades y no repita modelos donde las ganancias se concentran mientras los costos sociales y ambientales permanecen en las comunidades.
El desafío será demostrar que el Plan México puede ir más allá de una estrategia para competir en los mercados globales y convertirse en una política capaz de fortalecer las capacidades nacionales sin profundizar las desigualdades que históricamente han acompañado al modelo económico mexicano.
“RETA ANTI-FIFA CISTA”
Y en el marco de la inauguración de la justa mundialista, la Colectiva Feminista MAPAS, Colectiva Atormentadas, Red Solidaria de Derechos Humanos y Familiares de Personas desaparecidas encabezaron este jueves una protesta denominada “Reta anti-FIFA cista” frente a la Catedral de Morelia.
La acción colocó en el espacio público una crítica al discurso que presenta al Mundial 2026 como una oportunidad histórica para México, al señalar que detrás del espectáculo deportivo existen impactos sociales, económicos y territoriales que no pueden ignorarse en un país atravesado por la violencia, las desapariciones, la desigualdad y la precarización de la vida cotidiana.
Y es que mientras la narrativa oficial apuesta por la fiesta mundialista, la derrama económica y la imagen internacional de México, colectivos feministas, defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas decidieron poner sobre la mesa una pregunta¿para quién se organizan realmente los grandes eventos deportivos?
Durante la “Reta anti-FIFA cista”, las organizaciones señalaron que el problema no es el fútbol como expresión cultural y colectiva, sino el modelo económico que acompaña a los megaeventos deportivos, donde las ganancias tienden a concentrarse en grandes corporaciones, organismos internacionales, cadenas hoteleras y sectores inmobiliarios, mientras los costos de infraestructura, seguridad y adecuaciones urbanas son absorbidos por recursos públicos.
El posicionamiento cuestionó que una fiesta global pueda funcionar como una cortina de humo frente a las crisis que atraviesa México. Un país con más de 129 mil personas desaparecidas, con una persistente violencia feminicida, con comunidades afectadas por el despojo territorial y con millones de personas enfrentando dificultades para acceder a una vivienda digna.
La crítica también apunta a los procesos de transformación urbana que suelen acompañar a los megaeventos: aumento del valor del suelo, especulación inmobiliaria, turistificación y desplazamiento de habitantes para adaptar las ciudades a las necesidades del mercado y de la inversión privada.
Y es que la experiencia internacional demuestra que la promesa de prosperidad alrededor de los mundiales debe analizarse con cuidado. Diversos estudios sobre economía del deporte han advertido que los beneficios económicos suelen ser menores a los anunciados, mientras que los gobiernos anfitriones destinan grandes cantidades de recursos para cumplir con las exigencias de organismos deportivos internacionales.
La protesta en Morelia planteó así una disputa más amplia: la disputa por el derecho a la ciudad y por el modelo de desarrollo que se impulsa alrededor del Mundial 2026.
Mientras el espectáculo promete crecimiento, turismo e inversión, las organizaciones sociales recuerdan que una ciudad no puede medirse únicamente por su capacidad para atraer capital, sino por su capacidad para garantizar una vida digna a quienes la habitan.
Y es que “el balón” puede convertirse en una celebración colectiva, pero también puede ser utilizado como una herramienta para profundizar desigualdades.
El problema no es el fútbol; el problema aparece cuando el deporte se convierte en otra mercancía y los territorios se transforman en escenarios para el beneficio de unos pocos mientras las mayorías asumen los costos.
